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miércoles, 18 de abril de 2018

Delincuencia y gobierno en agresión genocida contra indígenas de Guayana



Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos delictivos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

lunes, 21 de agosto de 2017

Necesitamos ser más comunidad para decir NO al Arco Minero del Orinoco



Minerva Vitti

El Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería a gran escala que pretende explotar 12 % del territorio venezolano, plantea a los indígenas que se quedan en sus territorios convertirse en mano de obra transnacional y la enajenación de su propio mundo.

domingo, 21 de mayo de 2017

Ante el asesinato de Freddy Menare, activista del pueblo Uwottuja del Edo. Amazonas



Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI-ULA Mérida)

Considerando

1.- Que el día 12 de mayo fue asesinado en la ciudad de Puerto Ayacucho, el dirigente indígena de la Organización Indígena del Pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo de Amazonas (OIPUS), Venezuela, Freddy Menare.

2.- Que el vil asesinato de nuestro hermano indígena Freddy Menare se da en un contexto de criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del Estado Amazonas.

domingo, 14 de agosto de 2016

Minería, "sindicatos" mafiosos y Arco Minero del Orinoco, combinación mortal para los indígenas del Caura



Minerva Vitti (Correo del Caroní)

Es sábado por la noche en El Playón. Los yekuanas y sánema reunidos debajo del Öttö, casa comunal de forma circular, esperan a los representantes del Gobierno. Estos indígenas provenientes de 24 comunidades, de las 49 que se ubican en el Caura, han sido convocados a la 20º Asamblea de la Organización Kuyujani, y ya tienen casi cuatro días discutiendo sobre las distintas problemáticas que los afectan en su territorio ancestral. Pero, sin duda, lo que más les preocupa es la potencial amenaza que implica la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que comprende una superficie de 111.843,70 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 12% del territorio nacional.

domingo, 10 de abril de 2016

Un indígena jivi opina: El AMO y el carbón de Perijá les quitan lo poco que quedaba del disfraz de socialistas



Yoner Arrioja

Resulta incompresible que un gobierno que se dice socialista tenga que agredir a la naturaleza de la manera que el gobierno venezolano plantea hacerlo mediante la creación de una zona minera [el AMO o Arco Minero del Orinoco] en un 12,2 % del territorio nacional, según el decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016. Ese territorio es una de las zonas más antiguas del planeta y con una diversidad biológica única sobre la tierra. En esos 111.846,86 km2 coexisten una flora y una fauna que en el mundo solo están localizadas en esa zona, aparte de los pueblos indígenas que habitan en esa área, siendo los más numerosos los pemones, yekwanas, jivis, eñepá, kariñas, sanemá, piaroas y los mapoyos (cuya lengua fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014), al gobierno nada le importa que desaparezcan poblados enteros de estos pueblos, pues su voracidad de dólares es insaciable, se regocijan por que obtendrán por la explotación del oro alrededor de 280 mil millones de dólares en 70 años[1], cuando en el intervalo 2003-2013 (de 10 años) se fugaron del país mas 111 mil millones de dólares[2].

viernes, 4 de marzo de 2016

Comité de Derechos Humanos de La Guajira: Herramienta autónoma de lucha del pueblo wayuu



Olimpia Palmar

* Versión condensada del texto "Sistematización de experiencia: Comité de Derechos Humanos de La Guajira" incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira (CDDHHG) es una organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la seguridad personal e inviolabilidad del hogar, defensa del núcleo familiar, de la niñez y la adolescencia, consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El CDDHHG nace un 9 de agosto de 1999 en la población de Paraguaipoa, Municipio Guajira (antes Páez), Estado Zulia, sus inicios por la defensa y promoción de los derechos humanos surge de las necesidades insatisfechas de la sociedad indígena que habitan en la zona. Narra José David González miembro fundador y actual Coordinador de la organización “la indignación nos impulsó a la lucha, nadie garantizaba la salud y el tema más candente en aquel momento era la situación del agua, no había agua, entonces era necesario hablar, decir, y tomar con nuestras propias manos la exigencia de nuestros derechos.”

Fue la tragedia desatada en la comunidad de Sichipe, Alta Guajira, lo que activó la voluntad de los fundadores del Comité. La base militar de caballería 102 Gómez construyó un polígono para hacer prácticas de tiros, incluyendo uso de granadas, en medio de la comunidad wayuu habitada por más de 24 familias. Un grupo de niños encontró un objeto extraño que les causó curiosidad y en su casa lo manipularon causando una explosión que generó un niño muerto y otros dos heridos. Desde ese momento se activó, hasta la fecha, el CDDHHG. Según Mermis Fernández, actual miembro de la organización, el nacimiento del Comité se genera en una coyuntura favorable para los pueblos indígenas. “Eso fue el proceso de la Constituyente y la nueva Constitución del 99. Allí se caminó en dos sentidos la primera en la formalización de las denuncias y el otro en la formación de las comunidades sobre la nueva Constitución”.

En sus años iniciales, el Comité continuó denunciando y acompañando denuncias por deficiencias en el servicio de agua potable y fallas en la dotación de insumos al hospital de Paraguaipoa, hasta denuncias más puntuales como el incumplimiento en el pago a algún trabajador de la localidad o casos de detenciones arbitrarias. Además apoya para que existan otras experiencias organizacionales como los consejos comunales, cooperativas de pescadores, artesanos, defensorías indígenas, entre otras.

Tejiendo alianzas para dignificar la lucha

No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2002 que en asamblea deciden registrar formalmente y darle personalidad jurídica al CDDHHG, según acta de conformación esta organización no gubernamental nace con el objetivo de “Promover conciencia sobre los derechos humanos en la población para lograr mayor participación ciudadana, por la defensa de los derechos civiles y sociales de la Guajira”. Y tiene como objetivos específicos “lograr una mayor participación ciudadana a través de una política de formación, educación y promoción de los derechos humanos, ONG, e instituciones públicas y privadas- minimizar las violaciones de los derechos civiles, sociales, a través de la denuncia y seguimiento de casos - hacer convenios con organizaciones nacionales de derechos humanos”.

A partir del año 2004, el Comité comienza a visibilizar la situación de movilidad humana en la frontera colombo-venezolana de La Guajira, recibiendo a personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Los casos de desplazados se mantuvieron hasta el 2009, y se presenciaba por temporadas. Entre esos años se afinó la alianza entre el comité y la Oficina del Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional.

De toda experiencia se aprende

Para el año 2005 el secuestro de un joven sacudió a la población wayúu. Al joven Eliecer Paz lo secuestraron en la plaza de Paraguaipoa y hasta la fecha sigue desaparecido, los familiares se acercaron al Comité para hacer las denuncias en la ciudad de Maracaibo, la familia Paz hizo la denuncia pública con nombre y apellido, ellos acusaban a un funcionario de la Alcaldía de la Guajira, que además era hermano del Alcalde Hebert Chacon. Por lo que las denuncias se tornaron a problemas familiares, debido a que los familiares de Chacón visitaron a los familiares de José David González quien era el defensor que acompañaba el caso.

La organización continua trabajando vulneraciones de derechos, trabaja las denuncias, promueve formación en las comunidades organizadas. Para el 2007 y 2008, visibiliza la mala infraestructura de los hospitales de Paraguaipoa y Sinamaica interviniendo en varias protestas y cierres de vías junto a los consejos comunales de Sinamaica, estos dos años fueron de muchas protestas en la calle, por lo que el Comité intervenía generando un canal entre el gobierno municipal y regional con los consejos comunales, al mismo tiempo que iba formando a los líderes a comprender los niveles y canales de exigencia, de manera que el cierre de vía fuera la última instancia.

Para el año 2010 el presidente Hugo Chávez, decreta la creación e instalación de 10 distritos militares, en la frontera de la Guajira el Distrito Militar Guajira 1, según Gaceta Oficial 39.583 del 29 de diciembre, bajo el decreto Nro. 7.9385. El distrito militar se instaló violando el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas wayuu y añu cuyo territorio pasa a ser un territorio militar y no un hábitat ancestral.

El CDDHHG, fijó posición y exhortó al gobierno nacional desde el primer momento a que se revisaran las condiciones de este decreto, además exigió y se ofreció para que los militares que ingresaran al territorio indígena fueran por lo menos formados sobre los valores de las comunidades originarias. El 2011 cierra con 21 alcabalas en diferentes puntos del Municipio Guajira, y comisiones relámpagos que al sorprender a las personas que trabajaban de manera ilegal con combustible, incendiaban los envases plásticos llenos de gasolina generando contaminación e incluso mortandad de peces en las aguas de la reserva acuífera Gran Eneal. 

Los falsos positivos, las muertes, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, irrespeto a cementerios wayuu, incendios de viviendas, vejaciones y abusos en cada alcabala por la restricción de alimentos a la Guajira se intensificaron en 2012, obligando a la población de la Guajira a cerrar la carretera Troncal del Caribe casi una vez por semana, ya que a la situación se le sumaban días sin energía eléctrica, sin agua, sin hospital, situación que obligó al gobierno nacional a atender las inquietudes de la población de la Guajira, abriendo la oportunidad de trasladar a la Ministra de Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y todo el alto mando militar con el objetivo de sostener una reunión con las comunidades y representantes indígenas y evaluar las acciones a tomar. Para esta reunión fueron finalmente convocados los voceros de los consejos comunales, irrespetando y desconociendo a las autoridades propias de las poblaciones indígenas.

El planteamiento del Comité entregado ese día reza: “Creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo vicioso, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrados en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo.” El Comité también exigió que se derogara el decreto que creó el Distrito Militar debido a que no cumple con sus objetivos.

2012 cerró con un saldo de 1 muerto y 17 heridos todos indígenas “mientras las madres wayuú recogen a sus hijos, veíamos en los titulares de los medios declaración de los jefes militares donde afirmaban que le estaban dando golpe duro a los grandes contrabandistas de la frontera, nosotros reflexionamos pero si esta gente no tiene ni casa, y en otros titulares afirmaban que el ejército disparó para defenderse porque los wayuu andaba armados, uno que estuvo en el lugar de los hechos se da cuenta de que había un solo grupo armado porque no hay indicios de balas del otro lado”, narra José David González. Un documento presentado publicamente el 9 de agosto de 2013 contenía la denuncia de 7 asesinados, 20 heridos y más de 60 allanamientos ilegales, así como nueve propuestas al estado venezolano, para reivindicar y dignificar la vida de los pueblos originarios que habitan en esta frontera.

Durante el 2014 se realizaron dos caminatas más por iniciativa de las mismas comunidades y víctimas, muestra de que esta lucha se había sembrado en el sentir de la población. Por su parte el CDDHHG, realizaba periódicamente una gira de medios gracias a nuevas alianzas que a su vez le permitió realizar visitas a instituciones nacionales  En el 2015 desde el gobierno se abrieron varios espacios para visibilizar la situación de los derechos humanos y debatir sobre la paz; en todas estas instancias el CDDHHG entregó el informe con la denuncia de cada uno de los casos de las víctimas.

El 7/9/15 se decretó el estado de excepción en La Guajira. Una de las medidas contempladas en el Decreto era el cierre de la frontera con Colombia, movilización de más militares al territorio indígena y la construcción de la “frontera paz”. Durante el cierre el CDDHHG exigió el enfoque diferencial al cierre de otras fronteras considerando que el pueblo wayuu habita entre Venezuela y Colombia y el cierre podría vulnerar su movilidad dentro de su propio territorio, por lo que se aprobó un corredor humanitario. Aún en pleno estado de excepción y en el proceso de construcción de la paz, las balas de los militares continuaron generando muertes de indígenas wayuu. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, 3 jóvenes wayuu fueron asesinados en dos hechos diferentes, 2 de ellos en la comunidad de waipeshi el 9 de septiembre de 2015. Hasta la fecha el Comité contabiliza desde el año 2012 al año 2015, 19 muertos, 41 heridos, 19 torturados, 1 secuestrado, 1 desaparecido y más de 60 detenciones arbitrarias.

Qué propone el CDDHHG
Cerramos este resumen con las nueve propuestas que hace el Comité en su documento para el “buen vivir y vivir bien desde una vision wayuu”,  pronunciamiento en defensa del pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio ancestral wayuu:

1. Crear una estructura autónoma, visible con incidencia en toda la península de la Guajira, y asesorado por nuestras autoridades tradicionales, tomando en cuenta las políticas de Estado en materia Indígena y que las organizaciones del estado acudan y escuche sus planteamientos.

2. Fijar parámetros de dialogo en relación al uso de la movilización dentro del territorio Wayuu, como es el caso de los transportistas y sistema de encomiendas de la baja, media y alta Guajira, quienes dan vida al abastecimiento de alimentos para los habitantes de la Guajira.

3. Fortalecer el diálogo intercultural, con autoridades e instituciones privadas existentes en la Zona valorando el sistema del Trueque ancestral practicado antes de la colonia.

4. Minimizar el atropello fundamentado en vinculación política partidista en las comunidades del territorio Wayuu.

5. Respeto a la integridad de la MUJER WAYUU, en sus diferentes status relacionado al sistema Social, debido a su ROL de transmisora de saberes y perpetuidad del linaje en nuestra Estructura Social.

6. Creación de la Escuela del Pensamiento Indígena, visionado hacia la juventud y la niñez de nuestro territorio en proceso de vida intercultural, ante los sistemas de participación globalizados y nacionales en que se debe mantener.

7. Constatar las oportunidades de formación desde una perspectiva positiva en todos los ámbitos, mirando hacia un horizonte reivindicativo en búsqueda de calidad de una actitud laboriosa para nuestro futuro (MPPPE, MISIONES, INSTITUCIONES PRIVADAS), para la inserción del currículo propio y emergente del Pueblo Wayuu.

8. Fijar los lineamientos prácticos procesuales para el funcionamiento de las instituciones Estructurales del Estado, en relación al modo de vida propio del pueblo Wayuu para su efectiva convivencia, al mismo tiempo alertamos la necesidad de la consulta previa para todos los proyectos

9. Promover cada 9 (nueve) de agosto, actividades significativas en relación al proceso reivindicativo y de consolidación de la existencia firme en nuestro territorio como parte de la contribución a la historia de nuestro mundo Indígena, manteniéndonos firmes y activos en la cotidianidad a través de (conversatorios, foros, charlas, mesas de trabajo y visitas a las escuelas) para el empoderamiento de una verdadera CONCIENCIA INDIGENA. Partiendo del marco legal, este documento presentado, tiene su basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, ley de demarcación de hábitat y garantía de tierras Indígenas, Ley del Artesano y Artesana, Ley Orgánica de los Idiomas Indígenas, ley de patrimonios Indígenas, Declaración de las naciones Indígenas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica del Trabajo OIT y la declaración Universal de la UNESCO en el marco Internacional del decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo.

lunes, 27 de julio de 2015

Maracaibo: Movilización indígena contra minería del carbón y planta carboeléctrica



















Redacción (en base a reportes de corresponsales)

El pasado 18 de Julio, se movilizaron hacia el sector de la Vereda del Lago, en Maracaibo, representantes de los 5 pueblos indígenas del Edo. Zulia: Bari, Yukpa, Japreira, Wayuu y Añu, quienes acompañados de activistas criollos y afrodescendentes, se hicieron presentes en defensa del derecho ancestral a la tierra de esos pueblos, hoy amenazado por la minería del carbón y por el proyecto de una planta carboelectrica en la cuenca Guasare-Socuy.

jueves, 23 de julio de 2015

¿En qué consiste la deuda en la demarcación del territorio indígena en Venezuela?


























Provea

Con la aprobación de la Constitución en 1999 –y la disposición transitoria décimo segunda– se estableció un plazo de dos años a partir de 2000 para cumplir con el proceso de demarcación de los territorios indígenas. Según la Memoria y Cuenta 2014 del Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas (MINPPPI)[1], durante ese año se entregaron títulos colectivos a seis comunidades indígenas del estado Anzoátegui, correspondientes a los pueblos indígenas Kariña y Cumanagoto, para un total de 8.384,06 hectáreas (ha). Esta cantidad representó una disminución respecto a los títulos entregados en 2013, tanto en la cantidad de títulos (21, es decir 72% menos) como en extensión de terrenos (1.125.965,58 ha, 99,2% menos).

jueves, 25 de junio de 2015

Guayana: Piaroas denuncian atropellos de CVG Bauxilum y sus bandas armadas





















Clavel Rangel (diario Correo del Caroní)

Una semana de protesta cumple la comunidad de Los Pijiguaos, en CVG Bauxilum, en exigencia de empleo, cese de la contaminación del agua y del hostigamiento que -según el cacique Piaroa, Víctor Salazar- ejerce la gerencia de la estatal a través de grupos armados.

La discusión en el pueblo, al sureste del estado Bolívar, se ha acalorado con la cercanía de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las que se ha puesto en entredicho el liderazgo del presidente de Bauxilum, José China, para dar respuesta a la crisis.

martes, 28 de abril de 2015

Desde el Zulia: Rápida cronología de una lucha que continúa


Juan Pablo Núñez (corresponsal de El Libertario en Maracaibo)

El 10 de febrero del 2015, Maduro aprobó en gaceta oficial 40.599 el decreto 1.606 que entra en abierta contradicción con las luchas anti-extractivistas de los movimientos sociales, campesinos y comunidades indígenas que han estado durante muchos años en pie de lucha contra la minería de carbón en la Sierra de Perijá y son ellos los que han evitado que las políticas neoliberales penetren en ese territorio.

Desde que se abrió la mina Paso Diablo en la cuenca del Guasare por el año 87, muchos wayuu se vieron obligados a desplazarse de esa zona a un poco más al sur y se concentraron en varias comunidades a orillas del río Socuy. Los que intentaron resistir y permanecer en las cercanías de la mina quedaron posteriormente rodeados cuando se abrió Mina Norte en el 92.  Las aguas del rio Guasare fueron contaminadas por metales pesados producto de la actividad minera. Estos argumentos pueden fácilmente corroborarse con las distintas tesis que reposan en la Facultad de Ciencias de La Universidad del Zulia (LUZ).

Los wayuu que emigraron al rio Socuy desde hace algunos años emprendieron proyectos agroecológicos como es el caso de los Maikiraalasalii, organización autónoma wayuu y protagonistas de esta lucha que tomó fuerza cuando en el año 2003 Chávez anunciara que Corpozulia, presidida en ese entonces por el oscuro General Martínez Mendoza, se encargaría de gestionar la actividad minera y triplicaría su producción de 8 millones de toneladas al año a 24 millones.

El anuncio de Chávez, que se hizo en un contexto de altos precios del barril de petróleo y una política que ganaba miles de adeptos debido a la repartición de dinero a través de proyectos de todo tipo, generó un descontento en los movimientos sociales, indígenas, campesinos quienes se solidarizaron por la gesta ecologista. Las dantescas consecuencias de la minería son conocidas en todo el mundo y en Latinoamérica protagonizan la mayoría de los descontentos populares.

Distintas movilizaciones se hicieron en todo el estado Zulia y en Caracas entre el 2003 y 2007, teniendo como clímax la gran marcha de hace 10 años, en Marzo del 2005, que reunió mas de 3 mil personas en la capital y que llegó a Miraflores donde Chávez no pudo atender la movilización personalmente ya que estaba en una “importante reunión” con el futbolista Maradona. Sin embargo, un delegado del presidente se reunió con los voceros de la marcha y entre los puntos que acordaron destacaba la creación de una comisión que investigaría la situación de la extracción carbonífera en el norte de la Serranía de Perijá.

Después de aquella movilización que los medios oficiales trataron de invisibilizar, Jacquelín Farías, Ministra de Ambiente en ese entonces,  difundió los resultados de dicha investigación en un contundente informe publicado en el 2005 que corroboraba la denuncia de indígenas y ecologistas: La actividad minera de carbón en esa zona es altamente riesgosa debido a la cercanía de los embalses y ríos que surten de agua a la ciudad de Maracaibo y otros poblados, como también que acabaría con ese ecosistema. En el 2007 Chávez finalmente dijo: -entre el carbón y los bosques me quedo con los bosques-. Y reiteró su conclusión en varias oportunidades.

En el 2012, Arias Cárdenas, gana la gobernación del estado Zulia. En su plan de gobierno no aparecía la palabra carbón por ninguna parte. Pero figuraban muchos proyectos de infraestructura que solo respondían a una sola cosa, minería.

En el continente entero desde el año 2000 todos los países suramericanos tienen en sus planes de gobierno una agenda para desarrollar infraestructura de todo tipo: carreteras, autopistas, puertos, megapuertos, aeropuertos, y comunicaciones. No son para nada casualidad. Todos responden a un plan que en nombre de la integración pretende unificar todo el continente con el más salvaje espíritu neoliberal. IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) es una cartera de proyectos, que involucra 12 países integrados a manera de ejes y comunicados por medio de vías terrestres e hidrovías con la finalidad de que la materia prima tenga salida a los distintos puertos ubicados estratégicamente en el Pacífico, Atlántico y Mar Caribe.

Venezuela pertenece a dos grandes ejes primordiales: El Eje Andino y el eje Escudo Guayanés. No es tampoco casualidad que los planes de gobierno de la revolución concuerden perfectamente con la cartera de proyectos que IIRSA propone para los ejes a los que pertenece el país.

Luego del  triunfo de Arias Cárdenas, en la toma de posesión, el nuevo gobernador habló de lo que todos los zulianos temían, el carbón. En el 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, se anunció desde la Gobernación del Zulia la instalación de una carboeléctrica justificando esta con un déficit de 1000 MV de energía en la región.

Para los ecologistas, los movimientos sociales y pueblos originarios la carboeléctrica no vino a solucionar ningún déficit energético. Es la carnada para desarrollar en el occidente del país todo lo que IIRSA propone. Carlos Andrés Pérez lo llamaba el eje de desarrollo occidental. Son proyectos neoliberales muy antiguos que debido a la resistencia no se han podido llevar a cabo anteriormente pero el capitalismo es capaz de renovarse y mostrar nuevas caras con el mismo fondo.

En la actualidad estos proyectos han sido renombrados e incluyen: Megaminería de carbón en la Sierra de Perijá, Puerto América, Puerto Bolívar, Puerto Hugo Chávez, vías ferroviarias, adecuar los puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia (con la finalidad de transportar el carbón del sur de Colombia y poder embarcarlo en estos megapuertos con salida al Mar Caribe y Atlántico). Los proyectos son los mismos, el imperialismo es el mismo, los clientes sí han cambiado.

Sinohidro es la empresa chica encargada de llevar a cabo la construcción e instalación de la dantesca carboeléctrica. Ya antes la gigante china ha realizado otros proyectos en Venezuela como las plantas termoeléctricas de El Palito y Cabrera. Según Natalia Tobón, de la pagina web China-files, en su artículo “América Latina encuentra en China a su banco de cabecera”, los préstamos que realiza China a los países de la región suramericana “son cancelados con suministros de materias primas como petróleo o cacao, o con la concesión de licencias de explotación de recursos naturales.”

La resistencia por su parte ya ha realizado muchas movilizaciones advirtiendo a la población sobre las consecuencias que traería dicho proyecto, la pérdida de la fuentes de agua, la contaminación de la zona, lluvias acidas en la región e incluso la denuncia de como Venezuela hipócritamente seguiría aportando mas CO² a la atmósfera contribuyendo directamente al calentamiento global a la par que sus discursos se endurecen en las cumbres de cambio climático.

Jesse Chacón y Arias Cárdenas en varias oportunidades han venido declarando que el tema de la minería de carbón y la instalación de la carboeléctrica son asuntos que hay que sentarse a dialogar. Sin embargo el debate público que exigen los ecologistas no parece llegar nunca y por su parte han comenzado a autoconvocarse en asambleas para exponer y difundir la propuesta de energías alternativas para el estado Zulia.

El 23 de marzo realizaron la 1ª asamblea popular pública y autoconvocada. Actividad realizada en la Plaza Bolívar de Maracaibo donde el gobernador y su cuñado, Secretario de Ambiente Víctor Padrón, así como el presidente de Carbozulia, no asistieron a la convocatoria, quedando sus sillas vacías en una plaza Bolívar que se dividía entre las personas vestidas de rojo firmando contra el decreto de Obama y 120 asistentes a la exposición de los ecologistas que analizaban el decreto 1.606 de Nicolás, que amenaza el ecosistema que surte de agua los embalses que alimentan la ciudad.

Posteriormente el 8 de abril se realizó en Paraguaipoa, principal pueblo wayúu de la Guajira venezolana, la segunda asamblea popular y autoconvocada, donde asistieron aproximadamente unas 100 personas entre ellos varios líderes wayuu y una anciana que años atrás en tiempos de los adecos convocó a la histórica asamblea wayúu contra los mismos proyectos en aquella época.

La tercera asamblea en menos de un mes se realizó el pasado 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, en Caracas, frente al Ministerio para el Poder Popular de la Energía Eléctrica y tenía como finalidad precisar la posición del ministro Chacón en el tema de la carboeléctrica. El ministerio propuso realizarla en su auditorio interno. El Ministro Chacón tampoco asistió a la asamblea, en su lugar envió a varios directores de área que concluyeron en su preferencia en la instalación de una termoeléctrica a base de gas en vez de carbón para cubrir un déficit de casi 1000 mv en la región zuliana y donde se dejó entrever la falta de presupuesto para el parque eólico.

 Mientras tanto, en el Zulia, cuando se escribe este artículo comenzaron los racionamientos eléctricos nuevamente. Y el movimiento social se prepara para lograr un verdadero cambio en la visión de gestionar las políticas públicas a través del poder desde abajo. El decreto 1.606 que se aprobó hace pocos meses no fue consultado con las comunidades involucradas, y si bien la visión desarrollista neoliberal contempla que “allí está ese carbón y hay que usarlo” los ecologistas responden que “allí también están los ríos, los bosques, el agua, las comunidades autosustentables, la vida” y apuestan por la organización popular para derrotar las intenciones fatídicas de un gobierno claramente extractivista y muy alejado de lo que predica.


Ser gobernado es...

Charla: El Anarquismo en América Latina

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