Rafael Uzcátegui
La idea más
interesante de la pasada propuesta de reforma constitucional, rechazada por el
voto popular, fue la del “derecho a la ciudad”, de la cual
después se ha hablado poco, a pesar que la ausencia de espacio público –debido
a los territorios controlados por la delincuencia y la polarización política-
es uno de los dramas de la Venezuela contemporánea.
El geógrafo y
urbanista español Jordi Borja ha desarrollado durante varios años la noción
sobre el derecho a la ciudad. En su libro “La ciudad conquistada” apunta que
aunque espacio público (EP) es un concepto propio del urbanismo, tiende a
simplificarse como espacios verdes o equipamiento urbano, pero que en filosofía
política es utilizado como lugar de representación y de expresión colectiva de
la sociedad. Según su opinión la responsabilidad principal del urbanismo es
producir EP, espacio funcional polivalente que relacione todo con todo, que
ordene las relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de
movilidad y permanencia de las personas: “El espacio público concebido
también como instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de
autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio público es espacio
político, de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de la
representación pero también del conflicto. Mientras haya espacio público, hay
esperanza de revolución, o de progreso”.
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