En respuesta a amenazas de Iris Varela contra defensores de derechos humanos

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que suscribimos el presente comunicado, queremos rechazar de manera clara y categórica las amenazas directas  hechas por la Ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, en contra de la organización “Una Ventana a la Libertad” y su coordinador general Carlos Nieto Palma.

Durante el desarrollo del III Festival de la Voz Penitenciaria el pasado 15.09.15 en Caracas, ante la pregunta de los representantes de medios de comunicación sobre los problemas de alimentación que ocurren en los recintos penitenciarios y que habían sido denunciados por Una Ventana a la Libertad, la Ministra Iris Varela afirmó “Resulta que yo por allí tengo un video, precisamente las personas que le entregaron el videíto a un señor de una tal ONG... Vamos a tomar acciones legales. No podemos seguir permitiendo de brazos cruzados que sigan atacando un esfuerzo enorme que ha hecho el Ministerio para transformar la realidad penitenciaria que se vivía en el país”.

Las declaraciones de la ciudadana Ministra para el Servicio Penitenciario, se inscriben en un patrón criminalización y persecución del que estamos siendo víctimas los defensores de derechos humanos y las organizaciones que representamos, por parte de altos personeros del Estado venezolano.

Esta es la infografía de Provea que puso fúrico a Maduro

Redacción

Durante la noche del 21/8/15, en cadena nacional de TV y radio, N. Maduro ha lanzado destempladas acusaciones contra la Organización No Gubernamental Provea, a la cual criminaliza y tilda de partido de oposición (ver video en https://t.co/jZJRsloUMm).

Al mismo tiempo, en lo que de ninguna manera es una coincidencia, la web de Provea ha sido "desconectada" de Internet, algo que evidentemente se vincula con las iras televisadas del ya mentado funcionario, mismo que aparentemente olvida aquella vez a principios de los años 90 cuando, en calidad de sindicalista opositor asediado por el oficialismo, acudió a Provea en busca de asesoría y apoyo ante el acoso que entonces le afectaba.

La rabieta del inquilino de Miraflores y su gobierno contra Provea se venía acumulando desde hace rato, pero cabe suponer que la gota que colmó su vaso fue cierta infografía colgada en dicha página, revelando unos parecidos que no nos imaginamos a cuál de los personajes comparados hace sentir más molestos. En todo caso, acá reproducimos la causa de estas iras que retumban entre el vetusto Palacio de Misia Jacinta caraqueño y la novísima Trump Tower nuevayorkina.

 Para cerrar, y aunque parezca obvio, igual lo decimos: ¡Toda nuestra solidaridad con Provea! ¡Llamamos a mantenerse alertas y prestos a movilización ante la ofensiva de criminalización y represión que se está iniciando!

La siembra de un griego en México

Rodolfo Montes de Oca

(Texto extraído del libro "Prometeos y Tántalos: aproximaciones históricas a figuras y anécdotas del movimiento anarquista griego")

El 9 de julio de 1868 en el patio de la Escuela Moderna  del Rayo y del Socialismo, a las diez de la mañana, es pasado por las armas en Chalco conforme a la ley del 6 de diciembre de 1856, el insurgente Julio Chávez López acusado por las autoridades mexicanas de “comunista, asesino y gavillero”[1] y de dirigir una insurrección armada para implantar el “socialismo sin autoridad” en la región de Tlaxcala. Antes de que dispararan los fusiles sobre su cuerpo, un griego bien conocido en las zonas rurales y campesinas  de ese estado, en el retiro de una celda, se aísla ante el desconsuelo de la pérdida de un alumno.

Persecución a las ONG de derechos humanos

Carlos Nieto

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sus representantes, en los últimos 16 años de revolución, hemos sido perseguidos por el Estado venezolano en diferentes formas, descalificaciones, acusaciones falsas, ofensas y pare usted de contar.

Basta recordar el programa que desde Venezolana de Televisión, el canal de Estado, donde el señor Mario Silva a través de La Hojilla se dedicaba a ofender y descalificar a las ONG de derechos humanos por el simple hecho de decir las cosas que el gobierno no quiere escuchar. Ahora esta misma función la cumple el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, desde el mismo canal y con un programa similar llamadoCon el Mazo Dando, solo viven de las ofensas.

Opinión: Unos son leales con la lucha por los DD HH y otros atropellan

Damián Prat

En 1993 un joven activista del partido Liga Socialista, que era parte del sindicato del Metro de Caracas, llamado Nicolás Maduro, acudió a las oficinas de Provea para buscar apoyo ante lo que consideraba atropellos a sus derechos como activista sindical. Seguramente llegó allí atraído por la notoria lucha de Provea en varios casos importantes de lucha y reclamo por Derechos Humanos, como en el tristemente célebre caso de El Amparo. Provea era aún pequeña pero no se amilanaba ante el poder militar ni gubernamental. En Provea ayudaron al desconocido Maduro, lo apoyaron. Denunciaron y gestionaron por él ante las instancias que correspondía.

Veintidós años más tarde Provea sigue siendo leal a sus principios, es decir, a la lucha por los DD HH que abarca derechos sociales tan importantes como la salud, la educación, los derechos sindicales y laborales, la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la denuncia contra la pretensión gubernamental de criminalizar el derecho a la protesta, contra los crímenes y la impunidad. Provea ha crecido de tanto luchar y aprender. Sigue sin amilanarse ante el poder aunque éste sea absolutista, controle todas las instituciones y avance en la “hegemonía comunicacional”. En fin. Enfrentan al poder igual que ayer. Incluso lleva informes muy fundamentados y con los soportes necesarios a la ONU que los invita junto a otras ONG venezolanas igual que a las de otros países. Son garantía de equilibrios en favor de las personas.

La fábrica de pobres

María Esperanza Hermida

Tras reprimir al sindicalismo y desmantelar el aparato productivo nacional, el gobierno nacional exhibe como indicadores de su gestión un retroceso generalizado en el acceso a los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el orden social: alimentación, salud, vivienda, derechos laborales y seguridad social. La frase del Coordinador General de Provea en la presentación del Informe Anual 2014, grafica la situación: el país es una fábrica de pobres.

A pesar de cerco impuesto a la prensa, las principales cifras del informe de Provea 2014 han empezado a circular profusamente en diversos medios, así como en las redes sociales. De esta forma -y seguro será indetenible-, se perfora la política del silencio gubernamental.

¡ALERTA! Presidente de Asamblea Nacional difama y criminaliza a nuestro compañero Rafael Uzcátegui

Nota de El Libertario: Reproducimos el texto difundido por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), advirtiendo sobre las calumnias y hostigamiento amenazante que Diosdado Cabello, "2° de a bordo" del gobierno chavomadurista, ha lanzado contra su actual coordinador general, quien también es integrante del Colectivo Editor de El Libertario. En nuestro grupo tomamos muy en serio tales amenazas, por lo cual pedimos a compas, amig@s y afines permanecer alertas ante esta situación, pues el prontuario represivo del gobierno hace temer que esto sea el preludio de hechos aún peores.

«Una vez más el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, hostigó verbalmente el trabajo de los activistas venezolanos de Derechos Humanos al cuestionar en su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido este miércoles por el canal del Estado venezolano (VTV), la gira que actualmente desarrollan Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y Carlos Correa, de la ONG Espacio Público por Perú y Chile para concienciar sobre la situación de los DDHH en Venezuela y realizar encuentros con otros defensores de los DDHH de América Latina.

La conducta de Cabello es reiterada. En los últimos seis meses ha criminalizado a través del espacio de la televisión pública en repetidas ocasiones las acciones que en defensa de la integridad de los venezolanos adelantan diversas organizaciones de DDHH al realizar señalamientos citando fuentes anónimas o la figura inconstitucional del “patriota cooperante”.

En esta ocasión Cabello citando al “patriota Avioncito” dio cuenta de detalles de la agenda de viaje de los defensores, comprometiendo de esta manera la integridad y seguridad de Uzcátegui y Correa.

Continuando con su discurso que criminaliza la actuación que, apegada a la ley y a favor de los derechos de todos los venezolanos realizan los activistas venezolanos, Cabello dijo que “tanto Rafael Uzcátegui, como Carlos Correa y Marino Alvarado tienen previsto viajar en el mes de julio de este año a la ciudad de Nueva York, para presentar el informe periódico anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto como requisito para anexar al proyecto que presentarán con el fin de  solicitar recursos financieros ante la Oficina de Miriam Kornblith, directora de América Latina y el Caribe de la National Endowment For Democracy (NED), contando con el respaldo de Thor Leonardo Halvorssen Mendoza, primo del Monstruo de Ramo Verde y presidente de Human Rights Foundation (Fundación de Derechos Humanos). Todo de acuerdo con la reunión de ONG efectuada en la sede de esa fundación en la ciudad de Nueva York, el 1ro de diciembre de 2014”.

Desde Provea afirmamos que la presentación de las ONG ante organismos e instancias internacionales  para dar cuenta desde nuestro rol de veladores y promotores sociales es una función pública y legítima de las ONG defensoras de derechos humanos.

De igual forma, lamentamos que los funcionarios del Estado venezolano insistan en criminalizar la labor de las ONG, y reiteramos que es responsabilidad del Gobierno y las instituciones las posibles agresiones que puedan producirse contra los defensores, activistas y sus familiares como consecuencia de esta reiterada conducta.»

[Nota de prensa publicada originalmente el 14/5/2015 en http://www.derechos.org.ve/2015/05/14/presidente-de-la-asamblea-nacional-hostiga-y-criminaliza-accion-de-defensores-venezolanos-de-los-ddhh/.]

Edo. Lara: Cofavic solicita acciones urgentes por caso Víctor Martínez

Andrea Hidalgo

[Nota previa de El Libertario: Para amplia información sobre los atentados, ataques diversos y amenazas que ha sufrido Víctor Martínez en años recientes, ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/search/label/V%C3%ADctor%20Mart%C3%ADnez.]

El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos, solicitó al Estado venezolano "acciones urgentes” ante el ataque hacia Víctor Martínez, ex diputado del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), ocurrido el 6 de abril del presente año.

Las peticiones que se formularon tocan puntos como "la investigación de manera independiente e imparcial ante la agresión sufrida, donde se informe sobre el estado actualizado de otras amenazas y hostigamiento que ha sufrido Martínez”. De igual forma, que se mantengan las medidas de protección dictadas por el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado y que se tomen "acciones efectivas para garantizar su vida e integridad personal”.

Apoyo internacional

El ex diputado se dirigió a las instalaciones del diario El Impulso, para dar a conocer las personas e instituciones a las cuales se entregaron documentos como el gobernador de la entidad, Henri Falcón, así como al fiscal Willian Guerrero.

Los documentos piden tomar medidas para garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos, exigiendo "la protección y resguardo a la vida de Víctor Martínez Piñate y su familia”, según lo establecido por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1998. Sin embargo, no ha tenido respuesta al respecto y dijo que solicitará una reunión por escrito.

También manifestó que ha recibido más de 70 correos electrónicos de distintos organismos defensores de derechos humanos de países como Inglaterra, Alemania, Australia, Estados Unidos y la India, que manifestan su solidaridad. De igual forma, organizaciones como la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz), Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea) y Amnistía Internacional, apoyan al ciudadano venezolano.

[Tomado de http://elimpulso.com/articulo/cofavic-solicita-acciones-urgentes-por-caso-victor-martinez.]

Lara: Nuevo atentado contra Víctor Martínez

Redacción (en base a reportes de prensa)

El exdiputado del Consejo Legislativo del estado Lara, Víctor Martínez, informó que a las 08:30 pm del lunes 6/4, fue víctima de un intento de sicariato.

El defensor de los derechos humanos iba en retroceso para guardar la camioneta en el garaje de su casa, ubicada en la carrera 9 entre calles 61 y 62 de Barquisimeto, cuando dos sujetos se acercaron al vehículo en actitud sospechosa.

Uno de ellos se aproximó a la ventanilla y lo apuntó con su arma, mientras que el otro se quedó a pocos metros de la puerta del copiloto. Martínez forcejeó con el pistolero para evitar que le disparara, logrando alejarlo con los golpes, tras lo que realizó la denuncia correspondiente.

Repudio al ataque y solidaridad con la víctima

En rueda de prensa ofrecida el míercoles 8/4, agrupaciones y personalidades del Edo. Lara expresaron su rechazo al atentado contra el dirigente social Víctor Martínez. Según recalcó el profesor Nelson Fréitez, coordinador de la cátedra de Desarrollo Humano de la UCLA: "Estamos preocupados por las intenciones de liquidar físicamente al dirigente por tercera vez. Esto nos confirma el panorama de impunidad existente desde el asesinato de su hijo, Mijail Martínez, en noviembre de 2009. Hacemos responsable de la vida del dirigente a Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara” [L.R.R. es alto dirigente oficialista y exgobernador de ese estado]. Agregó que la academia se declara en defensa de la integridad física de Martínez, quien recibió el año pasado la Orden 22 de Septiembre por su trabajo social en las comunidades.

Al mismo tiempo, Andrés Colmenárez en representación de Funpaz, hizo un llamado al Ministerio Público para que revise el caso de Mijail Martínez. Los declarantes tambien recordaron que órganos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia han sido poco diligentes con las causas judiciales, señalando como ejemplo los procesos abiertos a 450 personas por las protestas de 2014.

Antonio López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto, manifestó su preocupación ante la indefensión judicial que sufren los ciudadanos. En el caso de Martínez, este hecho es el tercer atentado armado en su contra. En los anteriores, ocurridos en los años 2011 y 2012, pudo salir airoso. "Lamentamos esta agresión contra el dirigente social y nos preocupa el alto nivel de conflictividad de nuestra sociedad, principalmente por el repunte de la impunidad y por problemas como desabastecimiento, escasez, inflación e incertidumbre política”. Como representante eclesiástico exigió la investigación inmediata de los hechos.

Defensores de Derechos Humanos denuncian arbitrariedad del Gobierno Nacional

Prensa UCV

Representantes de Derechos Humanos en Venezuela, acusan al Ministro de Interior, Justicia y Paz,  Miguel Rodríguez Torres, de criminalizar la defensa de las víctimas de la represión ejercida por los Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Coordinador del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Pbro. Raúl Herrera, repudió las amenazas del Ministro Rodríguez Torres, quien señala a defensores de las víctimas de la represión, como presuntos conspiradores  contra el gobierno.

“No puede ser que se criminalice y judicialicen las acciones ciudadanas garantizadas en la Constitución, y menos se puede señalar de conspiradores a personas que se encargan de defender los Derechos Humanos”.

Afirmó que en Venezuela no hay Estado de Derecho, dada las constantes violaciones a la Constitución, evidenciadas en las represiones, encarcelamientos y torturas, perpetradas por los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Gobierno opresor

Herrera indicó que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, se encargan de atender a las víctimas, cuyos derechos están siendo “sistemáticamente violados”; especialmente, los de aquellas personas  que habitan en sectores populares, y que hoy día no tienen el respaldo del Estado.

“EL gobierno retiró al Estado Venezolano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, en este año se han venido criminalizando las protestas. Muchas de las víctimas de derechos humanos están siendo torturadas. Y por si fuera poco, los defensores de los derechos humanos en Venezuela, están siendo señalados y amenazados por el gobierno nacional”, destacó.

Asimismo, denunció públicamente, que los señalamientos del Ministro Rodríguez Torres, “no favorecen el respeto a la dignidad humana”.

Denuncia internacional

Por su parte, el Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, señaló que el gobierno nacional viola abiertamente los derechos consagrados en la Constitución, al atacar a personas y organizaciones  encargadas de defender los Derechos Humanos.

“Al gobierno le resulta incómodo que estas organizaciones estén realizando su trabajo”. El docente ucabista, denunció la arbitrariedad del Ministro Rodríguez Torres, al criminalizar los defensores de las víctimas, los cuales están ejerciendo una labor pública y constitucional. Adelantó que todas las organizaciones de Derechos Humanos, elevarán una denuncia a los organismos internacionales, a los fines de dar a conocer la situación que padece Venezuela en esta materia.

Bajo amenaza

Entre tanto, el Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, Humberto Prado, desmintió los señalamientos del Ministro Rodríguez Torres, quien lo acusó de ser parte de un grupo conspirativo contra el gobierno nacional.

“Simplemente es un acoso por parte del gobierno, porque el observatorio está haciendo su trabajo. Porque defendemos a los más pobres, y porque le ofrecemos herramientas a los familiares de las víctimas”.

Prado señaló que los defensores de los derechos humanos en Venezuela, se encuentran amenazados permanentemente. “Pueden ser asesinados, desaparecidos, encarcelados, o judicializados”, advirtió.

[Tomado de http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=27135.]

Comité de Víctimas de Lara (COVICIL): LAS VICTIMAS NO TENEMOS ENEMIGOS DE PAJA.

COMUNICADO 

Escribimos desde el estado Lara nuestras palabras para PROVEA, en esta hora cuando el Estado y sus agentes –abiertos y encubiertos- embisten no solo contra algunas organizaciones y activistas de DD.HH, sino también contra los trabajadores que profesan una tendencia política que les es contraria, y hasta con la gente humilde de las clases populares que los cacerolean desde los más remotos rincones de nuestra geografía.

En santa cruzada se han unido jerarcas y subalternos de todos los poderes con el periodista  Ernesto Villegas, ahora Ministro de Información, a la cabeza. No nos sorprende porque son representantes del mismo Estado, ese Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos pero que, según esto, hay que defender a ultranza, porque en definitiva  les garantiza sus posiciones de poder y sus cargos en la administración pública, muchos de ellos alcanzados utilizando su pasantía por el movimiento de DD.HH y por PROVEA  como moneda de cambio.

Así, los señores han emitido un aireado pronunciamiento en términos muy jurisconsultos, muy estatistas, muy apegados a la norma que tanto conocen quienes han jugando indistintamente para los dos equipos, saltando del campo minado que pisamos las victimas al campo blindado del victimario.

Nosotros, miembros del COVICIL, no nos dejamos engañar por los que apelan a su pasado de defensores de DD.HH, pero que en los hechos reniegan de éste. Algunos de los personajes ni siquiera los conocemos y, como dijo Cantinflas,  ni los ignoramos; a otros los hemos visto en plena acción infiltrando a organizaciones en diversas actividades donde la presencia de uniformados ha rebasado a las víctimas. Es su trabajo, por ello facturan cuantiosas sumas.

Los activistas del COVICIL accionamos en la provincia, sin recursos, sin sede, vivimos en el mismo barrio donde cayeron abatidos nuestros seres queridos por la acción criminal de la banda armada Estatal. Hemos andado y desandado en incontables ocasiones –entre la presión y la amenaza, la impotencia y la indignación- el laberinto de la impunidad. Nuestros enemigos no son “de paja”, son de carne y huesos, andan armados.

Muy cercana, desde la fundación del Comité de Lara, ha estado PROVEA acompañando nuestro proceso de formación, nuestras angustias. Fortaleciendo y difundiendo la realidad de nuestros casos, todos asumidos dignamente por los únicos protagonistas que reconocemos como legítimos: las víctimas; gente de a pie forzada por la violencia del Estado a declararse en resistencia. Sus testimonios incontestables lograron traspasar los límites regionales gracias a PROVEA, y en esta experiencia de vida las víctimas se han fortalecido hasta reconocerse como verdaderos activistas de DD.HH, practicando la solidaridad  y ayuda mutua, siempre con absoluta claridad de fines.

Para el COVICIL, la arremetida contra PROVEA no es más que la constatación de que esta ONG, transita, efectivamente, el camino justo, sus nuevos detractores nos hacen el favor de librarla de toda sospecha. Confiamos en que no será vendida al mejor postor, ni cederá ante chantajes, presiones ni manipulaciones de la red de apoyo estatal, y que seguirá del único lado del que deben estar las organizaciones de DD.HH: del lado de las víctimas.

¡SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!

COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- LARA (COVICIL). 

Barquisimeto, Abril de 2013

Foro por la Vida responsabiliza al ministro Tarek El Aissami de cualquier ataque contra la integridad física de Humberto Prado y su familia

Por Foro por la Vida

(Caracas, 23.06.11) La coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, Foro por la Vida, se dirige a la opinión pública, a las organizaciones sociales y populares del país así como a los grupos y redes de derechos humanos internacionales para responsabilizar al ministro venezolano del Poder Popular Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, por cualquier acto violatorio contra la vida e integridad del defensor de derechos humanos Humberto Prado, sus familiares o los integrantes de su organización, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

1.-Tras los hechos suscitados en el Centro Penitenciario de El Rodeo, el 12.06.11, en el que según las cifras oficiales fueron asesinados, tras una pelea entre privados de libertad, la cantidad de 21 internos y 1 visitante, declaraciones emitidas por el ministro El Aissami en un programa de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el 18.06.11, han reiniciado una campaña de hostigamiento y amenazas contra el director del OVP. Según reseñó el periódico Correo del Orinoco  “Durante un contacto telefónico con el programa La Hojilla transmitido por VTV, El Aissami denunció que Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, ha mentido descaradamente sobre la situación que se vive en El Rodeo II y recordó que éste fue cómplice de la masacre a internos durante los gobiernos de la IV República”.

Pronunciamiento ante la posibilidad que se promulgue una Ley sobre Cooperación Internacional

El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, y Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar nuevamente nuestra posición sobre la posibilidad de que sea aprobado el Proyecto Ley sobre Cooperación Internacional, dado que el contenido del mismo lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento asociativo en el país, en sus más diversas expresiones:

1. La acción de las ONG, a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. Es un trabajo permanente para favorecer y acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos y para brindar capacitación y apoyo a miles de personas para que mejoren sus condiciones de vida. Nuestros destinatarios son principalmente las personas más vulnerables. Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana.

Pablo Hernández presenta su libro "Impunidad policial en Venezuela 2000-2009"

Observe la grabación, desde el propio estudio, de la intervención del investigador y activista Pablo Hernández Parra en el programa "La Mañana" de William Echeverría, presentado su libro "Impunidad policial en Venezuela 2000-2009".

Provea exige al Ministerio Público cesar la discriminación en el caso Masacre de El Amparo

(Caracas, 27.10.10) Este 29 de octubre se cumplen 22 años del asesinato de 14 humildes pescadores del estado Apure por parte de fuerzas policiales y militares del Estado, un caso conocido como “La Masacre de El Amparo” y que pasó a la historia como una de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el país en la década de los 80´s.

La verdad se descubrió al poco tiempo: El crimen se perpetró para aparentar éxitos en la lucha antisubversiva. Contribuyó a desmontar la mentira el hecho que sobrevivieran los pescadores José Augusto Arias y Wolmer Pinilla; que varios medios de comunicación no oficiales publicaran audaces trabajos de investigación; que una investigación realizada por el parlamento reafirmara que se actuó con premeditación y alevosía y principalmente, el desarrollo de una amplia e intensa protesta social exigiendo justicia. Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el 20 aniversario de la Masacre, los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.

La Fiscalía, año y medio después, informó que habían sido designadas la Fiscalía 62º a nivel nacional con competencia plena, la Fiscalía 83º de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Fiscal para el régimen procesal transitorio del estado Táchira. Sin embargo, al revisar la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio Público se puede constatar que se realizaron actuaciones diversas para investigar la masacre de Yumare y Cantaura, pero no hay una sola referencia sobre la Masacre de El Amparo:

“El Ministerio Público ha sostenido encuentro con representantes del Comité de familiares de las víctimas del caso conocido como “La Masacre de Yumare”. Entretanto, el 25 de junio de 2009, comenzaron las reuniones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con el Comité de Familiares de las Víctimas de la “Masacre de Cantaura”, en las cuales la titular de Ministerio Público asumió el compromiso de imprimir celeridad a la investigación de esa causa. Se han tomado cincuenta y cuatro (54) entrevistas en el territorio nacional, entre las que se encuentran, las realizadas a familiares de las víctimas, periodistas, reporteros, fotógrafos de medios de comunicación nacionales y regionales, autoridades civiles y policiales (prefecto, Presidente del Concejo Municipal, Comandante de la Policía) de las poblaciones de Cantaura, Anaco y El Tigre, estado Anzoátegui.”

Desde el año 2009 Provea denuncia el trato no igualitario que la ciudadana Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, brinda a los familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo en relación con el proceso de investigaciones de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en la década de los años 80 en nuestro país. Valoramos de manera muy positiva que se avance en las investigaciones de los crímenes de Yumare y Cantaura, una deuda que se tiene con los familiares y el país. Resulta inaceptable, sin embargo, que no se realice ningún esfuerzo para investigar la masacre de El Amparo, que no se reciba a los dos sobrevivientes ni se tenga igual atención con los familiares de las víctimas.

- Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la sentencia sobre el caso realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado tiene la obligación de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. El proceso de investigaciones debe contar con la participación activa de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes legales.

- Solicitamos a la Asamblea Nacional la divulgación de la investigación anunciada por “La Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80”, sobre las diferentes masacres ocurridas en el pasado.

- A las organizaciones sociales, partidos políticos, a los comités de víctimas, a las individuales sensibles que conscientemente reclaman “No a la Impunidad de las violaciones a los derechos humanos”, los llamamos a acompañarnos en el reclamo de que cese la discriminación a los familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo, se adelanten con celeridad las investigaciones y se establezcan las responsabilidades y sanciones a los autores intelectuales, materiales y cómplices de la masacre. (Prensa Provea)

Venezuela: La paralización de la contratación colectiva

Humberto Decarli

La política social del gobierno en materia de contratación colectiva es restrictiva. Su tendencia es hacia el impedimento de la discusión postergando con bonos para mantener la situación y la colaboración de sindicalistas y en el peor de los casos, suscribir avenimientos con beneficios irrisorios.

La tesis parte de la premisa de la existencia de un Estado socialista apto para representar los intereses de los trabajadores. Es el mismo criterio empleado por las experiencias del socialismo autoritario donde se confunde ex-profeso al aparato de dominación con la sociedad y los laborantes deben inclinarse ante quienes los representan.

Es una concepción claramente estalinista porque creer en la existencia de una entidad de sumisión de naturaleza socialista es un absurdo. El Estado es capitalista por antonomasia debido a que su esencia radica en ese modelo de producción, comercio y consumo desde la modernidad y ahora en la etapa postcapitalista aún más.

Igualmente se requiere la enervación de los sindicatos no porque estos representen algo distinto sino porque el regateo entre los patronos y obreros no tiene lugar en la actual coyuntura. La orientación se dirige hacia posiciones corporativistas para mantener la rigidez de un oficialismo conductor de todas las decisiones. Incluso hablan de consejos obreros concebidos como extensiones gubernamentales y no como entes autónomos.

Estamos en presencia de unas políticas autoritarias y tuteladoras propias de las distopías imaginadas acertadamente por George Orwell y Aldous Huxley. El Gran Hermano o Su Fordería piensan por todos como la vieja consigna de una tradicional empresa de publicidad venezolana. La ordenación y manejo de la sociedad es el cometido de una gestión como la actual en Venezuela.

Para mitigar la paralización de las convenciones colectivas, con miras a ahorrar recursos, se emplean los dispositivos asistencialistas que no resuelven estructuralmente el problema del nivel socio económico de la gente sino responden puntualmente difiriendo la problemática de fondo.

Definitivamente el sentido estatal apuesta hacia la supresión de las inquietudes sociales mediante el concomitante método de la fuerza y los mendrugos de pan. Sin embargo esa perspectiva disminuye la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres y a corto plazo genera una gran ansiedad capaz de estimular la movilización necesaria para la conquista de derechos.

Foro por la Vida rechaza la campaña pública de desprestigio contra las Ongs de Venezuela

(Caracas, 15.07.10) El Foro por la Vida[1], coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, rechaza la política y campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones venezolanas de derechos humanos; y exige el cese de la investigación penal solicitada el  14 de julio de 2010 por el Presidente de la República.

Durante las últimas semanas, en diversos espacios de las televisoras y radios  gubernamentales de Venezuela se han llevado a cabo de manera continua y reiterada una serie de programas en los que se descalifica a las organizaciones de la sociedad civil que reciben cooperación internacional, con expresa mención a diversas organizaciones en el campo de los derechos humanos. En el día de hoy, el Presidente de la República pidió investigar:

“a fondo” los "millones y millones de dólares" que destina el Departamento de Estado estadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG's) venezolanas.

"Esto hay que investigarlo a fondo: los millones y millones de dólares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos de ONG's, eventos, premios y no sé cuántas cosas más", dijo Chávez.

Leyendo "documentos desclasificados del Departamento de Estado", Chávez explicó que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) es un "organismo del Departamento de Estado" creado para "disfrazar" el financiamiento que da Estados Unidos a estas ONG's venezolanas.

El mandatario venezolano también criticó que varias universidades locales incorporaran a sus currículos "talleres de formación sobre los conceptos del periodismo investigativo" conducidos por la FUPAD, pues considera que corresponde una "violación" a la autonomía y soberanía universitaria. “ [2]

Este ataque se produce un día después que el denominado “Movimiento por el Periodismo Necesario” solicitó ante la Fiscalía General de la República una investigación en contra de las organizaciones que trabajan en Venezuela los temas de libertad de expresión como son el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y Espacio Público, a los fines de determinar una presunta “relación con el financiamiento y la relación estratégica entre el Departamento de Estado de los EEUU y periodistas y medios de comunicación privados en Venezuela”.

Este hecho se inscribe en un patrón de hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales y voceros oficialistas contra las organizaciones de derechos humanos  (citar CIDH, informe) en general [3], y en especial, contra las organizaciones promotoras de la libertad de expresión y medios de comunicación. Este patrón se caracteriza por la descalificación moral y pública ejercida desde los medios gubernamentales, que luego es continuada por la apertura de procesos judiciales[4] o la intimidación mediante amenazas públicas.

En el caso concreto de Espacio Público, sus actividades son públicas y conocidas, se realizan sin ningún tipo de propósito electoral, se ajustan a los diseños y requerimientos que son elaborados de modo autónomo y sin presión alguna por agentes externos o internos. Estas acciones responden a su visión de la realidad venezolana  y se ajustan a lo establecido en el artículo 13 de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144 que establece el derecho a recibir cooperación internacional. “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.”[5]

Las organizaciones de derechos humanos tienen más de 20 años recibiendo cooperación internacional y dicha cooperación  sirve para atender a innumerables víctimas de violaciones a los derechos humanos, capacitar a colectivos sociales y funcionarios y funcionarias del Estado, elaborar publicaciones educativas, proponer políticas para el fortalecimiento de la democracia entre ellas el capítulo de derechos humanos de la actual Constitución y dar aportes en muchas leyes vigentes. La cooperación recibida tiene  como destino a los más excluidos apoyándolos en la exigibilidad de sus derechos y acompañándolos en sus procesos organizativos en el marco de las normas vigentes y con fines pacíficos y democráticos.

Las organizaciones integrantes del Foro por la Vida rechazamos esta política de acoso a las organizaciones venezolanas de derechos humanos porque restringe seriamente su trabajo, destinado a la defensa y promoción de los derechos humanos  en Venezuela.

Por ello exigimos

1.- Al Gobierno Nacional y a su sistema de medios públicos el cese de esta campaña de amedrentamiento en contra de organizaciones venezolanas en procura de su desprestigio en la sociedad venezolana.

2.- Al Gobierno Nacional que respete el trabajo de las organizaciones venezolanas como una expresión legítima de una sociedad democrática y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el derecho de asociación.

3.- A la Fiscalía General de la República que desestime toda investigación que pretenda asociar a la cooperación internacional con la desestabilización por impulsar acciones e iniciativas de capacitación y formación en Derechos Humanos o estrategias de investigación periodística.

4.- A la Defensoría del Pueblo, que se avoque a defender la posibilidad de todas las personas y organizaciones de defender y promover los derechos humanos, además de solicitar el apoyo y cooperación para este propósito.

Vocería Foro por la Vida

PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Espacio Público

Justicia y Paz Nacional

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[1] El Foro por la Vida lo integran las siguiente organizaciones: Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), Acción Solidaria (ACSOL), Caritas Los Teques, Caritas Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la universidad Central de Venezuela, Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)., Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Comité Pro Derechos Humanos del Estado Falcón. (COPRODEH), Comité Victimas Lara, Espacio Público, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Observatorio venezolano derechos de las Mujeres, Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR), y la  Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.

2 http://www.eluniversal.com/2010/07/14/pol_ava_chavez-pide-a-cancil_14A4183171.shtml Consultado el 14.07.10

3 Así lo señala la CIDH, en el párrafo 588 de su informe sobre Venezuela; Democracia y Derechos Humanos: “La Comisión ha tomado conocimiento de que continúa un clima de hostilidad y amenazas en contra de la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Venezuela. La información recibida por la CIDH hace referencia a actos estatales dirigidos a deslegitimar y criminalizar la acción de los defensores y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas e internacionales que trabajan en Venezuela. La información recibida por la Comisión también señala que altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, han acusado públicamente a varias organizaciones de derechos humanos, así como a sus integrantes, de formar parte de una estrategia golpista o de tener vínculos indebidos con países extranjeros que supuestamente planean desestabilizar al gobierno. Más aún, se han llevado a cabo manifestaciones de descrédito profesional a personas que han comparecido ante los órganos de protección del sistema interamericano.”

4 Los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de los derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos tales como "sedición", "incitación a la rebelión", "tentativa de menoscabar las instituciones" y delitos contra la seguridad del Estado. También es frecuente enjuiciar a defensores de los derechos humanos en base a acusaciones falsas como forma de hostilidad. (Informe de la Relatora, Señora Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, presentado a la Asamblea General las Naciones Unidas en el 57 Período de Sesiones el 2 de julio de 2002).

5 Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144