Sobre la situación actual de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco

 

Fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)
 
* Resumen de un amplio informe sobre el tema, que en versión integral es accesible en https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf.
 
El presente texto constituye la actualización del informe de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y el territorio ubicado al sur del río Orinoco, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El mismo ha sido elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la organización Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, y está estructurado en cuatro capítulos principales que le dan continuidad al contenido presentado en el informe de derechos humanos de 2019: 1) situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas, 2) situación jurídica e impactos ambientales, 3) salud y condiciones sanitarias, y 4) contexto socioeconómico, político e institucional.

Entrevista: “El turismo no es un derecho. Lo son el descanso y las vacaciones remuneradas”

Mar Calpena

José Mansilla (Sevilla, 1974) es antropólogo y miembro fundador del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU), asociación con la que ha llevado a cabo numerosas actividades en torno a la vida de la ciudad de Barcelona. Es coeditor del libro ‘Ciudad de vacaciones: conflictos urbanos en espacios turísticos’, una obra grupal donde se analiza el fenómeno del turismo y los conflictos que este provoca, y es también profesor de varias escuelas de turismo, donde sus alumnos hacen trabajos sobre los free tours o la gentrificación en los barrios, temas que toca también en nuestra conversación, que salta de un tema a otro dentro del fascinante espacio que es la ciudad. Comienza explicándome que la arquitectura hostil, que consiste en poner trabas a las personas sin hogar en el mobiliario urbano, no se da en las zonas ricas ni en la periferia, sino precisamente donde hay turismo, y acabamos hablando de decrecimiento.

Falta de insumos y desabastecimiento de combustible está matando a pacientes renales en Venezuela

Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

Por falta de gasolina, a Oscar Núñez le ha tocado caminar largas distancias para tomar un autobús hacia la unidad de diálisis y recibir su tratamiento semanal. La misma travesía le ha tocado a otros pacientes que también pasan largas horas en cola para abastecerse de combustible. A las restricciones en el despacho de gasolina durante la cuarentena, aunque el problema de combustible lleva más de un año, se suma la falta de insumos básicos para las diálisis, así como la falta de mantenimiento de las máquinas.

Reportes del 5to día de apagón en Maracaibo

Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez)
Actualización 11/03/2019 – 2:30 p.m. – Día 5 sin electricidad (Apagón nacional)

Saqueos a supermercados y establecimientos comerciales durante el apagón en Maracaibo

En el quinto día sin electricidad en el Estado Zulia, se reportan saqueos a supermercados y establecimientos comerciales en Maracaibo. La situación es general en ambos municipios de la ciudad. A continuación la lista de los eventos que han podido ser verificados por Redhez:

Red DDHH Lara: Las FAES buscan aterrorizar a la población larense violando DDHH

Red DDHH del estado Lara

La Red de Derechos Humanos del estado Lara ante las graves violaciones que organismos de seguridad del Estado cometen en la entidad a raíz de las movilizaciones de la población desde el pasado 23 de enero, expresa con suma preocupación las siguientes consideraciones y denuncias:

1.  Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desde el pasado mes de agosto del año 2018 ha ejecutado en la entidad en supuestos enfrentamientos y sin investigación, a más de 100 jóvenes en zonas populares.  Desde inicios del presente año se ha dedicado abiertamente a labores de represión realizando allanamientos masivos de residencias sin orden judicial y ejecutando a personas participantes en actividades de protesta pública, con saldo hasta el presente el asesinato de 5 jóvenes en la ciudad de El Tocuyo y 2 personas en la ciudad de Carora el pasado día 25 de enero.

Cuba: Hablando desde aquí sobre Derechos Humanos

Marcelo "Liberato" Salinas
Para varias generaciones de cubanxs la cuestión de los denominados Derechos Humanos es un tema que ha alcanzado un alto nivel de toxicidad. Los que nos gobiernan hace más de medio siglo expresan que ellos se han esforzado por cumplir los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la educación, a la salud y otros, en medio del constante asedio del imperio yanqui, lo cual puede ser perfectamente reconocible. Por otra parte, quienes desean ser candidatxs a sustituir a los actuales gobernantes, alegan que los derechos como la libertad de expresión, de conciencia, de asociación, no se cumplen en Cuba, lo cual puede ser identificable también para lxs que aquí vivimos.

Frente al intenso conflicto en el que han desembocado estas dos posiciones, con fusilamientos, largas condenas de presidio, exilios forzosos, expropiaciones, acoso cotidiano etc., por parte del Estado cubano, la inmensa mayoría de la sociedad cubana ha reaccionado con un frío distanciamiento, que los activistas de derechos humanos sólo han encontrado su explicación en el miedo. Si bien no dudamos que el temor es algo muy presente a la hora de posicionarse frente a estos asuntos, hay otras cuestiones que los activistas por los Derechos Humanos han preferido silenciar, en aras conservar su imagen pública en un futuro duelo electoral de partidos políticos en Cuba.

El progreso se hace cada vez más distante

Humberto Decarli
 
Estamos presenciando, urbi et orbi, una regresión histórica en lo atinente a los derechos humanos. Creyendo haber superado las grandes matanzas y genocidios del siglo veinte, tales como el horror de la Gran Guerra con el empleo de los gases letales, el holocausto cometido por los nazis, las persecuciones de Mussolini contra sus oponentes, el Gran Crimen armenio hecho por los turcos,los pogromos y persecuciones llevados a cabo por Stalin, las dos barbaridades ejecutadas por Mao Ze Dong denominadas el Gran Salto hacia Adelante y la Revolución Cultural o Proletaria, el arrase ecológico y humano cometido por las fuerzas americanas en Vietnam y toda Indochina, los asesinatos materializados por MegitsuHaileMariam en Etiopía, los homicidios llevados a cabo por los mercenarios belgas en el Congo y luego por los militares asesinos de Lumumba, los horrores del Apartheid, los traslados forzosos ejecutados por Pol Pot y los jemeres rojos en Camboya, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en México perpetrado por la dictadura del P.R.I., la represión franquista y salazarista en la península ibérica, las oleadas de torturados, desaparecidos, muertos y heridos dejados por las dictaduras latinoamericanas (Trujillo, Somoza, Stroessner, Manuel Odría, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Pinochet, los gorilas argentinos, brasileños y uruguayos), y muchísimos otros procesos transgresores de los derechos de los hombres y las mujeres, se abrían las luces del siglo veintiuno como un referente de avance hacia espacios libertarios pero no ha sido así.

50 ONG venezolanas exigen investigar y sancionar violaciones de derechos humanos en Nicaragua

ONG de Venezuela

Nosotros, un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas, queremos expresar nuestra solidaridad con las demandas democratizadoras, por justicia social y libertad, que actualmente promueven importantes sectores del pueblo nicaraguense, cuyas movilizaciones realizadas a partir del pasado 19 de abril de 2018 generaron como respuesta estatal graves y diferentes violaciones al derecho a la manifestación pacífica; la libre reunión y asociación; el derecho a la vida y la integridad personal, así como al derecho a la libertad de expresión e información por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Asimismo, deseamos expresar públicamente nuestro total respaldo al trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, en su actual trabajo de documentación y denuncia de los excesos de los cuerpos de seguridad y grupos paraestatales. Nos comprometemos a hacernos eco de sus reportes y divulgar la información que las diferentes organizaciones no gubernamentales están circulando sobre los hechos que ocurren en diferentes partes del país centroamericano.

La estupidez humana

Enric Tarrida

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Hay días que cuando uno se levanta, por mucho que quieras es imposible ver el vaso medio lleno, quizás hoy es uno de esos días. Uno echa una mirada hacia atrás y le asaltan serias dudas de que hayamos avanzado (la humanidad), e incluso siente que andamos como los cangrejos.

La frase de arriba corresponde al texto del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Para quien tenga interés, hay veintinueve artículos más que recogen cosas como: el derecho a no sufrir discriminación de ningún tipo, a poder vivir con seguridad, a la libertad de moverse por su país, salir del mismo y regresar, a ser tratado con igualdad ante la ley, a no poder ser detenido arbitrariamente, ni torturado, al derecho de asilo, a tener una seguridad social, a tener un trabajo digno, una vida digna, al descanso y las vacaciones, a una jubilación merecida, etc.

Guatemala: El Estado viola y asesina niñas, el burócrata justifica, la mujer llora

Gabriel Woltke y Martín Rodrígue

<<Los adolescentes estaban sancionados por extorsión. Las niñas tenían objetos punzo cortantes escondidos en el pelo. Agotamos el diálogo con las niñas. No podíamos aceptar un informe que dice que ese lugar es un gallinero en donde se tortura a los niños. Considero que la causa del amotinamiento, porque no les gusta la comida, no era válida. No hubo negligencia. No voy a presentar mi renuncia como Secretario de Bienestar Social. El Presidente ordenó anoche a la policía que encontrara y regresara a los 60 adolescentes fugados. El problema es que los jueces mezclan a los niños que han cometido delitos con niños abandonados por sus familias. Pedimos al Ministerio Público que investigue pero no responsabilizamos directamente a nadie. El Presidente no vino a participar en la conferencia porque está atendiendo asuntos urgentes de la nación. Se termina esta conferencia de prensa.>>
Así explicó el Gobierno de Guatemala a sus ciudadanos qué había ocurrido la mañana del 8 de marzo de 2017 cuando unas niñas y adolescentes se amotinaron en la casa hogar gubernamental en la que vivían. Las niñas se amotinaron y prendieron fuego a unos colchones en unas habitaciones para que las dejaran salir. No las dejaron salir y murieron calcinadas. En ese momento eran 19 las que murieron. Hasta ahora van 22.

Extractivismo y Derechos Humanos en Venezuela: El caso del A.M.O.

Vladimir Aguilar y Rafael Uzcátegui

1. Descripción introductoria que es el Arco Minero del Orinoco (AMO) y cuáles son los principales problemas a exponer

El 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el Decreto Número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. A través de esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. De esta manera el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Argentina: 40 Años de impunidad de los crímenes de Estado

Hijos La Plata

A 40 años de golpe genocida seguimos luchando contra la impunidad, contra el saqueo, contra el ajuste y contra la represión. Salimos a la calle para reivindicar la memoria de lucha de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de los exiliados, de los ex presos y de toda una generación de militantes que luchaban por la revolución social. Los compañeros y compañeras que dejaron su vida por un país sin explotadores ni explotados, y que se plantaron frente a la prepotencia del poder con un proyecto de emancipación anticapitalista, anti-imperialista y revolucionario que aún nos falta concretar. 

REDLAMYC llama al Estado Hondureño a frenar las acciones de limpieza social en contra de niñas, niños y jóvenes pobres

Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En menos de una semana sucedieron dos​ ​masacres en Tegucigalpa, Honduras donde ​adolescentes y jóvenes fueron las principales víctimas mortales: Sara (16), Dulce (13), Ana (14), Luis (15), Francisco y Noé (16). Estos hechos dan cuenta de que en los barrios marginados se vive una epidemia de homicidios sustentados en la discriminación, la violencia​ generalizada​ y la criminalización de niñas, niños y jóvenes​ pobres. Las altas tasas de homicidios y los hechos violentos muestran la fragilidad del Estado de Honduras y sus Instituciones para garantizar el derecho a la vida y la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos.

Las organizaciones que conformamos la @Redlamyc Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizamos un l​lama​do​ urgente al Estado​ Hondureño a​ reconocer​ esta epidemia de homicidios y violencia​, para realizar acciones institucionales contundentes que permitan frenar la violencia armada generalizada ​en el país.      
     
De acuerdo con la información de Casa Alianza, esta es la sexta masacre que se registra en lo que va de 2016, al menos 81 niños y jóvenes son asesinados mensualmente en el país y más del 98% de los crímenes quedan en la total impunidad.

Observamos con preocupación la presunta existencia​ y crecimiento​ de “escuadrones de exterminio”​ que atacan a niñas, niños y adolescentes de barrios con altos niveles de exclusión social y la ausencia de acciones de protección estatal. Es urgente investigar estos hechos y deslindar responsabilidades de las autoridades y cuerpos de seguridad. En América Latina generalmente estos grupos armados no estatales han operado en impunidad por su relación directa o en complicidad con agentes del Estado. Brasil, Colombia,​ Guatemala, El Salvador y Honduras han dejado muchos aprendizajes sobre los grupos de exterminio; sería muy lamentable que el Estado Hondureño permita su resurgimiento.

Cifras de CEPAL indican que el 78.2% de las niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 14 años vivían en situación de pobreza este país en 2010.[1] En Honduras (2012) la tasa de mortalidad por homicidio de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad fue de 13 (por cada 100 mil habitantes), esta cifra es tres veces más alta que el promedio de la tasa a nivel mundial (4 por cada 100 mil).[2]

Recordamos al Estado Hondureño su compromiso internacional para frenar la violencia y​ los diversos llamados realizados por organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC-ONU por sus siglas en inglés) quien en junio de 2015 manifestó su preocupación por la situación y emitió las siguientes preocupaciones y recomendaciones[3]:

“Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo

29. El Comité sigue profundamente preocupado sobre:

a) El incremento durante el periodo objeto del informe de las tasas de violencia, homicidios y femicidios en Honduras, considerado como uno de los países más violentos del mundo que no se encuentra en una situación de conflicto y que el hecho de que la mitad de las personas asesinadas son adolescentes y jóvenes, la mayoría víctimas de armas de fuego;

b) Los numerosos casos reportados de ejecuciones extrajudiciales y el reducido número de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias impuestas en casos de muertes violentas de niños.

El Comité recomienda al Estado Parte:

a) Fortalecer las medidas para investigar, enjuiciar y sancionar los casos de muertes y ejecuciones extrajudiciales de niños, incluyendo la supervisión del 11 rendimiento de la policía y las instituciones judiciales, y la facilitación de información detallada sobre el estado y resultado de estos procesos en el próximo informe periódico;

b) Aplicar prontamente la Política Nacional de Prevención de la Violencia contra Niños y Jóvenes, la Política de Protección Social y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos;

c) Proceder sin dilación en la aprobación del proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2014 destacó su preocupación por la situación de violencia que vive la infancia en el país en las Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras:

“El contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana coloca a la infancia y adolescencia hondureñas en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH recibió información por parte de la sociedad civil sobre el número de 454 niños, niñas y adolescentes que de enero a junio del presente año, han muerto a causa de la violencia en el país. La Comisión observa la urgente necesidad de instalar un sistema nacional de promoción y protección integral de derechos del niño con un fuerte enfoque preventivo que garantice el derecho del niño a una vida familiar y comunitaria libre de todo tipo de violencia.”

​REDLAMYC y la comunidad internacional e​xigimos al  Estado​ Hondureño evidencia contundente de cambios efectivos en las políticas de seguridad​, un cambio en la equivocada estrategia de combate al crimen organizado ​ y ​un ​fren​o urgente a​ la impunidad sistemática​ en los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Le invitamos respetuosamente a:​

• Desarrollar urgentemente acciones institucionales​ para garantizar la seguridad ​e integridad ​de la población, particularmente de niñas, niños y jóvenes quienes viven en situación de vulnerabilidad.
• Brindar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a l​a​s familias de las víctimas.
• ​Investigar de forma expedita, imparcial y efectiva las masacres realizadas presuntamente por grupos de exterminio y llevar a tribunales a los responsables, identificando la cadena de mando y la posible participación de agentes estatales.
• ​Atender los múltiples llamados a superar la estrategia de militarizar​ la seguridad y el combate al crimen organizados, ante el incremento de víctimas fatales y las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos; existe evidencia que la amplia participación social, la lucha contra la corrupción y la impunidad y el acceso a una justicia restaurativa pueden cambiar las más terribles realidades de violencia.

Además de una responsabilidad legal por las leyes Hondureñas; es una obligación ética y un compromiso adquirido a nivel internacional el actuar de forma inmediata para proteger a su población infantil y juvenil.

Atentamente

Juan Martín Pérez García
Secretario Ejecutivo
@REDLAMYC
#SomosREDLAMYC
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes


Coaliciones nacionales que integran REDLAMYC:

(Argentina) Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – CASACIDN
(Bolivia) Coalición Boliviana para la Defensa de los Derechos de niños, niñas y adolescentes
(Brasil) Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente – ANCED; Forum DCA -Forum Nacional Permanente de Entidades no Governamentais de Defensa dos Dereitos da Crianza e do Adolescente; Movimiento Nacional de Derechos Humanos - MNDH
(Chile) Red de ONGs Infancia y Juventud; Foro Chileno por los Derechos de la Niñez
(Colombia) Alianza por la Niñez Colombiana
(Costa Rica) Coalición de ONGs para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño – COSECODENI; Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez - UNIPRIN
(Ecuador) Movimiento por la Niñez y Adolescencia de Ecuador
(El Salvador) Red para la Infancia y la Adolescencia - RIA
(Guatemala) Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez - CIPRODENI
(Honduras) Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos - COIPRODEN
(México) Red por los Derechos de la Infancia en México; Alianza por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México
(Nicaragua) Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia - CODENI
(Panamá) Red Nacional de protección a la Niñez y Adolescencia en Panamá - REDNANIAP
(Paraguay) Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia - CDIA
(Perú) Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño - GIN
(República Dominicana) Coalición de ONGs por la Infancia de la República Dominicana
(Uruguay) Comité de los derechos del Niño; Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo - ANONG
(Venezuela) Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Provea: Ausencia de justicia en asesinados protestas 2014 ratifica impunidad estructural

Provea

Cuando se cumplirán 2 años de los primeros tres asesinatos del grupo de 43 personas que perdieron la vida en el contexto de manifestaciones durante el año 2014, la ausencia de justicia, en la gran mayoría de los casos, refleja las dificultades de la justicia en el país, que en la práctica ocasionan la existencia de una impunidad estructural en Venezuela. Se habla de la existencia de impunidad estructural cuando la actuación, de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos. 

Al revisar los sitios web, tanto del Ministerio Público como del Tribunal Supremo de Justicia, se constata que la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación y juicio. Si bien algunos de los presuntos responsables se encuentran privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes  en casi todos los casos, nos obliga a afirmar la carencia de justicia, lo cual favorece que hechos similares puedan repetirse.
Por otra parte, el Informe de Gestión Anual 2015, presentado recientemente por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, no informa sobre el adelanto del conjunto de los casos reportados, contabilizados en 43 víctimas por la propia Fiscalía, 32 de ellos civiles y 10 funcionarios policiales y militares. Esta opacidad en el acceso a la información forma parte del conjunto de situaciones que promueven impunidad en el país. 

Si bien todos los delitos y violaciones de derechos humanos deben ser sancionados, estableciendo diferentes mecanismos de reparación a las víctimas, la conmoción nacional generada por las 43 personas que perdieron la vida en el contexto de la conflictividad iniciada a comienzos de febrero de 2014 debió haber motivado un especial interés de las autoridades por resolver todos y cada uno de los casos, sin discriminación alguna, garantizando el debido proceso para las personas imputadas. 

En su momento diferentes altos funcionarios, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, adelantaron públicamente responsabilidades por los hechos, violando los principios de no intervención en el Poder Judicial y presunción de inocencia que forman parte del derecho humano a la justicia. La propia Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, en una comunicación enviada a Amnistía Internacional en febrero de 2015 afirmaba que las protestas eran motivadas por “planes políticos injerencistas” y que las personas muertas y lesionadas eran producto de acciones violentas con fines políticos, lo cual evidenciada la ausencia de independencia del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones con imparcialidad, transparencia y autonomía. 

La impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos es utilizada por el Ejecutivo Nacional como herramienta propagandística para la criminalización de la crítica a su gestión. Omitiendo su responsabilidad de impartir justicia y sancionar  a los responsables, los esfuerzos oficiales se han canalizado en intentar capitalizar políticamente los crímenes, incluyendo aquellos donde se han señalado a funcionarios policiales y militares como responsables. A pesar que el informe presentado por el propio Ministerio Público en febrero de 2015, que no es de acceso público y al cual sólo accedieron los medios de comunicación, afirma que en un caso, el del obrero Elvis Rafael Durán De La Rosa (29), falleció producto de politraumatismos tras impactar contra un alambre colocado en la Avenida Rómulo Gallegos de Caracas, diferentes voceros del Ejecutivo Nacional y el Sistema Nacional de Medios Públicos afirman insistentemente la existencia de asesinados por “degollamiento” durante las protestas. Otros lamentables hechos de conmoción también se mantienen sin resolver con objetivos similares, como por ejemplo las muertes ocurridas durante los hechos del Golpe de Estado de 2002 o el asesinato del Fiscal Danilo Anderson o sucesos más antiguos como el Caracazo. Este uso propagandístico de la impunidad, por quien debería garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, es inaceptable en una sociedad democrática.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la pobreza, constituyen las violaciones de derechos humanos más preocupantes del país y agudizan otras problemáticas, como la violencia e inseguridad ciudadana. El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia afecta especialmente a los sectores más vulnerables del país, quienes no tienen la capacidad económica o el acceso a los medios de comunicación para hacer frente al abuso de poder cometido por funcionarios policiales, cuerpos de investigación, fiscales, tribunales y centros penitenciarios del país. Cualquier proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas del país pasa, necesariamente, por una profunda reestructuración de las condiciones en que los ciudadanos acceden a su derecho humano a la justicia.

Ante un nuevo aniversario se repetirán los discursos oficiales sobre la voluntad de hacer justicia. Sin embargo, los familiares de las víctimas –del 2004, del 2002, del Caracazo o de La Masacre del Amparo- y el país siguen esperando que se sancione a los responsables materiales e intelectuales. 

“Cierren Guantánamo”: organizaciones de la región reclaman el fin de la impunidad

En una declaración conjunta, 59 organizaciones de 15 países del continente americano volvemos a reclamar el cierre inmediato del centro de detención de Guantánamo. Hace exactamente siete años, el 22 de enero de 2009, el presidente estadounidense Barack Obama firmó una orden ejecutiva para cerrarlo que nunca se cumplió. Hoy todavía hay 91 prisioneros allí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas han instado al gobierno de Estados Unidos para que efectivice esta decisión.

Es imperioso que esta medida por fin se implemente y que se garantice la verdad, justicia y reparación por los crímenes perpetrados por Estados Unidos en nombre de la “lucha antiterrorista”.

Organizaciones de derechos humanos del continente americano urgen el cierre de Guantánamo en su XIV aniversario

El 11 de enero de 2002, siguiendo la oleada de “medidas antiterroristas” dictadas por el gobierno de Estados Unidos luego de los atentados del 11/9, el expresidente de ese país, George W. Bush, abrió el centro de detención de Guantánamo, situado en la base naval norteamericana en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Catorce años después, el centro de detención permanece abierto y pervive como símbolo mundial de la ilegalidad y la injusticia. Guantánamo es una aberración y una solución falsa a la amenaza terrorista. Es imposible que alguien alegue desconocimiento de los abusos cometidos contra las personas alguna vez o aún recluidas allí: desde torturas hasta la detención indefinida.

Celebramos el renovado compromiso del Presidente Obama de cerrar Guantánamo. Pero esa promesa no es nueva; la hizo por primera vez cuando se postuló a la presidencia en 2008, y una vez más cuando asumió sus funciones en 2009. Ahora, sólo le queda un año de mandato para finalmente cumplirla.

En los últimos 14 años, casi 780 hombres, e incluso niños, han sido detenidos en Guantánamo – todos ellos musulmanes. Actualmente, todavía hay 91 prisioneros en Guantánamo. En un informe reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descripto los abusos (incluyendo tortura y malos tratos, detención indefinida, acceso limitado o inexistente a la protección judicial y ausencia de elementos básicos del debido proceso) que han padecido los detenidos en Guantánamo durante casi una década y media. La Comisión ha urgido al gobierno estadounidense a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, cerrando Guantánamo, procesando adecuadamente a los responsables por las violaciones de derechos humanos y asegurando una reparación efectiva a las víctimas. La CIDH ha vuelto a enfatizar que la detención continua e indefinida de personas, sin garantizar el derecho al debido proceso es arbitraria y constituye una flagrante violación del derecho internacional.

Guantánamo es un ejemplo de acciones ilegales, impunidad, ausencia del debido proceso y vulneración del derecho a la verdad, justicia y reparación. Su continua existencia transmite el peligroso mensaje de que cualquier abuso futuro no tendrá consecuencias.

Por consiguiente, exhortamos al gobierno de Estados Unidos a cerrar Guantánamo inmediatamente y 1) Asegurar un proceso oportuno y significativo ante la “Junta de Revisión Periódica” (“Periodic Review Board”, en la denominación original en inglés) para todos los detenidos cuya situación procesal aún esté pendiente; 2) Poner fin al injusto sistema de comisiones militares, transfiriendo los casos en curso a los tribunales federales y oponiéndose a cualquier iniciativa que amplíe los casos de detención ilegal indefinida; 3) Transferir y reubicar sin demoras a todos los detenidos cuya liberación ha sido autorizada*, de una manera consistente con las obligaciones del derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos también debe garantizar una investigación criminal efectiva e independiente, así como la plena rendición de cuentas en todos los casos de tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas en Guantánamo.

Las experiencias de América Latina en la búsqueda de la verdad y la justicia por crímenes de lesa humanidad relacionados a la detención ilegal, la tortura y demás violaciones de derechos deben motivar a la región a actuar. Los gobiernos de la región deben instar a Estados Unidos a cerrar Guantánamo. Ellos también pueden contribuir a resolver esta crisis humanitaria y de derechos humanos apoyando un esfuerzo regional de acogida a los detenidos de Guantánamo, en respuesta al llamamiento hecho por la CIDH en su último informe sobre el cierre de Guantánamo. Durante años, distintas organizaciones de derechos humanos vienen requiriendo el cierre de ese centro de detención y es imperioso que por fin suceda, como parte del tan necesario proceso de rendición de cuentas, verdad y reparación por los crímenes perpetrados por Estados Unidos en nombre de la “lucha antiterrorista”.

* Desde el 18 de enero de 2016, hay por lo menos 34 prisioneros en esta categoría, casi todos yemenitas.

Adhesiones

1. Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
2. Ação Educativa (Brasil)
3. Acción Solidaria en VIH/Sida (Venezuela)
4. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Venezuela)
5. Asociación MINGA (Colombia)
6. Asociación para la Prevención de la Tortura – APT (International)
7. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (Perú)
8. Asociadas por lo Justo – JASS (México)
9. Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude – ASBRAD (Brasil)
10. Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e Adolescente – ANCED (Brasil)
11. Capacitación social de Panamá (Panamá)
12. Center for Constitutional Rights (Estados Unidos)
13. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos – CDCA/RO (Brasil)
14. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador)
15. Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina)
16. Centro de Justicia y Paz – Cepaz (Venezuela)
17. Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
18. Centro Paranaense de Cidadania – CEPAC (Brasil)
19. Civilis Derechos Humanos (Venezuela)
20. Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida (Venezuela)
21. Conectas Direitos Humanos (Brasil)
22. Convite (Venezuela)
23. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Honduras)
24. Espacio Público (Venezuela)
25. Espaço Paranaese da Diverside LGBT (Brasil)
26. Foro Universitário do Mercosul (International)
27. Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Ecuador)
28. Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente – FEPAP (Venezuela)
29. Gabinete de Assessoria Jurídica as Organizações Populares – GAJOP (Brasil)
30. Geledés Instituto da Mulher Negra (Brasil)
31. Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas (Brasil)
32. Grupo de Mulheres de San Cristóbal de las Casas (México)
33. Grupo Dignidade (Brasil)
34. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase (Brasil)
35. Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual – IBDSEX (Brasil)
36. Instituto de Defensa Legal – IDL (Perú)
37. Instituto de Defensores de Direitos Humanos – DDH (Brasil)
38. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR (Uruguay)
39. International Federation for Human Rights – FIDH (International)
40. International Justice Network (Estados Unidos)
41. International-Lawyers.Org (International)
42. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Ecuador)
43. Laboratorio de Paz – LabPaz (Venezuela)
44. Latin America Working Group (Estados Unidos)
45. Ligue des droits et libertés (Canadá)
46. Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua)
47. Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Brasil)
48. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Venezuela)
49. Observatorio Venezolano de Prisiones (Venezuela)
50. Pastoral Carcerária do Estado de São Paulo – CNBB (Brasil)
51. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Ecuador)
52. Provea (Venezuela)
53. Rede Gay Latino (International)
54. SomosGay (Paraguay)
55. Terra Mater (Ecuador)
56. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Guatemala)
57. US Human Rights Network (Estados Unidos)
58. Venezuela Diversa (Venezuela)
59. Washington Office on Latin America (Estados Unidos)

Testimonios en Cota 905 ratifican graves violaciones de DD.HH. en “Operativo de Liberación del Pueblo”

Provea recopilando denuncias en Cota 905

Prensa Provea

Provea acudió este 18.07.2015 a la Cota 905 para constatar y documentar las denuncias de habitantes de este sector sobre excesos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el marco del denominado “operativo de liberación del pueblo” el pasado 13 de este mes.

El equipo de Provea pudo reunirse con un nutrido grupo de habitantes del sector Las Quintas en la parte alta de la Cota 905 y registrar denuncias sobre allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte contra niños, mujeres y hombres habitantes de este sector. Según denunciaron los habitantes, esta situación se produjo durante el operativo desplegado el pasado lunes pero se prolongó a lo largo de la última semana. Estas denuncias, se suman a las ya formuladas por familiares de personas asesinadas durante el operativo quienes han asegurado la existencia de ejecuciones policiales.

Alimentación: Un derecho humano que hoy va de retroceso en Venezuela

Provea

[Nota de El Libertario: los párrafos siguientes han sido extraidos de la sección dedicada al derecho a la alimentación, pp. 69-90, del Informe Anual Provea 2014. El texto completo está disponible en www.derechos.org.ve.]

Según las últimas cifras reportadas por el BCV, para el tercer trimestre de 2014 la escasez fue de 29,4%, aumentando en 7,4%, según el 22% registrado para finales de 2013. No obstante, la encuestadora Datanálisis señala que el índice de escasez rondaba para julio de 2013 en 55%, a pesar de haber llegado a 59% en marzo.

El abastecimiento de bienes en la economía, sobre todo en alimentos, es crítico. En el mismo informe del BCV para finales del tercer trimestre de 2104, 19 rubros de consumo básico registraban serios problemas de abastecimiento. La escasez en el aceite de maíz fue de 100% en marzo. Las mediciones del BCV señalaron que desde noviembre de 2013 no se conseguía aceite de girasol en el mercado; mientras que la presentación de mezcla (vegetal) registró una escasez de 92,1%. La harina de trigo fue el segundo rubro con más alto índice de escasez, con 99,4% en marzo, 7,7 puntos porcentuales por encima del índice registrado en febrero del mismo año.

Estado "revolucionario" venezolano contra hijos de madres lesbianas - Infografía

Venezuela Igualitaria

[Nota de El Libertario: En otros posts nos hemos ocupado ampliamente del caso de Giniveth Soto, Migdely Miranda y su hijo Salvador (ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/12/opinion-prioridad-para-salvador.html y http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/12/red-glbti-nota-de-pesar-ante-la-muerte.html). Ahora, reproducimos una Infografía tomada de la web venezuelaigualitaria.org, donde claramente se expone esta lucha contra una más de las prácticas discriminatorias del Estado en Venezuela.]

Perú: APRODEH Y CEJIL se pronuncian ante acusaciones de persecución contra comandos Chavín de Huántar

Aprodeh / Cejil

Ante la proximidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dé a conocer los términos de la sentencia que adopte  en el caso  Eduardo Cruz Sánchez y otros Vs. Perú,  sometido a su jurisdicción debemos señalar que:

Altas autoridades del Estado de Perú han acusado a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) de llevar a cabo una persecución contra los comandos Chavín de Huántar que participaron en el rescate de la residencia del embajador japonés en 1997. Afirman que no hubo ejecuciones extrajudiciales en ese operativo militar.

APRODEH y CEJIL, siempre han señalado que no existe persecución alguna contra los comandos Chavín de Huántar y que si la totalidad de  ellos fueron sometidos a un proceso judicial en el Fuero Militar fue por la decisión de  la vocalía permanente del Consejo Supremo de Justicia Militar que en junio del 2002 procedió a denunciarlos y abrirles proceso en dicho fuero, debiendo señalar que actualmente el entonces procurador  se desempeña como Presidente del Fuero Militar Policía General de Brigada EP ®Juan Pablo Ramos Espinoza.

APRODEH y CEJIL,  ambos copeticionarios en el caso  ante la instancia supranacional, reiteran su repudio y condena a la toma de la residencia de la Embajada de Japón ocurrida entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997. En dicha ocasión, integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asaltaron la casa del embajador japonés, tomando como rehenes a decenas de invitados a la celebración del cumpleaños del Emperador Japonés Akihito, hecho que constituye un crimen internacional. Sin embargo, este crimen no puede ser excusa para la ejecución de tres miembros del MRTA que se habían rendido y se encontraban bajo el control de agentes militares.

Perú: Viceministro de Justicia pide perdón por la masacre de Cayara

Prensa Aprodeh

En un clima de dolor y expectativa por justicia, tras 27 de años de ocurrida la masacre de Cayara, el 14 de mayo de 1988, el viceministro de Justicia, Ernesto Lechuga Pino, pidió perdón al pueblo de Cayara por la masacre ocurrida.

“Es importante para un Estado (el pedido de perdón) cuando el ministerio de Defensa no ha querido reconocer la responsabilidad de la matanza y, por el contrario, la niegan. Dice que estos hechos nunca ocurrieron; por eso el pedido de perdón es una medida de satisfacción para el pueblo de Cayara”, sostuvo Gloria Cano directora ejecutiva de Aprodeh, organización que representa la defensa de las familias víctimas de Cayara.

¿Dónde están?

“¿Donde están?”, fue la exigencia que se escuchó, en medio de esta conmemoración, de las familias de la víctimas de Cayara, quienes vieron hace 27 años que sus seres queridos fueron asesinados para luego ser desaparecidos por patrullas militares con el fin de desaparecer sus cuerpos, además de matar a los testigos. “Por eso no pueden dejar de exigir, necesitan enterrar a sus muertos. Tienen derecho a la justicia”, recalcó Gloria Cano.

Desde muy temprano de ayer, esposas, madres, hermanas e hijos de las víctimas se enrumbaron desde Huamanga a Cayara para el inicio de las actividades por los 27 años de esta masacre. Allí se celebró una misa para luego participar de un acto público, donde de develó la placa de la CMAN y se izo la bandera a media asta, en señal de dolor.

Las actividades se cerraron con la escenificación de un grupo de escolares sobre la masacre de Cayara, desde la emboscada de Erusco donde senderistas mataron a militares, para luego ver como patrullas llegaban a la iglesia de Cayara, donde encontraron a pobladores desarmados celebrando el fin de las festividades de la Virgen de Fátima, para luego golpearlos y asesinarlos. Luego desaparecieron sus cuerpos.

La escenificación hizo brotar las lágrimas de los familiares de las víctimas, quienes veían atentas lo que ocurría.

Los familiares esperan la construcción de un sitio de la memoria que se denominará “Kuyasqanchikuna Yuyanapaq” en Qachuypampa, lugar de la masacre. También se exige que estos terribles hechos sean esclarecidos en el Poder Judicial y, así, hallar a los responsables y encontrar los restos de las víctimas.