Opinión: Las Fuerzas Armadas de la dictadura chavomadurista: ni socialistas ni antiimperialistas

Simón Rodríguez P.

Marzo de 2019. El acto militar por los 6 años de la muerte de Chávez, el 5 de marzo en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, fue el escenario para la condecoración de varios efectivos de los distintos componentes de las fuerzas armadas por parte de Maduro. Algunos de ellos directamente implicados en la represión de enero y febrero. Se leyeron discursos en homenaje al finado ex presidente que, además del consabido culto a la personalidad, rebosaban de alusiones antiimperialistas y patrióticas. El alarde unitario en realidad era un intento de ocultar las divisiones existentes en los cuerpos represivos venezolanos, de las cuales hemos visto numerosos síntomas en el último período.

Opinión: Venezuela, país rehén

Simón Rodríguez P.

Bajo los focos mundiales desde hace dos meses, Venezuela es quizás el país más discutido y al mismo tiempo incomprendido de estos últimos tiempos. La verdad abarca paradojas exigentes: un país arruinado pero rico en recursos, con una dictadura cívico-militar arrodillada ante el capital transnacional pero que dice ser “socialista” y “antiimperialista”, donde un “presidente obrero” ha impuesto condiciones laborales de semiesclavitud capitalista, y mientras la nueva burguesía chavista y la burguesía tradicional viven en el más obsceno privilegio, la mayoría de la población es sometida a la miseria. Un país rehén de una dictadura cívico-militar, al mismo tiempo sitiado por EEUU. Para cada hecho fundamental de la vida nacional hay dos versiones excluyentes, plagadas de falsificaciones funcionales a la guerra de propaganda que acompaña a la disputa por el poder.

Esa es la densa niebla que hay que atravesar para acercarse a la realidad venezolana. Entre cortes de luz eléctrica, un precario acceso a internet y al calor de la vorágine política intentaremos acercarnos a una inestable y cambiante coyuntura. Mientras se escribían estas líneas se realizó una conferencia con representantes de los gobiernos de EEUU y Rusia en Roma para discutir la situación venezolana, que concluyeron sin acuerdos, como era previsible. Paralelamente, está sobre la mesa una convocatoria, sin fecha, de la oposición patronal a marchar hacia el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Opinión: Rafael Ramírez, el príncipe de la corrupción

Simón Rodríguez P.

A comienzos de febrero, un tribunal de Houston condenó al ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa Harvest Natural Resources, luego de un proceso judicial que duró un año, en ausencia del acusado. De acuerdo con el fallo, Ramírez habría solicitado en 2012 a la empresa yanqui, a través empresas de maletín de Juan García Mendoza, un pago de diez millones de dólares para autorizar la venta de su participación de 40% en la empresa mixta Petrodelta. La venta de la participación privada en la empresa mixta, constituida en 2007 con mayoría accionaria de la Corporación Venezolana de Petróleo, requería por ley la aprobación del gobierno venezolano. Requerimiento que habría sido aprovechado por Ramírez y Eulogio del Pino para aplicar un esquema de extorsión.

Opinión: La abstención humilló a Maduro

Simón Rodríguez

La abstención más alta en una elección presidencial en 60 años dejó desnudo al gobierno cívico-militar encabezado por Maduro y Cabello. La enorme mayoría de los venezolanos dieron la espalda a la farsa electoral, dejando vacíos los centros electorales y las calles el 20 de mayo.

La imagen de Maduro saliendo de su centro de votación y saludando triunfalmente a una cancha vacía, más allá de la cual se reunían un puñado de militantes del partido oficial, resumió la jornada del domingo. El 67% de la votación que el gobierno se autoadjudicó palidecen al lado de la abstención oficialmente aceptada del 54%, la más alta en una elección presidencial en la historia del país. Los estimados independientes ubican la abstención por encima del 70%, cifra corroborada anónimamente por funcionarios del Consejo Nacional Electoral a agencias de noticias internacionales. Pese a que las autoridades prohibieron que se filmaran los alrededores de los centros de votación, a través de las redes sociales circularon las imágenes de calles vacías y centros de votación sin colas que delataban una bajísima concurrencia de votantes.

Opinión: Hacia un nuevo fraude electoral en medio del caos

Simón Rodríguez

El 20 de mayo será la farsa de elección presidencial, a la que la mayoría de la población ha dado la espalda. Mientras el país colapsa, el régimen chavista ha impuesto condiciones laborales de semiesclavitud a millones de asalariados, apoyándose en la represión de las fuerzas armadas.

El 30 de abril, Maduro anunció un aumento del salario mínimo del 155%. Así, el salario mínimo pasaría de unos 5,6 dólares a 14,2 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial actual. En el mercado paralelo, el salario mínimo quedaría luego del aumento en 1,25 dólares, el equivalente a medio kilo de queso, más 2 dólares de un bono alimentario sin incidencia en las prestaciones sociales. Sectores de la oposición patronal denuncian que los míseros aumentos salariales son inflacionarios, pero es la política brutal de ajuste del gobierno la que ha generado la hiperinflación.

Opinión: Las venas abiertas de Venezuela

Simón Rodríguez P.

“Un trabajador me dijo que gana quincenal 200 mil (bolívares), ¿puede hacer un mercado con eso? No. Pero le llega su CLAP (caja de alimentos a precio subsidiado)”. Con estas palabras, Maduro admitía el 16 de febrero lo que todo venezolano sabe: que la mayoría de los salarios son de hambre. En realidad los bonos y alimentos subsidiados, distribuidos mediante mecanismos clientelares, escasamente palian la miseria salarial. El salario mínimo es de un dólar diario a la tasa oficial, o 12 centavos de dólar al tipo de cambio paralelo. Un régimen de trabajo semiesclavo. En lo que va de año comienzan a verse protestas obreras y los saqueos en los barrios populares indican que es posible un gran estallido social, superior a las protestas del año pasado.

Opinión: Gobierno paga deuda externa a costa del hambre del pueblo venezolano

Simón Rodríguez P.

En los últimos cinco años el gobierno chavista ha recortado en un 90% el valor real del salario mínimo y ha reducido las importaciones en un 78% para sostener los pagos de deuda externa. En el caso de Venezuela, ya son cuatro años de recesión económica con una caída acumulada del 40% del Producto Interno Bruto. Al cubrir el déficit fiscal emitiendo dinero inorgánico, el gobierno de Maduro ha logrado hundir al país en la hiperinflación, con una inflación superior al 50% mensual a partir del pasado octubre.

Denuncia: Detención arbitraria y confiscación de libros y revistas en el aeropuerto de Maiquetía

Simón Rodríguez Porras

El día 16 de octubre en la tarde  llegué al aeropuerto internacional de Maiquetía, procedente de Buenos Aires. Durante la revisión de mi equipaje por parte de funcionarios del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), éstos se percataron de que llevaba algunos libros y revistas sobre temas políticos e inmediatamente reportaron el caso al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los ejemplares del libro “Polémica con el Che Guevara”, una compilación de textos del Che y de Nahuel Moreno publicada a cincuenta años del asesinato del revolucionario argentino, y de dos ediciones de la revista Correspondencia Internacional, editada por la corriente Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional, de la cual forma parte el Partido Socialismo y Libertad (PSL), fueron confiscados por el Seniat bajo la figura de una “retención preventiva”. Los dos números de la revista contienen artículos dedicados a los 100 años de la revolución rusa y a temas políticos de actualidad en Latinoamérica, incluyendo un dossier intitulado “¿Adónde va Venezuela?” que refleja nuestras críticas desde la oposición de izquierda al gobierno venezolano. Según palabras del funcionario superior a cargo, se trataba de materiales “desestabilizadores” y por eso requirió la actuación del Sebin. En el acta se lee que la retención “se practica hasta tanto el consignatario demuestre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales”. Dado que por su escaso número y valor económico no se trata de un asunto de impuestos ni de ilícito de importación alguno, llama la atención que el Seniat asuma funciones de fiscalización ideológica.

Opinión - Caso Venezuela e internacionalismo: Un reto en que la izquierda está quedando a deber

Simón Rodríguez

Debería resultar una obviedad. Ante un ajuste que mata de hambre a miles de personas, ante un gobierno burgués que militariza las calles durante más de cuatro meses, asesina a un centenar de jóvenes y aplica tribunales militares a quienes participan en protestas, que impone una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta para modificar la constitución y perpetuarse en el poder, la solidaridad de los revolucionarios debe estar del lado del pueblo trabajador que lucha contra el ajuste y la represión. Pero no son pocos los luchadores que hoy equivocadamente se ubican del lado del gobierno cívico-militar de Nicolás Maduro, avalando silenciosamente o a viva voz su ajuste y su represión. No me refiero a los intelectuales orgánicos del chavismo, como Atilio Borón, James Petras o Claudio Katz, que consideran a Maduro demasiado blando y exigen una represión aún más sanguinaria que la actual.(1) Me refiero a miles de luchadores que en sus propios países de Europa o América Latina enfrentan la represión, la brutalidad policial, denuncian los ajustes, se solidarizan con las luchas de los trabajadores, pero que terminan avalando crímenes que jamás tolerarían en sus propios países, persuadidos por la falsa propaganda “antiimperialista y socialista” de la boliburguesía y los militares chavistas.

¿Por qué se rebela el pueblo venezolano?

Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Transcripción de la intervención en el programa radial conducido por el periodista Herman Schiller, “Leña al fuego”, el 27 de mayo en Buenos Aires.

Muy agradecido con el compañero Schiller y todas las personas que nos acompañan hoy para conversar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Indudablemente que es un tema apasionante, objeto de grandes debates a nivel mundial. A nadie escapa que todo el proceso político y social venezolano despertó enormes expectativas, no solo en la juventud, los trabajadores y los sectores populares en los primeros años de gobierno del presidente Chávez, sino que también en la medida en que fue derrotado un golpe de Estado en 2002, se lograron importantes conquistas sociales en esos primeros años e incluso el gobierno se autocalificó como socialista esto indudablemente profundizó las simpatías que grandes sectores de la izquierda mundial tenían con lo que pasaba en Venezuela, con la posibilidad de que efectivamente se pudiera avanzar hacia un “nuevo tipo de socialismo”.

Nueve errores de Claudio Katz sobre Venezuela

Simón Rodríguez Porras

Existe un importante debate en la izquierda latinoamericana sobre qué es lo que ocurre en Venezuela, cómo caracterizar al gobierno cívico-militar de Maduro, el contenido de las protestas masivas de abril y mayo, si hay una “guerra económica” como alega el gobierno, si en definitiva se justifica la represión y la imposición de un gobierno de facto sin parlamento ni elecciones, o si debe combatirse ese intento. 

El economista argentino Claudio Katz ha brindado una entrevista recientemente, titulada “La aplicación de Gramsci a Venezuela implicaría hoy asumir decisiones revolucionarias” (Rebelión, 6/5/2017 http://rebelion.org/noticia.php?id=226296). Sin entrar a discutir la perspectiva gramsciana, lo cierto es que para asumir decisiones revolucionarias en Venezuela, el primer paso es tener una correcta caracterización acerca de qué es lo que está ocurriendo. Lamentablemente Katz repite muchos de los lugares comunes del chavismo y el estalinismo latinoamericano en relación con Venezuela. Veamos los nueve errores más gruesos de lo dicho por Katz:

Opinión: Maduro intenta sostenerse mediante la represión

Simón Rodríguez P.

Sin apoyo popular y con crecientes divisiones en el chavismo, el gobierno de Maduro se apoya en los militares para atacar con gran violencia a la ola de movilizaciones populares que comenzó el 4 de abril. El saldo represivo es de nueve muertos y centenares de detenidos y heridos. Pero las movilizaciones no han dejado de crecer y el 19 de abril centenares de miles coparon las calles de las principales ciudades, rechazando la deriva dictatorial de Maduro. La noche del 20 hubo un estallido generalizado en el barrio popular de El Valle en el oeste de Caracas.

El chavismo perdió el amplio apoyo popular del que gozó durante largos años y ahora el 85% de la población repudia a Maduro. El gobierno dice ser víctima de un golpe, pero en realidad los militares, que controlan varios ministerios, han cerrado filas en su defensa. El repudio de la mayoría de los trabajadores a Maduro no va de la mano de consignas golpistas o del programa liberal de la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sino que expresa el descontento de millones de personas que atraviesan una de las peores crisis económicas y sociales en la historia de Venezuela.

A 8 años de la masacre de La Encrucijada: ¡Ni olvido, ni perdón!

Simón Rodríguez P.

La noche del 27 de noviembre de 2008, luego de una ardua jornada en la huelga en la fábrica de la transnacional de alimentos Alpina, tres dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores, capítulo Aragua, se dirigieron a uno de los locales de La Encrucijada de Cagua a cenar. La policía del estado Aragua, bajo órdenes de los tribunales, había atacado la huelga a comienzos de la tarde, hiriendo a cuatro trabajadores y desalojando la ocupación que se mantenía en protesta por rebajas salariales y violaciones a la libertad sindical por parte de la patronal. En una gran acción de solidaridad, decenas de trabajadores de la zona convocados por Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, había logrado sumarse a los obreros de Alpina para desalojar a la policía regional y retomar la fábrica. Carlos, delegado de prevención en la empresa Produvisa, estaba lesionado en una pierna producto del enfrentamiento con la policía.

Opinión: Venezuela en caída libre

Simón Rodríguez P.

Se agrava la escasez de alimentos y medicinas, se raciona el suministro eléctrico y de agua potable, las empresas estatales y privadas se encuentran semiparalizadas, la inflación corroe rápidamente los salarios, mientras vastos sectores urbanos son controlados por mafias criminales. Luego de 17 años en el gobierno, el ciclo chavista se acerca a su final bajo el signo del fracaso.

El voto castigo contra el gobierno en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, primera derrota electoral por amplio margen del chavismo, llegó luego de tres años de un acelerado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. En el estado Barinas, que ha sido gobernado estos años por el padre y un hermano del fallecido Hugo Chávez, el chavismo perdió por más de 12%. También perdió en la popular parroquia 23 de Enero, uno de los bastiones del chavismo en Caracas, así como la elección de los tres parlamentarios de la representación indígena.

Opinión - El gobierno chavomadurista contra la izquierda: una persecución silenciada

Simón Rodríguez P.
A comienzos de este año fueron despedidos los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland, por realizar públicamente críticas a la política económica del gobierno. Los jóvenes intelectuales y activistas de izquierda venían cuestionando a través de artículos e intervenciones públicas el ajuste aplicado por Maduro y las grotescas mentiras de la propaganda oficial en torno a una “guerra económica”. Vázquez Heredia también se pronunció, ante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por el apoyo a candidaturas de la izquierda anticapitalista no alineada al gobierno ni a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los despidos como retaliación política no solo resultan sintomáticos de la precarización de derechos laborales en los centros educativos controlados por el gobierno, como la UBV, donde no hay derecho a la organización sindical, gremial o estudiantil. Más allá de lo que revelan sobre la inexistencia de las más elementales garantías para la actividad docente y la investigación en estas instituciones “bolivarianas”, estos despidos forman parte de la persecución contra la izquierda independiente en el país.

Contra el sindicalismo revolucionario

Varios dirigentes sindicales de izquierda han sido despedidos como retaliación política. Los dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino y Bladimir Carvajal fueron despedidos de Pdvsa en 2007 y 2015 respectivamente,  Armando Guerra de la misma organización fue despedido de Hidrocapital en 2007, en todos los casos por defender los derechos de los trabajadores y oponerse a los manejos de la burocracia. Por denunciar corrupción también fue despedida la dirigente sindical de izquierda Osmary Escalona, trabajadora del Seguro Social (Ivss) en el estado Lara. La lista es muy larga y no puede ser agotada en este breve escrito.

Los ataques empleando el aparato administrativo y represivo del Estado, o incluso el sicariato, contra toda posición que desde la izquierda independiente o incluso desde el mismo movimiento chavista interpelara al gobierno, fueron un recurso decisivo del gobierno para avanzar hacia una nueva gobernabilidad burguesa e imponer sus medidas de ajuste y restricción de las libertades democráticas. De esta manera, el gobierno no solo usó a sus agentes de la burocracia sindical para dividir a la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) en 2006 y así abortar el proceso de refundación del movimiento sindical, sino que incluso se apoyó en el sicariato para asesinar Richard Gallardo, el único presidente de una federación regional de la Unete electo democráticamente, la Unete-Aragua, así como a los dirigentes sindicales revolucionarios Luis Hernández y Carlos Requena, todos ellos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda, organización antecesora del PSL. La Unete-Aragua contaba con el hito de haber realizado la única huelga general regional del período chavista en 2007, y de haber sido parte de la emblemática lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay, en la cual más de seiscientos trabajadores realizaron una experiencia de producción autogestionada durante más de nueve meses, pese a la represión militar y policial.

Sicariato y represión

Así como el gobierno apeló al sicariato para aplastar a la vanguardia revolucionaria de los trabajadores en Aragua, llegando a asesinar a siete dirigentes del sindicalismo de clase, también empleó métodos similares contra la principal experiencia de recuperación de tierras indígenas, la encabezada por el cacique yukpa Sabino Romero en la Sierra de Perijá. Luego de un intento fallido de asesinar a Sabino Romero a finales del año 2009 por parte de agentes indígenas del Ministerio del Interior y Justicia, el gobierno procedió a encarcelarlo mediante un montaje judicial, junto con el joven dirigente indígena Alexander Fernández. Luego de año y medio como presos políticos, Romero y Fernández fueron liberados gracias a una campaña nacional de protesta y denuncia. No obstante, ambos serían asesinados, Fernández en 2012 y Romero en 2013, sin que hayan sido enjuiciados y condenados los autores intelectuales de ambos crímenes. En el caso del asesinato de Sabino Romero, tampoco se ha investigado y castigado la participación de militares en el crimen, cubriendo la retirada de los policías que actuaron como sicarios.

En enero de 2009, el gobierno regional de Anzoátegui, encabezado por el actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, atacó con su policía una huelga de trabajadores automotrices, asesinando a balazos a dos trabajadores. La huelga era encabezada por una organización adscrita al chavismo que exigía la nacionalización de una planta ensambladora de la Mitsubishi. Otro dirigente sindical crítico que fue asesinado por su enfrentamiento con mafias del chavismo fue Argenis Vázquez, de Toyota.

Criminalización de las luchas y censura

La criminalización de las protestas populares y las huelgas también se convirtió en un recurso cada vez más corriente luego de 2007. Centenares de procesos judiciales contra trabajadores y dirigentes sindicales, campesinos e indígenas se abrieron para aplastar el proceso de luchas sociales en auge. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, referente nacional del PSL, ha sido objeto de varias detenciones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana por participar en asambleas sindicales o incluso por repartir volantes en las instalaciones petroleras. Luego de que en el año 2006 una marcha de trabajadores petroleros encabezada por Bodas en Puerto La Cruz fue atacada a balazos por los cuerpos represivos, dejando a un obrero gravemente herido, el gobierno fue sistematizando sus ataques contra el sindicalismo de clase petrolero. En febrero de 2014, Bodas fue detenido por repartir volantes en la Refinería de Puerto La Cruz, junto con ocho trabajadores petroleros por más de 24 horas hasta que una masiva protesta obrera frente a los tribunales logró su liberación. En Petrocasa, Vtelca, Sidor y otras empresas estatales, el gobierno ha encarcelado y llevado a juicio a trabajadores identificados con el chavismo, pero con posiciones críticas hacia la burocracia del Psuv y el gobierno.

En 2009 fue encarcelado Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco y concejal por el partido de gobierno, por encabezar una huelga reivindicativa en su empresa. Al cabo de año y medio de encarcelamiento fue condenado a más de siete años de prisión, pero la masiva protesta logró que se anulara el aberrante fallo judicial, y en un nuevo juicio González fue absuelto, en 2014. Ya para entonces, González había abandonado las filas del chavismo y se había incorporado a la MUD.

En marzo de 2010, el gobierno chavista del estado Aragua reprimió una protesta contra el ajuste económico de Chávez convocada por la Unete-Aragua, deteniendo en la sede de la policía en Maracay a 25 activistas de sindicatos, organizaciones de izquierda y de derechos humanos. Muchas otras protestas de sectores sindicales combativos fueron reprimidas y objeto de detenciones masivas entre 2007 y 2013, destacándose las detenciones masivas en el marco de la huelga que culminó con la nacionalización de Sidor en 2008.

En este marco, el portal www.laclase.info, fundado en 2008, y uno de los principales medios alternativos de difusión de las luchas obreras en Venezuela, ha sido el blanco durante años de ataques informáticos y bloqueos en empresas estatales como Pdvsa.

Marea Socialista
Un movimiento amplio chavista con diversas tendencias, que abarcan desde el apoyo incondicional al gobierno de Maduro y a sectores de la burocracia sindical en el estado Carabobo, hasta posiciones más críticas del gobierno y que llaman a conformar una alternativa revolucionaria al Psuv, Marea Socialista (MS) ha sido objeto de numerosos ataques oficiales, desde acusaciones de servir a la derecha o al imperialismo, hasta maniobras para impedir que inscriban una tarjeta electoral en el Consejo Nacional Electoral. Mientras que el dirigente sindical Gustavo Martínez, identificado con MS, fue despedido de la empresa estatal Café Fama de América por criticar la gestión corrupta de la empresa. Sin compartir la posición de MS de invocar un supuesto legado chavista originario para contraponerlo a las “desviaciones” del gobierno de Maduro, es importante que los revolucionarios repudiemos los ataques antidemocráticos del gobierno en su contra. A la par que se desarrolla un debate público sobre el contenido del llamado “legado de Chávez”, y los elementos de continuidad que hay entre los gobiernos de Chávez y Maduro, hay que procurar la unidad en el terreno de la movilización contra el ajuste del gobierno y contra las restricciones a las libertades democráticas.

Unidad contra los ataques del gobierno

¿Por qué ha quedado a la sombra esta cruenta historia de persecución, represión y asesinatos por parte del gobierno chavista contra la izquierda, e incluso contra sectores de la propia base chavista? No hay una sola razón detrás de ello. Durante muchos años una parte del chavismo justificó estos crímenes como expresiones de la existencia de una “derecha endógena”, infiltrada en el gobierno del presidente Chávez, en vez de denunciarlos como parte de una política deliberada del gobierno para acallar a los luchadores radicalizados. La mayor parte de la izquierda latinoamericana, de inspiración socialdemócrata o filo estalinista, ha representado estos crímenes como parte de una supuesta lucha contra la derecha, capitulando al discurso oficial que presenta toda oposición al gobierno como de inspiración imperialista o burguesa. Mientras tanto, la MUD ha avalado silenciosamente estas persecuciones y represiones, cuando no ha colaborado activamente en ellas, como en el caso de la criminalización de las luchas indígenas y campesinas por recuperación de tierras, pues obviamente coincide con los objetivos del gobierno. Sus únicas críticas, cuando se han efectuado, han apuntado a lo tardía o insuficiente que desde su perspectiva resulta la represión oficial.

Una campaña unitaria por el reenganche de Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland en la UBV, Gustavo Martínez en Café Fama de América, Osmary Escalona en el IVSS y Bladimir Carvajal en Pdvsa, sería una oportunidad para plantar cara a la política gubernamental de criminalización de las opiniones políticas de izquierda y de la actividad sindical. Formaría parte de los necesarios esfuerzos por enfrentar la restricción de los derechos democráticos y por levantar una fuerza política y social que enfrente el despiadado ajuste con el que el gobierno castiga a la mayoría trabajadora de la población. Es una necesidad urgente.

[Tomado de http://web.laclase.info/content/el-gobierno-chavista-contra-la-izquierda-una-persecucion-silenciada.]

Consejo Nacional de Economía Productiva y Decreto de Emergencia Económica: Burguesía y gobierno raspan la olla

Simón Rodríguez P.

Con la participación de algunos pesos pesados de la gran burguesía venezolana, como Oswaldo Cisneros, Van Dam y Vollmer, el presidente Maduro lanzó a finales de enero un Consejo Nacional de Economía Productiva. Remedando el “Reimpulso Productivo” mediante el cual el presidente Chávez convocó a la gran burguesía a sumarse a la “construcción del socialismo” en el año 2008, y los llamados “cinco motores” mediante los cuales en el 2007 el gobierno decía adelantar la transformación política y económica del país, Maduro hizo una nueva convocatoria a la burguesía y lanzó un supuesto plan de diversificación económica basado esta vez en “nueve motores”. Dando por concluido el ciclo rentista e iniciado una nueva etapa de la economía venezolana. Sin embargo, estos anuncios nada bueno implican para la mayoría empobrecida del país.

Opinión: ¿Saldrá Maduro en seis meses?

Simón Rodríguez P.

En el acto de instalación del nuevo parlamento, el dirigente de Acción Democrática Ramos Allup, anunció el objetivo de lograr un cambio de gobierno en un plazo de seis meses. Esta declaración obedecía a un acuerdo político entre el partido blanco y Voluntad Popular (VP), en virtud del cual la se articuló la mayoría de diputados que eligió a Ramos Allup para la presidencia de la AN.

Primero Justicia, el partido de la MUD con mayor representación en la AN, se inclina por una política distinta, no orientada a buscar una salida del gobierno en el menor plazo posible, sino más bien a presionar para lograr acuerdos en los términos del ajuste que se viene aplicando. Un consenso burgués, del que forme parte el chavismo, para acometer conjuntamente medidas antipopulares e intentar contener un posible desborde del descontento social. VP apunta a que sea un gobierno de centroderecha el que aplique el ajuste.

Opinión: ¿Se puede confiar en la próxima Asamblea Nacional?

Simón Rodríguez P.

La MUD obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, la mayor derrota electoral del gobierno en 16 años. Los fenómenos de masas no son homogéneos, y no puede plantearse una sola motivación detrás de la masiva votación contra el gobierno. Pero todo indica que es mucho más un voto contra el gobierno que a favor de las tesis políticas de la MUD, un justificado repudio alimentado por la terrible crisis económica y las medidas antipopulares de ajuste adoptadas por el gobierno. Llama la atención que la MUD en muchos lugares en los que ganó holgadamente casi no hizo campaña (por ejemplo en Mérida había mucha más propaganda de una candidatura disidente de derecha que de la propia MUD), además de que su campaña fue totalmente vacía políticamente, sin entrar a definiciones sobre qué medidas concretas promovería como parte de su prometido “cambio”. No presentó un programa político, se limitó a capitalizar el descontento, y de esa manera llevó al parlamento a muchos dirigentes desgastados de la vieja política puntofijista, como William Dávila o Ramos Allup.

Opinión: El derrumbe del gobierno y el rol de la izquierda

Simón Rodríguez Porras

Existe un consenso generalizado en torno a que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre redundarán en una derrota política para el gobierno y que el voto popular irá mayoritariamente a opciones contrarias a la coalición del gobierno encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Todas las encuestadoras dan un bajísimo nivel de apoyo al presidente Maduro, por debajo del 20%. También hay elementos en el discurso gubernamental que anticipan la justificación de una derrota en la votación general: el jefe de campaña del Psuv y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró en una rueda de prensa que no se trata de una sola elección sino de alrededor de un centenar de elecciones, dando a entender que el gobierno podría ganar la mayoría de los circuitos electorales aunque no saque la mayoría del voto general. La consigna oficial de “ganar como sea” también refleja un alto grado de desesperación.

Las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, contrarias a la representación proporcional en la Asamblea Nacional, combinadas con un diseño favorable al gobierno de los circuitos electorales, pueden atenuar la derrota, pero en 16 años sería la primera vez que el gobierno pierde por amplio margen una elección nacional.

¿Por qué se produjo la ruptura con el gobierno?

Parece haber también una tendencia general a señalar como principal causa de la erosión de la base social del gobierno, a la estrepitosa crisis económica en la que se hunde el país, con una inflación que podría rondar el 200%, salarios destruidos, desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, y perspectivas sombrías a mediano plazo debido al derrumbe de los precios petroleros.

El chavismo y la corrupción

Simón Rodríguez P.

La detención en Haití de dos sobrinos de Cilia Flores bajo cargos de conspiración para traficar drogas a EEUU, contando con pasaportes diplomáticos, es el más reciente en una larga racha de escándalos de corrupción que se han concatenado desde los primeros años del gobierno chavista.

Pese a que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de Hugo Chávez para enfrentar al degenerado bipartidismo, al llegar al poder su gobierno dejó en la más completa impunidad a los perpetradores de los desfalcos del período puntofijista, algunos de cuyos insignes delincuentes de cuello blanco volvieron al país como socios del chavismo, como el caso del banquero Orlando Castro, famoso por el desfalco de Seguros Progreso. El nuevo gobierno de igual forma dio rienda suelta a una nueva ola de corrupción desenfrenada. Desde que arrancó la ejecución del Plan Bolívar 2000 y la adjudicación de un importante presupuesto para contratar obras y servicios a militares, la corrupción avanzó sin mayores obstáculos. Los generales Cruz Weffer y Rosendo fueron señalados por amasar enormes fortunas, en el caso de Cruz Weffer han transcurrido más de diez años de procesos judiciales sin conclusión. En cuanto a Rosendo, huyó del país luego de participar en el golpe de Estado de 2002.

Chávez personalmente intercedió en favor de su mentor político Luis Miquilena cuando fue acusado por actos de corrupción en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz del proceso contra Miquilena, Chávez rompió relaciones con el entonces Fiscal General, Javier Elechiguerra, quien había sido abogado defensor de Chávez durante su juicio por rebelión militar en 1992.