Olimpia Palmar
* Versión condensada del texto "Sistematización de experiencia: Comité de Derechos Humanos de La Guajira" incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira (CDDHHG) es una organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la seguridad personal e inviolabilidad del hogar, defensa del núcleo familiar, de la niñez y la adolescencia, consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El CDDHHG nace un 9 de agosto de 1999 en la población de Paraguaipoa, Municipio Guajira (antes Páez), Estado Zulia, sus inicios por la defensa y promoción de los derechos humanos surge de las necesidades insatisfechas de la sociedad indígena que habitan en la zona. Narra José David González miembro fundador y actual Coordinador de la organización “la indignación nos impulsó a la lucha, nadie garantizaba la salud y el tema más candente en aquel momento era la situación del agua, no había agua, entonces era necesario hablar, decir, y tomar con nuestras propias manos la exigencia de nuestros derechos.”
Fue la tragedia desatada en la comunidad de Sichipe, Alta Guajira, lo que activó la voluntad de los fundadores del Comité. La base militar de caballería 102 Gómez construyó un polígono para hacer prácticas de tiros, incluyendo uso de granadas, en medio de la comunidad wayuu habitada por más de 24 familias. Un grupo de niños encontró un objeto extraño que les causó curiosidad y en su casa lo manipularon causando una explosión que generó un niño muerto y otros dos heridos. Desde ese momento se activó, hasta la fecha, el CDDHHG. Según Mermis Fernández, actual miembro de la organización, el nacimiento del Comité se genera en una coyuntura favorable para los pueblos indígenas. “Eso fue el proceso de la Constituyente y la nueva Constitución del 99. Allí se caminó en dos sentidos la primera en la formalización de las denuncias y el otro en la formación de las comunidades sobre la nueva Constitución”.
En sus años iniciales, el Comité continuó denunciando y acompañando denuncias por deficiencias en el servicio de agua potable y fallas en la dotación de insumos al hospital de Paraguaipoa, hasta denuncias más puntuales como el incumplimiento en el pago a algún trabajador de la localidad o casos de detenciones arbitrarias. Además apoya para que existan otras experiencias organizacionales como los consejos comunales, cooperativas de pescadores, artesanos, defensorías indígenas, entre otras.
Tejiendo alianzas para dignificar la lucha
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2002 que en asamblea deciden registrar formalmente y darle personalidad jurídica al CDDHHG, según acta de conformación esta organización no gubernamental nace con el objetivo de “Promover conciencia sobre los derechos humanos en la población para lograr mayor participación ciudadana, por la defensa de los derechos civiles y sociales de la Guajira”. Y tiene como objetivos específicos “lograr una mayor participación ciudadana a través de una política de formación, educación y promoción de los derechos humanos, ONG, e instituciones públicas y privadas- minimizar las violaciones de los derechos civiles, sociales, a través de la denuncia y seguimiento de casos - hacer convenios con organizaciones nacionales de derechos humanos”.
A partir del año 2004, el Comité comienza a visibilizar la situación de movilidad humana en la frontera colombo-venezolana de La Guajira, recibiendo a personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Los casos de desplazados se mantuvieron hasta el 2009, y se presenciaba por temporadas. Entre esos años se afinó la alianza entre el comité y la Oficina del Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional.
De toda experiencia se aprende
Para el año 2005 el secuestro de un joven sacudió a la población wayúu. Al joven Eliecer Paz lo secuestraron en la plaza de Paraguaipoa y hasta la fecha sigue desaparecido, los familiares se acercaron al Comité para hacer las denuncias en la ciudad de Maracaibo, la familia Paz hizo la denuncia pública con nombre y apellido, ellos acusaban a un funcionario de la Alcaldía de la Guajira, que además era hermano del Alcalde Hebert Chacon. Por lo que las denuncias se tornaron a problemas familiares, debido a que los familiares de Chacón visitaron a los familiares de José David González quien era el defensor que acompañaba el caso.
La organización continua trabajando vulneraciones de derechos, trabaja las denuncias, promueve formación en las comunidades organizadas. Para el 2007 y 2008, visibiliza la mala infraestructura de los hospitales de Paraguaipoa y Sinamaica interviniendo en varias protestas y cierres de vías junto a los consejos comunales de Sinamaica, estos dos años fueron de muchas protestas en la calle, por lo que el Comité intervenía generando un canal entre el gobierno municipal y regional con los consejos comunales, al mismo tiempo que iba formando a los líderes a comprender los niveles y canales de exigencia, de manera que el cierre de vía fuera la última instancia.
Para el año 2010 el presidente Hugo Chávez, decreta la creación e instalación de 10 distritos militares, en la frontera de la Guajira el Distrito Militar Guajira 1, según Gaceta Oficial 39.583 del 29 de diciembre, bajo el decreto Nro. 7.9385. El distrito militar se instaló violando el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas wayuu y añu cuyo territorio pasa a ser un territorio militar y no un hábitat ancestral.
El CDDHHG, fijó posición y exhortó al gobierno nacional desde el primer momento a que se revisaran las condiciones de este decreto, además exigió y se ofreció para que los militares que ingresaran al territorio indígena fueran por lo menos formados sobre los valores de las comunidades originarias. El 2011 cierra con 21 alcabalas en diferentes puntos del Municipio Guajira, y comisiones relámpagos que al sorprender a las personas que trabajaban de manera ilegal con combustible, incendiaban los envases plásticos llenos de gasolina generando contaminación e incluso mortandad de peces en las aguas de la reserva acuífera Gran Eneal.
* Versión condensada del texto "Sistematización de experiencia: Comité de Derechos Humanos de La Guajira" incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira (CDDHHG) es una organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la seguridad personal e inviolabilidad del hogar, defensa del núcleo familiar, de la niñez y la adolescencia, consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El CDDHHG nace un 9 de agosto de 1999 en la población de Paraguaipoa, Municipio Guajira (antes Páez), Estado Zulia, sus inicios por la defensa y promoción de los derechos humanos surge de las necesidades insatisfechas de la sociedad indígena que habitan en la zona. Narra José David González miembro fundador y actual Coordinador de la organización “la indignación nos impulsó a la lucha, nadie garantizaba la salud y el tema más candente en aquel momento era la situación del agua, no había agua, entonces era necesario hablar, decir, y tomar con nuestras propias manos la exigencia de nuestros derechos.”
Fue la tragedia desatada en la comunidad de Sichipe, Alta Guajira, lo que activó la voluntad de los fundadores del Comité. La base militar de caballería 102 Gómez construyó un polígono para hacer prácticas de tiros, incluyendo uso de granadas, en medio de la comunidad wayuu habitada por más de 24 familias. Un grupo de niños encontró un objeto extraño que les causó curiosidad y en su casa lo manipularon causando una explosión que generó un niño muerto y otros dos heridos. Desde ese momento se activó, hasta la fecha, el CDDHHG. Según Mermis Fernández, actual miembro de la organización, el nacimiento del Comité se genera en una coyuntura favorable para los pueblos indígenas. “Eso fue el proceso de la Constituyente y la nueva Constitución del 99. Allí se caminó en dos sentidos la primera en la formalización de las denuncias y el otro en la formación de las comunidades sobre la nueva Constitución”.
En sus años iniciales, el Comité continuó denunciando y acompañando denuncias por deficiencias en el servicio de agua potable y fallas en la dotación de insumos al hospital de Paraguaipoa, hasta denuncias más puntuales como el incumplimiento en el pago a algún trabajador de la localidad o casos de detenciones arbitrarias. Además apoya para que existan otras experiencias organizacionales como los consejos comunales, cooperativas de pescadores, artesanos, defensorías indígenas, entre otras.
Tejiendo alianzas para dignificar la lucha
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2002 que en asamblea deciden registrar formalmente y darle personalidad jurídica al CDDHHG, según acta de conformación esta organización no gubernamental nace con el objetivo de “Promover conciencia sobre los derechos humanos en la población para lograr mayor participación ciudadana, por la defensa de los derechos civiles y sociales de la Guajira”. Y tiene como objetivos específicos “lograr una mayor participación ciudadana a través de una política de formación, educación y promoción de los derechos humanos, ONG, e instituciones públicas y privadas- minimizar las violaciones de los derechos civiles, sociales, a través de la denuncia y seguimiento de casos - hacer convenios con organizaciones nacionales de derechos humanos”.
A partir del año 2004, el Comité comienza a visibilizar la situación de movilidad humana en la frontera colombo-venezolana de La Guajira, recibiendo a personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Los casos de desplazados se mantuvieron hasta el 2009, y se presenciaba por temporadas. Entre esos años se afinó la alianza entre el comité y la Oficina del Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional.
De toda experiencia se aprende
Para el año 2005 el secuestro de un joven sacudió a la población wayúu. Al joven Eliecer Paz lo secuestraron en la plaza de Paraguaipoa y hasta la fecha sigue desaparecido, los familiares se acercaron al Comité para hacer las denuncias en la ciudad de Maracaibo, la familia Paz hizo la denuncia pública con nombre y apellido, ellos acusaban a un funcionario de la Alcaldía de la Guajira, que además era hermano del Alcalde Hebert Chacon. Por lo que las denuncias se tornaron a problemas familiares, debido a que los familiares de Chacón visitaron a los familiares de José David González quien era el defensor que acompañaba el caso.
La organización continua trabajando vulneraciones de derechos, trabaja las denuncias, promueve formación en las comunidades organizadas. Para el 2007 y 2008, visibiliza la mala infraestructura de los hospitales de Paraguaipoa y Sinamaica interviniendo en varias protestas y cierres de vías junto a los consejos comunales de Sinamaica, estos dos años fueron de muchas protestas en la calle, por lo que el Comité intervenía generando un canal entre el gobierno municipal y regional con los consejos comunales, al mismo tiempo que iba formando a los líderes a comprender los niveles y canales de exigencia, de manera que el cierre de vía fuera la última instancia.
Para el año 2010 el presidente Hugo Chávez, decreta la creación e instalación de 10 distritos militares, en la frontera de la Guajira el Distrito Militar Guajira 1, según Gaceta Oficial 39.583 del 29 de diciembre, bajo el decreto Nro. 7.9385. El distrito militar se instaló violando el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas wayuu y añu cuyo territorio pasa a ser un territorio militar y no un hábitat ancestral.
El CDDHHG, fijó posición y exhortó al gobierno nacional desde el primer momento a que se revisaran las condiciones de este decreto, además exigió y se ofreció para que los militares que ingresaran al territorio indígena fueran por lo menos formados sobre los valores de las comunidades originarias. El 2011 cierra con 21 alcabalas en diferentes puntos del Municipio Guajira, y comisiones relámpagos que al sorprender a las personas que trabajaban de manera ilegal con combustible, incendiaban los envases plásticos llenos de gasolina generando contaminación e incluso mortandad de peces en las aguas de la reserva acuífera Gran Eneal.
Los falsos positivos, las muertes, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, irrespeto a cementerios wayuu, incendios de viviendas, vejaciones y abusos en cada alcabala por la restricción de alimentos a la Guajira se intensificaron en 2012, obligando a la población de la Guajira a cerrar la carretera Troncal del Caribe casi una vez por semana, ya que a la situación se le sumaban días sin energía eléctrica, sin agua, sin hospital, situación que obligó al gobierno nacional a atender las inquietudes de la población de la Guajira, abriendo la oportunidad de trasladar a la Ministra de Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y todo el alto mando militar con el objetivo de sostener una reunión con las comunidades y representantes indígenas y evaluar las acciones a tomar. Para esta reunión fueron finalmente convocados los voceros de los consejos comunales, irrespetando y desconociendo a las autoridades propias de las poblaciones indígenas.
El planteamiento del Comité entregado ese día reza: “Creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo vicioso, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrados en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo.” El Comité también exigió que se derogara el decreto que creó el Distrito Militar debido a que no cumple con sus objetivos.
2012 cerró con un saldo de 1 muerto y 17 heridos todos indígenas “mientras las madres wayuú recogen a sus hijos, veíamos en los titulares de los medios declaración de los jefes militares donde afirmaban que le estaban dando golpe duro a los grandes contrabandistas de la frontera, nosotros reflexionamos pero si esta gente no tiene ni casa, y en otros titulares afirmaban que el ejército disparó para defenderse porque los wayuu andaba armados, uno que estuvo en el lugar de los hechos se da cuenta de que había un solo grupo armado porque no hay indicios de balas del otro lado”, narra José David González. Un documento presentado publicamente el 9 de agosto de 2013 contenía la denuncia de 7 asesinados, 20 heridos y más de 60 allanamientos ilegales, así como nueve propuestas al estado venezolano, para reivindicar y dignificar la vida de los pueblos originarios que habitan en esta frontera.
Durante el 2014 se realizaron dos caminatas más por iniciativa de las mismas comunidades y víctimas, muestra de que esta lucha se había sembrado en el sentir de la población. Por su parte el CDDHHG, realizaba periódicamente una gira de medios gracias a nuevas alianzas que a su vez le permitió realizar visitas a instituciones nacionales En el 2015 desde el gobierno se abrieron varios espacios para visibilizar la situación de los derechos humanos y debatir sobre la paz; en todas estas instancias el CDDHHG entregó el informe con la denuncia de cada uno de los casos de las víctimas.
El 7/9/15 se decretó el estado de excepción en La Guajira. Una de las medidas contempladas en el Decreto era el cierre de la frontera con Colombia, movilización de más militares al territorio indígena y la construcción de la “frontera paz”. Durante el cierre el CDDHHG exigió el enfoque diferencial al cierre de otras fronteras considerando que el pueblo wayuu habita entre Venezuela y Colombia y el cierre podría vulnerar su movilidad dentro de su propio territorio, por lo que se aprobó un corredor humanitario. Aún en pleno estado de excepción y en el proceso de construcción de la paz, las balas de los militares continuaron generando muertes de indígenas wayuu. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, 3 jóvenes wayuu fueron asesinados en dos hechos diferentes, 2 de ellos en la comunidad de waipeshi el 9 de septiembre de 2015. Hasta la fecha el Comité contabiliza desde el año 2012 al año 2015, 19 muertos, 41 heridos, 19 torturados, 1 secuestrado, 1 desaparecido y más de 60 detenciones arbitrarias.
Qué propone el CDDHHG
Cerramos este resumen con las nueve propuestas que hace el Comité en su documento para el “buen vivir y vivir bien desde una vision wayuu”, pronunciamiento en defensa del pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio ancestral wayuu:
1. Crear una estructura autónoma, visible con incidencia en toda la península de la Guajira, y asesorado por nuestras autoridades tradicionales, tomando en cuenta las políticas de Estado en materia Indígena y que las organizaciones del estado acudan y escuche sus planteamientos.
2. Fijar parámetros de dialogo en relación al uso de la movilización dentro del territorio Wayuu, como es el caso de los transportistas y sistema de encomiendas de la baja, media y alta Guajira, quienes dan vida al abastecimiento de alimentos para los habitantes de la Guajira.
3. Fortalecer el diálogo intercultural, con autoridades e instituciones privadas existentes en la Zona valorando el sistema del Trueque ancestral practicado antes de la colonia.
4. Minimizar el atropello fundamentado en vinculación política partidista en las comunidades del territorio Wayuu.
5. Respeto a la integridad de la MUJER WAYUU, en sus diferentes status relacionado al sistema Social, debido a su ROL de transmisora de saberes y perpetuidad del linaje en nuestra Estructura Social.
6. Creación de la Escuela del Pensamiento Indígena, visionado hacia la juventud y la niñez de nuestro territorio en proceso de vida intercultural, ante los sistemas de participación globalizados y nacionales en que se debe mantener.
7. Constatar las oportunidades de formación desde una perspectiva positiva en todos los ámbitos, mirando hacia un horizonte reivindicativo en búsqueda de calidad de una actitud laboriosa para nuestro futuro (MPPPE, MISIONES, INSTITUCIONES PRIVADAS), para la inserción del currículo propio y emergente del Pueblo Wayuu.
8. Fijar los lineamientos prácticos procesuales para el funcionamiento de las instituciones Estructurales del Estado, en relación al modo de vida propio del pueblo Wayuu para su efectiva convivencia, al mismo tiempo alertamos la necesidad de la consulta previa para todos los proyectos
9. Promover cada 9 (nueve) de agosto, actividades significativas en relación al proceso reivindicativo y de consolidación de la existencia firme en nuestro territorio como parte de la contribución a la historia de nuestro mundo Indígena, manteniéndonos firmes y activos en la cotidianidad a través de (conversatorios, foros, charlas, mesas de trabajo y visitas a las escuelas) para el empoderamiento de una verdadera CONCIENCIA INDIGENA. Partiendo del marco legal, este documento presentado, tiene su basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, ley de demarcación de hábitat y garantía de tierras Indígenas, Ley del Artesano y Artesana, Ley Orgánica de los Idiomas Indígenas, ley de patrimonios Indígenas, Declaración de las naciones Indígenas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica del Trabajo OIT y la declaración Universal de la UNESCO en el marco Internacional del decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo.
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