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viernes, 5 de febrero de 2016
COIAM / ORPIA: Sobre la minería ilegal en el río Parucito (municipio Manapiare) y agresiones al pueblo Yabarana
COIAM / ORPIA
En el día de hoy 01 de febrero de 2016, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) y la Organización Regional Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la invasión de mineros ilegales en la zona del río Parucito y sus afluentes (Municipio Manapiare) y las AGRESIONES Y AMENAZAS de que están siendo víctimas los PUEBLOS YABARANA, HOTI Y PANARE, habitantes originarios de esa zona, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121), declarando lo siguiente:
1.- Las organizaciones indígenas de base quieren expresar su profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal (minería de oro) en el Municipio Manapiare, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas de la región (ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú) y a la propia población de San Juan de Manapiare, quienes vienen denunciando la minería ilegal en estos ríos y la invasión de sus territorios por un número importante de mineros ilegales y grupos armados.
2.- Esta situación ha sido denunciada ampliamente por la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) y la Organización Ye´kuana KUYUNU y es conocida por las autoridades militares (ZODI – Amazonas) y civiles de la región, a quienes se les ha solicitado en varias oportunidades el desalojo de los mineros, labores de vigilancia y control del área para evitar la entrada de los mineros ilegales. Sin embargo, durante el último año (2015-2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en el cauce del río Parucito y sus afluentes, y en el río Parú, sin que haya un control efectivo del problema. El resultado de esta actividad ha sido una evidente contaminación de las aguas de los ríos Parucito, Manapiare, Ventuari y Parú, por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y la capital del Municipio, San Juan de Manapiare.
3.- Por su parte, en toda la zona de la Serranía de Maigualida, hábitat del pueblo Hoti, continúan las agresiones a este pueblo, en la zona de Caño Mosquito, con actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio, y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos.
4.- La actividad minera ilegal en todo el Municipio Manapiare va acompañada de otras muchas ilegalidades, que han causado graves perjuicios a los pueblos indígenas de la zona, tales como el contrabando de extracción de productos nacionales, tráfico de combustible, prostitución y trata de personas, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley.
5.- Durante la última semana del mes de enero de 2016, un grupo de indígenas Yabarana de la Organización OIYAPAM, liderados por el Ex - Alcalde Indígena Benjamín Pérez fueron agredidos y amenazados por los mineros ilegales, y la casa de Benjamín Pérez fue quemada por grupos generadores de violencia.
6.- Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones y medidas urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal en el Municipio Manapiare, especialmente mediante acciones y actividades de vigilancia y control permanente. Igualmente solicitamos se inicie una investigación sobre los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades. Especialmente pedimos la protección de los líderes de la Organización OIYAPAM amenazados por estos grupos de mineros armados.
Todas estas medidas contribuirán a la calidad de vida de nuestros pueblos que en la actualidad corre peligro si no se toman medidas urgentes.
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)
HORONAMI Organización Yanomami
Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)
Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)
Organización Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA)
Organización Uwottüja del Cataniapo “OPUHC”
Cabildo Inga de Amazonas
Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)
Organización Piaroa de Manapiare
Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)
Organización de Mujeres de Amazonas (Wannaleru)
Organización del Pueblo Baré (OPIBA)
miércoles, 6 de mayo de 2015
COIAM: Comunicado sobre la muerte de un joven yanomami en Puerto Ayacucho a manos de funcionarios policiales
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana
En el día de hoy 04 de Mayo de 2015, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) - ORPIA, nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, con la finalidad de expresar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:
1.- Nuestras organizaciones han tenido conocimiento de los hechos ocurridos el día sábado 02 de mayo de 2015, en los que fue detenido en Puerto Ayacucho, por funcionarios de la policía del Municipio Atures, un joven Yanomami de la comunidad de PARIMA “B” quien era Agente Comunitario de Salud del Plan de Salud Yanomami, resultando muerto en extrañas circunstancias después de una presunta golpiza propinada por los funcionarios policiales.
2.- Numerosos testimonios de compañeros Yanomami y de personas no indígenas presentes en el lugar, dan cuenta de los fuertes golpes a los que fue sometido el joven indígena en el incidente ocurrido ese día en la calle. De acuerdo a la información que hemos recibido, consideramos que estos hechos constituyen una aplicación y un uso excesivo de la fuerza pública que originó la muerte de este joven indígena.
3.- Hemos acompañado a HORONAMI Organización Yanomami en su exigencia ante las autoridades judiciales del Estado Amazonas para que se realice una investigación independiente conforme a las normas del debido proceso, que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los funcionarios policiales involucrados en el caso.
En el día de hoy 04 de Mayo de 2015, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) - ORPIA, nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, con la finalidad de expresar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:
1.- Nuestras organizaciones han tenido conocimiento de los hechos ocurridos el día sábado 02 de mayo de 2015, en los que fue detenido en Puerto Ayacucho, por funcionarios de la policía del Municipio Atures, un joven Yanomami de la comunidad de PARIMA “B” quien era Agente Comunitario de Salud del Plan de Salud Yanomami, resultando muerto en extrañas circunstancias después de una presunta golpiza propinada por los funcionarios policiales.
2.- Numerosos testimonios de compañeros Yanomami y de personas no indígenas presentes en el lugar, dan cuenta de los fuertes golpes a los que fue sometido el joven indígena en el incidente ocurrido ese día en la calle. De acuerdo a la información que hemos recibido, consideramos que estos hechos constituyen una aplicación y un uso excesivo de la fuerza pública que originó la muerte de este joven indígena.
3.- Hemos acompañado a HORONAMI Organización Yanomami en su exigencia ante las autoridades judiciales del Estado Amazonas para que se realice una investigación independiente conforme a las normas del debido proceso, que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los funcionarios policiales involucrados en el caso.
miércoles, 3 de diciembre de 2014
COIAM: sobre el proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras indígenas a 15 años de aprobación de la constitución
COIAM
En el día de hoy 28 de Noviembre de 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), nos hemos reunido en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, con la finalidad de realizar un BALANCE del Proceso Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas al cumplirse 15 Años de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, queremos comunicar respetuosamente al Gobierno Nacional y a la opinión pública en general lo siguiente:
1.- El día 15 de Diciembre de 2014, se cumplen quince (15) años de la aprobación por referendo popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), siendo esta un logro fundamental para el pueblo venezolano y para los pueblos y comunidades indígenas en particular; debido al reconocimiento constitucional amplio de nuestros derechos colectivos fundamentales como pueblos con identidad sociocultural propia y específica. Este importante logro y alcance no habría sido posible sin el apoyo directo y comprometido del entonces Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. El proceso constituyente de 1999, apostó de manera efectiva por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos específicos y legítimas espiraciones como pueblos originarios; superando posiciones racistas, neocolonialistas y conservadoras de importantes sectores del país, que argumentaban supuestos peligros a la integridad territorial y a la seguridad nacional.
2.- El derecho a nuestras tierras y territorios fue reconocido en el artículo 119 de la Constitución, el cual establece que:
“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas… su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.”
De igual manera, la disposición transitoria decimosegunda del texto constitucional establece que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro de un lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución.”
Otras normas nacionales como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la OIT (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), también incluyen aspectos que desarrollan el derecho al hábitat y las tierras, y el procedimiento para realizar el proceso nacional de demarcación. De todas estas normas se desprende que existe una OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL para el Ejecutivo Nacional de DEMARCAR los Hábitat y Tierras Indígenas con la Participación de los Pueblos Indígenas y sus Organizaciones. Además, Venezuela ha firmado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), la cual establece la necesidad de adoptar importantes medidas para la protección de los territorios de los pueblos indígenas.
Otras normas nacionales como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la OIT (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), también incluyen aspectos que desarrollan el derecho al hábitat y las tierras, y el procedimiento para realizar el proceso nacional de demarcación. De todas estas normas se desprende que existe una OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL para el Ejecutivo Nacional de DEMARCAR los Hábitat y Tierras Indígenas con la Participación de los Pueblos Indígenas y sus Organizaciones. Además, Venezuela ha firmado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), la cual establece la necesidad de adoptar importantes medidas para la protección de los territorios de los pueblos indígenas.
3.- Reconocemos los esfuerzos realizados por el antiguo Ministerio del Ambiente y otros organismos del Estado venezolano, para organizar las estructuras iniciales (Comisión Nacional de Demarcación y Comisiones Regionales) y los procedimientos para realizar las demarcaciones a partir del año 2001; incluyendo las titulaciones de tierras de comunidades pequeñas, en el oriente del país como las de los Kariña y Cumanagoto). Pero también lamentamos que a partir del año 2006, el proceso se haya paralizado en varias oportunidades y por lapsos de tiempo más o menos largos, sin justificación y con pocos avances significativos en la materialización de este derecho constitucional.
En general, sentimos que el proceso de demarcación ha sido bastante lento, hay pocos avances con relación al número de hectáreas reconocidas y a los pueblos indígenas beneficiados, se han observado fallas vinculadas a la reducción de los espacios territoriales solicitados, la fragmentación de la unidad territorial de varios pueblos indígenas (Yukpa, Hoti, Pemón, Warao), la entrega de títulos por comunidades individuales y no como sujetos colectivos (pueblos con identidad específica); la falta de información a las organizaciones solicitantes por vía de autodemarcación sobre el estado de tramitación de sus expedientes, la legitimación en algunos casos de la presencia de terceros en tierras indígenas y las propuestas de figuras ambientales (parques nacionales) para sustituir las demarcaciones de hábitat y tierras, como en el caso del hábitat de los Ye´ kuana - Sanemá del Caura, Estado Bolívar.
Los títulos por comunidades individuales son más parecidos en extensión y calidad a los títulos de la antigua reforma agraria de la cuarta República (parcelas), que al modelo de reconocimiento de derechos sobre el hábitat y las tierras establecido en la Constitución vigente y otras normas legales, en contradicción con la refundación del Estado propuesta por el Presidente Chávez.
4.- Un estudio detallado del Proceso Nacional de Demarcación y sus resultados oficiales durante los últimos 15 años, evidencia que sólo se ha demarcado aproximadamente el 12,4 % de los Hábitat y Tierras Indígenas, partiendo del número de comunidades censadas. En efecto, según información oficial existen en Venezuela aproximadamente unas 3101 comunidades indígenas (Ministerio de Pueblos Indígenas, 2007) y unas 2788 comunidades (Instituto Nacional de Estadística, Censo Indígena 2011), habiéndose entregado 80 títulos de demarcación en el período 2005 -2013, más 06 anunciados en octubre de 2014, que benefician a un total de 372 comunidades, por un total aproximado de 2.841.518 hectáreas en el período 2005 - 2014.
Partiendo de la existencia aproximada de 3000 comunidades en toda Venezuela, consideramos que FALTARÍA POR DEMARCAR EL 87,6 % DE LOS HÁBITAT Y TIERRAS INDÍGENAS. De igual manera, la información oficial sobre el proceso de demarcación evidencia que sólo se ha beneficiado a 11 pueblos indígenas (Kariña, Cumanagoto, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao, Yukpa, Hoti, Pemón, Mapoyo, y Barí), de un total de 50 pueblos (Censo Indígena 2011).
En el caso del Estado Amazonas, sólo se ha realizado una demarcación de tierras de la comunidad Hoti de “Caño Iguana”, con una reducción del 40 % de su espacio territorial según la solicitud basada en su autodemarcación; tal como manifestamos en su momento, quedando sin demarcación la mayoría de los hábitats de los pueblos indígenas de la región amazónica.
5.- Estos pocos avances evidencian una cierta falta voluntad política con relación al desarrollo del proceso de demarcación y no se corresponden con la naturaleza amplia y garantista de los preceptos constitucionales que desarrollan los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela.
6.- Esta realidad contrasta con los procesos de demarcación emprendidos por otros países de América Latina, donde se observan importantes avances en el reconocimiento y titulación (materialización) de la demarcación de los territorios indígenas. En efecto, Brasil ha demarcado un total de 108.519.966 hectáreas; Colombia ha tenido una política sostenida de demarcación de resguardos indígenas con un total de 31.207.978 de hectáreas tituladas; Perú con 12.550.427 hectáreas y países amigos de Venezuela como Bolivia con 7.404.500 hectáreas y Ecuador con 5.881.850 hectáreas. Nicaragua también ha realizado importantes procesos de demarcación en las regiones autónomas de la costa atlántica. Como un ejemplo de particular relevancia destaca el caso de la Tierra Indígena Yanomami de Brasil, que ha sido demarcada bajo el principio de la unidad territorial del pueblo y con un total de 9.664.980 hectáreas en los estados Roraima y Amazonas, según Decreto Presidencial de Mayo de 1992.
7.- Por todo esto, con el ánimo de hacer avanzar el proceso nacional de demarcación, proponemos que el Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales, haga una revisión urgente de los expedientes de demarcación solicitados, pendientes de sustanciación y ya entregados - objetados; especialmente los solicitados por vía de la AUTODEMARCACIÓN, a los efectos de subsanar los asuntos pendientes y llegar a dictámenes favorables en extensión suficiente y concertada con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas involucradas.
En el caso del Estado Amazonas, están pendientes los expedientes de los pueblos Uwottüja y Jivi del Municipio Autana (Organizaciones OIPUS y OPIJKA) en la Cuenca del Río Sipapo y Orinoco Medio; el del pueblo Yabarana - Multiétnico del Municipio Manapiare (Organización OIYAPAM) en la Cuenca del Río Parucito; el de los pueblos Ye´ kuana - Sanemá del Municipio Manapiare (Organización KUYUNU) en el Alto Ventuari; el del pueblo Ye´kuana del Municipio Alto Orinoco (Organización KUYUJANI Originario), el del pueblo Yanomami del Municipio Alto Orinoco (Organización HORONAMI); y en el Estado Bolívar está pendiente por entregar desde el año 2006, el expediente de los Ye´kuana - Sanemá de la Cuenca del Río Caura (Organización KUYUJANI).
8.- También proponemos que producto de la revisión realizada, se elabore e implemente un Plan de Acción para Avanzar en el Proceso de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, con criterios claros y dando prioridad a las demarcaciones colectivas por pueblos indígenas y multiétnicas, o individuales donde procedan; partiendo de las solicitudes realizadas por AUTODEMARCACIÓN; por cuencas hidrográficas, y con el uso de la figura prevista en la Ley de Demarcación (2001), que hace referencia a áreas compartidas por dos o más pueblos indígenas, es decir la posibilidad de utilización de las llamadas áreas de uso común como mecanismo para superar los conflictos por espacios comunes. En este Plan de Acción las organizaciones indígenas legitimamente constituidas deben tener participación activa (derecho de participación) y deben ser consultadas sobre los asuntos relevantes del proceso mediante los procedimientos socioculturales adecuados; es decir usando los mecanismos propios y las asambleas intercomunitarias donde se busque el consenso (derecho a la consulta previa e informada).
También es importante que se superen los criterios vinculados a una visión de seguridad de la Nación, que ve peligros y amenazas a la integridad territorial con la implementación de los derechos indígenas, y que tienden a restringir nuestro derecho constitucional a la demarcación de hábitats y tierras. Por otra parte, consideramos que al mismo tiempo que se ve la demarcación con sospechas infundadas, no se enfrentan con eficiencia problemas que representan amenazas graves para el territorio nacional, como la entrada de extranjeros para actividades mineras ilegales y grupos irregulares armados. En países como Brasil, está visión arcaica ha sido superada, y la demarcación ha sido realizada en una gran medida y en las extensiones necesarias para garantizar el futuro de los pueblos indígenas.
9.- Finalmente con el ánimo de asumir la corresponsabilidad que nos corresponde en el proceso de demarcación como derecho constitucional (demarcación participativa) nos ponemos a disposición para facilitar todas las acciones necesarias destinadas a promover los avances de los procedimientos pendientes con relación a las solicitudes de demarcación realizadas; y solicitamos al Ejecutivo nacional que impulse decididamente este proceso, logrando de esta forma que se implemente uno de los derechos constitucionales indígenas más importantes, destinado a proteger y garantizar nuestras tierras para la VIDA Colectiva futura, y nuestra sobrevivencia sociocultural y ambiental.
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) – Territorio y Ambiente
Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)
HORONAMI Organización Yanomami
Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS)
Organización Ye´ kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)
Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)
Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)
Organización Pueblo Unido Huottöja Jua-oto OPUHJ “Reyo Aje”. Sector Cataniapo
Cabildo Inga de Amazonas
Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)
Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA)
Organización Piaroa de Manapiare
Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)
Organización Unión Curripaco Yanomami Baré y Yeral de Río Negro (UCYABYRN)
Organización Ye´ kuana KUYUJANI Originario (Alto Orinoco)
Organización Ye´ Kuana - Sanemá KUYUJANI (Caura)
Asamblea del Pueblo E´ ñepá (Estado Bolívar)
Organización Comunidades Indígenas Uwottüja del Sector Parhuaza (OCIUSPA) Estado Bolívar
Guillermo Guevara (Constituyente Indígena 1999) y Vice- Coordinador PUAMA
José Gregorio Díaz Mirabal
Vice – Coordinador Consejo Indio Venezuela (CONIVE)
Estudiantes y egresados de la Universidad Indígena de Venezuela (Caño Tauca - Estado Bolívar)
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demarcación de territorios indígenas,
luchas indígenas en Venezuela
viernes, 6 de junio de 2014
Organizaciones indígenas de Amazonas ante la política minera del Estado venezolano
* Segundo comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) sobre la nueva política minera del Estado venezolano
En el día de hoy 02 de Junio del 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, realizamos nuestras consideraciones sobre la aprobación de NUEVOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA MINERA DEL ESTADO VENEZOLANO, que afectan nuestros derechos constitucionales como pueblos originarios, manifestando lo siguiente:
1.- El día 20 de marzo de 2014, el Presidente Nicolás Maduro Moros, aprobó el Decreto N° 841 (Publicado en Gaceta Oficial N° 40.376 de fecha 20 de marzo de 2014) mediante el cual crea la COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN, EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD MINERA LÍCITA, EN LA REGIÓN GUAYANA (Art. 1), la cual tiene por objeto elaborar y ejecutar un Plan de Acción para abordar de forma integral la problemática suscitada por la práctica de la minería ilegal en la región, en sintonía con los objetivos del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 y la planificación centralizada (Art. 1).
2.- Según este Decreto, la Comisión será presidida por el Ministro o Ministra de Estado para la Región de Desarrollo Integral Guayana (Art. 2), e integrada por los Gobernadores de los Estados Bolívar y Amazonas, el Jefe de la Región de Defensa Integral Guayana, los Alcaldes que sean convocados, y comisionados de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Ambiente, Pueblos Indígenas, Comunas, Cultura, Salud, Turismo, Petróleo y Minería; y PDVSA.
3.- Así mismo, la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita, en la Región Guayana, tiene las siguientes funciones (Art. 4): 1) elaborar, definir y coordinar la implementación de un Plan Para la Protección y Desarrollo Integral de la Región Guayana que regirá el abordaje de las situaciones que afectan la relación entre el hombre y la naturaleza. Dicho Plan puede comprender aspectos estratégicos del ejercicio lícito de la actividad minera y la erradicación de la minería ilegal, tales como la regulación del abastecimiento de combustible, la promoción de actividades socioproductivas, la promoción de la minería artesanal, coordinación con la Fuerza Armada Nacional, el control de enfermedades, el abordaje de la pequeña minería, y el intercambio de bienes y servicios; 2) crear un registro de sujetos que ejercen la actividad minera; 3) proponer la creación y las normas de regulación de centros de compra de oro para el Banco Central de Venezuela; 4) promover la creación y administración de establecimientos para la venta de suministros y equipamiento para la minería; 5) propiciar la utilización de métodos ecológicos para el ejercicio de la minería; 6) proponer la reforma del ordenamiento jurídico que regula la actividad minera; 7) coordinar con el poder popular y los órganos competentes, los requerimientos de infraestructura, alimentación, seguridad, servicios y otros; 8) establecer subcomisiones, incorporar otros órganos de la administración pública, desarrollar proyectos socio-productivos, informar a la Presidencia de la República, elaborar reglamento interno de funcionamiento y las demás que le sean asignadas.
4.- Consideramos que esta normativa busca implementar el llamado “Arco Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la actividad minera en la región Guayana (región amazónica) y la extracción de recursos naturales como propuesta de desarrollo nacional y regional, tal como lo establece el denominado “Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019” y las normas aprobadas en diferentes instrumentos legales. Al respecto, en consonancia con el tercer objetivo, relativo a convertir a Venezuela en una potencia económica, el Plan se propone el desarrollo económico utilizando los recursos minerales (3.1.16), aumentando las reservas de minerales a nivel nacional, ubicando los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana con la prospección geológica y la utilización de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental (3.1.16.2), duplicando las reservas minerales de oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, estableciendo de forma expresa el objetivo de promover y acelerar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (3.5.5), y creando un marco legal que garantice el control soberano y hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas (3.3.5.1).
5.- Esta nueva propuesta es planteada en el marco del desarrollo ambientalmente sostenible, la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana, propiciando la utilización de métodos ecológicos y ambientalmente amigables para el ejercicio de la minería (Art. 4 Ord. 5 Decreto N° 841), así como la relación armónica entre el hombre y la naturaleza (Art. 7 Decreto N° 841). Sin embargo, queremos destacar que la mayoría de las experiencias de extracción minera en el mundo han demostrado ser ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y contaminación generalizada. Al respecto el conocido experto, EDUARDO GUDYNAS, del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) ha señalado que: “Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y brindar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza. En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado… No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización. No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares…” (En ALAI AMLATINA, 10/05/2014).
Por estas razones creemos que la propuesta de promover la minería del oro en la región Guayana, representa una evidente contradicción entre la intención de salvar el planeta y la especie humana, tal como señala el Plan de la Patria 2013-2019, y la de promover el desarrollo de la minería lícita en la región amazónica, como supuesta alternativa a la minería ilegal destructiva (Art. 1 Decreto N° 841).
6.- Por otra parte, nos preocupa seriamente que este nuevo instrumento legal haya sido aprobado sin la CONSULTA PREVIA E INFORMADA a los pueblos indígenas afectados a que hace referencia el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y sin que el Estado venezolano haya realizado la DEMARCACIÓN efectiva de los hábitats y tierras indígenas reconocida como derecho para éstos pueblos y como obligación para el Estado venezolano en el artículo 119 de la Constitución, la cual se encuentra pendiente de ejecución en más de un 90 % en los Estados Amazonas y Bolívar, a casi 15 años de aprobado el texto constitucional.
7.- Creemos que la elaboración e implementación de un Plan de Acción para promover el ejercicio lícito de la minería, mediante la erradicación de la actividad minera ilícita (sustitución de la minería ilegal por la minería legal), la regulación de la distribución de combustible, el desarrollo de minería artesanal y pequeña minería, la creación de centros de compra de oro y establecimientos para la venta de suministros, equipamiento e infraestructura, representa una forma de imponer y desarrollar la extracción de recursos naturales en la región Guayana (Amazonas y Bolívar), con consecuencias imprevisibles para la vida colectiva futura de los pueblos originarios.
8.- Reiteramos que la minería en sus diferentes formas y modalidades, produce fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas; entre ellos: destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, contaminación con mercurio de ríos, desviación del curso de los ríos, remoción de la capa vegetal, alteración de ecosistemas, introducción y expansión de enfermedades endémicas y epidémicas (malaria, enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, entre otras), delincuencia organizada, introducción de grupos irregulares armados, diversas formas de violencia contra las mujeres indígenas (prostitución, trata de mujeres y violencia sexual), contrabando y tráfico de sustancias.
9.- En consecuencia, solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional que con espíritu crítico y la urgencia debida, realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios.
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Vice – Coordinación del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE)
Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)
HORONAMI Organización Yanomami)
Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS)
Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)
Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)
Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)
Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”
Cabildo Inga de Amazonas
Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)
Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA)
Organización Piaroa de Manapiare
Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas
Organización Indígena de Río Negro (UKYABYRN)
Guillermo Guevara (Constituyente Indígena 1999)
En el día de hoy 02 de Junio del 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, realizamos nuestras consideraciones sobre la aprobación de NUEVOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA MINERA DEL ESTADO VENEZOLANO, que afectan nuestros derechos constitucionales como pueblos originarios, manifestando lo siguiente:
1.- El día 20 de marzo de 2014, el Presidente Nicolás Maduro Moros, aprobó el Decreto N° 841 (Publicado en Gaceta Oficial N° 40.376 de fecha 20 de marzo de 2014) mediante el cual crea la COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN, EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD MINERA LÍCITA, EN LA REGIÓN GUAYANA (Art. 1), la cual tiene por objeto elaborar y ejecutar un Plan de Acción para abordar de forma integral la problemática suscitada por la práctica de la minería ilegal en la región, en sintonía con los objetivos del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 y la planificación centralizada (Art. 1).
2.- Según este Decreto, la Comisión será presidida por el Ministro o Ministra de Estado para la Región de Desarrollo Integral Guayana (Art. 2), e integrada por los Gobernadores de los Estados Bolívar y Amazonas, el Jefe de la Región de Defensa Integral Guayana, los Alcaldes que sean convocados, y comisionados de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Ambiente, Pueblos Indígenas, Comunas, Cultura, Salud, Turismo, Petróleo y Minería; y PDVSA.
3.- Así mismo, la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita, en la Región Guayana, tiene las siguientes funciones (Art. 4): 1) elaborar, definir y coordinar la implementación de un Plan Para la Protección y Desarrollo Integral de la Región Guayana que regirá el abordaje de las situaciones que afectan la relación entre el hombre y la naturaleza. Dicho Plan puede comprender aspectos estratégicos del ejercicio lícito de la actividad minera y la erradicación de la minería ilegal, tales como la regulación del abastecimiento de combustible, la promoción de actividades socioproductivas, la promoción de la minería artesanal, coordinación con la Fuerza Armada Nacional, el control de enfermedades, el abordaje de la pequeña minería, y el intercambio de bienes y servicios; 2) crear un registro de sujetos que ejercen la actividad minera; 3) proponer la creación y las normas de regulación de centros de compra de oro para el Banco Central de Venezuela; 4) promover la creación y administración de establecimientos para la venta de suministros y equipamiento para la minería; 5) propiciar la utilización de métodos ecológicos para el ejercicio de la minería; 6) proponer la reforma del ordenamiento jurídico que regula la actividad minera; 7) coordinar con el poder popular y los órganos competentes, los requerimientos de infraestructura, alimentación, seguridad, servicios y otros; 8) establecer subcomisiones, incorporar otros órganos de la administración pública, desarrollar proyectos socio-productivos, informar a la Presidencia de la República, elaborar reglamento interno de funcionamiento y las demás que le sean asignadas.
4.- Consideramos que esta normativa busca implementar el llamado “Arco Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la actividad minera en la región Guayana (región amazónica) y la extracción de recursos naturales como propuesta de desarrollo nacional y regional, tal como lo establece el denominado “Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019” y las normas aprobadas en diferentes instrumentos legales. Al respecto, en consonancia con el tercer objetivo, relativo a convertir a Venezuela en una potencia económica, el Plan se propone el desarrollo económico utilizando los recursos minerales (3.1.16), aumentando las reservas de minerales a nivel nacional, ubicando los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana con la prospección geológica y la utilización de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental (3.1.16.2), duplicando las reservas minerales de oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, estableciendo de forma expresa el objetivo de promover y acelerar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (3.5.5), y creando un marco legal que garantice el control soberano y hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas (3.3.5.1).
5.- Esta nueva propuesta es planteada en el marco del desarrollo ambientalmente sostenible, la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana, propiciando la utilización de métodos ecológicos y ambientalmente amigables para el ejercicio de la minería (Art. 4 Ord. 5 Decreto N° 841), así como la relación armónica entre el hombre y la naturaleza (Art. 7 Decreto N° 841). Sin embargo, queremos destacar que la mayoría de las experiencias de extracción minera en el mundo han demostrado ser ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y contaminación generalizada. Al respecto el conocido experto, EDUARDO GUDYNAS, del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) ha señalado que: “Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y brindar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza. En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado… No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización. No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares…” (En ALAI AMLATINA, 10/05/2014).
Por estas razones creemos que la propuesta de promover la minería del oro en la región Guayana, representa una evidente contradicción entre la intención de salvar el planeta y la especie humana, tal como señala el Plan de la Patria 2013-2019, y la de promover el desarrollo de la minería lícita en la región amazónica, como supuesta alternativa a la minería ilegal destructiva (Art. 1 Decreto N° 841).
6.- Por otra parte, nos preocupa seriamente que este nuevo instrumento legal haya sido aprobado sin la CONSULTA PREVIA E INFORMADA a los pueblos indígenas afectados a que hace referencia el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y sin que el Estado venezolano haya realizado la DEMARCACIÓN efectiva de los hábitats y tierras indígenas reconocida como derecho para éstos pueblos y como obligación para el Estado venezolano en el artículo 119 de la Constitución, la cual se encuentra pendiente de ejecución en más de un 90 % en los Estados Amazonas y Bolívar, a casi 15 años de aprobado el texto constitucional.
7.- Creemos que la elaboración e implementación de un Plan de Acción para promover el ejercicio lícito de la minería, mediante la erradicación de la actividad minera ilícita (sustitución de la minería ilegal por la minería legal), la regulación de la distribución de combustible, el desarrollo de minería artesanal y pequeña minería, la creación de centros de compra de oro y establecimientos para la venta de suministros, equipamiento e infraestructura, representa una forma de imponer y desarrollar la extracción de recursos naturales en la región Guayana (Amazonas y Bolívar), con consecuencias imprevisibles para la vida colectiva futura de los pueblos originarios.
8.- Reiteramos que la minería en sus diferentes formas y modalidades, produce fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas; entre ellos: destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, contaminación con mercurio de ríos, desviación del curso de los ríos, remoción de la capa vegetal, alteración de ecosistemas, introducción y expansión de enfermedades endémicas y epidémicas (malaria, enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, entre otras), delincuencia organizada, introducción de grupos irregulares armados, diversas formas de violencia contra las mujeres indígenas (prostitución, trata de mujeres y violencia sexual), contrabando y tráfico de sustancias.
9.- En consecuencia, solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional que con espíritu crítico y la urgencia debida, realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios.
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Vice – Coordinación del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE)
Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)
HORONAMI Organización Yanomami)
Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS)
Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)
Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)
Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)
Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”
Cabildo Inga de Amazonas
Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)
Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA)
Organización Piaroa de Manapiare
Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas
Organización Indígena de Río Negro (UKYABYRN)
Guillermo Guevara (Constituyente Indígena 1999)
jueves, 8 de mayo de 2014
COlAM se pronuncia sobre la minería ilegal en el estado Amazonas
En el día de hoy, 05 de mayo del 2014, nosotros pueblos y comunicades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organiaciones lndígenas de Amazonas (COlAM), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, por el presente queremos realizar nuestras consideraciones sobe la práctica de la MlNERlA lLEGAL EN EL MUNlClPlO ATABAPO, que afecta nuestros derechos constitucionales al territorio (art. 119) y al ambiente sano (art. 127) declarando lo siguiente:
1.- Las organizaciones indígenas de base quieren expresar su
profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal (minería de
oro) en el municipio Atabapo, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas
de la región (ríos Atabapo y bajo Ventuari) y a la propia población de San
Fernando de Atabapo, quienes vienen denunciando la minería ilegal en el cauce
del río Atabapo y en toda la zona cercana al Parque Nacional Yapacana.
2.- Durante el último año (2013-2014) se ha observado un
incremento de la minería ilegal en el
cauce del río Atabapo, mediante la utilización de embarcaciones con
máquinas chupadoras provenientes de Colombia, que utilizan métodos de dragado
de las aguas del río para la extracción de oro en aguas internacionales. El
resultado de esta actividad ha sido una evidente contaminación de las aguas
prístinas del río Atabapo por presencia del mercurio y otras sustancias
tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo
la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades
indígenas ribereñas y la capital del Municipio, San Fernando de Atabapo.
3.- Por su parte, en toda la zona del Parque Nacional Yapacana y bajo río Ventuari,
continúan las actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su
mayoía realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia y Brasil,
causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de
selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio,
y la afectación de numerosos ecosistemas amázonicos.
4.- La actividad minera ilegal en todo el municipio Atabapo
va acompañada de otras muchas irregularidades, tales como el contrabando de
productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución y la trata de
blancas, la entrada ilegal de personas foraneas, la presencia de grupos armados
generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley.
5.- Todas estas actividades ilegales y en concreto la
minería ilegal en el río Atabapo y en el Parque Nacional Yapacana, son hechos
públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de
comunicación. En consecuencia nos preocupa seria mente la falta de acción
efectiva por parte de las autoridades venezolanas, para controlar el problema
que afecta toda esa amplia margen fronterizo.
6.- Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares
del Esatdo venezolanos, que tomen acciones urgentes y coordinadas, destinadas a
controlar la minería ilegal de las llamdas "balsas chupadoras" en el
río Atabapo, especialmente mediante acciones bilaterales con Colombia, y alas
actividades de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el
Yapacana.
Firman
*Organización Regional de Pueblos lndígenas de Amazonas.
* Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro
y Atabapo (KUBAWY)
* HORONAM, Organización Yanomami
* Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OlPUS)
* Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUK NU)
* Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMDA)
* Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)
* Organización Piaroa del Cataniapo "Reyö Aje"
* Cabildo nga del Amazonas
* Organización Yabarana del Parucito (OlYAPAM)
* Organización Pueblo Indígena Jivi Kalievirrinae (OPlJKA)
* Organización Piaroa Manapiare
* Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas
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