"Colectivos" paramilitares, las fuerzas de choque callejeras de la dictadura chavomadurista

Roger Zuzunaga

Llegaron dispuestos a todo. Bajaron de sus motos y empezaron a disparar. La avenida Fuerzas Armadas, en el corazón de Caracas, muy cerca del palacio presidencial de Miraflores, quedó desierta. Solo se veía el humo que salía de la basura quemada y los montículos que bloqueaban el paso de los carros, y se escuchaban los gritos de quienes escapaban. Luego, el único sonido era el de las balas. La protesta espontánea contra los apagones que agobian a Venezuela desde hace más de un mes había sido disuelta por los colectivos, civiles armados que son una suerte de paramilitares que defienden al régimen chavista.

La mayoría iba con el rostro cubierto, llevaban cascos de motociclistas, estaban protegidos con chalecos antibalas y portaban pistolas. Uno de ellos, con pantalón de buzo negro, polo azul con rayas en los hombros, casco negro y rostro cubierto, se coloca detrás de una pared y dispara. Detrás de él otro enmascarado de pantalón rojo y polo celeste camina con su pistola en mano.

Defensor de DDHH y periodista Luis Carlos Díaz se encuentra detenido en el SEBIN de El Helicoide

Provea

(Caracas, 12 de marzo de 2019) Luego de la denuncia de la desaparición del periodista y defensor de DDHH, realizado por su esposa Naky Soto alrededor de las 10 de la noche del lunes 11 de marzo de 2019, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2 y 30 de la madrugada del martes 12 de marzo. Provea acudió al sitio de los hechos inmediatamente después del operativo y pudo recoger el testimonio de Soto. Según sus declaraciones los efectivos presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.

En 2019 represión chavomadurista ha asesinado a 39 personas en protestas contra la dictadura

Provea y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Hasta el domingo 4 de marzo,  36 de las víctimas eran de genero masculino (92,30%) y 3 de genero femenino (7,69%). Las edades de las víctimas oscilan entre los 16 y los 47 años de edad. En 27 de los casos registrados (69,23%), los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. 28 de los asesinatos registrados se produjeron en zonas populares de Caracas y otras ciudades del país y 3 en comunidades indígenas. En el caso de Caracas, las 10 muertes registradas por Provea y el OVCS, se produjeron en el contexto de protestas que se desarrollaban en sectores populares: Catia; Las Adjuntas; San Agustín; La Vega y El Junquito; lo que refleja el cambio en la dinámica del conflicto a partir del 22 de enero; el desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país durante los últimos 18 años; el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político bolivariano, y la escalada represiva de la dictadura mediante el empleo excesivo de la fuerza a través del escuadrón de la muerte FAES; la GNB y agrupaciones paramilitares.

Edo. Anzoátegui: PNB y GNB lesionan de gravedad a compa difusor de El Libertario

Gianni Scovino (33 años) es un joven asperger, colaborador de la Fundación La Tortuga (http://www.fundacionlatortuga.org/), participe de la escena punk y difusor de artículos sobre el anarquismo publicados en El Libertario a través de su canal S3 7 (https://www.youtube.com/channel/UCt5E7TuSaxrHPyoXF07LlZg/videos) donde suele postear vídeos en inglés y español. 

El pasado 13 de julio de 2017 fue salvajemente agredido por funcionarios de la  Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras reciclaba desechos para la Fundación Tortuga en las inmediaciones del estacionamiento del Centro Comercial Plaza Mayor de Lecherías en el estado Anzoátegui. La golpiza que recibió quedo registrado en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=p5e5NDx7Ues

Empeño autoritario de Maduro ha matado a 35 venezolanos en un mes de protestas

Marcos Valverde (Correo del Caroní)

Todo pudo evitarse accediendo a contarse. Pero las mieles del poder han podido más y en un mes Nicolás Maduro ha echado a rodar toda la capacidad inventiva de la que él y sus adláteres son capaces para impedir, a toda costa, perder el gobierno. Tal empeño ha extremado las prácticas represivas que se vieron en 2014 y han dejado, además de los 35 muertos, por los menos mil heridos y más de mil 700 detenciones.

Como si la escasez, como si los casi 28 mil asesinados de 2016, como si el cercenamiento del derecho constitucional al referendo revocatorio presidencial, como si la tramoya para anular los comicios regionales y como si el hambre matando venezolanos no fuesen suficiente, a finales de marzo el gobierno de Nicolás Maduro se inventó una nueva: un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional.

Del terrorismo de la IV al terrorismo de la V República

Ebert Cardoza [ULA – Mérida]

Cuando en diciembre de 1998 Chávez ganó las elecciones, la mayoría de los venezolanos venían de una conflictividad social contra las cúpulas corruptas adeco-copeyanas, lo cual costó muertes, desapariciones, asesinatos selectivos, represión, allanamiento a universidades, masacres como Yumare, El Amparo, Cantaura y el “caracazo”, encarcelamientos y hasta fusilamientos por parte de brigadas de “cazadores” a estudiantes universitarios, como el caso del estudiante Domingo Salazar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Es bueno recordar que también eran calificados de “terroristas”.La ola de protestas en aquel entonces estaba encabezada por una izquierda insurgente que venía de la lucha armada y la protesta estudiantil, inmersa en una conspiración cívico-militar en la cual los militares terminaron infiltrando cada célula rebelde y absorbiendo los principales cuadros políticos,  secuestrando todo un ideario que luego se transformó en el llamado “socialismo del siglo XXI”.

Opinión: Maduro intenta sostenerse mediante la represión

Simón Rodríguez P.

Sin apoyo popular y con crecientes divisiones en el chavismo, el gobierno de Maduro se apoya en los militares para atacar con gran violencia a la ola de movilizaciones populares que comenzó el 4 de abril. El saldo represivo es de nueve muertos y centenares de detenidos y heridos. Pero las movilizaciones no han dejado de crecer y el 19 de abril centenares de miles coparon las calles de las principales ciudades, rechazando la deriva dictatorial de Maduro. La noche del 20 hubo un estallido generalizado en el barrio popular de El Valle en el oeste de Caracas.

El chavismo perdió el amplio apoyo popular del que gozó durante largos años y ahora el 85% de la población repudia a Maduro. El gobierno dice ser víctima de un golpe, pero en realidad los militares, que controlan varios ministerios, han cerrado filas en su defensa. El repudio de la mayoría de los trabajadores a Maduro no va de la mano de consignas golpistas o del programa liberal de la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sino que expresa el descontento de millones de personas que atraviesan una de las peores crisis económicas y sociales en la historia de Venezuela.

En Guayana se han incrementado las protestas por hambre y la represión militar

Oriana Faoro (Correo del Caroní)

El 2016 en Venezuela estuvo marcado profusamente por la escasez de alimentos. Ni siquiera el racionamiento eléctrico que condenó a los venezolanos a estar cuatro horas diarias sin luz entre abril y julio de 2016 superó el descontento social en torno a la falta de comida y los altos precios de la canasta alimentaria.

La "eficiencia" chavomadurista para reprimir a los hambrientos

Rubén Hernández

El panorama general en Venezuela ha llegado a ser tan patético, producto de la crisis económica global y local, y de la pésima administración del Gobierno de Maduro, que a quienes roban algún alimento los detienen las fuerzas represivas y en el proceso los exhiben públicamente como si fueran peligrosos criminales; mientras tanto hay numerosos delincuentes de élite bien libres y haciendo lo que les viene en gana. En el país suramericano los cuerpos armados y la Justicia continúan estando parcializados en favor de los poderosos (con honrosas excepciones), y es que a estas alturas, por ejemplo, nisiquiera han sido detenidos, y mucho menos imputados, los responsables de la estafa mil millonaria a CADIVI y centenares de corruptos de diversos colores políticos, gobernantes a toda escala. Eso sí, a quien sorprendan robando alimentos, como en el caso reciente del joven que hurtó algunas auyamas (calabazas), si le cae todo el peso de la ley, aunque dichos alimentos sirvan incluso para nutrir a los hijos pequeños.

Edo. Sucre: Brutal represión en Cariaco a protesta por comida (+Vídeo/Fotos)

Laclase.info

Cumaná, 13 de junio de 2016. El pasado viernes comenzaron las protestas en la población de Cerezal, en Cariaco, estado Sucre, cuando los vecinos del sector bloquearon la carretera que une a Cumaná con Carúpano y Monagas, exigiendo que se entregaran 400 bolsas de comida, supuestamente en manos de los tristemente célebres Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Crónicas de la ciudadana preocupada: Cuando la libre expresión se convierte en crimen

The Aglaworld

"Eres responsable de cada fotograma que creas.
Toda tu historia, tus raíces y tu visión deberían estar ahí. Haz que valga la pena verlo”
Bradford Young

Hace seis años, decidí fotografiar una de las multitudinarias manifestaciones públicas que solían ocurrir en Caracas por entonces. No tenía otra intención de documentar — en la medida de mis posibilidades — un evento político frecuente en mi ciudad. No obstante, apenas me uní a la multitud que protestaba y levanté la cámara, uno de los participantes se acercó a donde me encontraba con una mirada inquieta.

Opinión - El gobierno chavomadurista contra la izquierda: una persecución silenciada

Simón Rodríguez P.
A comienzos de este año fueron despedidos los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland, por realizar públicamente críticas a la política económica del gobierno. Los jóvenes intelectuales y activistas de izquierda venían cuestionando a través de artículos e intervenciones públicas el ajuste aplicado por Maduro y las grotescas mentiras de la propaganda oficial en torno a una “guerra económica”. Vázquez Heredia también se pronunció, ante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por el apoyo a candidaturas de la izquierda anticapitalista no alineada al gobierno ni a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los despidos como retaliación política no solo resultan sintomáticos de la precarización de derechos laborales en los centros educativos controlados por el gobierno, como la UBV, donde no hay derecho a la organización sindical, gremial o estudiantil. Más allá de lo que revelan sobre la inexistencia de las más elementales garantías para la actividad docente y la investigación en estas instituciones “bolivarianas”, estos despidos forman parte de la persecución contra la izquierda independiente en el país.

Contra el sindicalismo revolucionario

Varios dirigentes sindicales de izquierda han sido despedidos como retaliación política. Los dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino y Bladimir Carvajal fueron despedidos de Pdvsa en 2007 y 2015 respectivamente,  Armando Guerra de la misma organización fue despedido de Hidrocapital en 2007, en todos los casos por defender los derechos de los trabajadores y oponerse a los manejos de la burocracia. Por denunciar corrupción también fue despedida la dirigente sindical de izquierda Osmary Escalona, trabajadora del Seguro Social (Ivss) en el estado Lara. La lista es muy larga y no puede ser agotada en este breve escrito.

Los ataques empleando el aparato administrativo y represivo del Estado, o incluso el sicariato, contra toda posición que desde la izquierda independiente o incluso desde el mismo movimiento chavista interpelara al gobierno, fueron un recurso decisivo del gobierno para avanzar hacia una nueva gobernabilidad burguesa e imponer sus medidas de ajuste y restricción de las libertades democráticas. De esta manera, el gobierno no solo usó a sus agentes de la burocracia sindical para dividir a la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) en 2006 y así abortar el proceso de refundación del movimiento sindical, sino que incluso se apoyó en el sicariato para asesinar Richard Gallardo, el único presidente de una federación regional de la Unete electo democráticamente, la Unete-Aragua, así como a los dirigentes sindicales revolucionarios Luis Hernández y Carlos Requena, todos ellos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda, organización antecesora del PSL. La Unete-Aragua contaba con el hito de haber realizado la única huelga general regional del período chavista en 2007, y de haber sido parte de la emblemática lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay, en la cual más de seiscientos trabajadores realizaron una experiencia de producción autogestionada durante más de nueve meses, pese a la represión militar y policial.

Sicariato y represión

Así como el gobierno apeló al sicariato para aplastar a la vanguardia revolucionaria de los trabajadores en Aragua, llegando a asesinar a siete dirigentes del sindicalismo de clase, también empleó métodos similares contra la principal experiencia de recuperación de tierras indígenas, la encabezada por el cacique yukpa Sabino Romero en la Sierra de Perijá. Luego de un intento fallido de asesinar a Sabino Romero a finales del año 2009 por parte de agentes indígenas del Ministerio del Interior y Justicia, el gobierno procedió a encarcelarlo mediante un montaje judicial, junto con el joven dirigente indígena Alexander Fernández. Luego de año y medio como presos políticos, Romero y Fernández fueron liberados gracias a una campaña nacional de protesta y denuncia. No obstante, ambos serían asesinados, Fernández en 2012 y Romero en 2013, sin que hayan sido enjuiciados y condenados los autores intelectuales de ambos crímenes. En el caso del asesinato de Sabino Romero, tampoco se ha investigado y castigado la participación de militares en el crimen, cubriendo la retirada de los policías que actuaron como sicarios.

En enero de 2009, el gobierno regional de Anzoátegui, encabezado por el actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, atacó con su policía una huelga de trabajadores automotrices, asesinando a balazos a dos trabajadores. La huelga era encabezada por una organización adscrita al chavismo que exigía la nacionalización de una planta ensambladora de la Mitsubishi. Otro dirigente sindical crítico que fue asesinado por su enfrentamiento con mafias del chavismo fue Argenis Vázquez, de Toyota.

Criminalización de las luchas y censura

La criminalización de las protestas populares y las huelgas también se convirtió en un recurso cada vez más corriente luego de 2007. Centenares de procesos judiciales contra trabajadores y dirigentes sindicales, campesinos e indígenas se abrieron para aplastar el proceso de luchas sociales en auge. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, referente nacional del PSL, ha sido objeto de varias detenciones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana por participar en asambleas sindicales o incluso por repartir volantes en las instalaciones petroleras. Luego de que en el año 2006 una marcha de trabajadores petroleros encabezada por Bodas en Puerto La Cruz fue atacada a balazos por los cuerpos represivos, dejando a un obrero gravemente herido, el gobierno fue sistematizando sus ataques contra el sindicalismo de clase petrolero. En febrero de 2014, Bodas fue detenido por repartir volantes en la Refinería de Puerto La Cruz, junto con ocho trabajadores petroleros por más de 24 horas hasta que una masiva protesta obrera frente a los tribunales logró su liberación. En Petrocasa, Vtelca, Sidor y otras empresas estatales, el gobierno ha encarcelado y llevado a juicio a trabajadores identificados con el chavismo, pero con posiciones críticas hacia la burocracia del Psuv y el gobierno.

En 2009 fue encarcelado Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco y concejal por el partido de gobierno, por encabezar una huelga reivindicativa en su empresa. Al cabo de año y medio de encarcelamiento fue condenado a más de siete años de prisión, pero la masiva protesta logró que se anulara el aberrante fallo judicial, y en un nuevo juicio González fue absuelto, en 2014. Ya para entonces, González había abandonado las filas del chavismo y se había incorporado a la MUD.

En marzo de 2010, el gobierno chavista del estado Aragua reprimió una protesta contra el ajuste económico de Chávez convocada por la Unete-Aragua, deteniendo en la sede de la policía en Maracay a 25 activistas de sindicatos, organizaciones de izquierda y de derechos humanos. Muchas otras protestas de sectores sindicales combativos fueron reprimidas y objeto de detenciones masivas entre 2007 y 2013, destacándose las detenciones masivas en el marco de la huelga que culminó con la nacionalización de Sidor en 2008.

En este marco, el portal www.laclase.info, fundado en 2008, y uno de los principales medios alternativos de difusión de las luchas obreras en Venezuela, ha sido el blanco durante años de ataques informáticos y bloqueos en empresas estatales como Pdvsa.

Marea Socialista
Un movimiento amplio chavista con diversas tendencias, que abarcan desde el apoyo incondicional al gobierno de Maduro y a sectores de la burocracia sindical en el estado Carabobo, hasta posiciones más críticas del gobierno y que llaman a conformar una alternativa revolucionaria al Psuv, Marea Socialista (MS) ha sido objeto de numerosos ataques oficiales, desde acusaciones de servir a la derecha o al imperialismo, hasta maniobras para impedir que inscriban una tarjeta electoral en el Consejo Nacional Electoral. Mientras que el dirigente sindical Gustavo Martínez, identificado con MS, fue despedido de la empresa estatal Café Fama de América por criticar la gestión corrupta de la empresa. Sin compartir la posición de MS de invocar un supuesto legado chavista originario para contraponerlo a las “desviaciones” del gobierno de Maduro, es importante que los revolucionarios repudiemos los ataques antidemocráticos del gobierno en su contra. A la par que se desarrolla un debate público sobre el contenido del llamado “legado de Chávez”, y los elementos de continuidad que hay entre los gobiernos de Chávez y Maduro, hay que procurar la unidad en el terreno de la movilización contra el ajuste del gobierno y contra las restricciones a las libertades democráticas.

Unidad contra los ataques del gobierno

¿Por qué ha quedado a la sombra esta cruenta historia de persecución, represión y asesinatos por parte del gobierno chavista contra la izquierda, e incluso contra sectores de la propia base chavista? No hay una sola razón detrás de ello. Durante muchos años una parte del chavismo justificó estos crímenes como expresiones de la existencia de una “derecha endógena”, infiltrada en el gobierno del presidente Chávez, en vez de denunciarlos como parte de una política deliberada del gobierno para acallar a los luchadores radicalizados. La mayor parte de la izquierda latinoamericana, de inspiración socialdemócrata o filo estalinista, ha representado estos crímenes como parte de una supuesta lucha contra la derecha, capitulando al discurso oficial que presenta toda oposición al gobierno como de inspiración imperialista o burguesa. Mientras tanto, la MUD ha avalado silenciosamente estas persecuciones y represiones, cuando no ha colaborado activamente en ellas, como en el caso de la criminalización de las luchas indígenas y campesinas por recuperación de tierras, pues obviamente coincide con los objetivos del gobierno. Sus únicas críticas, cuando se han efectuado, han apuntado a lo tardía o insuficiente que desde su perspectiva resulta la represión oficial.

Una campaña unitaria por el reenganche de Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland en la UBV, Gustavo Martínez en Café Fama de América, Osmary Escalona en el IVSS y Bladimir Carvajal en Pdvsa, sería una oportunidad para plantar cara a la política gubernamental de criminalización de las opiniones políticas de izquierda y de la actividad sindical. Formaría parte de los necesarios esfuerzos por enfrentar la restricción de los derechos democráticos y por levantar una fuerza política y social que enfrente el despiadado ajuste con el que el gobierno castiga a la mayoría trabajadora de la población. Es una necesidad urgente.

[Tomado de http://web.laclase.info/content/el-gobierno-chavista-contra-la-izquierda-una-persecucion-silenciada.]

"Presa injustamente" Emily González habitante de la Panamericana

El Pitazo TV

En el Operativo de Liberación al Pueblo (OLP) que se desplegó en la carretera Panamericana, fue detenida Emily González habitante del sector La Ensenada del km 4 de esta importante vía. La joven de 22 años tiene dos hijos que ahora se encuentran con su tía porque su familia (al igual que otras 230), quedó "en la calle". Es acusada de tráfico de drogas.

Radio Alí Primera: Habitantes de la Panamericana, víctimas de la OLP, envían carta al Presidente Maduro

Radio Alí Primera

Los Consejos Comunales y la Comuna “El sueño de un gigante” ubicadas en la carretera panamericana, lugar en el que se realizó un fuerte operativo de la OLP emiten una carta pública dirigida al Presidente Nicolás Maduro Moros con la esperanza que revierta la penosa y dura situación a la que fueron sometidos niños, niñas, mujeres y padres de familia que quedaron  a la interperie sin ropa, enseres ni alimentos después de destruidas sus viviendas.

Acompañan su carta con el video en el que expresan su descontento y pesar: “Comandante en tu cumpleaños un parte de mi parte"

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE OBRERO NICOLAS MADURO

Por medio de la presente se expresan los acontecimientos y violaciones de los derechos humanos que están sufriendo más de 350 familias en el eje panamericano. Todo inicia la madrugada del 24 de julio de 2015, aproximadamente a las 4 am en los kilómetros 3, 4,5,6 y 7 de autopista Panamericana sentido Los Teques, exactamente los sectores El Bolivariano, El Cují, el Bosque Verde, La Ensenada, donde fueron desplegados más de mil funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, Guardia Nacionales, Policía Nacional y SEBIN. Estos efectivos llegaron sin orden judicial o fiscal, atropellando, amedrentando y agrediendo a los habitantes de estos sectores, con el fin de desalojarlos de sus hogares para la demolición. Alegaron que dichos actos eran órdenes presidenciales,  con el argumento que eran delincuentes, paramilitares, traficantes de armas, autos  robados y posesión de drogas, esto en aplicación del plan de liberación del pueblo (OLP).

Opinión - sobre la actuación de los cuerpos policiales y militares en el barrio Cota 905 de Caracas

Simón Rodríguez Porras

Mediante un operativo policial y militar denominado “Operación Liberación del Pueblo” que cercó durante 48 horas [los días 14 y 15 de julio] al barrio de la Cota 905 en Caracas, los cuerpos represivos realizaron 134 detenciones y asesinaron a 15 personas. La ausencia de bajas militares o policiales permite presumir que hubo un uso excesivo de la fuerza y posiblemente ejecuciones extrajudiciales, aunque el gobierno se niega a investigarlas, sentando un nuevo y peligroso precedente en materia represiva.

El Estado venezolano ha dado nacimiento a numerosos grupos parapoliciales, tanto en el período puntofijista, como durante los últimos quince años, con un grueso expediente de violaciones a los derechos humanos y bajo el cobijo de la impunidad.

Informe: Conflictividad social en Venezuela 2014

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

 

[Tomado de http://www.observatoriodeconflictos.org.ve.]

División y amenazas de despidos ponen fin a huelga de sidoristas

Clavel Rangel (diario Correo del Caroní)

La división, la presencia militar, una golpiza armonizada con música cristiana y las informaciones borrascosas, junto con el ingrediente de las amenazas bajo forma de calificaciones de despido, terminaron con la huelga que se mantuvo durante 13 días en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

La trifulca entre dos corrientes en el portón 3, durante la mañana de este jueves, hartó la paciencia de muchos trabajadores, quienes, ante el panorama gris, optaron por echar a andar la maquinaria de la acería y dejar atrás un capítulo turbio de su historia.represi

Los últimos hechos materializan la imposición del contrato colectivo vencido en 2008 y cuyo contenido sigue siendo un “secreto de Estado”. Tan solo se conoce lo difundido a cuentagotas por los directivos de Sutiss que aceptaron la propuesta contractual del gobierno en proceso de negociación que enterró los estatutos del sindicato.

La protesta de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) terminó de diluirse la mañana de este jueves luego de que una trifulca dejara en evidencia la debilidad y decadencia del comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss).

La pelea en el portón III de la estatal, que incluyó golpes y lanzamiento de barriles con música cristiana de fondo, acabó por replegar a los sidoristas que hace 13 días comenzaron una nueva huelga para presionar la divulgación de las actas del nuevo contrato y que, a 30 días de su anuncio, no han sido presentadas a los trabajadores.

Ya desde el miércoles el arranque estaba en marcha con la militarización de la acería de planchones. Con intimidación y persecución del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la directiva dejó a discreción de los trabajadores las consecuencias que acarrearía mantener la protesta de brazos caídos.

El Gobierno utilizó todos los mecanismos para poner orden en la siderúrgica, que ha estado afectada por la anarquía, la violencia y la pérdida de la institucionalidad promocionada por el mismo Ejecutivo desde la estatización de la acería en 2008.

Ante las amenazas, el sindicato se mostró débil. El presidente de Sutiss, José Luis Hernández, y el secretario de trabajo y reclamo, Leonardo Azocar, no pudieron impedir que la estrategia del patrono erosionara el convencimiento de los siderúrgicos.

Los trabajadores más persuadidos de las razones para la protesta, decidieron ceder espacio ante la posibilidad cierta de que se concreten calificaciones de despido sin que Sutiss pueda hacer nada al respecto.

Y las posibilidades de un acuerdo, que estaban en duda por el silencio del Ministerio del Trabajo, también se despejaron con las declaraciones en un medio regional del viceministro del Trabajo, Elio Colmenares, quien diferenció los estatutos sindicales de la Ley Orgánica del Trabajo y avizoró imposibilidad de conciliación.

Carrera electoral

Así fue como, con la mesa servida y los golpes entre los dirigentes sindicales, los trabajadores cedieron.

Las corrientes sindicales ahora proponen que el descontento y la resignación sean canalizadas en las elecciones de Sutiss, como inicialmente lo propuso el movimiento Coalición Siderúrgica y seguidamente Alianza Sindical.

A las 6:00 de la tarde de este jueves, dos de los cuatro hornos de fusión de la Acería de Planchones estaban en funcionamiento; uno en la Acería de Palanquillas y el tren de Barras y Alambrón ya estaba operando. En Laminación en Caliente, donde se fabrican los laminados, los trabajadores negociaban el arranque a cambio de retirar las calificaciones de despido.

A las 3:00 de la tarde en el portón III, y por primera vez en mucho tiempo, la flota entró a tiempo sin que alguna asamblea pudiera impedirlo. Ninguno de los dirigentes se presentó.

[Fuente - http://deslinde2011.blogspot.com/2014/09/division-y-amenazas-de-despidos-ponen.html]

Terrorismo. Criminalización para ponernos “rodilla en tierra”

Old SideshowBob

Terrorismo, palabra que empieza a ocupar la propaganda estatal de difamación a los disidentes. Terroristas que siguen un manual de “golpe suave”, ofenden al Estado hablando de “represión cruel”, las fuerzas del orden público actúan contra manifestantes que “no son ningunos santos”, están financiados por el extranjero, y todas las tácticas Goebbelianas de propaganda y cortinas de humo (http://xurl.es/ws33t). Este guión no es nuevo, pero el uso de la palabra terrorista como acusadora se enmarca en una legislación reciente (2012). Se crearon cargos para juzgar “terroristas”, y la decisión de quién es terrorista es del gobierno, en complicidad con los poderes legislativo y judicial. Es decir, un sistema de justicia configurado para que seas más culpable de lo que ya (presumen) eres. Este nivel de represión y difamación desmedida viene armándose ya desde el 2002, cuando podemos decir empezó a prepararse el terreno para legalizar la represión social, se aprueba la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (LSN). Se establecen penas de prisión a quienes interfieran con el desarrollo de las actividades de las Zonas de Seguridad (ZS), entre las cuales podemos destacar: “Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales” (Art. 48). Se castigará con prisión de 5 a 10 años a “ cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, qué estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país.” (Art. 56) Las huelgas, manifestaciones laborales y/o sindicales pueden criminalizarse discrecionalmente por el Estado, al poder apresar a quienes manifiesten, pues puede inculparse a los manifestantes por la obstrucción y perturbación de dichas ZS.

En el 2012 surge la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Un año que el circo/cerco mediático se enfocó en las elecciones presidenciales, con un presidente envuelto en una enfermedad misteriosa, que ganó pero no fue capaz de tomar posesión, pese a los tecnicismos del poder legislativo y judicial que no consideraron una falta absoluta la ausencia del candidato electo, que solo salía como relatos fantásticos de los altos jerarcas, o fotos mal montadas, sacadas a la luz a los pocos días de una devaluación del bolívar. Ese 2012, se aprobó la LODOFAT, pero el bochinche electoral y la enfermedad del caudillo “dictaba” la política del país, pasando la LODOFAT debajo de la mesa, pues la preocupación impulsada desde la polarización MUD-PSUV, era el cambio de gestor, la batalla final, y pare de contar...

Pronunciamiento del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

OVDHM

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, ante la escalada de violencia ejercida por el Estado venezolano contra las y los estudiantes, vecinos y otros sectores de la ciudadanía, como respuesta al legítimo ejercicio del derecho a la protesta cívica pacífica, establecido en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscrito por el Estado, denuncia ante el país y ante la comunidad internacional estos hechos, inéditos en sus alcances en nuestra historia política y que han superado con creces la represión que ha vivido Venezuela durante las mas crueles dictaduras de su pasado reciente.

Los organismos del orden público han desplegado en las protestas ciudadanas y estudiantiles, de manera desproporcionada e inaceptable, no sólo el potencial policial, sino la fuerza militar y de grupos civiles armados amparados por aquellos, como si se tratara de repeler enemigos en una contienda bélica La acción represiva ha sido justificada ilegalmente mediante una decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, que además de ser inconstitucional, viola los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, pues ilegaliza los derechos a la protesta pacífica y a las reuniones públicas lo que ha generado mayor conflictividad social al limitar y controlar los espacios para la libertad de expresión y la exigibilidad de los derechos . Por todo lo anotado el OVDHM desea exponer los siguientes criterios:

1.  Exigimos el cese inmediato de la represión contra el pueblo venezolano encarnado mayoritariamente hoy en nuestra juventud estudiantil y en contra de cualquier persona que disienta del gobierno o que ejerza su derecho a la protesta pacífica.

2.  Pedimos al Estado venezolano el respeto a los derechos consagrados en la Constitución nacional y en los Tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente los mandatos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás leyes nacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres.

3.  Rechazamos la represión y la violencia que el Estado ha generado como respuesta al ejercicio de los derechos ciudadanos a la libertad de reunión, participación y protesta, ejercidos por quienes participan en las marchas y manifestaciones que se vienen desarrollando en el país en el transcurso de los último 3 meses del año en curso y que han dejado como resultado la lamentable cifra de 44 personas fallecidas, centenares de personas heridas, 3035 detenidas, 44 muertos y 172 presos. Entre las personas fallecidas se cuentan 4 mujeres, además de un considerable número de compatriotas que han sido torturadas, heridas, violentadas, acosadas y privadas de libertad de manera injusta e ilegal.

4.  Demandamos la liberación de todas y todos los presos políticos y de las y los estudiantes que han engrosado esta categoría, por el hecho de liderar manifestaciones de exigibilidad de nuestros derechos. Especial mención hacemos del caso de la estudiante y Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela Sairam Rivas y de Abril Tovar, Dioris Albarrán, Betania Ferrera, Delibeth Briceño, Airam de Araujo, Angeli Pernía, Jenifer Jaramillo y Carlín Rodríguez entre otras, quienes también han sido privadas de libertad y en algunos casos incomunicadas de sus familiares.

5.  Reclamamos a las autoridades competentes el cese de la violencia ejercida como política del actual gobierno en su propósito de criminalizar la disidencia y el uso de la justicia, como arma de venganza política. Exigimos la debida diligencia para investigar, enjuiciar y sancionar a las y los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos en general y en especial a quienes violan los derechos humanos de las mujeres. Reclamamos igualmente la reparación a las víctimas o a sus familiares y el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos.

6.  Condenamos el asedio a las y los Defensores de Derechos Humanos, y nos sumamos a las peticiones del movimiento estudiantil, de las organizaciones de Derechos Humanos y de la ciudadanía en general que exige al Estado venezolano que se respeten, garanticen y protejan sus derechos humanos.

7.  Acompañamos en su duelo y en sus momentos de dolor a las madres, esposas, compañeras, hermanas, novias, amigas; las que han perdido seres queridos en el contexto de las acciones de protesta ante la crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela y exigimos al Estado a que cumpla con su obligación de investigar, procesar y sancionar de forma justa y firme a los responsables de tales crímenes,

[Tomado de http://observatorioddhhmujeres.org.]

Tarde de terror en Los Palos Grandes

Humberto Decarli

Esta tarde [14/5/14] la Guardia NAZIonal escribió un página horrenda en su actuar represivo. Luego de haber impedido el alcalde de Caracas la manifestación estudiantil ante la Fiscalía General porque el chavismo impide el libre tránsito en la ciudad de Caracas, los estudiantes acudieron en su defecto a la sede del PNUD ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, frente a Parque Cristal, para denunciar las espantosas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura fascista venezolana.

Desde aproximadamente las tres de la tarde comenzó un sistemático ataque a los manifestantes y comunicadores sociales a quienes les destruyeron sus cámaras e instrumentos de labor. Agresiones, perdigonazos, lacrimógenas, metras, piedras y detenciones fue el resultado de la escalada represiva de los militares, los policías NAZIonales y las bandas paramilitares. Más de doscientos detenidos, esposados, arrastrados y confinados en buses preparados para este evento.

Los vecinos hicieron resistencia levantando barricadas y dejando sonar su voz como constancia de rechazo a este proceder autocrático y antidemocrático. Los desiguales enfrentamientos duraron hasta pasadas las cinco de la tarde con resultados funestos por la toxicidad de los gases, la destrucción en las calles, la ansiedad creada por la represión indiscriminada y paremos de contar. Es la consecuencia del miedo gubernamental a la protesta pacífica y haber acudido los estudiantes a un organismo de las Naciones Unidas que ha criticado abierta y públicamente al régimen militar venezolano por su ostensible violación de los derechos humanos.

Como se puede apreciar no cede la presencia callejera de los estudiantes y de la gente que los apoya a pesar de la provocación gubernamental como vector para desviar la atención sobre la ausencia de alimentos, la elevada inflación y la inseguridad estimulada desde el Estado. Seguramente continuará la lucha contra una gestión militarista-fascista con rasgos claramente dictatoriales promovido por los uniformados venezolanos y sus aliados cubanos. Es una iniciativa larga pero sostenida y solo les queda al comité político militar la represión más implacable que jamás logrará doblegar el ingente esfuerzo de quienes estudian y buscan un futuro con sentido de la historia.