Las sombrías cifras de la tortura en Venezuela hoy

 

Inti Rodríguez (Provea)

En los primeros 9 meses del año 2019 se registró un aumento de 508% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El CICPC y la DGCIM encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela. La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.

El maquillaje insuficiente de los torturadores

Xabier Coscojuela

Los días finales de junio de 2019 ocurrieron dos hechos que dejaron en evidencia, aún más, la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela por acción de Nicolás Maduro y el cogollo que lo acompaña. Por un lado, la deportación de 59 ciudadanos colombianos, y por el otro el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Los colombianos fueron detenidos hace más de tres años y sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Fueron apresados sin razón, en redadas en comunidades populares para atender una afirmación hecha por Nicolás Maduro: “tengo 90 paramilitares colombianos capturados”. Lo dijo un par de días antes y era mentira, así que se ordenó a funcionarios salir a “peinar” zonas para dar con personas de nacionalidad colombiana que sirvieran de chivos expiatorios. De ese primer grupo de 90 algunos fueron soltados, otros por razones de salud salieron del calabozo, y el resto se quedaron pagando una pena que no les correspondía en un improvisado calabozo armado en la comandancia de la PNB en La Yaguara, nunca diseñado para eso. Ahora fueron deportados dejando en Caracas a su arraigo familiar, en muchos casos.

Cómo funciona y quienes son responsables del protocolo oficial de la tortura en Venezuela hoy

lapatilla.com

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) [antes DIM y SIFA, nombre que cambia pero prácticas iguales] se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una

estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen. Así lo reseña infobae.com

El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás

Rafael Acosta: Otro preso torturado y asesinado por dictadura chavomadurista cuya muerte se pretende encubrir

runrun.es

Las distintas versiones ofrecidas por el gobierno nacional sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo son claves para el ocultamiento o verdad de los sucedido, dice la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información  dijo a través de su cuenta en Twitter que el militar había sido presentado y que el fallecimiento ocurrió «durante el acto de presentación frente al tribunal competente». Tarek William Saab afirmó que Acosta “estaba siendo presentado ante los tribunales”, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, precisó que el oficial se desmayó antes de iniciar la audiencia de presentación.

Así se tortura hoy en los calabozoz militares de la dictadura venezolana

Sebastiana Barraez

El problema empezó en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando alguien decidió dejar sin teléfono a los militares y civiles detenidos. Eso fue hace un mes. Ellos podían llamar por lo menos dos veces a la semana. Ahora no pueden llamar a sus familias, no les permiten fotos de ningún tipo, no tienen derecho a la visita conyugal, tampoco les permiten libros ni estampitas. Los torturan con la soledad más absoluta. Ahora no tienen luz y tampoco aire acondicionado lo que significa que se están cocinando en ese calor infernal de los tenebrosos sótanos.

Hay hacinamiento brutal. Varios familiares de los detenidos se quejan. “Hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas o recipientes plásticos”, porque no les permiten ir al baño con regularidad. Eso fue suficiente para que a un delicado funcionario de la Dgcim se le ocurriera colocarles la poceta en el centro de las celdas, que ya de por sí están hacinadas. El Teniente Coronel Ruperto Molina tiene lesionada la columna y aunque se queja de los dolores en la cervical y los riñones, no lo asisten ni permiten que sea llevado al Hospital. La defensora pública, CC Araujo, dice que ella ha solicitado que el oficial sea asistido médicamente, pero ni respuesta le dan. En la celda del mayor general Miguel Rodríguez Torres “aparecieron” unas pruebas incriminatorias, cuando el oficial fue sacado a recibir sol. El capitán de Navío, Humberto De La Sotta ha sido amenazado por negarse a aceptar que le instalen la poceta en el centro de la celda.

Testimonio y videos de militar huido de Venezuela evidencian torturas en cárceles de la dictadura (video)

Revista Sémana (Bogotá)

Las imágenes, impresionantes, fueron grabadas por un teniente de aviación quien dijo llamarse Ronald Dugarte. El uniformado, de 27 años, desertó a finales de febrero al ver tanta brutalidad, represión y tortura hacia los más de 70 detenidos que están privados de la libertad en el Helicoide, en Venezuela.

En los videos se ven a presos confinados, uno muy enfermo que muestra un tarro de orina con sangre y un tercero atado de pies y manos, con los ojos vendados, que suplica dos horas con las manos libres. Esa persona sería un coronel [Jhonny Mejías Laya]. Dugarte afirma que lo vio en tal estado durante 30 días.

Dictadura en Venezuela: Denuncia documenta 106 casos de tortura en lo que va de 2018

Génesis Biondi (diario El Impulso)

Durante solo este año 2018 se han presentado 106 casos de tortura, de los que fueron “supuestamente perpetrados 11 por personas con acento cubano”. Este martes 27 de noviembre fue entregado un informe sobtr el particular al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Las denuncias que se incluyen dentro de este informe titulado “La implementación de un sistema torturador”, presentado en la sede de la OEA en Washington por la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, una plataforma para los estudios de América Latina con sede en la República Checa.

Expediente negro de la dictadura: 40 % de los 256 presos políticos en Venezuela tienen problemas de salud

Diario El Carabobeño

Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, aseguró este martes que al menos 40% de los presos políticos venezolanos presentan problemas de salud.

El defensor de los derechos humanos denunció los casos de algunos reclusos que han advertido ante los tribunales haber sufrido, y recalcó la existencia de 232 presos políticos en Venezuela.

En Caracas se repite un crimen terrorista de Estado: Muerte "accidental" de un concejal

Vanessa Moreno (efectococuyo)

[Nota previa de El Libertario: Reproducimos dos notas periódistica que dan cuenta de lo sucedido con el preso político Fernando Albán, quien murió cuando estaba en manos de los esbirros de la dictadura chavomadurista, en circunstancias que terriblemente reproducen el asesinato en 1969 del ferroviario anarquista Giuseppe Pinelli a manos de la policía italiana, crimen particularmente notorio que inspiró la muy conocida pieza del Premio Nobel Dario Fo "Muerte accidental de un anarquista". Obviamente, tanto la brutalidad asesina de esta acción represiva de hoy como el recuerdo imborrable de aquel asesinato en Milán hacen que alcemos nuestra más enérgica voz de denuncia ante este nuevo caso de terrorismo de Estado en Venezuela, el cual por su caracteristica de ser una grotesca copia de un hecho especialmente doloroso para l@s anarquistas de cualquier parte del mundo tiene que generar nuestra total indignación, aún cuando no tuviesemos afinidad política con el edil asesinado.]

La tortura como parte de la historia nacional

Humberto Decarli

El video donde el diputado Juan Requesens habla sobre unos hechos y el otro donde aparece cuasidesnudo impregnado de excrementos, delatan la situación de estar sujeto a los efectos de estupefacientes y en una situación de precariedad personal denotativa de torturas. Es impresionante que a pesar de ser un representante legislativo el gobierno hubiese llegado a un extremo insólito de violación de derechos humanos. Y la respuesta del presidente ha sido de descalificación y burla sobre esos acontecimientos.

Ciertamente se trata de una iniciativa proyectando impunidad y concomitantemente intimidación hacia quienes se les ocurra disentir del régimen. Es un riesgo asumido por el oficialismo porque está resteado en un momento cúlmine de la terrible crisis económica, política, social, ética, cultural y en todos los órdenes padecidos por el país. No obstante la gravedad de las imágenes no es algo nuevo en la historia de la represión en el país.

Opinión - La tortura y la muerte como políticas de Estado en Venezuela

J.R. López Padrino

Con la llegada de la peste militar bolivariana al poder (1998) las fuerzas militares y de seguridad del Estado han practicado la tortura y tratos crueles, desapariciones forzadas, así como ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. Representan un proyecto perverso que aliena, institucionaliza la tortura y el sicariato político y que pretende rescribir la historia desde la impunidad, desde la censura de la memoria, desde la deformación de la realidad y del olvido.

Prisiones militares en Venezuela: centros de torturas a civiles y uniformados

Una Ventana a la Libertad

Testimonios de familiares y de quienes estuvieron detenidos en cárceles militares en diversas ciudades del país permitieron la elaboración de un detallado informe elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad sobre las condiciones en estos centros de reclusión, ahora utilizados para civiles que se oponen el gobierno. Lo común en todos ellos son las fallas en los servicios básicos, la inexistente atención médica, así como severas agresiones físicas y psicológicas a los privados de libertad.

el informe titulado "Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" (ver texto del informe en http://correodelcaroni.com/images/stories/dia070218/UnaVentanalaLibertad.pdf), producto del resultado de una investigación realizada en el último trimestre de 2017 sobre las condiciones de encarcelamiento en estos recintos. El documento fue presentado por el periodista Javier Ignacio Mayorca, encargado de la investigación, y por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma. Para la elaboración de esta investigación fueron revisadas numerosas fuentes documentales, principalmente informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa y decisiones de los tribunales del país que hacen referencia a algún centro para procesados militares. Pero el mayor cúmulo de información fue aportado por fuentes vivas. En ese sentido se llevaron a cabo entrevistas con militares activos y también retirados, cuyos nombres generalmente quedarán bajo reserva para evitar posibles represalias. Estas personas forman parte o ejercieron distintos roles en el sistema de justicia militar.

Periodista y líder vecinal Carlos Julio Rojas incomunicado y torturado por represión chavomadurista

analitica.com

Sin poder ir al baño, ingerir agua, comida, amarrado y hacinado, el comunicador social y líder vecinal permaneció en una celda de castigo de 2×2 metros llamada “El Tigrito” en la prisión militar de Ramo Verde.

Tras ser incomunicado por dos semanas en la que hubo violación al derecho de visita al reo y una vez que le fue permitida la visita a los familiares, “a Carlos Julio se le encontró visiblemente afectado con mucho menos peso y algunas marcas en su cuerpo. Durante esos días, también le fueron robadas sus pertenencias: ropa, comida, dinero y hasta un rosario que cargaba en el pecho”, relata su madre Sol Rojas.

“Decían que nos iban a matar”: El calvario de manifestantes presos en Venezuela

Agencias

La piel prensada con tenazas, golpes de martillo: cuatro días de arresto dejaron en Luis una cicatriz imborrable. Su consuelo, estar en libertad, pero cientos de venezolanos detenidos en protestas contra el presidente Nicolás Maduro afrontan largas condenas. Luis -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las 4.000 personas que según la Fiscalía han sido capturadas en cuatro meses de manifestaciones que exigen la salida del poder de Maduro.

“Decían que nos iban a matar, picar en trozos y tirar al río Guaire”, relató a la AFP el delgado oficinista de 30 años, detenido el 4 de julio por militares en Caracas. Cuenta que entre puñetazos, jalones de pelo y pisotones, un uniformado le prensó con una tenaza la piel del abdomen y los brazos, mientras lo llamaba “terrorista”. Con un martillo también le golpeó las rodillas y los codos. “Hacía las torturas escondido de algunos (de sus compañeros); otros eran cómplices”, aseguró el hombre en su oficina del este de la capital.

Estado venezolano torturó y no investigó en 2014; de nuevo tortura y, ¡oh sorpresa!, no investiga en 2017

Correo del Caroní

Cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela enviaron un informe al Comité contra la Tortura (CAT), adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre las áreas donde el Estado ha debido reportar avances significativos en materia de prevención y sanción a la tortura Se trata del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Civilis -Derechos Humanos, y Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), las que firman el informe.

Edo. Zulia: Justicia bolivariano-socialista absuelve a policías acusados de torturadores

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

El pasado 09 de noviembre de 2015 el Tribunal Sexto (6º) en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a cargo de la jueza Griselda Villalobos Manrique, dictó sentencia absolutoria en juicio oral y público por los delitos de lesiones leves, lesiones intencionales, resistencia a la autoridad y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales en contra de Luis Oswaldo Curiel Fernández, Ingribeth Vanesa Morales Ramírez, Wilmer Enrique Ballesteros Ortigoza, Arquímedes Terán, Jefry Enrique Ríos Mavarez, Wilmer Javier Correa Marín, Eddy Segundo Larrazábal Alvarado, José Eugenio Quintero Barreto, José Ramón Pirela Torres y Alberto Enrique Lubo Selen; funcionarios de la Policía del estado Zulia, acusados por el Ministerio Público de ser responsables de la tortura de José Francisco Matheus González, ocurrida el 1 de marzo de 2000.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, durante 30 años ha brindado acompañamiento a personas víctimas y familiares de víctimas de abuso policial y militar; manifestamos nuestra solidaridad con José Francisco Matheus en su búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos de las cuales fue víctima y expresamos admiración y respeto por su constancia en la lucha por la dignidad y la justicia.

El vía crucis de Araminta González

José V. Haro

l 6 de mayo de 2015 fuimos juramentados como los nuevos abogados de Araminta González ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda-Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, a cargo de la Juez Mariam Altuve Arteaga.

Decidimos asumir el caso de Araminta a solicitud de su hermana Miriam, quien se trasladó especialmente desde España muy angustiada al percatarse que a pesar de todo lo que hacía humanamente desde allá y en un par de viajes anteriores, su hermana, Araminta, seguía viviendo un injusto vía crucis sin que sus abogados anteriores en la causa hicieran mayores gestiones frente a un horrible caso de violación de Derechos Humanos que, lamentablemente, había quedado totalmente en el olvido.

Cómo la represión estatal oculta la tortura: Los ejemplos para Venezuela en 2014

De seguidas presentamos tres infografías que describen esquemáticamente algunas prácticas de los cuerpos represivos del Estado para ocultar las barbaridades propias de su acción contra la protesta social. En este caso, la información se refiere en concreto a la actuación de encubrimiento ejecutada por policías y militares durante las protestas ocurridas en Venezuela en 2014, siendo la fuente de referencia para quien desee conocer todos los detalles y casos puntuales el informe Que no quede rastro, preparado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (ver en http://periodicoellibertario.blogspot.com/2015/05/informe-sobre-ocultamiento-de-evidencia.html).

Torturas en las cárceles venezolanas

Carlos Nieto

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40212 del 22 de julio de 2013, fue publicada la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocida como Ley contra la Tortura, luego de muchos años engavetada en la Asamblea Nacional, aunque el artículo 46 de nuestra Constitución Nacional ya lo establecía.

Esta ley tiene por objeto, según su artículo 1°, la prevención, tipificación, sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la reparación a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos, promoviendo la participación protagónica de los ciudadanos a través de las instancias y organizaciones del poder popular, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas de estos delitos, en corresponsabilidad con los órganos y entes del poder público competentes, en la protección y defensa de los derechos humanos.

Igualmente en su artículo 4°, numeral 2, establece que quedan sujetos a  aplicación de la misma los funcionarios públicos adscritos al sistema penitenciario y establecen penas de prisión entre 15 y 25 años para el delito de tortura, 13 a 23 años por tratos crueles y de 3 a 6 años por tratos inhumanos o degradantes.

Siempre he pensado que el solo hecho de estar en una cárcel venezolana es una forma de tortura por las condiciones infrahumanas en que estas se encuentran sin mínimas condiciones para que seres humanos puedan en ellas habitar, aunado a los constantes y reiterados maltratos que reciben los reclusos por parte de los funcionarios encargados de su custodia tanto interna (Ministerio para el Servicio Penitenciario) y externa (Guardia Nacional Bolivariana).

Las torturas en las prisiones venezolanas lamentablemente forman parte de la cotidianidad o de la rutina carcelaria, ante la total indiferencia de las autoridades encargadas de que estas no se cometan.

La  tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes han existido en las prisiones nuestras siempre, basta darse un recorrido por la historia y refrescarnos la memoria recordando centros de reclusión como La Rotunda, Guasina, El Dorado, la isla del Burro, el Reten de Catia y muchos más donde se vivía bajo una constante y reiterada violación de los derechos humanos, cosa que no ha variado mucho y los reclusos siguen en la actualidad sufriendo de estos malos tratos propiciados por los funcionarios encargados de su custodia.

Un caso especial y que merece ser resaltado por lo grave que esto significa lo viven los reclusos venezolanos de parte de un funcionario del Ministerio  Penitenciario de nombre Julio César Pérez, quien en la actualidad es director de Penales con Régimen. A este personaje se le sigue un proceso legal en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Estado Lara por los hechos sucedidos en la cárcel de Uribana en el estado Lara, que se iniciaron el 25 de noviembre de 2014 y culminaron con el envenenamiento de más de 140 reclusos de los cuales 50 fallecieron por esta razón, sin que hasta ahora se tenga conocimiento oficial de las causas que originaron esto.

Por esta razón, aunado a varias denuncias que cursaban en fiscalías del Ministerio Publico del estado Lara de familiares de reclusos por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellas la de los estudiantes Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, fue detenido por el Sebin el 28 de noviembre de 2014 y presentado ante el Juzgado 4° de Control del Estado Lara en fecha 1° de diciembre de 2014 y cuya audiencia de presentación finalizó el día 8 de enero de 2015 dictándole en ese momento arresto domiciliario, el cual debía cumplir o en el estado Lara o en Caracas, que es sitio de residencia.

A pesar de estar aún vigente esta medida de casa por cárcel y un proceso judicial abierto por torturas, continúa con su trabajo en el Ministerio Penitenciario que lo ha llevado a cometer toda clase de abusos y atropellos contra reclusos del Internado Judicial Metropolitano Rodeo I, II y III, del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y II y actualmente de la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Lamentablemente, nuestras autoridades nada han hecho con casos como este y muchos otros que diariamente ocurren en nuestras cárceles ante la indiferencia de todos.

[Nota de El Libertario: Para más datos y denuncias sobre el uso de la tortura en la actualidad por parte de diversas instancias del Estado venezolano, ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/11/la-tortura-en-venezuela-hoy-referencias.html, http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/07/para-no-olvidar-3-muertes-por-torturas.html y http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/06/cigarrillos-sobre-la-piel-relatos-de-la.html]

 

Provea: 2 de las 13 personas detenidas por manifestar en la Gran Caracas les habrían aplicado electricidad

Prensa Provea

Desde el sábado 13 personas habrían sido detenidas en la Gran Caracas por realizar manifestaciones pacíficas o tomar fotos en las inmediaciones de las colas: 8 detenciones en San Bernardino y 6 detenciones en Santa Fé, ambas en las inmediaciones de expendios de alimentos. La información fue suministrada a Provea por Nizar El Fakih, abogado de las organizaciones Civilis y Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien ha venido asistiendo a los detenidos. Dos menores de 15 años habrían sido liberados en horas de la madrugada de este domingo 11.01.15, mientras que el resto habría sido presentado en tribunales el 13.01.15 y liberados de manera condicionaal tras haberles impuesto medida de presentación en tribunales, cada 30 días. "Nosotros lo vemos como una persecución política y a las personas que en ejercicio de sus derechos humanos elevan su voz en contra de la situación que estàn viviendo".

Según relató el abogado y activista, durante la privación de libertad hubo diferentes irregularidades que vulneraron el debido proceso. La primera de ellas fue el aislamiento: "No se les permitió comunicarse de manera inmediata ni con sus familiares ni con sus abogados, y una vez recluídos no se les indicó cuál era el proceso que se les iba a seguir. Después no se les permitió ser visto ni por sus familiares ni por sus abogados". La situación de aislamiento permitió que se cometieran otras violaciones a derechos humanos contra los privados de libertad: "En caso de 2 de los 8 detenidos en Cotiza recibieron descargas eléctricas, en su cabeza uno y en el brazo otro, y otras agresiones verbales y psicológicas que recibieron tanto estos 2 como los otros 6 detenidos restantes". Ambas agresiones fueron denunciadas en el tribunal y constan en el expediente del caso, aseguró El Fakih.

El abogado reconoció el trabajo de la Defensoría del Pueblo, quien designó a un defensor delegado para entrevistarse con los detenidos en el sitio de reclusión, por lo que de manera indirecta los abogados y familiares pudieron obetener información acerca de su situación. Sin embargó calificó la actuación de la Defensoría de insuficiente, pues debió exigir que se permitiera el acceso a familiares y abogados para entrevistarse con las personas privadas de libertad.

A continuación, escuche el testimonio completo del abogado Nizar El Fakih