Indígenas en Venezuela 2015-2019: Memorias de demagogia, desengaño, despojo... ¡pero también de lucha!

Redacción

Un tema para el cual siempre hemos tenido especial atención es el de la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, aún siendo tópico provilegiado de la verborrea demágógica de la "revolución bolivariana", eso no les ha valido de mucho a la hora de sufrir los múltiples males que deben enfrentar, muchos de los cuales son resultado de la acción u omisión de esos gobernantes que claman ser sus defensores.

“La población indígena es la más desasistida en materia de salud”: Entrevista

Prensa Provea

Entrevista a Aimé Tillet, antropólogo, miembro del Grupo de Estudios Antropológicos de la UCV y del Grupo de Trabajo Socio ambiental de la Amazonía Wataniba.

-¿Cuál es la situación con la salud de las comunidades y pueblos indígenas en Venezuela?

° A.T.: Actualmente es difícil tenerla, en parte porque no hay información estadística oficial en temas de salud, vinculado a un silencio oficial por las cifras tan terribles que tenemos. En el 2003 se inició un equipo trabajo con el objeto de crear la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud, la cual se creó formalmente en el 2005 la cual está encargada de crear las políticas de salud para la población indígena de Venezuela. Una de las labores que se realizó fue la caracterización de la situación de salud de los pueblos indígenas, la cual quedó plasmada en dos libros llamados Salud Indígena en Venezuela para el año 2007, que buscaba plasmar la situación de salud y además un estado del arte en pueblos indígenas particulares, no se cubrieron todos, pero hubo una muestra representativa y cómo funcionaban los dispositivos sanitarios en estas regiones.

Lo que se encontró no difirió de lo que se presenta con los pueblos indígenas en los países de América Latina, la población indígena es la más desasistida en materia de salud y presenta una brecha de atención y los peores indicadores en términos generales, cuando existen indicadores ya que la mayoría de información epidemiológica no arroja información sobre pueblos indígenas porque la variable étnica no estaba incluida entre los registros de información epidemiológica. Recién en el 2013 la variable fue incluida en el anuario de mortalidad que publica el Ministerio de Salud.

Edo. Zulia: Brevísimo recuento de memoria y luchas de los añuu contra el extractivismo

José Quintero Weir

Especialmente dedicado a la memoria de Marcos Portillo y Marcos Bracho

Al viejo Marcos Bracho lo conocí por intermedio de Marcos Portillo, un ferviente defensor de la tierra y toda su ecología. En algún momento, hace algunos años, alguien me dijo que Marcos Portillo había muerto por allá por Barinas y, en verdad, aún hoy no lo creo, pues, se trataba de un hombre joven y jovial, de un entusiasmo contagiante que, ciertamente, a cualquiera terminaba por convertir en militante defensor de la naturaleza y la ecología.

Sobre la 1ª Reunión Autónoma y Autoconvocada de Comunidades y Organizaciones de Base Indígenas de Venezuela

José Quintero Weir, nación Añú

Ha concluido la 1ª reunión autónoma de comunidades y organizaciones de base de los pueblos indígenas de Venezuela. Los hermanos y hermanas que logramos realizar esta reunión nos retiramos complacidos a nuestros lugares de orígenes conscientes que hemos puesto un grano de mostaza en el inicio de un verde camino para el cual estamos preparados.

Lo que nos reúne
Nos reunió la necesidad de verificar que no nos sucede sólo a nosotros el despojo del territorio a favor del Capital Transnacional Minero, nos reunió la necesidad de escuchar con cuidado el canto de nuestro mayores para reafirmarnos que no comienza esta camino en el paso que ahora damos sino que es llano de conocimiento acumulado en las marcas de la guerra por la dignidad que hicieron nuestros mayores. nos reunió la necesidad de contarnos cómo hacemos para vivir este tiempo sin que el tiempo que domine sea el que se nos imponen los que piensan que vivir es burlarse de la vida y de la naturaleza, los que se creen dueños de la tierra y de nuestro aliento, el tiempo los que están convencidos de que inventaron el tiempo y que las estrellas son para adornar su vestido y su sombrero.

Opinión: Arco y flecha al sur del Orinoco

Luis Jiménez

“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.

El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el  “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en los estados Amazonas y Bolívar, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo,  entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español,  y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.

Los Yukpa denuncian al Estado-Gobierno por violar sus derechos humanos

Sociedad Homo et Natura

El pueblo Yukpa y sus comunidades están sometidos en el Zulia a un cerco de indiferencia y abandono violatorios a los derechos humanos por parte de los gobiernos nacional, regional y municipal.

En verdad esta situación de abandono e indiferencia gubernamental, no solo es sufrida por esta parcialidad Caribe asentada en la Sierra de Perijá del estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, es vivida por todos los pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. La minería ilegal y legal, explotación petrolera, incursión y represión militar y guerrilleras en las comunidades, ausencia de políticas públicas y la paralización o mal manejo de la demarcación y de dotación de tierra acogotan y aniquilan la paz y el buen vivir de las distintas comunidades aborígenes venezolanas.

Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas: La difícil construcción de autonomía para las luchas indígenas

J.G. Díaz, D.L. Dacosta y B. Arana de Díaz

* Resumen extraído del texto "Sistematización de experiencia: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA (1993-2015)", incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas, ORPIA (Venezuela) es una organización creada y legalmente constituida en el mes de
septiembre del año 1993 mediante el Congreso Regional convocado por los 19 pueblos indígenas que habitan en esa entidad federal.

Wayuu marcharon contra la militarización de La Guajira

Agencias

Indígenas Wayuu residentes en el Municipio Guajira del Estado Zulia, marcharon este 27 de enero de 2016, desde la población de Guarero hasta la plaza central de Paraguaipoa, para exigir respeto y justicia tras las diferentes violaciones a sus derechos como consecuencia del nombramiento de su territorio como Distrito Militar, decretado el 10 de diciembre de 2010, sumando a esto la tensa situación que ha traído el estado de excepción, lo cual ha arrojado como resultado la muerte de 19 personas, 41 heridos, un desaparecido y 19 torturados, según contabilizan las organizaciones sociales del sector.

Como reportó Sailyn Fernández, de la red Indígena de Fe y Alegría “Somos personas no insectos, estudiamos y exigimos se respete nuestra integralidad y que no se nos catalogue más de bachaqueros, somos gente noble” eran las voces que se escuchaban mientras caminaban.

Las Escuelas que se encuentran entre los 5 kilómetros de recorrido se unieron a la manifestación elevando oraciones, levantando el ánimo con sus cantos y toques de Kaasha “tambor” fortaleciendo el espíritu luchador de los manifestantes, y brindaron su apoyo dando agua y líquidos a los manifestantes. 

El fin era claro, entregar un documento con las exigencias del pueblo de la Guajira a los organismos competentes del Estado Zulia y luego de cuatro horas de caminata se dio su objetivo, llegaron al comando de la 13 brigada de infantería en Paraguaipoa y presentaron un documento con 13 solicitudes o propuestas para que se dé la paz en la Guajira.

Notizulia, por su parte, informó: “Estamos exigiendo al gobierno primero la demarcación de nuestro territorio para el pueblo wayuu, la demarcación es la única garantía”, expresó José David González, defensor de los de los humanos de la comunidad wayuu.

El ejército mantiene en vilo a la comunidad. Richard Paz, habitante del sector, ha sido una de las víctimas de esta situación; “un grupo del ejército venezolano andaban persiguiendo una camioneta que iba cargada con cauchos en eso empezaron a soltar una ráfagas de tiros y me alcanzo una de ellas”.

Aunque las autoridades insisten en que se ha flexibilizado el estado de excepción, la militarización persiste al igual que el cierre fronterizo y las implicaciones que esto trae desde la frontera colombo venezolana.

Gobierno sigue desentendiéndose en investigar asesinatos de yukpas

Sociedad Homo et Natura

Un equipo de trabajo de dirigentes indígenas, campesinos, organizaciones sociales y abogados coordinados por la Comisión de Familiares Víctimas del Sicariato viene haciendo esfuerzos por destrancar los expedientes engavetados en varías Fiscalía de Machiques, Maracaibo y Caracas.

Luego de varias reuniones con el Vicefiscal General Dr. Joel Gerardo Espinoza Dávila, Fiscal 59 Nacional Dra. Marisol Coromoto Zacarías Haikal, Fiscal 91 Nacional con competencia en materia Indígena Robaldo Cortez Cadalez se ha comenzado a recoger todos los expedientes dispersos para direccionar actuaciones en función de hacer justicia al pueblo indígena Yukpa desangrado por los hacendados y parceleros para arrebatarle sus tierras originales desde hace cuatro siglos, y más reciente en hitos históricos como 1920 cuando el Dictador Juan Vicente Gómez le entrega en títulos de propiedad las tierras del río Apón a los abuelos de Diego García para fundar la hacienda El Capitán, o el 3 de marzo de 2013 con la muerte del defensor de los derechos humanos territoriales del pueblo Yukpa Cacique Sabino Romero Izarra. Se están recogiendo los expedientes de los indígenas asesinados José Manuel Romero, Darío Segundo García Fernández, Leonel Romero, Wilfrido Romero, Lorenzo Romero, de los hermanos Alexander, José Luis y Cristóbal Fernández Fernández, así como las heridas a Carmen Fernández Romero y a sus hijos Gabis Alberto, Luis Adolfo y Leonardo Fernández Fernández.

Edo. Bolívar: La etnia pemón y los pasivos ambientales en su territorio

Morelia Murillo (Fundación Mujeres del Agua)

Mientras avanzan en la presentación de los requisitos que el estado venezolano les exige para otorgarles la titularidad sobre de sus tierras ancestrales, las autoridades del pueblo indígena pemón analizan el tema de los pasivos ambientales existentes en las zonas que reclaman.

Lisa Henrito, asesora del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, explicó que en cada uno de los sectores en reclamo existen espacios deteriorados por la intervención humana, tanto por obras de infraestructura como por la explotación de oro y diamante.

A partir de Sierra de Lema, por donde se accede al Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, se pueden observar las trochas y la deforestación que dejó la construcción del tendido eléctrico mediante el cual la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) suministra energía a buena parte del estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil.

En el Sector Seis, correspondiente a Santa Elena de Uairén, se encuentra la Concesión Minera Cocsa 7 y en los territorios pemón ubicados en el municipio Sifontes del estado Bolívar la transnacional minera Placer Dome, cada una en grandes espacios de terreno que le fueron facilitados para su explotación.

Un caso específico

En abril de 2013, el sector VII-Ikabarú recibió su Título colectivo del hábitat y tierra de los pueblos indígenas de parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Ese documento constituyó el primer  título otorgado a los pemón; en ese caso, por una extensión de 597 982, 87 hectáreas, en donde hacen vida 15 comunidades, un total de 1 165 familias, 4 650 personas.

A propósito, Juan Gabriel González, capitán general del sector VII, explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el título faculta a los pueblos ancestrales y  sus autoridades autóctonas a ser garantes y administradores de su territorio.

Sin embargo, explicó Henrito, las autoridades indígenas se toparon con una serie de concesiones mineras otorgadas a personas o cooperativas no indígenas.

En algunos casos, la autoridad indígena decidió el cese de los permisos de explotación minera, pero en todo caso ni las autoridades ancestrales ni su gente disponen de los recursos y del conocimiento técnico para solventar los perjuicios ambientales existentes.

La propuesta de Henrito apunta a la posibilidad de concretar en el mismo documento de titularidad qué ocurrirá con esas áreas en donde se han llevado a cabo movimientos de tierras, deforestación y otros.

[Tomado de http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com.]

Por la Justicia y los Derechos de los Pueblos Originarios - Comunicado

Nosotras y nosotros los abajo firmante, estudiantes, trabajadores/as, profesores/as, artersanos/as, artistas, organizaciones sociales, movimiento popular, en fin: RED DEL PUEBLO EN LUCHA DE VENEZUELA, exige a los poderes del Estado Bolivariano de Venezuela, la garantía inmediata de la vida de nuestros pueblos originarios, víctimas de genocidio silencioso amparado por la impunidad, el silencio y la indiferencia gubernamental.

 En los dos últimos años sólo en el pueblo yukpa. van 9 yukpa asesinados y 13 heridos a manos de sicarios a las órdenes de los terratenientes de Machiques, en la Sierra de Perijá. Ningún representante gubernamental se ha pronunciado al respecto, ni los diputados indígenas ante la Asamblea Nacional, ni los ministros competentes, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio Público.

Ningún caso ha sido investigado. Ni hablar de administración de justicia. Reina la impunidad. Y todo ello, ante la mayor indiferencia de los medios de información tanto públicos como privados, ambos prestándose para ocultar la verdad que puede perjudicar a su clase o grupo social: funcionarios gubernamentales o ricos hacendados, según sea el caso.

Sólo en contadas ocasiones se les ha dado espacio mediático a las luchas de los pueblos originarios, y ha sido porque se han realizado movilizaciones exigiendo romper con el silencio mediático, al punto que se tuvo que hacer presencia en el canal 8, para que se anunciará el asesinato del luchador social y cacique yukpa Sabino Romero.

Todos los lideres asesinados hasta el momento, han sido asesinados por la lucha por la tierra, y sus muertes no han sido investigadas, ni enjuiciados los responsables a pesar de las denuncias. Sólo en la actualidad se realiza el juicio por el asesinato del cacique Sabino Romero, y ya las desviaciones de este juicio son un hecho, pues ya se dictó sentencia de 7 años a los cómplices del asesino: Angel Antonio Romero Bracho (alias El Maguera), a pesar de las pruebas presentadas resultado de la investigación, donde además se han señalado los nombres de los ganaderos que financiaron este vil asesinato.

El silencio y la indiferencia gubernamental parecieran indicar que matar indios no tiene importancia. Desde esta red nos solidarizamos con la lucha de los pueblos Yukpa, Barí, Añú y Japreria de la Sierra de Perijá por la recuperación de sus territorios ancestrales arrebatados por la avaricia terrateniente ganadera y racista, y los proyectos mineros de las transnacionales del carbón respaldados por Carbozulia y Corpozulia.

Rechazamos categóricamente los asesinatos de indígenas yukpa propiciados por los ganaderos de Machiques y secundados por sectores militares y sicariato. Asimismo rechazamos el permanente acoso sexual que viven las mujeres yukpas, y las amenazas hacia la vida de los niños y niñas atemorizadas por el permanente psicoterror propiciado por los sicarios, ganaderos y militares.

Exigimos a los órganos competentes que administren justicia en todos los casos de asesinato que siguen impunes, y especialmente se dicte sentencia firme y pena de 30 años de prisión, para el asesino del cacique Sabino Romero. Repudiamos los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado que están reeditando la doctrina de seguridad y defensa nacional de la Cuarta República.

Repudiamos el acoso, criminalización, persecución y hostigamiento permanente del que son objeto los líderes yukpa comprometidos con el rescate de su territorio ancestral y denunciamos la campaña de mentiras y difamaciones orquestada por la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), el diario La Verdad y varios voceros indígenas y no indígenas del gobierno.

Señalamos en particular al Ministerio de Pueblos Indígenas quien a través de sus voceros, en los medios de comunicación regionales y nacionales a acusado y difamado a los luchadores sociales indígenas, tal es el caso del cacique yukpa Sabino Romero Izarra, y cada vez que ocurren este tipo de hechos violentos en la Sierra de Perijá, acusa a su familia o la familia de la cacica y luchadora social Carmen Fernández Romero, quien ya lleva tres (3) hijos asesinados, y fue objeto de amenaza de muerte recientemente en Diciembre.

Instamos al Sistema Público de Medios de Comunicación, así como a los medios de comunicación populares y comunitarios, a romper el silencio mediático y el ocultamiento impuesto en torno a las luchas de los pueblos por el derecho a la tierra y la autodeterminación y les convocamos a acompañar y cubrir las audiencias del juicio que se sigue por el asesinato del cacique Sabino Romero, para respaldar a la viuda del cacique Lucia Martínez...

Solicitamos la revisión del título de propiedad colectiva de las tierras otorgado el pasado 15 de diciembre de 2012, al pueblo yukpa, en el que se reconocen derechos de terceros y se mantiene abierta la posibilidad de explotaciones mineras; con todas las consecuencias negativas que esto conlleva, y exigimos que se proceda al saneamiento de las tierras otorgadas en propiedad colectiva al pueblo yukpa y al pago de las bienhechurías de los hacendados para acabar con el chantaje que permanentemente argumentan estos terrofagos.

Abogamos por el avance del proceso de demarcación nacional de tierras y hábitat, y la implementación de políticas públicas con la participación real y protagónica de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones legítimas; asimismo por la conservación de la Sierra de Perijá y sus ecosistemas, fundamentales para mantener el equilibrio ambiental, la biodiversidad, las fuentes de agua dulce y la vida.

¡DETENGAMOS EL GENOCIDIO SILENCIOSO DEL PUEBLO YUKPA!
¡BASTA DE IMPUNIDAD EN LA SIERRA DE PERIJA!
¡NO A LA MINERIA Y EL SAQUEO DE NUESTRAS FUENTES DE VIDA!
¡POR LA VIDA PLENA DE NUESTROS PUEBLOS Y SUS CULTURAS!
¡POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD, TIERRA PAL INDIO, TIERRA SIN GANADEROS Y SIN MINAS, TIERRAS PARA LA VIDA!
¡EL SILENCIO NOS HACE COMPLICES DE ESTA MASACRE! ¡JUSTICIA YA!
¡CON CHAVEZ, Y EN LUCHA!

Caracas, 28 de Enero de 2015

Promueven esta iniciativa:
Sociedad Homo et Natura, Otra Política,: ciencia y palabra del pueblo, Aporrea, Barrio Tv, Juventud Sabinista, A.M.A, Estudiantes UNEART, Frente de Lucha de los pueblos por la tierra, EFPC Guaraira Repano Siglo XXI

[Tomado de http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/2015/02/comunicado-por-la-justicia-y-los.html.]

COIAM: sobre el proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras indígenas a 15 años de aprobación de la constitución

COIAM

En el día de hoy 28 de Noviembre de 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, con la finalidad de realizar un BALANCE del Proceso Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas al cumplirse 15 Años de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, queremos comunicar respetuosamente al Gobierno Nacional y a la opinión pública en general lo siguiente:

1.-  El día 15 de Diciembre de 2014, se cumplen quince (15) años de la aprobación por referendo popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), siendo esta un logro fundamental para el pueblo venezolano y para los pueblos y comunidades indígenas en particular; debido al reconocimiento constitucional amplio de nuestros derechos colectivos fundamentales como pueblos con identidad sociocultural propia y específica. Este importante logro y alcance no habría sido posible sin el apoyo directo y comprometido del entonces Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. El proceso constituyente de 1999, apostó de manera efectiva por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos específicos y legítimas espiraciones como pueblos originarios; superando posiciones racistas, neocolonialistas y conservadoras de importantes sectores del país, que argumentaban supuestos peligros a la integridad territorial y a la seguridad nacional.     

2.- El derecho a nuestras tierras y territorios fue reconocido en el artículo 119 de la Constitución, el cual establece que: 

“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas… su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.” 

De igual manera, la disposición transitoria decimosegunda del texto constitucional establece que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro de un lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución.” 

Otras normas nacionales como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la OIT (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), también incluyen aspectos que desarrollan el derecho al hábitat y las tierras, y el procedimiento para realizar el proceso nacional de demarcación. De todas estas normas se desprende que existe una OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL para el Ejecutivo Nacional de DEMARCAR los Hábitat y Tierras Indígenas con la Participación de los Pueblos Indígenas y sus Organizaciones. Además, Venezuela ha firmado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de  Naciones Unidas (2007), la cual establece la necesidad de adoptar importantes medidas para la protección de los territorios de los pueblos indígenas.

3.- Reconocemos los esfuerzos realizados por el antiguo Ministerio del Ambiente y otros organismos del Estado venezolano, para organizar las estructuras iniciales (Comisión Nacional de Demarcación y Comisiones Regionales) y los procedimientos para realizar las demarcaciones a partir del año 2001; incluyendo las titulaciones de tierras de comunidades pequeñas, en el oriente del país como las de los Kariña y Cumanagoto). Pero también lamentamos que a partir del año 2006, el proceso se haya paralizado en varias oportunidades y por lapsos de tiempo más o menos largos, sin justificación y con pocos avances significativos en la materialización de este derecho constitucional. 

En general, sentimos que el proceso de demarcación ha sido bastante lento, hay pocos avances con relación al número de hectáreas reconocidas y a los pueblos indígenas beneficiados, se han observado fallas vinculadas a la reducción de los espacios territoriales solicitados, la fragmentación de la unidad territorial de varios pueblos indígenas (Yukpa, Hoti, Pemón, Warao), la entrega de títulos por comunidades individuales y no como sujetos colectivos (pueblos con identidad específica); la falta de información a las organizaciones solicitantes por vía de autodemarcación  sobre el estado de tramitación de sus expedientes, la legitimación en algunos casos de la presencia de terceros en tierras indígenas y las propuestas de figuras ambientales (parques nacionales) para sustituir las demarcaciones de hábitat y tierras, como en el caso del hábitat de los Ye´ kuana - Sanemá del Caura, Estado Bolívar. 

Los títulos por comunidades individuales son más parecidos en extensión y calidad a los títulos de la antigua reforma agraria de la cuarta República (parcelas), que al modelo de reconocimiento de derechos sobre el hábitat y las tierras establecido en la Constitución vigente y otras normas legales, en contradicción con la refundación del Estado propuesta por el Presidente Chávez.      

4.- Un estudio detallado del Proceso Nacional de Demarcación y sus resultados oficiales durante los últimos 15 años, evidencia que sólo se ha demarcado aproximadamente el 12,4 % de los Hábitat y Tierras Indígenas, partiendo del número de comunidades censadas. En efecto, según información oficial existen en Venezuela aproximadamente unas 3101 comunidades indígenas (Ministerio de Pueblos Indígenas, 2007) y unas 2788 comunidades (Instituto Nacional de Estadística, Censo Indígena 2011), habiéndose entregado 80 títulos de demarcación en el período 2005 -2013, más 06 anunciados en octubre de 2014, que benefician a un total de 372 comunidades, por un total aproximado de 2.841.518 hectáreas en el período 2005 - 2014. 

Partiendo de la existencia aproximada de 3000 comunidades en toda Venezuela, consideramos que  FALTARÍA POR DEMARCAR EL 87,6 % DE LOS HÁBITAT Y TIERRAS INDÍGENAS. De igual manera, la información oficial sobre el proceso de demarcación evidencia que sólo se ha beneficiado a 11 pueblos indígenas (Kariña, Cumanagoto, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao, Yukpa, Hoti, Pemón, Mapoyo, y Barí), de un total de 50 pueblos (Censo Indígena 2011). 

En el caso del Estado Amazonas, sólo se ha realizado una demarcación de tierras de la comunidad Hoti de “Caño Iguana”, con una reducción del 40 % de su espacio territorial según la solicitud basada en su autodemarcación; tal como manifestamos en su momento, quedando sin demarcación la mayoría de los hábitats de los pueblos indígenas de la región amazónica.

5.- Estos pocos avances evidencian una cierta falta voluntad política con relación al desarrollo del proceso de demarcación y no se corresponden con la naturaleza amplia y garantista de los preceptos constitucionales que desarrollan los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. 

6.-  Esta realidad contrasta con los procesos de demarcación emprendidos por otros países de América Latina, donde se observan importantes avances en el reconocimiento y titulación (materialización) de la demarcación de los territorios indígenas. En efecto, Brasil ha demarcado un total de 108.519.966 hectáreas; Colombia ha tenido una política sostenida de demarcación de resguardos indígenas con un total de 31.207.978 de hectáreas tituladas; Perú con 12.550.427 hectáreas y países amigos de Venezuela como Bolivia con 7.404.500 hectáreas y Ecuador con 5.881.850 hectáreas. Nicaragua también ha realizado importantes procesos de demarcación en las regiones autónomas de la costa atlántica. Como un ejemplo de particular relevancia destaca el caso de la Tierra Indígena Yanomami de Brasil, que ha sido demarcada bajo el principio de la unidad territorial del pueblo y con un total de 9.664.980 hectáreas en los estados Roraima y Amazonas, según Decreto Presidencial de Mayo de 1992.    

7.- Por todo esto, con el ánimo de hacer avanzar el proceso nacional de demarcación, proponemos que el Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales, haga una revisión urgente de los expedientes de demarcación solicitados, pendientes de sustanciación y ya entregados - objetados; especialmente los solicitados por vía de la AUTODEMARCACIÓN, a los efectos de subsanar los asuntos pendientes y llegar a dictámenes favorables en extensión suficiente y concertada con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas involucradas. 

En el caso del Estado Amazonas, están pendientes los expedientes de los pueblos Uwottüja y Jivi del Municipio Autana (Organizaciones OIPUS y OPIJKA) en la Cuenca del Río Sipapo y Orinoco Medio; el del pueblo Yabarana - Multiétnico del Municipio Manapiare (Organización OIYAPAM) en la Cuenca del Río Parucito; el de los pueblos Ye´ kuana - Sanemá del Municipio Manapiare (Organización KUYUNU) en el Alto Ventuari; el del pueblo Ye´kuana del Municipio Alto Orinoco (Organización KUYUJANI Originario), el del pueblo Yanomami del Municipio Alto Orinoco (Organización HORONAMI); y en el Estado Bolívar está pendiente por entregar desde el año 2006, el expediente de los Ye´kuana - Sanemá de la Cuenca del Río Caura (Organización KUYUJANI).   

8.-  También proponemos que producto de la revisión realizada, se elabore e implemente un Plan de Acción para Avanzar en el Proceso de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, con criterios claros y dando prioridad a las demarcaciones colectivas por pueblos indígenas y multiétnicas, o individuales donde procedan; partiendo de las solicitudes realizadas por AUTODEMARCACIÓN; por cuencas hidrográficas, y con el uso de la figura prevista en la Ley de Demarcación (2001), que hace referencia a áreas compartidas por dos o más pueblos indígenas, es decir la posibilidad de utilización de las llamadas áreas de uso común como mecanismo para superar los conflictos por espacios comunes. En este Plan de Acción las organizaciones indígenas legitimamente constituidas deben tener participación activa (derecho de participación) y deben ser consultadas sobre los asuntos relevantes del proceso mediante los procedimientos socioculturales adecuados; es decir usando los mecanismos propios y las asambleas intercomunitarias donde se busque el consenso (derecho a la consulta previa e informada).

También es importante que se superen los criterios vinculados a una visión de seguridad de la Nación, que ve peligros y amenazas a la integridad territorial con la implementación de los derechos indígenas, y que tienden a restringir nuestro derecho constitucional a la demarcación de hábitats y tierras. Por otra parte, consideramos que al mismo tiempo que se ve la demarcación con sospechas infundadas, no se enfrentan con eficiencia problemas que representan amenazas graves para el territorio nacional, como la entrada de extranjeros para actividades mineras ilegales y grupos irregulares armados. En países como Brasil, está visión arcaica ha sido superada, y la demarcación ha sido realizada en una gran medida y en las extensiones  necesarias para garantizar el futuro de los pueblos indígenas.

9.- Finalmente con el ánimo de asumir la corresponsabilidad que nos corresponde en el proceso de demarcación como derecho constitucional (demarcación participativa) nos ponemos a disposición para facilitar todas las acciones necesarias destinadas a promover los avances de los procedimientos pendientes con relación a las solicitudes de demarcación realizadas; y solicitamos al Ejecutivo nacional que impulse decididamente este proceso, logrando de esta forma que se implemente uno de los derechos constitucionales indígenas más importantes, destinado a proteger y garantizar nuestras tierras para la VIDA Colectiva futura, y nuestra sobrevivencia sociocultural y ambiental.    

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) – Territorio y Ambiente 

Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami

Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´ kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)

Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)

Organización Pueblo Unido Huottöja Jua-oto OPUHJ “Reyo Aje”. Sector Cataniapo 

Cabildo Inga de Amazonas

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA) 

Organización Piaroa de Manapiare

Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

Organización Unión Curripaco Yanomami Baré y Yeral de Río Negro (UCYABYRN)

Organización Ye´ kuana KUYUJANI Originario (Alto Orinoco)

Organización Ye´ Kuana - Sanemá KUYUJANI  (Caura)

Asamblea del Pueblo E´ ñepá  (Estado Bolívar)

Organización Comunidades Indígenas Uwottüja del Sector Parhuaza (OCIUSPA) Estado Bolívar 

Guillermo Guevara  (Constituyente Indígena 1999) y Vice- Coordinador PUAMA

José Gregorio Díaz Mirabal

Vice – Coordinador Consejo Indio Venezuela (CONIVE)

Estudiantes y egresados de la Universidad Indígena de Venezuela (Caño Tauca  - Estado Bolívar) 

Dos preguntas para la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz

Sociedad Homo et Natura

1. Luego de cinco meses del asesinato por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del indígena Yukpa Cristóbal Fernández Fernández, hijo de Carmen Fernández Romero,  quisiéramos preguntarle a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz cuales han sido los resultados de la investigación realizada por los Fiscales Luis Perdomo y Jorge González, qué ha pasado con los efectivos involucrados en este vil y cobarde asesinato: Marcos Fernández Fernández, Alfonso Pérez Yukosa, Wilfredo Cañizales Camacaro, Eduardo Sandoval Briceño y José Sayago Fernández, quienes estaban comandados por el Teniente Wilfredo José Carmona Silva, todos de guardia ese día en el puesto Fronterizo El Tokuko del Destacamento de Fronteras N° 36 del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Zulia.

Ese día resultó herido en la cabeza por disparos de fusil de dichos efectivos otro hijo de Carmen Fernández Romero. Recordemos que Cristóbal era menor de edad y un testigo clave del juicio contra los asesinos materiales e intelectuales de Sabino. Ambos hijos eran primos de Juan Carlos Fernández asesinado por Ángel Romero Bracho (a) "El Manguera" en el poblado El Tukuko delante de mucha gente el 26 de noviembre de 2006, según Expediente  H-407-168, cinco meses antes el sicario había matado al productor Luis Elías Martínez Romero el día 15 de junio de 2006, según Expediente H-000-940.

Este lamentable hecho ocurrió el día 24 de junio de 2014 en la hacienda las Delicias de Emer Darío López Márquez, casado con una hermana de Carlos Vargas, ambos relacionados con "El Manguera", en el asesinato del 3 de marzo de 2013 del dirigente Yukpa y defensor de los derechos humanos Sabino Romero Izarra, este fundo desde hacía cuatro meses aproximadamente estaba ocupado por Carmen Fernández Romero y sus hijos. A los Vargas les fueron expropiadas las haciendas ubicadas en el valle del Yaza por los Yukpa: la hacienda Tizina por Sabino Romero, la hacienda Kusare por Olegario Romero Romero y la hacienda Brasil por Amalia Pérez, todas fueron posteriormente canceladas por el Gobierno a raíz del asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra el 3 de marzo de 2013.

2. Que ha pasado con las investigaciones al Cacique Alfonso Isnopa en los hechos acaecidos el día 30 de junio del 2014 en el desalojo de Carmen Fernández Romero y sus hijos de la haciende Las Delicias por un grupoo de Yukpa armados del Tukuko dirigidos por el Cacique Alfonso Inopa, vinculado con "El Manguera", y el presunto dueño de Las Delicias Emer Darío López Márquez, pues en el desalojo fue herida Carmen Fernández Romero y uno de sus hijos. Debe investigarse también por estos hechos violentos al Padre Capuchino del Tukuko Nelson Enrique Sandoval Zambrano.

Señora Fiscal Dra. Luisa Ortega Díaz solicitamos que estos casos sean investigados hasta las últimas consecuencias dado la participación de funcionarios del Estado venezolano como efectivos del Ejército, 12ava Brigada de Machiques (Casos: peinillazos a Cristóbal Fernández Fernández  el jueves 19/02/14 en la comunidad Kuse, habergolpeado y detenido Leandro Romero Izarra el 20/02/14 en la hacienda Mi Deleite, y la masacre de Kasmera en el segundo Gobierno del Presidente Caldera), policías sicarios guardaespaldas de ganaderos y políticos de Machiques (Geovanny José Delgado González, alias "Mantequilla", Eusquides Derizan Romero, Jhon Petit, Delvis José Cárdenas Palencia y Rigoberto Socorro) y GNB implicados en asesinatos de dirigentes y pobladores indígenas Yukpa. Son 9 indígenas Yukpa asesinados en el bajo Yaza y otros tantos heridos. El primero fue el guerrero Caribe Santiago Kunapa, cacique de Shaparu asesinado el 4 de abril de 1946 por sicarios ganaderos conjuntamente con su compañero Marino.

Estas denuncias han sido canalizadas sin ningún resultado por los familiares en las Fiscalías de Machiques, de Maracaibo, de Caracas, en la Defensoría del Pueblo de Maracaibo en el despacho del abogado Eudis Sánchez, en la Gobernación del Zulia, en el Despacho del Secretario de Gobierno Blagdimir Labrador, en la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Jorge Arreaza y ante el Director Ejecutivo de la Magistratura ingeniero Argenis de Jesús Chávez Frías. Todos estos caso de asesinatos y heridos Yukpa han sido publicados en varias página web.

Opinión: Consejo Nacional Indio de Venezuela

Rafael Uzcategui

En el diagnóstico sobre el derecho a la asociación indígena en el país, realizado por Laboratorio de Paz a finales del 2013, se hace una cronología sobre los inicios del movimiento por los derechos de los pueblos originarios en Venezuela. Uno de los resultados de la investigación fue la constatación de la escasa literatura que da cuenta de este recorrido, así como la ausencia de publicaciones y centros de documentación donde se pueda consultar esta historia, que depende en gran medida de la tradición oral. Uno de los pocos títulos existentes es la obra “Movimiento Indígena en Venezuela”, del antropólogo Nemesio Montiel.

Los primeros indicios de un movimiento indígena datan del llamado “trienio adeco”, 1945 a 1948, con la creación de la llamada “Comisión Indigenista Nacional”, con lo cual se desarrolla una política desde el gobierno. No será hasta finales de los 60´s que estas iniciativas oficiales sean cuestionadas y como contraparte, en 1970, se organiza en Caracas el “Congreso de Indios de Venezuela”, cuya segunda edición, dos años más tarde, acuerda promover la creación de federaciones indígenas por todo el territorio nacional. Por esos mismos años las organizaciones de izquierda también estimulan la creación de organizaciones indígenas, especialmente a partir del Congreso Cultural de Cabimas contra la Dependencia y el Neocolonialismo, realizado en 1970. Un año después una delegación venezolana asiste a un simposio sobre el tema en Barbados, cuya declaración acuerda canalizar esfuerzos en pro de la “liberación indígena” en el continente. Una década más tarde, luego de diferentes esfuerzos con tensiones debido a la vinculación de los partidos políticos, se crea en 1983 el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), el cual existe hasta el día de hoy. La carta fundacional de CONIVE establecía que entre sus objetivos estaba: “Fortalecer y desarrollar una correcta política con los distintos movimientos indios y movimientos aliados que militan en las perspectivas de un proyecto propio y autónomo frente a los partidos y al Estado, a la empresa privada y a otros intereses extraños”. Durante la década de los 90´s CONIVE protagonizó diferentes luchas por la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes, como la defensa de la educación indígena y la denuncia de la Masacre de Haximú (1993). El momento cumbre fue la participación de constituyentistas de CONIVE que lograron la redacción del capítulo de derechos indígenas presente en la Constitución aprobada en 1999.

A partir de ese momento comienza el eclipse de esta iniciativa nacional indígena, debido al proceso de cooptación estatal, fragmentación y división a lo interno de las organizaciones regionales. Hoy existe un amplio descontento de las bases con el papel de CONIVE. En el estudio realizado el 58% considera su actuación como irregular mientras el 42% lo valoró como deficiente. Este 12 de octubre es un buen momento para que los indígenas reflexionen sobre la necesidad de retomar sus organizaciones.  

José Quintero Weir: “Los indígenas son los espacios territoriales que el nuevo proceso de acumulación y explotación va a hacer visible”

Laboratorio de Paz

José Quintero Weir, indígena de la etnia Añú, es coordinador de la Unidad de Estudios y Culturas Indígenas y profesor titular de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Desde el activismo de izquierda y cómo miembro de un pueblo originario ha participado durante muchos años en las luchas reivindicativas de las comunidades indígenas del país. Con él conversamos sobre la historia de la lucha indígena en el Zulia y el estado de los pueblos y luchas indígenas bajo el gobierno bolivariano.

- Nos gustaría que hicieras un resumen histórico de organizaciones indígenas del Zulia

- Aquí en el Zulia la primera vez que se hizo un encuentro lo hicimos nosotros en 1972, se hizo el primer congreso indígena en Paraguaipoa y se reunieron allí gentes que vinieron waraos, pemones, yekuanas, y por supuestos wayuus. En ese tiempo estábamos armando ese congreso, ese encuentro lo armamos Esteban Emilio Mosonyi, Arcadio Montiel y yo, viajando por toda la sierra invitamos a los yukpas, a los barí y por supuesto Mosonyi con sus relaciones en la parte oriental en Bolívar y Amazonas, lo armamos en Paraguaipoa. Fue un encuentro nacional, Por supuesto ese era un encuentro que tuvo como objetivo precisamente el encuentro. El reconocimiento de los diferentes pueblos en función de la creación de organizaciones, no para una organización nacional aun cuando eso estaba en la perspectiva sino más bien para el impulso de organizaciones internas en las comunidades.

En el caso del Zulia surgieron dos organizaciones. Surgió la Federación Indígena de Venezuela (FIV) y el Consejo Indígena del Zulia, pero inmediatamente eso estaba, se vinculó o fue permeado por los diferentes partidos políticos que en ese tiempo eran AD y Copei. AD permeó al Consejo y Copei permeó a la FIV. Eso genera pues división y de la división tanto interna en el consejo como externa en la federación surge otro movimiento, que era el que nosotros en todo caso respaldamos mucho mas que fue el movimiento por la identidad nacional, el MOIN, que lo dirigió siempre Noelí Pocaterra. Nosotros lo apoyamos en ese momento histórico porque definitivamente las dos organizaciones que surgieron de ese encuentro, de ese debate, en el transcurso de su trayectoria de acción terminan conectando con los partidos que se alternaban en el poder. Si era AD quien dominaba, pues definitivamente tomaban por ese rumbo, y cuando fue Copei tomo por otro. Y sus líderes se convirtieron en los representativos de las organizaciones. Por la FIV era Nemesio Montiel, wayuu. Y en el caso del Consejo era Noelí Pocaterra y sobre todo su papa German. Pero cuando se divide el asunto y se crea el MOIN es Noelí quien asume el liderazgo de esa organización a la que nosotros respaldamos.

Madrugonazo judicial en el caso del asesinato de Sabino Romero

Laguarura.net

Cinco de los imputados en el asesinato del Uyapu yukpa Sabino Romero Izarra han sido sentenciados sorpresivamente a siete años de prisión. Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado fueron sentenciados, tras admitir su culpa por la comisión de complicidad correspectiva en el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, agavillamiento y lesiones personales en perjuicio de Lucía Martínez de Romero, esposa de Sabino Romero Izarra.

Estas sentencias obviamente configuran un acuerdo procesal y político entre la fiscalía, el juzgado y los sentenciados, estos aceptaron una culpabilidad que les permitirá una sentencia mínima y pudieran estar libres antes de navidad por acuerdos y beneficios procesales post sentencia, en todo caso es improbable que siendo funcionarios policiales, puedan pasar en prisión más de un año. Queda abierto el jucio para Romero Bracho, alias “Manguera” imputado por la autoría material del crimen, funcionario encubierto del GAES, y familiar de Abelardo Bracho, opositor asimilado y apoyo de la gestión del gobernador Arias Cárdenas.

Estos acuerdos se fraguaron en la ausencia de los representantes legales de los familiares de las víctimas.

Hemos sostenido desde esta tribuna que todo el conjunto de este juicio configura un montaje para dispersar la autoría material del crimen, ya que evidencia las relaciones de los imputados con mandos políticos y militares de los cuerpos de seguridad del Estado y anular la determinación de la autoría intelectual, ya que la conspiración involucra a funcionarios de todos los niveles del estado gobierno y evidencia intereses que van mucho más allá de la obvia y cacareada saña de la clase ganadera.

Por otra parte, señalamos respetuosamente que el traslado del juicio a Caracas sólo benefició esta celada con la que el gobierno sorprendió el 18 de agosto. Contradecimos el argumento por parte del Estado de que fue el sitio donde se entregaron y capturaron a los imputados y por parte de los afectados de que la justicia garantiza en la Capital mayor solvencia que en una región donde todos los jueces están a favor de los ganaderos.

En nuestro país todo el sistema judicial está cartelizado y tomado por las mafias que cruzan la estructura burocrática en pleno. Prueba de ello es el juicio fraudulento y hecho sobre y con violaciones procesales y pruebas forjadas que se le siguió a los yukpa Sabino, Alexander y Olegario, dos de ellos hoy asesinados, negándoles inconstitucional e ilegalmente el derecho a su propia justicia para lograr el aislamiento y desmovilización de estos líderes de las comunidades yukpa además de su criminalización ante la opinión pública.

Entonces el juicio fue trasladado a Trujillo para desmovilizar a la defensa y a la solidaridad con los yukpa. Este traslado fue ordenado desde el TSJ por el entonces magistrado Aponte Aponte. Aún así los esfuerzos garantizaron la defensa, la movilización y la visibilidad de lo que sucedía ante la opinión pública. Por tanto, la rigurosidad argumental, la claridad política para evidenciar a la sociedad de cómplices y la movilización son fundamentales.

Para quienes aún tiene esperanzas de respuestas y salidas en favor de la justicia desde el gobierno cabría preguntarse: ¿queda algún diputado que no solo no levante la mano por órdenes de Diosdado, sino que levante por una vez la voz ante las de leyes que son violadas para continuar este etnocidio contra los yukpa en lucha? La dignidad no es la virtud de los que hoy se reivindican de “izquierda” en el gobierno y sus entornos.

[Fuente: http://laguarura.net/2014/08/22/madrugonazo-judicial-en-el-caso-del-asesinato-de-sabino/.]

Opinión: Un año sin José María Korta

Por Efraín Jaramillo Jaramillo*

El 11 de julio de 2013, murió en un accidente de tránsito nuestro querido amigo Ajishama (‘garza blanca’ en lengua  makiritare).

José María Korta era un octogenario hermano jesuita, que se hizo conocer por su huelga de hambre (“no basta con rezar” cantaba Alí Primera), en favor de sus queridos hermanos yukpa y barí en la serranía del Perijá en territorio venezolano. Buscó infructuosamente que el gobierno del presidente Chávez demarcara sus territorios, invadidos y asaltados por ambiciosos terratenientes ganaderos del Zulia y rapaces compañías mineras.

En aquella ocasión escribí un texto, que no supe si lo recibió. Decía:

“… Ajishama te deseo muchos años más de vida y de lucha. Reciba un abrazo de un amigo que lo conoció por allá en los años 90 en esos ‘andurriales’ de la Orinoquia que trajinan los pueblos indígenas. Usted quizás no se acuerda. No importa. Lo que verdaderamente interesa es que aquí en Colombia hay mucha gente que lo admira y valora su talante decidido. Me cautiva, cosa que echo mucho de menos en Colombia, la pasión que ha despertado su gesto fraterno y noble de arriesgar su vida  por los pueblos más excluidos y vapuleados de la sociedad venezolana…” (1)

Sobre minería y etnocidio en la zona del Alto Caura, Edo. Bolívar

Provea

A finales de agosto de 2013, el presidente del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, informó sobre el deceso de uno de los dos indígenas del pueblo Sanema, en el Alto Caura, que resultó herido cuando la curiara que abordaba fue atacada por bandas armadas que han invadido la cuenca del Caura, vinculadas a la actividad de minería ilegal que prolifera en esa zona, al oeste del estado Bolívar [29]. Lanz agregó que existen dos mafias que controlan la actividad minera en el Alto Caura. Una, la mafia minera de los colombianos, que cobran impuestos por todo lo que se transporta fluvialmente a las minas; y la otra, la banda de los Maripeños, quienes han conformado una alcaldía paralela para controlar el multimillonario negocio.

De acuerdo a distintas denuncias realizadas por las organizaciones Kuyujani y Medewadi, actualmente existen tres mil mineros ilegales en la parte Alta del Caura, quienes están devastando los ecosistemas, utilizando a los indígenas como “caleteros” para que carguen tambores de combustible ilegal, cajas de cerveza, alimentos y demás suministros que arriban al Playón para ser trasladados al puerto de Las Pavas (ubicado a siete kilómetros montaña arriba) a fin de continuar su travesía fluvial hasta las minas del Yuruaní en el Alto Caura [30].

Todo esto afecta principalmente a los indígenas de las etnias sanema y yekuana y ocurre bajo la presunta complicidad de algunos miembros de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana que permiten el acceso de los equipos y el combustible a la zona, y que cobran tarifas.

Recordemos que desde 2006 los mineros se introdujeron en la zona y que operaciones militares como el Plan Caura (vigente desde 2010) han fortalecido esta práctica ilegal. También en nuestro informe anterior señalábamos los altos índices de mercurio encontrados en mujeres indígenas, tras un estudio que la organización Kuyujani solicitó a la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre.

La antropóloga Nalúa Silva opina que “sí es urgente tomar las medidas para parar la minería en el Caura. No se trata de que unos hagan minería y otros no, nadie debería hacer minería en el Caura. ¿Por qué? bueno porque el Caura es un espacio único con un gran reservorio de agua, el Caura es el segundo afluente que aporta agua al Orinoco en su margen derecha y ese reservorio de agua es necesario que sea preservado” [31].

Notas:

29. “Muere indígena Sanema por robos a curiaras en el Caura”. En: EC, 29.08.2013. pág. C-4.

30. Prensa Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV): “Capitanes indígenas de El Caura advierten la neo-esclavitud de muchos hermanos”. En: El Progreso, 27.09.2013. pág. 03.

31. Etnias indígenas peligran tras expansión de la minería ilegal en el Caura [en línea] http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/3249-mineria-ilegal-en-el-caura-podria-acabar-con-etnias-indigenas/3249-mineria-ilegal-en-el-caura-podria-acabar-con-etnias-indigenas. Consulta del 10.05.2014.

[Texto extraido del Informe Anual Provea 2014, pp.180-181. El Informe está disponible en www.derechos.org.ve.]

Organizaciones indígenas de Amazonas ante la política minera del Estado venezolano

* Segundo comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) sobre la nueva política minera del Estado venezolano

En el día de hoy 02 de Junio del 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, realizamos nuestras consideraciones sobre la aprobación de NUEVOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA MINERA DEL ESTADO VENEZOLANO, que afectan nuestros derechos constitucionales como pueblos originarios, manifestando lo siguiente:

1.-  El día 20 de marzo de 2014, el Presidente Nicolás Maduro Moros, aprobó el Decreto N° 841 (Publicado en Gaceta Oficial N° 40.376 de fecha 20 de marzo de 2014) mediante el cual crea la COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN, EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD MINERA LÍCITA, EN LA REGIÓN GUAYANA (Art. 1), la cual tiene por objeto elaborar y ejecutar un Plan de Acción para abordar de forma integral la problemática suscitada por la práctica de la minería ilegal en la región, en sintonía con los objetivos del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 y la planificación centralizada (Art. 1).

2.- Según este Decreto, la Comisión será presidida por el Ministro o Ministra de Estado para la Región de Desarrollo Integral Guayana (Art. 2), e integrada por los Gobernadores de los Estados Bolívar y Amazonas, el Jefe de la Región de Defensa Integral Guayana, los Alcaldes que sean convocados, y comisionados de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Ambiente, Pueblos Indígenas, Comunas, Cultura, Salud, Turismo, Petróleo y Minería; y PDVSA.

3.- Así mismo, la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita, en la Región Guayana, tiene las siguientes funciones (Art. 4): 1) elaborar, definir y coordinar la implementación de un Plan Para la Protección y Desarrollo Integral de la Región Guayana que regirá el abordaje de las situaciones que afectan la relación entre el hombre y la naturaleza. Dicho Plan puede comprender aspectos estratégicos del ejercicio lícito de la actividad minera y la erradicación de la minería ilegal, tales como la regulación del abastecimiento de combustible, la promoción de actividades socioproductivas, la promoción de la minería artesanal, coordinación con la Fuerza Armada Nacional, el control de enfermedades, el abordaje de la pequeña minería, y el intercambio de bienes y servicios; 2) crear un registro de sujetos que ejercen la actividad minera; 3) proponer la creación y las normas de regulación de centros de compra de oro para el Banco Central de Venezuela; 4) promover la creación y administración de establecimientos para la venta de suministros y equipamiento para la minería; 5) propiciar la utilización de métodos ecológicos para el ejercicio de la minería; 6) proponer la reforma del ordenamiento jurídico que regula la actividad minera; 7) coordinar con el poder popular y los órganos competentes, los requerimientos de infraestructura, alimentación, seguridad, servicios y otros; 8) establecer subcomisiones, incorporar otros órganos de la administración pública, desarrollar proyectos socio-productivos, informar a la Presidencia de la República, elaborar reglamento interno de funcionamiento y las demás que le sean asignadas.

4.- Consideramos que esta normativa busca implementar el llamado “Arco Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la actividad minera en la región Guayana (región amazónica) y la extracción de recursos naturales como propuesta de desarrollo nacional y regional, tal como lo establece el denominado “Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019” y las normas aprobadas en diferentes instrumentos legales. Al respecto, en consonancia con el tercer objetivo, relativo a convertir a Venezuela en una potencia económica, el Plan se propone el desarrollo económico utilizando los recursos minerales (3.1.16), aumentando las reservas de minerales a nivel nacional, ubicando los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana con la prospección geológica y la utilización de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental (3.1.16.2), duplicando las reservas minerales de oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, estableciendo de forma expresa el objetivo de promover y acelerar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (3.5.5), y creando un marco legal que garantice el control soberano y hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas (3.3.5.1).

5.- Esta nueva propuesta es planteada en el marco del desarrollo ambientalmente sostenible, la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana, propiciando la utilización de métodos ecológicos y ambientalmente amigables para el ejercicio de la minería (Art. 4 Ord. 5 Decreto N° 841), así como la relación armónica entre el hombre y la naturaleza (Art. 7 Decreto N° 841). Sin embargo, queremos destacar que la mayoría de las experiencias de extracción minera en el mundo han demostrado ser ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y contaminación generalizada. Al respecto el conocido experto, EDUARDO GUDYNAS, del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) ha señalado que: “Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y brindar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza. En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado… No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización. No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares…” (En ALAI AMLATINA, 10/05/2014).

Por estas razones creemos que la propuesta de promover la minería del oro en la región Guayana, representa una evidente contradicción entre la intención de salvar el planeta y la especie humana, tal como señala el Plan de la Patria 2013-2019, y la de promover el desarrollo de la minería lícita en la región amazónica, como supuesta alternativa a la minería ilegal destructiva (Art. 1 Decreto N° 841).

6.- Por otra parte, nos preocupa seriamente que este nuevo instrumento legal haya sido aprobado sin la CONSULTA PREVIA E INFORMADA a los pueblos indígenas afectados a que hace referencia el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y sin que el Estado venezolano haya realizado la DEMARCACIÓN efectiva de los hábitats y tierras indígenas reconocida como derecho para éstos pueblos y como obligación para el Estado venezolano en el artículo 119 de la Constitución, la cual se encuentra pendiente de ejecución en más de un 90 % en los Estados Amazonas y Bolívar, a casi 15 años de aprobado el texto constitucional.

7.-  Creemos que la elaboración e implementación de un Plan de Acción para promover el ejercicio lícito de la minería, mediante la erradicación de la actividad minera ilícita (sustitución de la minería ilegal por la minería legal), la regulación de la distribución de combustible, el desarrollo de minería artesanal y pequeña minería, la creación de centros de compra de oro y establecimientos para la venta de suministros, equipamiento e infraestructura, representa una forma de imponer y desarrollar la extracción de recursos naturales en la región Guayana (Amazonas y Bolívar), con consecuencias imprevisibles para la vida colectiva futura de los pueblos originarios.

8.- Reiteramos que la minería en sus diferentes formas y modalidades, produce fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas; entre ellos: destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, contaminación con mercurio de ríos, desviación del curso de los ríos, remoción de la capa vegetal, alteración de ecosistemas, introducción y expansión de enfermedades endémicas y epidémicas (malaria, enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, entre otras), delincuencia organizada, introducción de grupos irregulares armados, diversas formas de violencia contra las mujeres indígenas (prostitución, trata de mujeres y violencia sexual), contrabando y tráfico de sustancias.

9.- En consecuencia, solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional que con espíritu crítico y la urgencia debida, realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)

Vice – Coordinación del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE)

Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami)

Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)

Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)

Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”

Cabildo Inga de Amazonas

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA)

Organización Piaroa de Manapiare

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas

Organización Indígena de Río Negro (UKYABYRN)

Guillermo Guevara  (Constituyente Indígena 1999)

Indígenas de la cuenca del río Caura, Edo. Bolivar, ante la sentencia en su contra del TSJ

Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani

* PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES YE’KWANA Y SANEMA DEL CAURA ANTE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL. EXP.- 12-1166

Los pueblos indígenas de la CUENCA DEL CAURA hemos decidido ejercer nuestra libre determinación, como homenaje a la lucha histórica de nuestros antepasados por la vida y los pueblos, la supervivencia de nuestra cultura y tradiciones así como la protección de nuestra madre tierra.

Consecuentes con esos principios expresamos lo siguiente:

DECLARAMOS al mundo, al pueblo venezolano, a nuestros hermanos indígenas amigos y aliados, nuestra decisión de encaminarnos en el principio de la libre determinación, para asegurar nuestra súpervivencia permanente como pueblos, basado en el plan de vida plena y que seguiremos luchando, con la estrategia de la hormiga del bosque: no saliendo “a fuera de nuestros territorios” sino más hacia adentro.

Hemos ejercidos por derecho, el autogobierno en cada pueblo, comunidad y nuestras tierras para decidir y controlar como vivir. No se trata de solo ser “consultados” sobre proyectos o intereses ya decididos, sino en el ejercicio de la autonomía y la libre determinación desde las tierras que habitamos y ocupamos por tiempos inmemoriales, para decir como viviremos y exigir que el estado cumpla su deber de apoyarlo.

RATIFICAMOS nuestro objetivo de la reconstitución de la territorialidad integral colectiva del Caura a partir de la auto demarcación territorial y las áreas ocupadas ancestralmente, como parte de la solución del estado de la deuda histórica pendiente de 4 millones de hectáreas cuya solicitud de demarcación y titulación hecha en el 2006 con el número de expediente CDR-06-2006-0001 NO ha tenido respuestas sin explicación alguna de parte de ejecutivo, siendo que la Procuraduría General de la República emitió y envió a la oficina de la notaria de municipio Libertador de caracas para su respectivo registro, como lo dicta la LOPCI, sin que haya procedido, toda vez que el Ministerio del Ambiente pidió la devolución de dicho expediente, lo cual representa una clara violación a nuestro derechos.

SOLICITAMOS la inmediata titulación de la propiedad colectiva del hábitat y tierras de los pueblos ye’kwana y Sanema de la cuenca del Caura.

RECHAZAMOS que con el pretexto de la “conservación ambiental” se pretenda imponer áreas protegidas y cualquier otra figura áreas de Administración Especial (ABRAE) sobre nuestros territoriales ancestrales, sin el otorgamiento previo de la titularidad colectiva de nuestros hábitats y territorios tradicionales de la cuenca del Caura.

PROPONEMOS un verdadero diálogo intercultural con el estado para la atención de diferentes puntos de interés, para avanzar de ese modo en la construcción de una verdadera república, como está plasmado en el preámbulo de la Carta Magna.

Llamamos a los demás pueblos originarios de Venezuela, a la unidad y levantar nuestras alternativas de vida.

¡TIERRAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PLAN DE VIDA COMO PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS! / ! UNIDAD DE LOS PUEBLOS COMO ALTERNATIVAS REAL PARA EL BUEN VIVIR Y VIVIR BIEN!