Rafael Uzcátegui
Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.
José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa.
Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.
Bachaqueo de corbata y uniforme
Entradas
