Gobierno avala impunidad en Masacre de El Amparo al no investigar responsabilidad de gobernador de Guárico

Provea

(Caracas 27.10.15) Ante la inminente celebración de 27 años de impunidad en el caso conocido como “Masacre de El Amparo”, en cual 14 pescadores fueron asesinados por un comando policial-militar y presentados falsamente a la opinión pública como guerrilleros, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), lamenta que el Ejecutivo Nacional se haya abstenido de investigar la presunta autoría intelectual del hecho del actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín.  

Según consta en el expediente del caso y es ratificado por los testimonios de los sobrevivientes, Ramón Rodríguez Chacín es, junto a Henry López Sisco, uno de los presuntos autores intelectuales de la matanza realizada por un grupo mixto policial-militar ocurrida el 29 de octubre de 1988 en el caño las Coloradas, cercano a la población de El Amparo en el estado Apure.

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas en lo que se conoció como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”.  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el entonces Capitán Rodríguez Chacín.

“Masacres de Cantaura y El Amparo son el fiel reflejo de la impunidad” (Inti Rodríguez)

Octubre es uno de los meses oscuros en el campo de los derechos humanos en Venezuela. Este domingo 4 se cumplen 33 años de la Masacre de Cantaura y el próximo jueves 29 se conmemorará la Masacre de El Amparo, ocurrida hace 27 años. 

Ese 4 de octubre de 1982 cerca de 400 efectivos de seguridad (integrantes del Ejército, Aviación y de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención –Disip-) bombardearon y se enfrentaron a un grupo de guerrilleros del Frente Américo Silva, perteneciente a Bandera Roja, que estaban en un campamento en Cantaura, estado Anzoátegui. 23 personas fueron asesinadas.

Seis años después, el 29 de octubre de 1988, 14 pescadores fueron también asesinados pero en el Caño La Colorada, ubicado en el estado Apure, cerca de la población de El Amparo. Allí participó el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), conformado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), de la Disip y de las Fuerzas Armadas.

Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que ambas masacres, así como la de Yumare -ocurrida el 8 de mayo de 1986 en Yaracuy y en la que fueron ejecutadas nueve personas-, son tres hechos emblemáticos de la historia contemporánea del país en los cuales aún no se ha hecho justicia.

Guárico hoy, gobernado por Rodríguez Chacín (gestor de la masacre de El Amparo en 1988)

Rubén Villafañe

El pasado fin de semana, visité de nuevo el pueblito donde pasé toda mi infancia feliz. Las Mercedes del Llano, Estado Guárico, entidad a la que quiero como uno más de sus hijos porque de allí guardo los mejores y más gratos recuerdos. Sin embrago de allá me traje el sabor amargo de quien regresa y no encuentra sino eso, recuerdos. Porque hoy por hoy, mi pueblo y mi estado lucen desolados. Entre el sur de Aragua, vía por la que uno accede desde Barbacoas – Aragua - a la carretera que une a las poblaciones de El Sombrero y Chaguaramas, el estado de la vialidad es desastrosa. Huecos, desniveles, cunetas, bateas y asfalto cuarteado por doquier es con lo que uno se encuentra. Y entonces uno no entiende que hace Tarek El Aisami, Gobernador de Aragua, en cadena de radio y TV, desde el Palacio de Miraflores como si fuera el Presidente de la República, entregando parte de las operaciones referidas al cierre fronterizo que el gobierno nacional instrumentó en días recientes en los Estados Táchira y Zulia, cuando el sur de la entidad que se supone él gobierna sucumbe a la ineficiencia y al abandono.

Adentrado ya en jurisdicción guariqueña, puede usted oír por el dial 91.3 FM, la incesante propaganda del ahora denominado “Gobernador de la Revolución irreversible”, el inefable Ramón Rodríguez Chacín, a quien pareciera habérsele mojado la pólvora, toda vez que es público, notorio y comunicacional que en esta entidad llanera, quien gobierna de verdad, es el hampa organizada en las bandas criminales que lideran “El Picure” y “El Juvenal”, a quienes el gobierno nacional y regional no ubican ni detienen, ni siquiera porque allí en pleno corazón de Venezuela, se operan en la base aeroespacial “Manuel Ríos”, los satélites “Simón Bolívar” y “Miranda”. Desde el sector La Guamita hasta Chaguaramas, la carretera es una cancha de obstáculos, un calvario por donde deben transitar a diario ricos, pobres, oligarcas, chavistas y escuálidos, trabajadores o turistas, corriendo los riesgos democráticamente compartidos: de accidentarse, de matarse, de que lo maten o de que lo atraquen a cualquier hora del día, sin que ningún burócrata de la gobernación o de las alcaldías diga o haga algo. Al alcalde de mi pueblo, Elías Zurita, la gente le dice Dios, porque todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Las calles están destruidas, el servicio de energía eléctrica, solamente entre el día viernes y sábado se fue 6 veces.

Masacraron y vivieron felices: ¿qué fue de la vida de los responsables de la Masacre de El Amparo?

 Juan José Faría

El 29 de octubre de 1988 los miembros del Comando Específico José Antonio Páez llegaron al estado Apure a combatir, presuntamente, a un grupo de guerrilleros colombianos. El Cejap se había creado por orden presidencial para eliminar el auge de los grupos armados en el país. En ese ataque, que se registró cerca del sector La Colorada, en el río Arauca, hubo 14 muertos y dos sobrevivientes. Pese a que ya se cumplieron 26 años de la llamada “masacre de El Amparo”, aún sus responsables no han sido condenados. Al contrario, algunos de ellos forman parte del Gobierno actual y hasta se han jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalístas. Los familiares de las víctimas señalan a cuatro autores intelectuales y 20 autores materiales. Organizaciones No Gubernamentales y otros entes han apoyado la lucha contra la impunidad y eso ha hecho que hoy este caso, como el de Cantaura o Yumare, se mantengan en el pensamiento del colectivo nacional. Sin embargo, no ha habido mayor repercusión contra los supuestos responsables. Algunos de ellos ya han muerto.

Los nombres de todos los responsables aparecen en el expediente del caso número 1644.

Dónde están

- Quizás sea Henry López Sisco, el jefe del Comando, el más señalado por el Gobierno actual de la responsabilidad de la masacre. Después del hecho, el comisario de la entonces Disip siguió en sus funciones y se le vio públicamente cuando asesoraba, en 2006, al entonces candidato presidencial Manuel Rosales, el enemigo número Uno de Hugo Chávez. La acusación en su contra fue la bandera política de entonces y López Sisco, justo al iniciar la persecución política contra Rosales, huyó del país. Ahora está refugiado en Costa Rica y sus registros actuales son muy vagos.

- Humberto Antonio Camejo Arias, general de División del Ejército y Comandante de la Segunda División asignado a Comando Estratégico José Antonio Páez, era el jefe de la Guarnición militar de San Cristóbal, cuyos miembros participaron en la operación. Es el presidente de la empresa Recarga Digital C.A. que se encarga de la compra, venta y distribución de tarjetas telefónicas prepagadas. Tiene su sede en Ciudad Bolívar y está registrada desde 2006. Tiene siete empleados y un capital de 100 mil bolívares. Vive de esa empresa desde 2003. Desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre de este año fue ponente invitado en el primer congreso masónico internacional en Margarita. Habló de la Integración Masónica según el pensamiento de Bolívar. Es referencia nacional por haber publicado libros sobre el templo masónico y sus símbolos y una publicación llamada Masonería Práctica, publicado en 2010 por la editorial Moral y Luces. Humberto Camejo Arias, negó reiteradamente que fuera una masacre. Insistió que era un enfrentamiento.

- Enrique Vivas Quintero, a quien señalan de ser el tercer autor intelectual de la masacre por ser jefe de la Guarnición Militar en el estado Apure, murió el 28 de abril de 2012 en Caracas. Después de esos hechos siguió con su carrera militar hasta finales de los años 90, cuando fue miembro fundador del partido Movimiento Quinta República, con el que ganó las elecciones el presidente Hugo Chávez. En 1998 fue electo diputado al Parlamento Latinoamericano y reelecto en el año 2000. Estuvo amparado por funcionarios del Gobierno nacional hasta que falleció.

- Cuarto supuesto autor intelectual es el gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín. Incondicional al proceso revolucionario de Hugo Chávez, fue además ministro de Interior y Justicia. Para entonces era capitán de navío y lo señalan de haber sido pionero en la toma de decisiones.
 

Algunos de los autores materiales

Omar Antonio Pérez Hudson: Sargento Técnico de Primera del Ejército. Residenciado en la parroquia La Vega del municipio Libertador, en Caracas, nació el 12 de junio de 1958. Estuvo preso durante siete años en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira. Según la periodista Marianella Salazar, en 2010 trabajó en la División de apoyo de investigación penal en la Dirección de Inteligencia Militar. Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, actualmente trabaja en la superintendencia de Bienes Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. Gana un sueldo mayor a los 12 mil bolívares mensuales.

Celso José Rincón Fuentes: Inspector jefe de la Disip. Jefe de la Unidad Vecinal. Nació el 27 de mayo de 1955 en el estado Táchira. Hasta 1989 trabajó en la Dirección General del Ministerio de Justicia. A finales de los 90 fue subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare. Estuvo en el cargo hasta 2002.

Carlos Alberto Durán Tolosa: Inspector jefe de la Disip. Nació el 10 de noviembre de 1952 en el estado Carabobo. En 2000 era el Director encargado de Yare I y en esa condición fue autorizado como Responsable del Manejo de Fondos en Avances que se giren en la Unidad Operativa del Centro Penitenciario Metropolitano según Gaceta Oficial Nº. 36874.  Desde el 1 de marzo de 2012 trabaja en el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Es el director del Internado Judicial del estado Trujillo desde 2013. Ya en 2012 había dirigido la Penitenciaría General de Venezuela, hasta que unos reos alzados secuestraron a parte del personal administrativo, incluyéndolo a él.

Omar Gregorio Márquez: Sub inspector de la Disip. Nació el 25 de septiembre de 1958. En 2008 fue director de la Policía municipal de Sucre, durante la gestión de José Vicente Rangel Ávalos.

Edgard Arturo Mendoza Guanaguaney: Inspector Jefe de la Policía Técnica Judicial. Nació el 10 de noviembre de 1951 y es del estado Táchira. Él mismo cotiza en el Seguro Social desde 2002 y aunque ya debería jubilarse, sigue activo.

Alfredo José Montero: Sub inspector de la Policía Técnica Judicial. Nació el 6 de marzo de 1958. Municipio Libertador. En el año 2009 se jubiló del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Es abogado graduado en la Universidad Santa María y tiene un post grado de Derechos Humanos en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Fue jefe de la subdelegación La Vega.

Daniel Virgilio Vitanare Gómez: Agente principal de la Policía Técnica Judicial. Nació el 1 de octubre de 1957. Reside en el municipio Libertador de Caracas. Era funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a la vez escolta de tres mexicanos, un israelí y un sueco que fueron detenidos en diciembre de 2004 por traficar droga a través del aeropuerto internacional de Maiquetía. Aunque a Vitanare lo procesaron junto a los extranjeros, fue condenado por el delito de porte ilícito de armas de fuego según el expediente WP01-P-2004-000196 que reposa en el Juzgado Primero del estado Vargas.

Jesús Rafael Rodríguez Salazar: Funcionario policial de la Policía Técnica Judicial. Nació el 15 de mayo de 1961. Residenciado en el estado Miranda. En 2010 se jubiló del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

[Texto extraído de http://www.elcambur.com.ve/poder/masacraron-y-vivieron-felices-2.]

Gobierno continúa premiando a autor intelectual Masacre de El Amparo: Rodríguez Chacín

Redacción

En un acto realizado el pasado 27 de diciembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro ascendió a diferentes militares, entre los que se encontraba Ramón Rodríguez Chacín, autor intelectual de la Masacre de El Amparo (1989) y actual gobernador de Guárico. El evento se realizó en el llamado "Patio de Honor" de la Academia Militar de Venezuela, ubicada en Fuerte Tiuna en Caracas.

Como se recordará, Ramón Rodríguez Chacín formaba parte en 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), quien actuaba en zona de fronteras y fue responsable de diferentes masacres, incluyendo la de El Amparo, ocurrida el 29 de octubre de 1988, cuando 14 pescadores fueron asesinados en una emboscada y fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros. El testimonio de 2 sobrevivientes reveló la verdad, siendo considerados uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en la llamada "Cuarta República". En la época Chacín fue detenido por las averiguaciones de las masacres anteriores a la del Caño La Colorada, conocidas como "Los Amparitos". Su participación en los hechos se encuentra documentada en el expediente. El 29.10.88 Chacín no participó directamente en el hecho pues los días anteriores, sobrevolando la zona, tuvo un accidente de helicóptero junto a Henry López Sisco, sin embargo a ambos se les acusa de la autoría intelectual de la emboscada.

Segun la nota de VTV "Por ser combatientes de la rebelión popular del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, son ascendidos Diosdado Cabello, Francisco Árias Cárdenas y Ramón Rodríguez Chacín (...) Es un mandato del Comandante Supremo". De esta manera Rodríguez Chacín ahora tiene el status de "Contralmirante de la República". Hay que destacar que tanto Chacín como el resto fueron reincorporados a las filas de las Fuerzas Armadas, lo cual ahora les devuelve el rango de militares activos, lo cual es una violación a la Constitución que el chavismo afirma es "La mejor del mundo". En su artículo 330 establece que “Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les este permitido optar a cargo de elección popular…”

 

Provea lamenta que cuando se cumplen 25 años de impunidad Masacre de El Amparo, autor intelectual posea un alto cargo dentro del PSUV

Provea

(Caracas, 29.10.13) Como un aval a la impunidad en la “Masacre de El Amparo” considera Provea que autoridades nacionales hayan obviado solicitudes de investigación contra el ciudadano Ramón Rodríguez Chacín, según el expediente uno de los presuntos autores intelectuales del hecho, y que el partido oficialista lo mantenga en cargos directivos en el estado Guárico.

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar "fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a "Hipólito" –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento".  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Venezuela: Ya no es posible callar

Pablo Hernández Parra

Amig@s tod@s, camaradas, compañer@s de lucha, la reapertura del expediente del asesinato de Motilón y especialmente la aparición de los restos de Noel Rodríguez, han sido el pretexto para que el gobierno de los militares anticomunistas y del lumpen político de “izquierda y derecha” que lo acompaña, quienes hoy dirigen y controlan el país, encabezados por Hugo Chavez, Diosdado Cabello  y Nicolás Maduro,  tomen las viejas banderas de la revolución democrática y hagan uso de la memoria de nuestros hermanos y compañeros caídos en la lucha armada contra el Estado venezolano en el siglo pasado. Esta nueva campaña mediática, solo sirven para ocultar violaciones de DDHH, distraer la atención sobre los problemas apremiantes para la mayoría de la población y sobre todo lavar el pasado represivo y sanguinario

El señor Cabello, furibundo anticomunista de toda su vida llegó al descaro, al cinismo y la hipocresía declarando de la manera más vulgar que “el  joven y dirigente revolucionario Noel Rodríguez, ejemplo de lucha y espíritu libertario para las generaciones, que hemos decidido en su honor, continuar transitando el camino de la Revolución Bolivariana para fraguar la definitiva independencia de nuestra patria, bajo la insignia de la igualdad y la justicia social.

Noel desapareció hace exactamente 40 años, hoy la fiscal se llena la boca y con lujo de detalles explica todo lo que hicieron por llegar a dichos restos. Los restos de Noel son entregados en la Asamblea Nacional, donde Roger Cordero Lázaro, cómplice de la masacre de Cantaura es un diputado electo del partido de gobierno. No es eso una muestra de cinismo e hipocresía.

Mientras  la Fiscal General y la Asamblea Nacional montan todo un espectáculo mediático con los restos de Noel Rodríguez,  callan miserablemente ante las denuncias de familiares y amigos de las decena de desaparecido de Uribana. La Fiscal y la nefasta ministro Iris Valera, siguen sin dar ninguna información y ni siquiera se han dignado a referirse a como llegaron a ese penal, las decenas de armas de todos los calibres, como todos los masacrados  tenían disparos en la parte superior del cuerpo, con tiros de gracias, algunos quemados  y sobre todo, como con semejante arsenal en manos de los presos,  los autores de la masacre tuvieron una sola baja. Que de paso no se explico las circunstancias de la misma. Y no se olvide que este crimen colectivo ha sido POR AHORA el mayor cometido por gobierno alguno contra los presos en la historia de Venezuela.

Prometen un juicio contra los asesinos de Motilón, en cambio Ramon Rodriguez Chacin, cómplice de Henry Lopez Cisco no solo en la masacre del El Amparo, sino de otras ocurridas en la zona de Apure, Barinas, Táchira, es electo gobernador del estado Guárico  y varios de los implicados en dicha Masacre son funcionarios  del actual gobierno.

Homenaje a uno que desaparecieron hace 40 años, silencio e impunidad con los muertos del Amparo; los mismos ejecutores.

Juanito De Guanipa, El Olvido, Edo. Anzoategui.

Continuación del espectáculo macabro que nunca termina. Es esa y no otra la única frase que se me ocurre cuando enciendo la TV hoy martes 5 de febrero.

Las cúpulas gobierneras del chavismo hoy se dedicaron a reforzar el espectáculo televisivo y mediático que ha caracterizado a esta administración leguleya y sátrapa de hoy y de ayer. Y es que no volverán, no. No volverán porque nunca se fueron.

Un homenaje que se rinde a un joven desaparecido hace 40 años si, pero la impunidad y el silencio de quienes hace mas de veinte años fueron muertos por las armas de las fuerzas armadas nos recuerda que las practicas siguen siendo las mismas; crimen de estado, impunidad como practica de salvaguardar a los asesinos de ayer que curiosamente ocupan puestos en el gobierno de hoy.

Y como no; la instrumentalización de esas perdidas dolorosas a los familiares como demostración de una efectividad espectacular. Pero claro; sesgada por los vínculos de los asesinos con el estado venezolano.

Rodriguez Chacin personero de la campaña de propaganda del partido político PSUV y hoy gobernador del estado Guarico es,  amigos lectores, ni mas ni menos que un militar asesino. Él es el responsable directo y material de la muerte a tiros por la espalda de ni mas ni menos que 14 pescadores (como mínimo) asesinados por allá en los primeros años de la década de los 80. Décadas en las que este asesino, y algunos mas que hoy se comen esos refrigerios y degustan vinos buenos en ese espectáculo televisivo; se dedicaban a perseguir a los guerrilleros en las fronteras del estado fascista y asesino que juraron defender. Y claro, de ellos son no solo los guerrilleros muertos sino todos los falsos positivos que en su momento crearon; como los falsos positivos del Amparo y el Amparito.

Un falso positivo es un muerto disfrazado de guerrillero. Un rompecabezas armado de la manera mas vil, calculadora y asquerosa posible. Cosas que les enseñan a estos señores durante el honorable servicio de defender con honor la patria.

Entonces tenemos que este asesino impune es ahora un representante del estado de derecho. Y como cada oreja, perdón oveja, se junta con su rebaño, era de esperarse que un asesino en la gobernación se rodee de sus afinidades. Efectivamente. El gobernador Rodriguez Chacin colocó a ni mas ni menos que a Fernando “oreja” Rivero como “secretario de desarrollo social” del estado Guarico. Este pistolero tarifado fue el autor material de un ataque armado a un joven que formaba parte de los cuadros del Partido Socialismo y Libertad. Un ataque armado con testigos oculares que se archiva en las gavetas de la justicia venezolana. Y una recompensa de pago rápido a Fernando Rivero quien ahora sera el encargado de poner en marcha las escuelas del pensamiento de los cuadros del partido PSUV.

No es necesario comentar aquí que en un futuro se usaran cualquier otro evento de sangre para demostrar como “trabaja” la administración publica. Seguramente dentro de 30 años los gobernantes se llenaran la boca diciendo que han esclarecido el crimen de la cárcel de Uribana y como no, la masacre del Amparo. Sus responsables estarán muertos o tendrán inmunidad diplomática y el show tendrá otro color quizás que no sea el rojo. Tendremos de nuevo el circo mediático y la boca atapusada de arepas con queso rallado y margarina. Pasaran los años, se engrosaran los cifras de muertos. Porque, no seamos ingenuos; Ahora es que viene la verdadera arremetida del control estatal. Y de nuevo, no seamos ingenuos; nada tienen que temer la burguesía nacional. Probablemente ella esta ahí, sentada en ese evento o emulando que no va, pero contando los espectaculares también ingresos de la banca. Contentos por supuesto. Todo un día de júbilo televisivo.

Cómplices de ayer, de hoy y de siempre. Protagonistas de la única telenovela que jamas termina en este país; la traicionera.

Lara: Candidaturas de la impunidad. Los Reyes del camuflaje

Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara

En el argot militar, camuflaje equivale a mimetismo. Propiedad que detentan algunos lagartos, reptiles, insectos y otras especies animales. Equivale a confundirse con el entorno; absorberlo, hacerlo parte de él.

Así, mimetizadas, se han presentado dos candidaturas a la contienda electoral, una es la del Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico, y la otra la del Teniente Coronel Luis Reyes Reyes, quien aspira a dirigir -por tercera vez- el destino de los larenses.

En el caso de  Rodríguez Chacín el movimiento de DDHH le recuerda ingratamente por su participación en el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), en ocasión del asesinato de 14 personas en “La masacre de El Amparo” (1988), y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.

Respecto a  la candidatura de Reyes, es un hecho suficientemente documentado que en su paso por la gobernación de Lara, las mafias policiales y parapoliciales proliferaron por mimesis de sus poderes ductores; siete masacres (Los Pocitos, Rio Claro, El Tostao, Urdaneta, Quíbor, Loma de León, Chabasquén) y cientos de ciudadanos ejecutados en “enfrentamiento” con la policía regional comandada por los generales Rodríguez Figuera (Agosto 2003 – Febrero 2007) y Octavio Chacón (Septiembre 2007 – Diciembre 2008) dan cuenta del  balance sangriento de su gestión.

Su candidatura representa una bofetada a las aspiraciones de justicia de los larenses, que aún esperan que el Teniente Coronel responda a los señalamientos plasmados en diversas investigaciones realizadas por el Consejo Legislativo Estadal, el MPPIJ y las denuncias ante el Ministerio Público de los familiares de las víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, extorsión, entre otros delitos perpetrados por funcionarios de polilara, invariablemente favorecidos por el Circuito Judicial Penal de la entidad en manos de una Juez señalada públicamente por participar de las tropelías del Magistrado, ahora prófugo, Eladio Aponte Aponte.

Mientras, Reyes y sus aplaudidores, hacen mutis queriendo pasar por alto los desafueros  que desde el inicio de su gestión de gobierno vienen convirtiendo al estado Lara en uno de los más inseguros, con mayores índices de criminalidad, de casos no resueltos y donde el Poder Judicial sigue repartiéndose a gajos, vemos con estupor la campaña desplegada en las paredes de Barquisimeto donde se lee: “Por la seguridad de los larenses: Reyes y Figuera”, “Por la dignidad de la policía: Reyes y Figuera” . Estos llamamientos recuerdan los macabros panfletos del grupo exterminio en Zulia y Portuguesa que, ante la supuesta incapacidad de la policía para controlar la delincuencia, promocionaban su funesta acción justiciera parapolicial como una opción válida.

¿Lee algo el señor Reyes Reyes? ¿Por casualidad se habrá tropezado con un ejemplar del libro IMPUNIDAD Y PODER?

En esta publicación del Covicil se presentan además de los testimonios de las víctimas de violaciones a los DDHH, las estadísticas y hechos de impunidad durante la gestión de Reyes, refrendadas con cifras de la propia FGN y la Fiscalía Superior de Lara, así como con investigaciones realizadas desde diversas instancias oficiales e instituciones como el INE, mediante las cuales se pudo determinar que  la tasa de homicidios en la entidad pasó de 11,4% x 100.000/hab cuando asumió la gobernación, a 41,9 x 100.000/hab, en el 2008 cuando abandonó el cargo, lo que representó un vertiginoso aumento del 367,8 % en el período analizado.

Pero seguramente el candidato no ha leído el libro, ni le interesa. Y los suyos –carentes de coraje moral para responder- también piensan hacerse los pendejos, ante los señalamientos que allí se hacen, directamente a Ud. Señor, licenciado, teniente coronel retirado.

Recordamos que 26 de noviembre se cumplen tres años de impunidad del sicariato político contra Mijaíl Martínez, un joven video activista colaborador del Covicil, sin que hasta la fecha el Ministerio Publico haya orientado las investigaciones hacia los verdaderos responsables: los que planificaron y ordenaron su ejecución.

Más de uno debe responder, más de uno.

Provea califica postulación de Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico como la candidatura de la impunidad

(Caracas 26.10.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta profundamente la decisión del Primer Mandatario Nacional de postular a Ramón Rodríguez Chacín como candidato por el Gran Polo Patriótico (GPP) a la gobernación del estado Guárico, decisión que contradice la voluntad gubernamental de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Como consta en el expediente del caso y es ratificado por los testimonios de los sobrevivientes, Ramón Rodríguez Chacín es uno de los presuntos autores intelectuales de la llamada “Masacre de El Amparo”, ocurrida el 29 de octubre de 1988.

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”.  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Provea considera, cuando se cumplirán este lunes 29 de octubre 24 años de la Masacre de El Amparo, un aval a la impunidad la postulación de una persona presunta responsable de uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos durante la década de los 80´s. Asimismo lamentamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) legitimara esta decisión al permitirle a Chacín cambiar de centro de votación fuera del lapso para hacer cambios en el Registro Electoral (RE).

Diferentes elementos sugieren que la actitud gubernamental, en el caso de la Masacre de El Amparo, es garantizar la injusticia. Desde agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio. Los peticionarios han solicitado que la reunión debe realizarse en la propia población de El Amparo, debido a que una parte de los familiares de las personas asesinadas son de nacionalidad colombiana y no pudiesen participar en la misma si es convocada en Caracas. Por otra parte hasta la fecha no se conocen actuaciones del Ministerio Público orientadas a proceder en el caso de la masacre de El Amparo. Similar omisión es imputable a la Defensoría del Pueblo.

En enero de 2010 en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado venezolano asumió el compromiso de abrir las investigaciones en la justicia ordinaria. La Corte indicó que los funcionarios venezolanos deberían elaborar un cronograma detallado que indicara medidas concretas y lapsos para adelantar la investigación. Dos años después tal cronograma no se ha elaborado. Más allá de este compromiso, la Fiscalía está obligada a actuar por mandato de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La ley indica que se debe identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales, venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, que cometieron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como expresión de prácticas de terrorismo de Estado.

Provea exige a los poderes públicos:

1) La anulación de la candidatura, de manera extraordinaria, de Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico.

2) La realización de la reunión en la población de El Amparo, solicitada por sobrevivientes y familiares, de representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para realizar un cronograma de trabajo que garantice el derecho a la justicia en el caso.

3) El cumplimiento de la sentencia que exige al Estado venezolano investigar y sancionar todos los responsables de la Masacre de El Amparo.

4) Modificar la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras violaciones de los Derechos Humanos en el Período 1958-1998 para incluir un artículo que prohíba la postulación a cargos de elección popular de personas denunciadas como participantes en violaciones a los derechos humanos durante este período.

Vzla: Provea deplora que presunto autor intelectual de Masacre de El Amparo sea vocero de la campaña electoral

(Caracas, 20.07.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta que en los últimos días una persona conocida por su presunta participación en La Masacre de El Amparo, uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país, se haya convertido en vocero de la campaña electoral por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar "fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a "Hipólito" –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento".  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Rodríguez Chacín: La impunidad del (ex) ministro

Después de un tiempo de estar bajo perfil, Ramon Rodríguez Chacín vuelve a protagonizar los titulares de prensa como flamante vocero electoral por el partido oficial PSUV. Como los venezolanos y venezolanas somos de memoria de corta duración, reproducimos el relato de la participación de Chacín en la Masacre de El Amparo extraído del libro "Venezuela, la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano". 

Venezuela y Colombia comparten 2.216 kilómetros de frontera. Del lado venezolano, tres estados diferentes se reparten dicho privilegio: al norte el estado Zulia, rico en yacimientos petroleros, gaseosos y carboníferos; más abajo el estado Táchira, un siglo atrás epicentro de la producción cafetalera para exportación, actividad agrícola que dejó algunas tímidas secuelas; y, al sur el estado Apure, inicio de los llanos venezolanos, región caracterizada por su ganadería, su amplia extensión territorial y su rica biodiversidad. En esta infinita sabana de verdes se desarrolla la obra literaria más conocida de Venezuela, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos, quien en su prólogo la describe de la mejor manera que se puede expresar:

“Sol abrasador y lluvia copiosa, con todo el estruendoso aparato de una tormenta llanera, donde entre  nublado y sabana un solo trueno no tiene cuando acabar, me acompañaron por el trayecto -uno cualquiera de los mil caminos que ofrece la llanura- cual para demostrarme desde un principio, repartiéndose el día, cómo acostumbraban dividirse equitativamente todo el año, mitad sabana seca, con espejismos de aguas ilusorias atormentadores de la sed del caminante, y mitad aguas extendidas, de   monte a monte en los ríos, de cielo a cielo en los esteros (…) El ancho río, el cálido ambiente llanero, de  aire y de cordialidad humana. Alguna ceja de palmar allá en el horizonte, tal vez un relincho de caballo salvaje a lo lejos, respondiéndole quizás a un bramido de toro más o menos cimarrón y, por qué no   también, cerca de nosotros, un melancólico canto de soisola. El llano es todo eso: inmensidad, bravura y      melancolía (…) Tierra ancha y tendida, toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la  voluntad”[1].

La capital del estado Apure es San Fernando, y se encuentra dividida territorialmente en siete municipios, de los cuales, uno termina en el Río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela. El Municipio Páez tiene como sus pueblos más importantes a Guasdualito, Palmarito, El Nula, la Victoria y El Amparo. A pesar de contar con el 8.35% de la extensión territorial del país, en Apure viven, según el último censo realizado en el año 2000, menos de medio millón de habitantes, 466.931 personas, convirtiéndolo  en el sexto estado con menor población del país[2]. Por su parte el Municipio Páez representa el 15% del total de los límites entre Venezuela y Colombia.