El hoy ministro de Agricultura de Venezuela, Yván Gil, presentó en 2012 como un "ejemplo" los invernaderos
que han languidecido en estados como Carabobo y Cojedes
que han languidecido en estados como Carabobo y Cojedes
Cristina González
Armando.info
Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.
No hay pimentones, ni tomates, ni ajíes. El paisaje es único: monte y escombros arropados por 20 tubos arqueados que sostienen los invernaderos que ha venido prometiendo el gobierno venezolano. Más atrás, hay otra casa similar con forma de capilla, cubierta a los lados por una tela de malla muy cerrada a la que no penetra ni un mosquito. Pero el resultado es el mismo: la maleza crece en los alrededores hasta uno, dos y tres metros de altura sin ninguna señal de cultivo en aquel rincón escondido de la urbanización La Unión de San Carlos, ciudad capital del estado Cojedes, en la región central del país.
Los residentes, en tono de broma, la nombran “San Calor”, entre un sol penetrante a 30 grados centígrados, sudor a chorros y pocas sombras. Algunos dicen, entre risas, que la densidad del aire distorsiona, de a momento, las imágenes (como en los desiertos o las películas del Lejano Oeste). Un pueblo donde los invernaderos abandonados de La Unión parecen desentonar: aún cuando llueve, permanece cálido. “Y hasta empeora”, asegura un taxista, risueño. Por eso, el Gobierno nacional a veces las llama “casas de cultivo protegido” en lugar de “invernaderos”: una propuesta de desarrollo socio-productivo en clima tropical que hoy –literalmente– da pocos frutos.
Hasta junio del año pasado, el ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, calculaba 500 “casas de cultivo protegido” instaladas en territorio nacional para la siembra y cosecha de hortalizas mediante un convenio desarrollado con Cuba. Pero al final, sólo suministraron 365 de las 500 casas de cultivo prometidas, según precisa el mismo ministerio en su Memoria y Cuenta del año 2011.
En la urbanización La Unión de San Carlos, los vecinos recuerdan el inicio del proyecto hace poco más de un año: personas vestidas de rojo tardaron entre cinco y siete meses en construir las casas que hoy se despedazan. Algunos residentes recibieron capacitación técnica los primeros días, hasta que los instructores dejaron de visitarlos por razones que aún desconocen. El consejo comunal debía asumir las actividades agrícolas –según uno de los antiguos miembros–, pero sus elecciones tienen dos años de retraso.

