Crisis económica y violencia social

Esperanza Hermida

Van 504 muertos. Es el número de personas fallecidas durante el mes de enero de 2017 y no es de Siria el país del que hablamos. Es Venezuela. Esta cantidad pudiera ser en principio increíble, pues se supone que vivimos en un país donde aparentemente la única guerra que existe es la económica, según la retórica del gobierno. Es decir, Maduro niega la violencia que padecemos.

Las fuentes oficiales, especialmente el sistema público de medios, sólo visibiliza de manera tendenciosa, calificándolas como actos de violencia o vandálicos, con fines claros de criminalizar, tanto las acciones sindicales, como las comunitarias, estudiantiles y políticas, realizadas por las organizaciones sociales en lucha por sus derechos. También son presentadas como “violentas” las actuaciones legítimas de quienes adversarmos las políticas gubernamentales empobrecedoras y entreguistas. Pero la verdad cotidiana, que es la verdad del pueblo, no aparece en la prensa oficial. La verdad diaria es el miedo y la muerte a la vuelta de la esquina.

Gobierno reactiva la represión como mecanismo de contención al malestar social

Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

Resulta evidente la crisis en materia alimentaria y en el sector salud. Eso sin contar con los problemas de servicios básicos, la inseguridad y la alta inflación en el país, donde Ciudad Guayana ocupa el segundo lugar, colándose en el ranking de las ciudades más violentas del mundo al ocupar el puesto número 11. Mientras tanto el Gobierno, lejos de ofrecer una pronta solución, sigue optando a la represión para intentar frenar un descontento social que se incrementa en la medida que se agrava la escasez de casi todo lo que se pueda comprar.

“El Estado venezolano, con relación a los derechos humanos, tiene tres obligaciones: garantizar el acceso, cumplirlos y respetarlos. Si revisamos lo establecido en nuestra Constitución, nos damos cuenta que la salud y alimentación son derechos humanos que el Estado debe garantizar, hacer cumplir, y respetar (…) vemos que el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones”, señala Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de Provea.

Sin agua no hay vida

María E. Hermida

Con motivo de la escasez de agua en Venezuela, se alzan las voces de una protesta popular cada vez más extendida. La gravedad del problema conduce nuevamente a PROVEA a llamar urgentemente la atención del gobierno nacional para que adopte medidas que resuelvan la situación.

Cantaura, Yumare, El Amparo

María E. Hermida (Provea)

Todos estos nombres de lugares ubicados en el territorio nacional evocan masacres cometidas durante la década de los ochenta del siglo pasado. En todos los casos la impunidad impera.

Frente a las victimas, los pocos sobrevivientes y a la familia de las víctimas, el Estado venezolano tiene la deuda inmensa de hacer justicia, investigando y sancionado a los responsables. En todos los casos la muerte fue ideada y perpetrada por funcionarios militares y policiales venezolanos.

Después de Cantaura en 1983 vino Yumare en 1986. Una y otra masacres atravesaron la geografia nacional porque la primera fue en el Oriente del pais y la segunda en el estado Yaracuy. Pocos años mediaron entre una y otra, pero de ambas pervive su recuerdo incólume en la memoria de quienes conocimos a muchas de las personas que allí fallecieron. Para quienes además abrazamos con pasión la causa que les animó a la lucha, parece como si no ha pasado el tiempo y escuchamos la risa o vemos la mirada de algunas de las personas que conocimos, pero que murieron en estos tristes episodios.

Crisis laboral universitaria

María Esperanza Hermida

El deterioro de las condiciones laborales en las universidades públicas impacta a todo el país, ya que del funcionamiento cabal de estas casas de estudio depende la educación superior, y la graduación de profesionales y especialistas. Los anuncios de su cierre técnico por falta de presupuesto, paro indefinido de docentes y fuga del talento universitario, auguran un oscuro futuro para el derecho al estudio en Venezuela.

Si no hay dignidad salarial, la calidad de la formación universitaria peligra. Así lo ha señalado la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), en el marco de la discusión de la II convención colectiva de condiciones de trabajo con el Gobierno.

Ilusiones ópticas

María Esperanza Hermida

El gobierno conducido por el Presidente Maduro no abona en el camino de reivindicar a los trabajadores y trabajadoras, rescatar de la informalidad a millones de personas y reducir eficazmente la pobreza.

Las cifras del Informe de Provea 2014 indican que los pocos aspectos positivos de la gestión gubernamental en materia laboral, son disueltos por efecto del retroceso general de la calidad de vida en el país, especialmente de la población asalariada.

Durante 2014 creció ligeramente la población económicamente activa y la tasa de ocupación, al tiempo que se mantuvo la política de decretar -por vía del Ejecutivo Nacional y para todo el territorio de la República- la inamovilidad laboral. Nuevamente pudo constatarse que el gobierno decretó varios incrementos al salario mínimo nacional.

La fábrica de pobres

María Esperanza Hermida

Tras reprimir al sindicalismo y desmantelar el aparato productivo nacional, el gobierno nacional exhibe como indicadores de su gestión un retroceso generalizado en el acceso a los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el orden social: alimentación, salud, vivienda, derechos laborales y seguridad social. La frase del Coordinador General de Provea en la presentación del Informe Anual 2014, grafica la situación: el país es una fábrica de pobres.

A pesar de cerco impuesto a la prensa, las principales cifras del informe de Provea 2014 han empezado a circular profusamente en diversos medios, así como en las redes sociales. De esta forma -y seguro será indetenible-, se perfora la política del silencio gubernamental.

Se reduce acceso al beneficio de las pensiones de vejez en Venezuela

María Esperanza Hermida

PROVEA constató el descenso en un 80,2% de las pensiones de vejez ordinarias, otorgadas por el IVSS el año pasado, y verificó la precariedad informativa respecto a la cantidad de personas beneficiadas por la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela (GMAMV). Así lo señala la edición 2014 del Informe Anual de PROVEA sobre la situación de los derechos humanos en el país.

PROVEA constató que una vez más la información suministrada por la Memoria y Cuenta del Ministerio para el Proceso Social de Trabajo no ofrece cifras detalladas y desagregadas sobre la población que disfruta pensiones, lo que dificulta la contraloría social sobre el derecho a la seguridad social en Venezuela. Reporta además que existe disparidad entre las cantidades difundidas por las autoridades públicas en medios de comunicación y las registradas en el informe de gestión del organismo.

La otra ingerencia foránea (invisible para gobierno "antiimperialista" de Maduro)

Esperanza Hermida

El gobierno nacional habla con profusión acerca de la intervención de algunas potencias extranjeras en los asuntos internos del país, más sin embargo, ello es relativo. La presencia por ejemplo en la Faja Petrolera del Orinoco de capitales foráneos y sus ganancias, no parece ser preocupación para el presidente Maduro.

Tampoco las violaciones a los derechos laborales que se estarían produciendo en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte de las empresas chinas que contratan mano de obra de aquellas latitudes.

En el caso de la Faja Petrolera del Orinoco, integrantes de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, específicamente José Bodas, su Secretario General,  ha denunciado reiteradamente al llamado Proyecto Orinoco, por la presencia de empresas mixtas de diversos países que explotan y comercializan el petróleo venezolano en condiciones desventajosas para la economía nacional, además de generar violaciones a los derechos laborales en el país, pues se irrespeta la constitución y la legislación que regula la materia.

La Faja comprende el eje conformado por los ríos Apure y el Orinoco. Allí se encuentran cuatro grandes áreas que corresponden a la división de la zona para su explotación, conocidas como Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo.

El portal en internet de PDVSA informa acerca de la extensión territorial de la Faja y su subdivisión en 29 bloques de explotación. En ellos se ha documentado la presencia de al menos 19 países que han suscrito acuerdos con el gobierno venezolano para desarrollar labores en estos campos.

Se trata del Campo Carabobo con reservas estimadas en 227.000 millones de barriles, del Campo Boyacá con 489.000 millones de barriles, del Campo Junín con 557.000 millones de barriles y del Campo Ayacucho con 87.000 millones de barriles. Entre los países presentes en la actividad de explotación de la Faja están India, Francia, Noruega, Cuba, Malasia, Rusia, Portugal, Vietnam, China, España, Japón, Ecuador, Chile, Irán, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.

Estas áreas han sido clasificadas como zonas de seguridad donde la actividad sindical es impedida por efectivos militares en abierta trasgresión al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que ampara la libertad sindical. Este convenio fue suscrito por nuestro país.

En tal sentido pudiera concluirse que la actividad de explotación y comercialización petrolera realizada por los países que laboran en la Faja no es considerada como una injerencia, mientras que las recomendaciones de la OIT cuando insta al gobierno nacional a garantizar la libertad sindical, son calificadas como actos lesivos a la soberanía nacional.

Hasta el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, recientemente declaraba ante los medios de comunicación venezolanos que las empresas mixtas que trabajan en la Faja debían respetar la legislación laboral del país. Además, exhortó que si estas empresas contrataban mano de obra extranjera para pretender burlar la ley, debían llevarse a su gente del país o en su defecto, acatar las disposiciones que rigen para las relaciones laborales en el territorio venezolano.

En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, integrantes de la Federación de Trabajadores de la Construcción han denunciado la presencia de mano de obra china que está contratada en condiciones que violentan la normativa laboral venezolana, por jornadas superiores a lo previsto en la CRBV y bajo la figura de la tercerización laboral.

Las admitidas formas de injerencia extranjera en la explotación y comercialización del petróleo y en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como la tolerancia del gobierno de Maduro a la vulneración de los derechos laborales, contradicen su pretendido rostro obrerista y desnudan la debilidad de su anti imperialismo.

[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=115184&tipo=COL&idcolum=114.]

Militarización del trabajo

María Esperanza Hermida

Para los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales y comunitarias en Venezuela, la militarización del trabajo y del sindicalismo, en el contexto de la persecución y criminalización de la lucha social, es una de las políticas del gobierno actual. Desde que asumió la Presidencia de la República en el año 2013, Nicolás Maduro ha creado estructuras operacionales para militarizar especialmente la actividad comunitaria y controlar las relaciones laborales. Un ejemplo es que las milicias obreras se incorporaron al proyecto del contrato marco. Sin embargo, no es el único.

Ya desde 2013 se había iniciado este proceso con la creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), mediante el Decreto N° 11 del 22 de abril de 2013 (G. O. N° 40.157). Posteriormente, el 20 de junio de ese año, la Resolución Nº 031 (G.O. Nº 40.193), definió sus Normas de Funcionamiento y después, al conformar las primeras 6 Redi (zona Central, Occidente, Los Llanos, Oriente,  Guayana y la zona Marítima y Espacios Insulares), dijo el Presidente que estas unidades "Deben estar en las calles, en las comunidades, para hacer un Gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia".

El 10.12.13, el Presidente creó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscribiéndolas a la circunscripción de las Redi (G.O. 40.312). Las definió como “espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, así como, dar cumplimiento eficientemente a los requerimientos de la circunscripción territorial en correspondencia con las funciones establecidas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señaladas en las leyes, los reglamentos y otros instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.”

Pero para la población y especialmente las organizaciones sindicales e indígenas, el despliegue militar sustentado en las operaciones de las Redi y Zodi lejos de representar alguna garantía para el desarrollo de políticas públicas eficientes, significa violación de derechos civiles, sociales y libertades democráticas. Así lo ha denunciado Marcela Máspero y Servando Carbone, Coordinadores de UNETE.

Un ejemplo de las secuelas negativas que deja la intromisión militar en los asuntos civiles, es su conducta violatoria de la libertad sindical. Así lo demuestra la retención arbitraria de José Bodas, sindicalista petrolero en agosto de 2013 y luego, su detención en febrero de 2014. Otra evidencia es la actuación militar en el conflicto laboral de SIDOR en 2014.

En cuanto a las comunidades indígenas venezolanas la historia reciente reseña varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, producto de la actuación de las FANB. Prueba de ello es el rechazo público de la organización Kuyujani a las prácticas militares del Redi, en el territorio ancestralmente propiedad ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, estado Bolívar, y la denuncia de los atropellos sufridos por la población indígena por efecto de tal intromisión.

Resultan altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los anuncios que desde el comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se hacen frecuentemente y en especial a través de su cuenta en Twitter, @ceofanb, que brinda información sobre las actividades de coordinación desplegada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los comandantes de las Redi y Zodi.

Los Redi y Zodi, y la actuación de sus funcionarios entre 2013, 2014 y 2015, evidentemente nada tienen que ver con la tensión diplomática que hoy se vive entre USA y Venezuela. Basta recordar las prácticas militares, particularmente de la GNB, durante las protestas por derechos civiles, económicos y sociales de 2013 y 2014. Su objetivo es reprimir la exigencia de derechos humanos, y en especial, reprimir derechos laborales y sindicales.

[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=114404&tipo=COL&idcolum=114.]

Crisis, despidos y violaciones sindicales

María Esperanza Hermida

La situación económica se agrava trayendo como consecuencia mayor desempleo. Especialmente en Carabobo se reinauguró la práctica empresarial de introducir pliegos conciliatorios para pactar despidos. Un aspecto llamativo del asunto es la flexibilización del sedicente gobierno obrerista encabezado por Maduro, que avala estos acuerdos con una representación sindical no calificada.

Destaca en este proceso la justificación alegada por las empresas para proceder al despido: la ausencia o falta de disponibilidad de divisas para comprar materiales inherentes o indispensables al proceso productivo, por una parte, y de otro lado, el aval otorgado por el Ministerio del Trabajo para reducir la nómina. Nos referimos a las Empresas Affinia de Venezuela, C.A. –productora de filtros para combustibles de vehículos-; Ford Motors y Chrysler –ensambladoras de vehículos- y Ajeven –embotelladora de refrescos-. En todas, el despido se acordó con representantes sindicales cuyo período de gestión se venció.

El sindicalismo autónomo del gobierno ha denunciado insistentemente que el Ministerio del Trabajo niega la admisión y trámite de los pliegos conciliatorios o conflictivos que buscan resguardar los derechos laborales, cuando los suscriben directivas cuyo período de gestión está vencido. La denuncia, presentada ante la Organización Internacional del Trabajo, ha demostrado que esta práctica viola la libertad sindical y afecta las acciones de reivindicación y por el cumplimiento de convenciones colectivas vigentes, así como la discusión y firma de nuevas convenciones colectivas.

Demostrado está que el argumento sostenido por el Ministerio del Trabajo sobre la llamada “mora electoral sindical”, es una injerencia perniciosa en la vida interna de las organizaciones que lesiona el derecho de su base afiliada.

Ahora bien, en medio de la crisis generada por la política económica gubernamental, que afecta indudablemente a la industria automotriz y donde se inscribe el régimen cambiario, los trabajadores llevan la peor parte. En este contexto, el Ministerio del Trabajo se olvida de la mora electoral sindical.

La empresa Affinia de Venezuela, C.A., que elabora filtros de combustible automotor, emplea alrededor de 4.000 personas en todo el mundo. Sus productos se distribuyen en más de 100 países y entre sus principales factorías está la venezolana, ubicada en Carabobo. El 9 de octubre pasado, la Inspectoría del Trabajo carabobeña homologó el convenio entre la empresa y el Sindicato Unión de Trabajadores de las Empresas Fabricantes de Filtros Automotrices e Industriales, Empacaduras y Similares (SUTEFAIES), autorizando el despido de 23 personas. Entre éstas que hay trabajadores con 16 años de servicios. En este caso, la directiva sindical tiene el período de gestión vencido desde el 26 de septiembre de 2014.

La situación de Ford es bastante similar. El 26 de diciembre de 2014 se instaló en la Inspectoría del Trabajo la junta de conciliación del pliego de reducción de personal, con participación del Sindicato de Vencedores Socialistas Unidos de Ford Motor de Venezuela, S.A. (SINVENSOCUNIFOR), pero cuyo período está vencido desde el 23 de noviembre de 2014.

La empresa sustenta su solicitud de autorización de despido así: “Luego de una revisión de las proyecciones económicas para el próximo 2015, se ha encontrado con un escenario poco próspero que hace peligrar la continuidad del negocio, pues ante la falta de aprobación de Divisas por parte del  Centro nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), se ha visto obligada a limitar la conocida actividad de ensamblaje y servicios técnicos de vehículos, que desde hace de un año tienen “Autorizaciones para Adquirir Divisas” (AAD), por un monto superior a doscientos sesenta y cuatro millones de dólares ($264.000.000) Sin embargo ninguna ha sido liquidada. La nómina es de dos mil siete (2007) trabajadores, con los cuales en condiciones normales podrían producirse entre veintiocho mil y treinta mil vehículos por año, cifra ésta que por las dificultades expuestas en relación a las aprobaciones de la administración cambiaria, para la importación de material de ensamblaje, no ha sido alcanzada en los últimos años y no podrá realizarse durante el año 2015.” Ford propuso: a) la modificación de las condiciones laborales contenidas en algunas de las cláusulas de la convención colectiva con el fin de ajustarlas a la realidad económica de la empresa y b) la reducción de 265 puestos de trabajo.

La Chrysler de Venezuela, LLC, mediante el mismo procedimiento avalado por el Ministerio del Trabajo, ya despidió 76 personas. Entre los afectados hay personas con una antigüedad laboral de 10 a 35 años, algunas de ellas con certificación expedida por el INPSASEL (porque padecen enfermedades laborales), trabajadores con fuero paternal y trabajadores padres de niños con condiciones especiales. Por denuncias de los trabajadores que se publicaron en los medios de comunicación, a la empresa se le habrían autorizado divisas por parte de CENCOEX, el 09 de mayo de 2014 y el 11 y 26 de junio de 2014, respectivamente.

Finalmente, en el caso de la embotelladora, y con la participación del Sindicato Unión Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de AJEVEN- (SIUNTRA- AJEVEN), se autorizó el despido de 100 personas. La directiva sindical tiene su período de gestión vencido desde el pasado 12 de mayo de 2014.

Uno de los casos emblemáticos por efecto de la llamada “mora electoral sindical” es el Poder Judicial, que este año cumple 10 años sin que su sindicato históricamente combativo, haya podido convenir un nuevo contrato. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el Ministerio del Trabajo (MINPPTRASS), exigieron elecciones sindicales para discutir su proyecto contractual. La gestión sindical se venció en 2009 y mientras organizaba la relegitimación, la DEM despidió y jubiló a la dirigencia no afecta al gobierno. Actualmente, la dirección sindical es controlada por un grupo afecto al gobierno que junto a militantes del PSUV, tolera el retroceso en los derechos laborales dentro de la administración de justicia en Venezuela.

Otro rostro del desconocimiento a las directivas sindicales con período vencido está expresado en la administración pública venezolana. Tras 8 años de dilación en la discusión de la convención colectiva, y sin relegitimación de la directiva Fentrasep y FedeUnep, el Presidente Maduró instaló una comisión de negociación contractual, donde participan sólo los dirigentes afectos al gobierno, miembros de ambas federaciones. El conocido sindicalista del sector, Servando Carbone, así como otros directivos sindicales que están organizados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), son desconocidos arbitrariamente, negándoseles el derecho a participar en la comisión negociadora de esta importante convención colectiva que podría amparar, de ser aprobada, 2.500.000 personas.

[Tomado de http://www.elcambur.com.ve/opinion/crisis-despidos-y-violaciones-sindicales.]

Opinión: Gobernando a lo Jalisco

Esperanza Hermida

Cuando la pretendida hegemonía gubernamental en el movimiento popular se ve amenazada, la institucionalidad actual contraviene la Constitución. En el ámbito sindical lo demuestra la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, que el 13/01/2015 suspendió las elecciones en Sutiss, el sindicato de Sidor.

Dejando de lado el artículo 23 constitucional, se violó el Convenio 87 de la OIT que preserva el derecho de las organizaciones sindicales a elegir libremente sus representantes. El convenio establece en su artículo 3º, que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir limitando el ejercicio de este derecho.

La sentencia judicial alega irrespeto a normas del CNE por parte de Sutiss y la presunción de amenaza al derecho de participación invocado por 3 personas. Ahora bien, en Sidor laboran unas 14.000 personas cuyo derecho a elegir sus representantes sindicales, se pospuso. La GNB fue el organismo que desmontó las urnas electorales, conocida la sentencia.

El año pasado, una huelga por la contratación colectiva en Sidor fue asfixiada por el Ministerio del Trabajo, la GNB, tribunales penales y el Sebin, imponiéndose un controvertido acuerdo suscrito por directivos oficialistas de Sutiss y suplentes sin cualidad legal al efecto. Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo están presos por la criminalización de su participación en esta protesta laboral. Y a pesar de todo eso, el Gobierno insiste en controlar el Sutiss.

Pero hoy es muy difícil tal control. Como sucede en los gremios de universitarios y médicos, en el sector municipal y tribunalicio, el oficialismo sindical es abiertamente rechazado, ya que las políticas gubernamentales más recientes han generado un grave retroceso de los derechos laborales.

Si bien este retardo electoral busca evitar la derrota gubernamental en Sutiss, no es menos cierto que se pretende evadir un revés que influya en los próximos comicios parlamentarios de este año. A costa de ello, se sacrifica al movimiento laboral de la siderúrgica.

Al más genuino estilo Jalisco, el Gobierno ahoga la vida sindical de Sidor con mecanismos que nada envidian a las prácticas antisindicales de 1981: si no gana, arrebata.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/01/26/esperanza-hermida-gobernando-a-lo-jalisco/.]

Maduro y el sindicalismo preso

Esperanza Hermida

Aunque lamentablemente no es una novedad que en Venezuela u otros países las autoridades detengan sindicalistas, resulta contradictorio e incoherente que eventos de este tipo se produzcan en la gestión de un gobierno que se autoproclama como presidido por un dirigente “obrero”.

Pero además, en la hoja de vida de Nicolás Maduro hay datos que chocan con la práctica gubernamental de negar derechos laborales: Maduro tuvo cierta relación con el ejercicio sindical. Sin embargo, hoy que es Presidente de la República, viola la libertad sindical, esencia del conjunto de derechos democráticos de la clase trabajadora.

Cuando Maduro laboró en la C.A. Metro de Caracas exigió elecciones democráticas al Sindicato SITRAMECA, lo que le valió el cercenamiento de su derecho a sindicalizarse. Además, la empresa pretendió despedirlo injustificadamente. PROVEA asumió en aquel entonces la defensa de Maduro para salvaguardar sus derechos a la libertad sindical y al trabajo.

Años después y por instrucciones de Chávez, Maduro participó en la organización de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores en el año 2000 y la Unión Nacional de Trabajadores en 2002.

A espaldas de estos antecedentes, Maduro guardó silencio durante los 5 años que duró el injusto y tortuoso juicio penal seguido a Rubén González, Secretario General de SINTRA FERROMINERA.

Maduro guardó silencio ante la tardía sentencia del Juzgado 24º de Juicio Penal de Caracas, que absolvió al sindicalista pues jamás hubo delito. En ese tiempo Maduro fue Vicepresidente de la República, Canciller y Presidente de la Asamblea Nacional.

Maduro tolera la actual la violación al debido proceso, en el juicio penal seguido por el Ministerio Público contra el trabajador de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez, en el Tribunal 12º de Juicio de Caracas. Álvarez es acusado del homicidio de Renny Rojas, muerto hace 3 años en una riña ocurrida en una asamblea de trabajadores. Fuentes ligadas al acusado señalan que el deceso es producto de un sicariato perpetrado por actores gubernamentales. La asamblea era de SINTRAFERROMINERA y estuvo liderada por Rubén González.

Desde el 17 de junio de 2011 está detenido Álvarez y ha sido recluido al menos en 3 centros penitenciarios del país. Hace un año está en El Rodeo II. Sus familiares denunciaron que se le ha aislado y que es víctima de malos tratos.

El gobierno de Maduro enjuicia ante el Tribunal 1º de Control Penal en Puerto Ordaz, a 3 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada, fueron detenidos el 19 de septiembre de 2014, luego que culminó la huelga organizada por el Sindicato SUTISS exigiendo la firma de su convención colectiva. Se les acusa de asociación para delinquir, con testimonios anónimos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Fueron detenidos luego que el Ministerio del Trabajo convocara públicamente al Presidente de SUTISS, José Luis Hernández, a convalidar un acta que acordó beneficios inferiores a los exigidos por el Sindicato y por los huelguistas. Los 3 detenidos forman parte del equipo de José Luis Hernández.

Todo esto implica graves violaciones del gobierno de Maduro al Convenio 87 de la OIT, ratificado por Venezuela desde 1982 y que ampara el ejercicio de la Libertad Sindical.

[Tomado de http://www.elcambur.com.ve/opinion/maduro-y-el-sindicalismo-preso.]

Opinión - En Seguridad Social, ¡ni una pa'l mingo!

Esperanza Hermida

El pasado jueves 27 de noviembre, Provea, el Profesor de la UCV y experto venezolano en el tema de la seguridad social, Absalon Mendez, junto con los reconocidos luchadores sociales Edgar Silva y Urimare Capote, realizamos un análisis sobre la situación del derecho humano a la seguridad social en Venezuela actualmente.

En este evento realizado en el Colegio de Ingenieros de Caracas, tuvimos la oportunidad de intercambiar información proveniente de diversas fuentes pero fundamentalmente de los organismos del Estado. Además, actualizar datos del último quinquenio, y sobre todo evaluar el estado en que se encuentran las políticas públicas en materia de seguridad social.

Provea anualmente realiza un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y publica los resultados de este estudio en el informe que año tras año edita, desde 1989. Dentro de los derechos incorporados a este análisis se encuentra la seguridad social.

La puesta en común de las reflexiones generadas en el foro sobre la situación actual de la seguridad social en Venezuela, permitió concluir que en el período que va de 2009 al 2013, la Asamblea Nacional sigue en mora con la población más necesitada del país, toda vez que no ha dictado la ley de pensiones. Esta es una materia pendiente desde 2002 -cuando fue promulgada la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS)-.

Otra conclusión de los asistentes al foro es la ausencia de coherencia y continuidad de las políticas públicas en materia de seguridad social, ya que el Ejecutivo Nacional ha dictado múltiples decretos entre 2005 y 2007 y otros entre 2009 y 2013 relativos a las pensiones de vejez, pero siguen excluidos del sistema de seguridad social inmensas franjas de la población que no perciben las indemnizaciones a las que tienen derecho por incapacidad, carecen de acceso a la salud, a una vivienda digna, y a la recreación y manejo creativo del tiempo libre.

Especialmente en el caso de las pensiones de vejez, los panelistas identificaron que si bien la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela fue otro intento del gobierno de Chavez por reducir la exclusión, evidentemente tuvo su éxito inmediato el año en que se implementó por primera vez. Eso significa que tuvo eficacia en 2012, año electoral. Ya en 2013 decayó su efectividad y actualmente ni se publican listados con nuevas personas incorporadas.

La famosa tarjeta electrónica con que se iba a dotar a las personas pensionadas con el fin de reducir las inmensas colas que deben hacer en las entidades bancarias, no ha pasado de ser una ilusión.

El foro también permitió debatir sobre mecanismos de exigibilidad de este derecho humano, vista la desidia de la Defensoría del Pueblo y las contradictorias decisiones judiciales nacionales.

Parafraseando el dicho usado en el juego de bolas criollas cuando no se atina, el gobierno de Maduro “no arrima una” con la seguridad social.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2014/12/01/esperanza-hermida-ni-una-pal-mingo/.]

Anexo: Para jubilados y pensionados, todo de mal en peor

Está terminando el año 2014 y el Gobierno pagó a los pensionados 2 meses fraccionados, un mes en noviembre sin el aumento pírrico del 15%, el otro lo van a pagar en Diciembre y no los tres meses como ha sido la promesa desde hace ocho años, tampoco cumplió con Los CestaTickets, menos con las tarjetas de débito para las Medicinas y Turismo, que pasó con la Homologación, sigue las escasez de medicamentos y alimentos, se hizo un censo de la pensión del Amor Mayor y hay 1.000.200 censados esperando y nada, Continua la deuda millonaria que tienes las Empresas del Estado con el IVSS, esto no permite que trabajadores que ya cumplieron con los requisitos les salga su pensión, se nos siguen muriendo nuestros jubilados sin recibir sus prestaciones sociales.

REFLEXIÓN: llego el momento que los jubilados y pensionados tomemos conciencia y a partir de Enero del 2015 nos organicemos a través de la lucha, en la calle con convicción y perseverancia, en nuestras casas no vamos a hacer nada, ya está bueno de que estemos esperando que se haga un milagro o venga un  mesías y nos de nuestros Derechos que están en la C.B.V., o que nos estén dando limosnas cuando llegan unas elecciones, hay que tener dignidad y dejar de estar dando lástima, el llamado es a la protesta sin miedo es mejor morir luchando que de mengua dando lástima. “ NUESTRO PEOR ENEMIGO ES NUESTRA PROPIA INDIFERENCIA”.

[Tomado de http://cestaticketparajubiladosypensionados.blogspot.com.]

Provea, 1988-2014: Aniversario de luchas

María Esperanza Hermida

Provea arribó el pasado 15 de octubre a su 26° cumpleaños defendiendo y promoviendo derechos sociales, y rechazando la impunidad en Venezuela. En 1988 los activistas sociales Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas fundaron Provea con el objetivo de auspiciar los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos. En este aniversario, Provea estrena como nuevo Coordinador General al conocido activista por los derechos humanos Rafael Uzcátegui.

Insistiendo en las denuncias de las sombras que penden sobre el disfrute de derechos en Venezuela, especialmente amenazados para las personas más pobres producto de la aplicación progresiva de un paquete de medidas económicas por parte del gobierno nacional, Provea acompaña este cumpleaños con su firme exigencia a las autoridades para que pongan en práctica medidas compensatorias urgentes a objeto de que los sectores populares y más vulnerables de la población, no sigan pagando las consecuencias de decisiones incorrectas en materia económica y de la corrupción generada por las irregularidades administrativas del régimen de control de cambio.

“El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha retrocedido en los avances sociales alcanzados por su predecesor, el presidente Chávez”, expresó Marino Alvarado, Coordinador de Provea, “a niveles tales que las propias cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del 2013 indican que la pobreza aumentó en 6%”. Además denunció que Maduro “no ha podido mantener lo bueno, por otra parte ha profundizado la política de discriminación política y violación de derechos civiles del gobierno anterior”.

Provea realiza este aniversario en un contexto de renovación, ya que la Comisión Permanente de la organización, tras realizar un concurso público para el cargo, seleccionó al sociólogo Rafael Uzcátegui como nuevo Coordinador General para el período 2015-2019. Estatutariamente, la Coordinación General de Provea se ejerce durante tres años y la persona que la haya desempeñado puede reelegirse sólo por un período de gestión adicional.

Ese fue el caso de Marino Alvarado, que culmina en diciembre de este año su segundo período como Coordinador General, dando paso a este proceso de renovación. Los predecesores de Marino en los primeros 26 años de la historia de Provea, son Raúl Cubas y Carlos Correa. Rafa, como cariñosamente le llamamos en Provea, es además un reconocido activista nacional e internacional del antimilitarismo e investigador en el tema de extractivismo, quien adicionalmente a su formación como Sociólogo en la UCV, es Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo.

Uzcátegui ingresó a Provea en el 2006 como Coordinador de Medios y ascendió a Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión, encabezando la realización del Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Ha representado a Provea en eventos nacionales e internacionales en estos 8 años y es responsable de la vocería del Foro por la Vida en el reciente trienio.

Impulsó el posicionamiento de Provea en las redes sociales, auspiciando el infoactivismo en derechos humanos. Como libertario participa en medios alternativos auspiciando el fortalecimiento de las organizaciones populares autónomas.

[Tomado de http://www.conflictove.org.ve/analisis-y-opinion/aniversario-de-luchas-articulo-de-maria-esperanza-hermida.html.]