Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil)
Una vez más alzamos nuestra indignada voz
de protesta para condenar contundentemente la acción genocida perpetrada por las autoridades del Ministerio del
Poder Popular para el Servicio Penitenciario, funcionarios del GRIP y de la
Guardia Nacional Bolivariana, en la cárcel de Uribana que arrojó un
saldo trágico indeterminado de venezolanos asesinados y heridos.
Cabe recordar que la anunciada requisa a
la cárcel de Uribana se hizo inminente el pasado mes de noviembre, cuando la
titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, abogada Iris Varela, informara
sobre el suceso en el cual un trabajador de la construcción adyacente al penal
resultó herido por arma de fuego. A consecuencia de este hecho las visitas
fueron inmediatamente suspendidas y se retrasaron las audiencias de juicio, así
mismo se les impidió a los familiares suministrar alimentos preparados a los
presos, y desde entonces se instaló entre la población penal un estado de
zozobra permanente en espera de la requisa. Durante estos meses persistieron
las conversaciones a fin de garantizar que ésta -como hecho rutinario- se
realizara de manera pacífica; al punto, que un día antes el propio director de
Uribana Nelson Bracca reportó a los medios de comunicación que existía
normalidad en el penal, garantizando que tal procedimiento se llevaría a cabo
de manera “totalmente pacífica”. No obstante la presencia de unidades militares
y la restricción del acceso hacia las inmediaciones de Uribana, alertaban ya de
las previsiones que el Estado adelantaba para el escenario de violencia que se
desataría al día siguiente.
Esto fue información pública - dentro y
fuera del penal- pues para nadie es un secreto que los internos se comunican permanente a través de teléfonos
celulares, tanto más cuando se trataba de un
asunto que mantenía en vilo a todas las personas vinculadas de una u otra forma
a la dinámica carcelaria. Por lo que las desfachatadas acusaciones de la
ministra contra los medios de comunicación redundan en la mentira y
manipulación, al igual que la negativa a ofrecer cifras creíbles de las
víctimas supuestamente en “resguardo a su dignidad”.
Si bien es cierto que la historia de
Uribana puede resumirse en secuestros, coliseos, huelgas de hambre, desacato
judicial entre otros hechos violentos e irregulares, no es menos cierto que el
hacinamiento, retardo procesal y violación del debido proceso, carencia y/o
deficiencia de servicios públicos elementales, indispensables para garantizar
un mínimo de la dignidad humana que tanto “defiende” la ministra, fueron el día
a día de quienes allí subsistían acompañados de la muerte como sombra
permanente.
Resulta ignominioso que hoy ninguno de los
jueces y fiscales se den por aludidos ante lo que sin duda es la crónica de una
masacre anunciada, cuando todos sus actos apuntalaron el sangriento desenlace. Una
muestra de ello fue el desparpajo del cuestionado ex Juez Abog. Edwin Andueza al otorgar beneficio procesal
al entonces líder de los coliseos conocido como “Alexito”. De la misma manera,
en diferentes instancias han sido ignoradas las denuncias de las víctimas
contra jueces complacientes, ineficientes y corruptos que catapultaron al
estado Lara como territorio de impunidad.
Nos preguntamos: ¿Quiénes se lucran del
negocio del tráfico de armas y de drogas, de los beneficios procesales y las
libertades?
El Estado, sus tribunales
y policías, sus guardias y pranes, todos actúan como un solo brazo
ejecutor. Son ellos quienes se
benefician directamente de esta industria del crimen a costa de la vida
de jóvenes habitantes de nuestras barriadas, convertidos en
delincuentes y diariamente asesinados en
las cárceles y calles de este país.
La condición de procesados – vale decir,
ciudadanos cuya culpabilidad no ha sido comprobada en un tribunal- de miles de
hombres y mujeres tras los muros de las prisiones, olvidados por la justicia es,
definitivamente, prueba incontestable de la verdadera política penitenciaria y cómo opera el sistema de
administración de justicia en este país, que condena de facto a los más
humildes y extermina, por diversas vías, a los privados de libertad; política que
se ha recrudecido con la llegada de la actual titular del despacho
penitenciario. Las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Una
Ventana a la Libertad son reveladoras, no en vano estas ONG han sido acosadas y
criminalizadas por diversos entes oficiales.
Igualmente ignominiosa es la abierta
aquiescencia de los diputados por el estado Lara, tanto del oficialismo, en
particular aquellos que vergonzosamente aplaudían la rueda de prensa de la
ministra Varela justificando la masacre, como de los diputados de la llamada oposición
que a lo largo de estos años han hecho mutis del problema de Uribana y que hoy
de manera oportunista se pronuncian en los medios de comunicación, su único
escenario. Ha quedado demostrado que ninguno de estos señores representa el
sentir del pueblo larense, sistemáticamente
ultrajado en sus más nobles valores ciudadanos. Junto a sus nombres, los
rostros impúdicos y complacientes de estos diputados, han de permanecer
grabados en la historia contemporánea de Venezuela como actores corresponsables
de este escenario dantesco.
Por otro lado, replicamos el llamado que
el gobernador Henry Falcón hiciera al
gobierno nacional limitándose a exhortarlo a “decir la verdad sobre Uribana”,
escurriendo de esta manera el bulto que por mandato le corresponde también a él
como la más alta autoridad del estado Lara, y sin que se atreviera al menos a
decretar duelo regional por lo que fue a todas luces una masacre que enluta a
cientos de familias de ésta y otras entidades del país.
En este marco, cabe destacar el esfuerzo desplegado
por los medios impresos regionales que han publicado -sin mordaza- extensos
reportajes donde se refleja la historia real de la masacre de Uribana.
Lamentablemente no puede decirse lo mismo de la cobertura de las plantas televisoras privadas del estado Lara, ni de
los llamados medios de comunicación comunitarios, cuya subordinación a la oscura
línea informativa gubernamental ha sido la norma desde siempre, poniéndose de
espaldas a los derechos del pueblo que dicen defender.
En conclusión, los hechos han mostrado que los
sucesos de Uribana se corresponden con una
política de Estado, expuesta recientemente por el vicepresidente Nicolás
Maduro cuando afirmó sobre la necesidad de “retomar
el control de los penales del país, porque las cárceles tienen que ser
gobernadas por la ley." Y
para imponer la ley del Estado a sangre y fuego vino precisamente la ministra
Varela.
Finalmente, nuestras más sentidas palabras
de condolencia y solidaridad activa con
las víctimas de la masacre, hoy más que nunca se hace necesaria la organización
y un pronunciamiento por parte de familiares y sobrevivientes a fin de que la
versión oficial, la complacencia institucional y la impunidad no se impongan silenciando
las voces de quienes cargan sobre sus espaldas el peso de la estigmatización y
la exclusión social, que desconoce y niega de facto los derechos humanos de la
población penal.
¡QUE LA MASACRE DE URIBANA NO
QUEDE IMPUNE!
¡SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE
LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR
NUESTRAS REIVINDICACIONES!
COMITÉ DE VÍCITIMAS CONTRA LA
IMPUNIDAD-LARA.
COVICIL . Enero 2013.
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