Rafael Uzcategui
El pasado 29 de septiembre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto presentó a su país su iniciativa de “Ley de Zonas Económicas Especiales”, calificado como un “plan innovador de desarrollo”, que busca impulsar la economía en el sur de México, donde se localiza el 60% de municipios con niveles importantes de marginación. Según el discurso oficial este modelo de desarrollo, basado en experiencias similares a nivel internacional como la China. Busca generar empleos, atraer inversiones y elevar la calidad de vida de la población. Acompañado de los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, el Ejecutivo Federal anunció que varias de los beneficios prometidos no se verían a corto plazo: “Lo que nos hemos propuesto es que antes de que concluya este gobierno se hayan instalado las primeras empresas ancla que permitirán generar cadenas de proveedores y nuevos empleos de calidad”, afirmó el primer mandatario azteca.
Peña Nieto comentó algunas de las características del proyecto. La primera es una perspectiva de mediano y largo plazo, vigencia que necesita de una ley que lo haga sostenible; Se facilitarán los trámites administrativos para los inversionistas, para lo cual se creará una ventanilla única para todos los trámites de gobierno, los cuales estarán sujetos a una sola jurisdicción. Además, se establecerían convenios de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. En ellos, como se explicó, se incluirán los compromisos y obligaciones para instrumentar las zonas de manera ágil y coordinada, así como otras facilidades e incentivos que los gobiernos locales puedan aportar. En cuarto lugar se contará con instrumentos de planeación y ejecución acordes con las mejores prácticas internacionales, mediante una delimitación clara y un programa de desarrollo de largo plazo para la zona y su área de influencia, junto con un plan maestro de desarrollo industrial. Asimismo, el proyecto de ley incluiría mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y la operación de las zonas.
Esta recapitulación es importante porque, en teoría, el modelo de gobernabilidad impulsado por Peña Nieto en México es diferente al impulsado por Nicolás Maduro en nuestro país. Sin embargo, la propuesta mexicana de promover Zonas Especiales de Desarrollo es copiada al carbón de planes similares anunciados, con bombos y platillos para Venezuela, por el vicepresidente Jorge Arreaza. De hecho, el pasado 19 de enero el yerno del comandante eterno inauguró el I Seminario Internacional de las Zonas Especiales y de Desarrollo Estratégico de Venezuela realizado en Caracas, en el salón Simón Bolívar de Pdvsa La Campiña. “Con la aprobación de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, aparecen nuevas figuras que aceleran y generan mayores beneficios en el menos tiempo posible en la economía venezolana, como las zonas económicas especiales y las zonas de desarrollo. Por eso nos reunimos hoy”, dijo en el cónclave. Arreaza reiteró, una vez más, la invitación a las empresas privadas nacionales e internacionales, empresas públicas del mundo y estatales “que quieren invertir aquí, deben considerar siempre nuestros planes. Aquí es invalorable e inexorable el cumplimiento del Plan de la Patria”.
Al respecto, y desde una perspectiva de derechos humanos, queremos hacer varios comentarios. El primero es que, como este tipo de iniciativas reiteran, la mayoría de los Estados latinoamericanos han recuperado sus capacidades regulatorias para sus territorios, lo que incluye ser actores clave y fundamentales para la atracción de capitales y el mercado de sus ventajas comparativas. Este redimensionamiento del papel estatal ha hecho que muchos analistas hablen acerca de un momento post-neoliberal en la región, y no como sugieren otros, de la permanencia en un tiempo signado por el neoliberalismo.
En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, es que el momento mundo actual es el de la profundización de la globalización económica, en el que el papel de la región es la de suministrar, de manera segura y confiable, recursos energéticos y materias primas no procesadas al mercado mundial. Es por ello que estas Zonas de Desarrollo incluyen la construcción de grandes infraestructuras para extraer y transportar los denominados “commodities”, brindado ampliar garantías para la reproducción de las inversiones.
En tercer término el principal vector de cuestionamiento a este tipo de iniciativas, tanto la mexicana como la endógena, es que el modelo Chino –que es el gran referente- presupone la flexibilización extrema de las condiciones laborales en los territorios. De hecho en el caso venezolano la propia propuesta de ley establece que “El Presidente podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones”, lo cual pareciera confirmar el tipo de cuestionamientos que decenas de organizaciones sindicales han realizado sobre el modelo alrededor del globo.
Aunque se le maquille con fraseología revolucionaria, las Zonas Económicas Especiales propuestas para nuestro país forman parte de los modelos de negocios promovidos por la globalización económica para países que puedan aportar espacios territoriales para la instalación de maquilas. El movimiento sindical del país tiene la palabra.
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