Antoni Gutiérrez-Rubí
El derecho a la movilidad, que usualmente se asocia a la circulación entre países y a la migración internacional, también incluye el derecho a moverse libremente dentro de un país, dentro de una ciudad. Suele decirse que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero se omite que también es un ser nómada. Necesitamos movernos. Queremos movernos. Pero, ¿cómo? ¿Y a qué coste?
En el mundo hay más de 1,2 mil millones de vehículos en circulación ―lo que significa que hay algo así como uno por cada 6 habitantes― y para 2035 se estima que llegaremos a los 2 mil millones. El tránsito de vehículos, como es sabido, tiene un notable impacto en las emisiones contaminantes emitidas a la atmósfera: monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. En algunas ciudades, la contribución del tráfico a la contaminación puede suponer hasta un 80 %.
El desafío de la movilidad sustentable es mundial. Por ello, tiene un espacio considerable en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda internacional que marcará el rumbo de los próximos 15 años. Pero es en las ciudades donde estos procesos de globalización se localizan y es una gestión local, y no otra, la que podrá ofrecer soluciones y convertirse en el elemento central de las políticas del futuro. Y del futuro de la política.
Vuelven las ciudades como actores políticos decisivos, desde el Tratado de Westfalia (1648) que estaban relegadas por los Estado-Nación. El poder se descentraliza. Los niveles subnacionales conocen mejor los problemas y son capaces de incorporar al diseño y elaboración de las políticas públicas a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos individualmente. Hay una nueva gobernanza. Y, con ella, nuevas expectativas.
El derecho a la movilidad, que usualmente se asocia a la circulación entre países y a la migración internacional, también incluye el derecho a moverse libremente dentro de un país, dentro de una ciudad. Suele decirse que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero se omite que también es un ser nómada. Necesitamos movernos. Queremos movernos. Pero, ¿cómo? ¿Y a qué coste?
En el mundo hay más de 1,2 mil millones de vehículos en circulación ―lo que significa que hay algo así como uno por cada 6 habitantes― y para 2035 se estima que llegaremos a los 2 mil millones. El tránsito de vehículos, como es sabido, tiene un notable impacto en las emisiones contaminantes emitidas a la atmósfera: monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. En algunas ciudades, la contribución del tráfico a la contaminación puede suponer hasta un 80 %.
El desafío de la movilidad sustentable es mundial. Por ello, tiene un espacio considerable en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda internacional que marcará el rumbo de los próximos 15 años. Pero es en las ciudades donde estos procesos de globalización se localizan y es una gestión local, y no otra, la que podrá ofrecer soluciones y convertirse en el elemento central de las políticas del futuro. Y del futuro de la política.
Vuelven las ciudades como actores políticos decisivos, desde el Tratado de Westfalia (1648) que estaban relegadas por los Estado-Nación. El poder se descentraliza. Los niveles subnacionales conocen mejor los problemas y son capaces de incorporar al diseño y elaboración de las políticas públicas a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos individualmente. Hay una nueva gobernanza. Y, con ella, nuevas expectativas.
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