Dictadura chavomadurista, 2do gobierno del continente con más manifestantes asesinados en 2019

Prensa PROVEA

Según cifras analizadas por Provea y el Laboratorio de Paz, durante el año 2019 por lo menos 233 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones en América Latina. Haití, Venezuela y Bolivia fueron los tres países con más casos de violaciones del derecho a la vida durante el período, seguidos con casos masivos de violación al derecho a la integridad y a la libertad personal en Chile, Colombia y Ecuador.

El año 2019 recordó que aún falta mucho camino por recorrer para que los organismos policiales de América Latina utilicen los estándares internacionales del uso proporcional y diferenciado de la fuerza en el abordaje de manifestaciones en la región. En varios países se continúan utilizando fuerzas militares para responder a las demandas ciudadanas en el espacio público.

Edo. Nueva Esparta: Así es la ruin venganza de la dictadura contra Villa Rosa

Redacción Noticias al Dia y a la Hora

El ensañamiento en contra de la comunidad de Villa Rosa es evidente. La comunidad que hace un año se atrevió a hacer sentir en carne propia al presidente Nicolás Maduro la inconformidad que existe sobre su gestión, hoy sufre las consecuencias de ese acto. Esta pequeña población de Nueva Esparta fungió de barómetro para medir lo que ya entonces se sentía en la mayoría de las calles del país. La escasez de alimentos y medicinas, la pésima calidad en los servicios de agua y luz, irregularidades en la distribución del gas y un largo etcéteras de calamidades, llevaron a los habitantes de esta urbanización en la otrora “Perla del Caribe” a aprovechar la oportunidad de llevarle su descontento, de primera mano, al mandatario aquel 2 de septiembre de 2016.

Y es que este momento puede ser fácilmente catalogado como uno de los más simbólicos de las protestas en contra del Gobierno de Maduro que se llevaron a cabo el año pasado, y que encontraron su mayor punto de efervescencia entre abril y agosto de este 2017. Por primera vez, un jefe de Estado venezolano era víctima del “escrache” y el descontento de la población. Sin embargo esto, más que prender las alarmas dentro del oficialismo para mejorar su gestión en la urbanización margariteña, solo logró que las irregularidades que motivaron la manifestación se agravaran, al punto de ser consideradas como “venganza” por los propios ciudadanos de la zona. Recalcan que el cacerolazo espontáneo a Maduro de aquel día “dividió” sus vidas en el “antes y después”. “Antes todo era tranquilo, ahora nos hacen la vida cuadritos”, expresa haciendo énfasis en que hay un “ensañamiento” en contra de la comunidad. “Es algo inusual lo que viene pasando, es como premeditado e intencional a lo que se somete la gente aquí”, dice Enrique Díaz, quien habita en Villa Rosa desde hace más 10 años.

Solidaridad internacional con detenid@s y procesad@s polític@s en Costa Rica y contra la represión estatal

equipocritica.org

* Del 01 al 07 de abril de 2017*

+¿QUÉ PUEDO HACER?

+Comparte lo que está pasando en Costa Rica, que nos están encarcelando por luchar, por expresarnos.

+Invitamos a las organizaciones y personas solidarias para que organicen manifestaciones en las embajadas y consulados de Costa Rica, para entregar comunicados que pidan la absolución de las personas procesadas (en especial las del juicio más próximo del 03 al 06 de abril, más información del juicio abajo en la parte del contexto).

Uruguay: Afiche y comunicado breve contra Decreto represivo cortesia de la "izquierda" en el poder

Periódico Anarquía

Opinión: La consigna oficialista es "Cárcel, socialismo y hambre"

Carlos Nieto

En estos tiempos de profunda crisis en Venezuela, pareciera que aquel famoso slogan del fallecido Presidente Chávez “Patria, socialismo o muerte”, ha cambiado a otro igualmente dramático pero que dibuja en tres palabras la terrible situación que estamos viviendo los venezolanos hoy en día “Cárcel, socialismo y hambre”.

Muy a lo lejos quedaros aquellas expresiones del Comandante Chávez cuando a inicios de su mandato, allá por 1999, justificaba a los padres que salieran a robar para darle de comer a sus hijos y alegaba que si esto lo hacían por necesidad y no por robar era absolutamente valido.

Opinión: Protestar y resistir no es terrorismo

Natali Vásquez

Criminalizar las luchas sociales y tipificarlas como terroristas, tiene su punto de referencia o inspiración nada más y nada menos que en la Ley Patriota de los Estados Unidos de Norteamérica, ley matriz desde donde se origina el nuevo orden global que le da legalidad jurídica de protección a los intereses imperiales y al nuevo orden económico mundial representados en los grandes conglomerados.

Alguna vez se han preguntado porque ahora toda protesta popular bien sea por mal funcionamiento de los servicios públicos, por reivindicaciones laborales, por defensa de los territorios indígenas, contra la violación de los derechos humanos, por la conquista de las tierras para los campesinos o cualquiera que sea su origen, es catalogada de terrorismo? De dónde nace ese calificativo jurídico? Porque las diferentes reformas que se le han hecho al código procesal penal y las nuevas leyes represivas dejan bien tipificado el delito de terrorista?

Represión en la Península Ibérica: ¡Ante leyes injustas, desobediencia!

Irene de la Cuerda

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal ya han entrado en vigor. Los derechos fundamentales de las personas habrán desaparecido en el territorio del Estado español y nos encontramos de hecho en una situación de represión y falta de libertades digna de cualquier dictadura que se precie.

Ni las críticas de multitud de organismos internacionales de derechos humanos, ni la oposición de todas las organizaciones sociales y sindicales, así como del resto de los partidos políticos, han impedido que el Partido Popular -haciendo uso de su mayoría absoluta- haya impuesto de facto un régimen policial en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado a su libre albedrío puedan imponer sanciones administrativas, ninguneando al poder judicial, con lo que el derecho de defensa se encarece y dificulta.

Ecuador: Elsie Monge: "nunca he visto algo tan masivo y brutal"

Redacción Plan V

Para la conocida activista de derechos humanos, la política penal del Estado correísta tiene el objetivo claro de amedrentrar a todos quienes puedan disentir de las acciones del actual Gobierno. Las ambigüedades en el derecho penal recientemente aprobado son el instrumento de acciones represivas. Los 275 detenidos en apenas dos días le parecen algo no visto ni siquiera en las épocas de dictadura militar.

29 de septiembre del 2014

- ¿La nueva legislación penal ecuatoriana es atentatoria a los derechos humanos?

Si nos referimos al COIP, podemos decir que tiene una orientación netamente castigadora y sancionadora, porque ha habido un aumento de penas. Mucho del Código Penal son cosas ambiguas, dando cabida a las interpretaciones. Aquello es una  falla de muchas leyes en el país. Pero en el derecho penal todo debe ser totalmente definido, no puede dejar a discreción la tipificación de los delitos. Nos referimos al delito de sabotaje y terrorismo y otros que quedan totalmente abiertos.

- ¿La tipificación del "sabotaje y terrorismo" ha propiciado la desmovilización de la sociedad y se ha convertido en una forma de amedrentamiento? ¿Ese fue el caso de Pepe Acacho o de los 10 de Luluncoto?

Nosotros hemos venido cuestionando como, en el caso de terrorismo y sabotaje, se utiliza el derecho penal para fines políticos. Las muestra de eso fueron las amnistías que se lograron en 2008, en la Asamblea Constituyente, en donde se admitió que a todas las personas acusadas de terrorismo se las procesó con fines políticos, es decir,  que no había sustento a esas tipificaciones. Ellos lo que estaban haciendo es protegiendo derechos, no habían incurrido en este tipo de actos como el terrorismo y se les concedió amnistías por eso; fueron más de 300. Desde la misma instancia de la Constituyente se demuestra que esto no tiene asidero, además que se estaba reviviendo una ley que fue instituida en la época de la dictadura militar.

Todos estos actos tienen un solo objetivo, no solo el de la detención y un “enjuiciamiento injusto”, sino también el del amedrentamiento, que amenaza a quienes se atreven a discrepar y  reclaman sus derechos, pues seguramente después irán a la cárcel. Entonces, esto desmoviliza a los sectores sociales. Nosotros hemos visto muy de cerca todo lo que ha sucedido con las comunidades  indígenas que son afectadas negativamente por la minería, en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, donde están concentradas las minas para las trasnacionales. En estos territorios se desplaza a la gente, se apoderan de sus tierras; luego vino el problema del acceso al agua y su concentración en detrimento de las comunidades y la contaminación.

Pero también hay casos en Quito, por ejemplo, Los 10 de Luluncoto que fueron acusados de terrorismo y los mantuvieron un año en la cárcel. Como no había realmente sustento para esa acusación, después cambiaron la figura y les condenaron por  presunta  organización para cometer actos de terrorismo. Les dan un año de sentencia cuando ya lo habían cumplido para no decir que no había sustento y les hacen válido ese año de prisión. En este caso se causaron graves daños a los jóvenes, perdieron estudios y trabajo; hubo todo un impacto emocional y psicológico en los presos, los estigmatizaron y sus familiares igual fueron afectados. En el caso de Pepe Acacho al principio le ponían 10 años de prisión y le bajaron a dos, pero igual no se justifica, porque no se ha probado su autoría en la muerte del profesor Bosco Wisuma. Eso sí preocupa, porque aquí  el mensaje es que nadie puede discrepar o reclamar derechos.

Bolivia: gobierno arresta a 3 comunarios afectados por la minería de cooperativas

Tomado de Territorios en Resistencia

Isidoro Jesús Cuellar (39), José Quispe Valverde (45), Román Gómez Gutiérrez (47) son los tres comunarios que esta mañana fueron arrestados por los policías que procedieron al desbloqueo de la carretera que conecta la ciudad de Potosí con Tarija y Villazón, reportó la radio Aclo de la Red ERBOL.

Al momento, (16.00) la carretera se encuentra todavía expedita y con resguardo policial, mientras los comunarios molestos por la intervención, determinación retomar sus medidas de presión.

Los comunarios, denominados como los “contaminados de la cuenca La Lava”, iniciaron con sus movilizaciones desde el medio día de ayer en demanda de solución a su demanda al Ministerio de Minería y la Gobernación.

Brasil: Manifestación en Fortaleza, crítica de los gastos del Mundial, termina con 40 detenidos

 

Media Ninja

Fue en las inmediaciones del estadio Arena Castelao, en Fortaleza, donde se realizó la manifestación. La policía reprimió la protesta con el carro del chorro de agua, gases lacrimógenos y choques violentos. Alrededor de mil personas asistieron a la protesta "Ven a la calle, manifestación popular en elMéxico-Brasil". Entre las demandas del movimiento del grupo llamado de más viviendas, más salud, más educación, la desmilitarización de la policía, y la emancipación humana, pase libre, en contra de mudanzas y violaciónes de la Copa.

Violentamente reprimidas por las acciones de la policía las cuales tenían por objeto intimidar a la acción popular y evitar que se acercaran al estadio donde el equipo nacional jugó contra México. Cerca de 40 personas fueron detenidas, los adultos remitidos para la 5ta delegación policial y adolescentes, para la "delegación de crecimiento de los adolescentes" (DCA). Los líderes indígenas también se unieron a la protesta. 

Según Yargo Gurjão, del colectivo Nigeria " la acción de la policía era innecesario, un camión blindado de gran tamaño contra un niño con una piedra. Fue una represión desigual para el número de personas que estaban allí." Revisiones y detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y la limitación de nuestros derechos básicos (como transitar y manifiestar) fueron algunas de las arbitrariedades del día. 

Incitados por el clima de violencia policial en toda la región, residentes de la comunidad participaron en el linchamiento público de dos jóvenes que se encontraban en la protesta. Uno de ellos fue hospitalizado con heridas en la cabeza.

Traducción de El Libertario

Brasil: Observadora internacional de DDHH es atacada en protesta contra el Mundial

Abogados Activistas (Brasil)

Un nuevo relato llega a los Advogados Ativistas (Abogados Activistas). Éste, en especial, llama la atención por tratarse de la agresión sufrida por una observadora internacional de Derechos Humanos que colaboraba con la labor de los Observadores Legais (Observadores Legales) en esta fecha tan esperada de la apertura de la Copa. Para M. G., las mundialmente famosas fiestas de calle brasileñas, no fueron festivas en absoluto. 

En una abrupta e innecesaria actuación de la Policía Militar, nuestra colega fue alcanzada por una granada de aturdimiento (también denominadas bombas de efecto moral) cuando se encontraba documentando los abusos policiales en la manifestación en contra del Mundial de la FIFA, en las inmediaciones de Tatuapé (São Paulo). Varios de esos artefactos fueron lanzados sobre una pequeña multitud que no debería haber sido amenazada –mucho menos dispersada de manera tan brutal. El derecho de protesta de la población no sólo no fue protegido por las Fuerzas de Seguridad del Estado brasileño, sino que, contrariamente, éstas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, impidiendo el libre ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación. 

Infografía: Violaciones a la integridad personal y torturas contra manifestantes, Venezuela 2014

Infografía: Violaciones del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela

Terrorismo. Criminalización para ponernos “rodilla en tierra”

Old SideshowBob

Terrorismo, palabra que empieza a ocupar la propaganda estatal de difamación a los disidentes. Terroristas que siguen un manual de “golpe suave”, ofenden al Estado hablando de “represión cruel”, las fuerzas del orden público actúan contra manifestantes que “no son ningunos santos”, están financiados por el extranjero, y todas las tácticas Goebbelianas de propaganda y cortinas de humo (http://xurl.es/ws33t). Este guión no es nuevo, pero el uso de la palabra terrorista como acusadora se enmarca en una legislación reciente (2012). Se crearon cargos para juzgar “terroristas”, y la decisión de quién es terrorista es del gobierno, en complicidad con los poderes legislativo y judicial. Es decir, un sistema de justicia configurado para que seas más culpable de lo que ya (presumen) eres. Este nivel de represión y difamación desmedida viene armándose ya desde el 2002, cuando podemos decir empezó a prepararse el terreno para legalizar la represión social, se aprueba la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (LSN). Se establecen penas de prisión a quienes interfieran con el desarrollo de las actividades de las Zonas de Seguridad (ZS), entre las cuales podemos destacar: “Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales” (Art. 48). Se castigará con prisión de 5 a 10 años a “ cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, qué estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país.” (Art. 56) Las huelgas, manifestaciones laborales y/o sindicales pueden criminalizarse discrecionalmente por el Estado, al poder apresar a quienes manifiesten, pues puede inculparse a los manifestantes por la obstrucción y perturbación de dichas ZS.

En el 2012 surge la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Un año que el circo/cerco mediático se enfocó en las elecciones presidenciales, con un presidente envuelto en una enfermedad misteriosa, que ganó pero no fue capaz de tomar posesión, pese a los tecnicismos del poder legislativo y judicial que no consideraron una falta absoluta la ausencia del candidato electo, que solo salía como relatos fantásticos de los altos jerarcas, o fotos mal montadas, sacadas a la luz a los pocos días de una devaluación del bolívar. Ese 2012, se aprobó la LODOFAT, pero el bochinche electoral y la enfermedad del caudillo “dictaba” la política del país, pasando la LODOFAT debajo de la mesa, pues la preocupación impulsada desde la polarización MUD-PSUV, era el cambio de gestor, la batalla final, y pare de contar...

Cuando el Estado persigue la protesta como crimen

Humberto Márquez

En países como Venezuela, Ecuador o México la protesta social y juvenil no sólo es reprimida en las calles sino criminalizada por el Estado, según denuncian organizaciones que velan por los Derechos Humanos. La audiencia criminal más grande en la historia de Venezuela sucedió mientras millones de hogares se preparaban para celebrar como Día de la Madre el segundo domingo de Mayo. Un tribunal reunió, en un pasillo del Palacio de Justicia en Caracas, a 118 de los 243 jóvenes capturados de madrugada en las diminutas carpas con las que acampaban en algunas plazoletas de la capital, a fin de examinar si habían cometido una decena de delitos, desde querer obstruir una vía pública hasta dañar la propiedad o incurrir en terrorismo.

En las siguientes horas, decenas de personas fueron procesadas de manera común y masiva. Los jueces dejaron a la mayoría en libertad condicional, para que fuera a reunirse con sus madres, pero 11 de ellos engrosaron la lista de los ya 161 que permanecen tras las rejas por participar en las manifestaciones callejeras que ha visto Venezuela desde el pasado 5 de Febrero. En total, 2.946 personas habían sido detenidas cuando ya ha caído la mitad de las hojas del almanaque de Mayo.

Tuvieron un poco más de suerte que otras 42 que murieron en el marco de esas protestas -incluidos siete efectivos de la Guardia Nacional-, en tanto la lista de lesionados remonta los 800. Los organismos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, con respaldo de entidades internacionales como Human Rights Watch, no tienen dudas: se ha instalado la criminalización de la protesta.

“Desde 2005 se ha profundizado la criminalización de la protesta en Venezuela, con un saldo de 5.000 procesados, incluidos dirigentes sindicales e indígenas, y con las protestas juveniles de este 2014 se ha acentuado la política de liberar a los manifestantes pero de manera condicional, limitando su libertad de movimiento”, dijo a RNW Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.

Una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha denunciado que esa criminalización de la protesta en general se traslada hacia sus organizaciones y activistas, a raíz de menciones que el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hizo en recientes declaraciones para señalar a las protestas callejeras como parte de un complot para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En México, activistas de una coalición que se opone a la construcción de un gasoducto en la región volcánica y agrícola de Puebla, Morelos y Tlaxcala, han sido detenidos y procesados o debieron entrar en la clandestinidad. Recientemente, en una conferencia de prensa, dos estudiantes de Leyes que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en esa zona comparecieron con los rostros tapados por miedo a la represión estatal. Otra activista, Enedina Rosas, es víctima de amenazas y asedio dentro de la cárcel donde está detenida por negarse a dejar la lucha contra la construcción del gasoducto.

“Es apenas un caso entre muchos que llevó ya en 2008 a una campaña de organizaciones sociales bajo la consigna ¨Protestar es un derecho, reprimir es un delito¨”, señaló a RNW Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

“Se puede sostener que hay una constante criminalización de la protesta social y que se da a través de acusaciones penales contra dirigentes sociales, con campañas de desprestigios de gobierno y/o de empresas contra activistas sociales, y con leyes que condicionan el ejercicio de derechos”, advirtió Cortez.

El pasado mes de abril, una decena de organizaciones no gubernamentales mexicanas, algunas de ellas integradas por abogados, conformaron un “frente por la libertad de expresión y la protesta social”, y como primera actividad lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen, para denunciar retrocesos y limitaciones en la legislación federal y de varios estados mexicanos sobre los derechos de reunión y manifestación.

En Ecuador ha sido Amnistía Internacional (AI) la entidad que ha documentado los casos de 24 líderes sociales que el último año y medio “han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias”.

Un informe de la investigadora de AI Tamaryn Nelson recogió hasta 35 cargos contra 24 dirigentes campesinos ecuatorianos que organizaron protestas sobre aspectos de las leyes de minería y aguas. Las acusaciones iban desde obstaculizar vías públicas hasta terrorismo y 23 de esos cargos fueron desechados por falta de pruebas.

“Lo que vemos en Ecuador es un aumento de la conflictividad social. A lo largo de los años el gobierno ha ido impulsando ciertos cambios en políticas y leyes sin consultar de forma adecuada a las comunidades locales que se verían afectadas” comentó Nelson.

En Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social, hubo 5.483 protestas en 2012, 4.410 el año pasado y 4.116 sólo en los primeros tres meses de 2014, sin señales de que se detenga la agitación principalmente estudiantil y de algunos focos vecinales en las principales ciudades. En paralelo, la criminalización avanza. La alcaldía oficialista del municipio Libertador, que calza con el Distrito Capital (Caracas central y oeste), ha vetado las demostraciones públicas opositoras en su territorio, lo que acentúa la crispada polarización política que padece el país desde hace casi 15 años.

Por añadidura, el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado que las manifestaciones ya no podrán ser espontáneas sino autorizadas y acotadas por la autoridad local o regional, y si no lo fueren las fuerzas del orden deberán disolverlas, aunque sean pacíficas. Y sus convocantes u organizadores deberán responder (penalmente) por los daños que eventualmente causen esas demostraciones. El panorama resulta desalentador para salir a protestar, aunque “en Venezuela hay razones para protestar, muchas, muchas, protestar en paz”, según ha dicho el propio presidente Maduro. Para Provea, y otras organizaciones de la coalición humanitaria Foro por la Vida, “protestar es un derecho, no un delito”.

[Tomado de http://eltoque.com/texto/la-protesta-se-hace-crimen.]

Desmitificación de la policía

Yelin

[Nota de El Libertario: si bien este artículo fue escrito en la península ibérica, y se sustenta en ejemplos tomados de la situación que allí se ha vivido en tiempos recientes en cuanto a represión policial, la reflexión propuesta sobre el tema es perfectamente aplicable a la realidad latinoamericana en general y venezolana en particular, pues acá los ejemplos serían incluso hasta más contundentes.]

“Están para protegernos”, “son necesarios para que nadie se pase de la raya”, “velan por nuestra seguridad”, “sin ellos, todo sería un caos”. Estas son algunas de las frases que escucharíamos si preguntásemos sobre la policía a determinadas personas en nuestra sociedad. “No tienen la culpa, solo obedecen órdenes”, “solo hacen su trabajo”, “también, tienen una familia y tienen que mantenerla de alguna forma”, “no todos son responsables de lo que hacen algunos”. Estas otras recibiríamos también de otras tantas que intentan justificar sus actos represivos. Si nos damos cuenta, vemos que las anteriores respuestas no son más que la reproducción de la ideología dominante, la cual el proletariado ha ido asimilando: esa ideología que utilizan los cuerpos represivos del Estado para asegurar su propia existencia y funcionamiento, ayudado por los Aparatos Ideológicos del Estado como los medios masivos de información o la cultura que le dan una buena imagen de cara a la sociedad. Así por ejemplo, vemos constantemente películas o series de televisión donde se nos presenta a la policía como el bien que lucha contra el mal. Podemos plantearnos una cuestión: ¿para qué sirve la policía?

A la cárcel por oponerse a la minería en Ecuador

Comunicado de Prensa

En una carta de solidaridad internacional, más de 100 organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos piden libertad para Javier Ramírez, presidente de la comunidad inteña de Junín

La noticia de su detención, sucedida el 10 de abril en circunstancias y por causas aun no esclarecidas, está dando la vuelta al mundo. En la carta, adherida en un tiempo récord por organizaciones de corte muy plural y desde diversos rincones del planeta -más de 15 países además del Ecuador- se hace alusión a Javier Ramírez de Intag como un “campesino pacífico, honrado, miembro desde siempre de la comunidad Junín y que no llevaría a cabo bajo ningún concepto los actos de rebelión, sabotaje y terrorismo de los que se le acusa”. Muy por el contrario, afirman, el Sr. Ramírez ha llegado a ser junto con sus vecinos, conocido y apreciado internacionalmente por la férrea defensa que su comunidad ha venido haciendo del bosque, la biodiversidad y la naturaleza, consolidada sobre bases productivas a lo largo de los años mereciendo respeto y admiración desde muchos rincones del planeta.

La carta ha sido inmediatamente traducida a cuatro idiomas para facilitar su difusión entre todas las organizaciones amigas y solidarias con la resistencia a la minería en Intag, una zona inmensamente biodiversa y productiva.

Opinión: TSJ: La protesta como limosna

Por Humberto Decarli

Acaba de ser publicada una sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una aberrante interpretación del artículo 65 de la Carta Magna sobre el derecho a manifestar pacífica y libremente. El fallo establece que este derecho no es absoluto y en consecuencia está supeditado al permiso de la autoridad donde se vaya a realizar. Es un enfoque punitivo que en derecho es lo más restrictivo posible porque se trata de una limitación a una potestad social e individual. No obstante, el máximo tribunal y la sala más importante porque interpreta y aplica el vértice de la pirámide kelseniana, entidad superior del ordenamiento jurídico, concluye en un infeliz ángulo: se requiere la aprobación del Estado a través de la instancia correspondiente.

El fallecido presidente una vez en sus interminables alocuciones aseveró que no se necesitaba autorización de nadie para manifestar y llevar a cabo expresiones de opinión y expresión en los espacios públicos. Sin embargo, ahora se produce un giro copernicano en el comité político milltar de la "revolución" al entenderse que un derecho tan relevante como éste requiere de una bendición inexistente. Establecer tal requisito equivale a anular esta facultad de la sociedad y de los individuos porque se transforma de un derecho subjetivo en una oblligación. En mi criterio, se trata de un adefesio jurídico sostener esta postura.

En todo caso, tenemos que comprender la concentración de poder como en la isla antillana así como en el oficialismo siempre se habló en el de un "solo gobierno" y el finado jefe de Estado sostuvo más de una vez que el presidente de la república era quien asumía la máxima autoridad apuntalando la acumulación política en un solo mandatario. Y ahora la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y el Poder Judicial constituyen órganos ejecutores de la línea de mando como en cualquier cuartel.

Se confirma con este fallo la configuración de un organigrama constitucional de naturaleza estrictamente dictatorial. El totalitarismo se manifiesta en Venezuela con sus peculiaridades pero estamos en presencia de un poder disciplinario, como diría Foucault, de lo más pedestre que nos recuerda la fase iniciática de la modernidad.

Las palabras del viejo pensador alemán decimonónico Ferdinand La Salle, tienen plena vigencia: "Los problemas constitucionales no son palmariamente problemas de derecho sino de poder: la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más cuando dan expresión final a los factores de poder imperantes en la realidad social". Fulminante su definición constitucional.

El TSJ avala la represión contra manifestaciones pacíficas

Por Laclase.info

 En un duro golpe a las libertades democráticas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió hoy un fallo en el que restringe el derecho a la manifestación pacífica, consagrado en la Constitución. El máximo tribunal no solo establece que las autoridades municipales deberán autorizar las manifestaciones, además de ello autoriza la represión para dispersar protestas pacíficas no autorizadas y avala la criminalización de los manifestantes.

La Sala Constitucional del TSJ emitió el fallo en respuesta a un recurso de interpretación interpuesto por el alcalde de Guacara, Gerargo Sánchez (Psuv), referido al alcance del artículo 68 de la Constitución y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

De acuerdo con la decisión del TSJ, las autoridades municipales y regionales podrán decidir cuáles protestas son autorizadas. La solicitud de autorización podrá ser denegada, y la apelación de la decisión se tendría que realizar ante el TSJ. Una protesta pacífica no autorizada podrá ser disuelta por los cuerpos represivos; además podrán ser perseguidos penalmente quienes participen en ella, bajo la acusación de desobediencia a la autoridad, delito previsto en el artículo 483 del Código Penal.

"La autorización emanada de la primera autoridad civil de la jurisdicción de acuerdo a los términos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un instituto de salud, derecho a la vida e integridad física), actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico", reza la sentencia.

La sentencia, una herramienta legal al servicio de la política de criminalización de la protesta social, fue aprobada de forma unánime por los magistrados Gladys Gutiérrez, Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado, Juan José Mendoza y Marco Tulio Dugarte.

Entre 2011 y 2013 se realizaron en Venezuela más de 15 mil protestas sociales.

Más Información:  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/163222-276-24414-2014-14-0277.HTML

Declarada la libertad plena para el sindicalista Rubén González. Derrotada la criminalización de la protesta en Vzla

Redacción

A las 4 y 30 aproximadamente, después de una primera dilación -debido a que el inicio de la audiencia estaba pautado para las 11 de la mañana- el Tribunal 24 de Juicio del Palacio de Justicia de Caracas sentenció la libertad plena para el sindicalista Rubén González, secretario general de Ferrominera.

Como se recordará entre el 11 y el 26 de agosto de 2009, el Secretario General del sindicato de Ferrominera Orinoco Rubén González, junto a 2000 trabajadores de la empresa estatal, inició una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año. Un mes después fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de seguridad, mientras los medios de propaganda del Estado desarrollaron una intensa campaña de criminalización en su contra. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, día en el que se decretó su encarcelamiento en la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar, donde duró 14 meses tras las rejas. El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y sociales en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se vió obligado a trasladarse periódicamente a Caracas para presentarse a las más de 14 audiencias realizadas en su juicio, las cuales algunas de ellas fueron suspendidas, alargando el proceso.