Opinión: ¿Protesta en los Barrios? ¡Claro que si!

tomado de Radar de los Barrios

“¿Qué c… es lo que está pasando allá delante?”, pregunta acalorado un joven que, al volante de su vehículo, lleva largo rato detenido en la autopista, en medio de una cola inexplicable. La respuesta se la da otro conductor que viene en sentido contrario, y que ya ha rebasado el origen del embotellamiento: “Tranquilo, chamo, que ahí te queda por lo menos una hora más. La tranca la tiene una gente del barrio que queda junto a la autopista. Están protestando porque tienen un mes sin agua”. La información no lleva alivio al angustiado ciudadano, ni lo impulsa a la solidaridad. Por el contrario, tan recalentado como el motor de su carro, se revuelve iracundo en el asiento y exclama: “¿Y qué culpa tengo yo de eso? ¡Sigan votando rojo! ¿Quién los manda, pues?”

LA INDIFERENCIA ES UN BUMERAN.

¿Le resulta familiar una escena como esta? ¡Es probable!: Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, sólo en el año 2013 se produjeron en Venezuela 4.410 protestas populares, muchas de ellas protagonizados por ciudadanos pertenecientes a sectores descontentos de la base pro-oficialista. Estamos hablando de un promedio de 12 protestas DIARIAS, casi una cada dos horas, por motivos que van de la ineficiencia en los servicios públicos a la falta de vivienda, o de la denuncia de la inseguridad al reclamo concreto por promesas incumplidas. Casi todas estas protestas de las empobrecidas mayorías nacionales se dieron (y se dan…) en medio de la más absoluta indiferencia de otros sectores de la población, que -cuando por casualidad se topan en una calle o una autopista con tales manifestaciones- en lugar de salir a hermanarse con esos ciudadanos en lucha, ponen una cara que es una mezcla de fastidio y rechazo, y gritan a los manifestantes: “¡¿Porque no se van a protestar para Miraflores?!”… olvidando que estamos en un país donde la gente protesta no donde quiere sino donde puede.

Todos somos terroristas

Por: Oscar Medina

Publicado en Diario El Universal 

Yendrick Sánchez es un ejemplo de hasta dónde han llegado las cosas en el país. No por la tonta osadía de infiltrarse en el entorno presidencial para darle ese tremendo susto al novel mandatario ahí delante de todo el mundo durante su juramentación -el 19 de abril- en la Asamblea Nacional. Lo es por las consecuencias del hecho: a Sánchez le imputan delitos contemplados en la llamada Ley Antiterrorista, también conocida en su momento como "ley sapo". Su alocada búsqueda de fama le está resultando cara a él y a su primo Juan Salas Sierra. 

La Fiscalía lo informó así: "En la audiencia de presentación, la fiscal 20º nacional, Katherine Harrington, imputó a Sánchez González, por la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo". 

"Le aplican la Ley Antiterrorismo a un muchacho que no cometió ningún delito", advierte Marino Alvarado, directivo de la organización defensora de derechos humanos Provea: "Es el extremo de la mentalidad represiva. Y también es un caso de incoherencia porque Nicolás Maduro dijo que hablaría con él, que lo iba a escuchar y lo que hicieron fue mandarlo a la cárcel. Y también al primo, quien no tenía nada que ver con el hecho". 

No se trata de un caso único ni aislado. Estamos, según Alvarado y el también activista de Provea, Rafael Uzcátegui, ante la administración que ha estrenado la Ley Antiterrorista publicada en Gaceta Oficial hace casi un año atrás: 30 de abril de 2012, número 39.912. "La propia Fiscal anunció el martes 16 de abril que se aplicaría en los casos de las protestas recientes", alerta Guzmán: "Y es un asunto muy delicado porque ahí se maneja una definición muy ambigua de lo que es terrorismo".

Contra la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado.

Movimientos chavistas de base, se movilizan contra la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado.

Bajo los lemas “Con Chávez, pero contra el burocratismo” y ¡No al Sicariato, la Impunidad y la criminalización de luchas sociales! campesinos, pobladores, comunicadores populares, trabajadores y colectivos marcharon hasta la Fiscalía y la Asamblea Nacional.

Según la Web oficial Aporrea los convocantes fueron la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (FNCEZ y FCSB), también la CANEZ, el Movimiento de Pobladores (CTU, Pioneros, Ocupantes, Red de Inquilinos, Conserjes...), la Asociación nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), Marea Socialista y la Unión Nacional de Trabajadores) y más de 80 agrupaciones, además de las que se sumaron a la manifestación.

Pintas y gritos sobre la “defensa de la revolución y de apoyo al presidente Chávez”, “contra el burocratismo”, “la censura de la crítica revolucionaria”, “por el control popular de los medios Estatales” y “contra la entrega de revolucionarios a Juan Manuel Santos y el Estado Colombiano”

En el portal gubernamental se puede leer “Una vez más se entregaron los casos y casos en la Fiscalía, que cada vez aumentan y aumentan”. “El Estado se muestra desbordado e incapaz de responder con la celeridad que amerita este tipo de ofensiva de la contrarrevolución, que asesina y pretende liquidar físicamente a los movimientos, desarticularlos y detener sus luchas”... “Estado ineficiente frente a los crímenes contrarrevolucionarios, tiene en su seno instituciones y burócratas que se prestan con mucha mayor eficiencia para hostigar, criminalizar y castigar a los luchadores obreros, campesinos y populares de la revolución, en complicidad con los capitalistas, terratenientes y mafias, y lo que es aún más lamentable; junto a jefes, directores o gerentes "rojos-rojitos" de empresas estatales y Ministerios que utilizan prácticas capitalistas y ajenas a la democracia participativa y protagónica”.

…“mientras son diletantes en hacer justicia para el pueblo, sin detener a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y atropellos, cooperan con la criminalización y judicialización de las luchas campesinas, obreras, populares o indígenas, razón por la cual hay y ha habido dirigentes y luchadores sociales presos, sometidos a procesos judiciales o a régimen de presentación en tribunales. Así se prolonga por dentro de la revolución la sesgada "justicia" de clase del capital, de los corruptos y de los terratenientes, por encima de la justicia del pueblo. Esto debe cambiar para salvar este proceso revolucionario de semejante amenaza”.

Con Información tomada de: http://www.aporrea.org/trabajadores/n182471

Piquete en rechazo a la sentencia contra Rubén González

El día de hoy organizaciónes sindicales, derechos Humanos y sociales nos dimos cita a las puertas de la Fiscalía General de la República para expresar nuestro profundo rechazo a la sentencia emitida contra el Sindicalista -y por tanto defensor de los derechos Humanos- Rubén González. Secretario de Reclamos del Sindicato de Ferrominera Orinoco en Ciudad Guayana y quien acompañó las peticiones de las y los trabajadores en la exigencia de un contrato colectivo que estaba siendo violentado en un 80% de sus reivindicaciones. Una huelga pacifica que culminó con la encarcelación por más de 1 año del compañero y ahora su condena por el delito de "hacer lo que tenía que hacer" protestar, defender el derecho violentado de las y los trabajadores y disentir.

Diversas organizaciones nos hemos declarado en lucha hasta lograr la libertad de Rubén, nuevamente expresamos nuestra solidaridad con su esposa Yadith, su familia, compañeras y compañeros trabajadores que no se han dejado amedrentar por el poder criminalizante y autoritario del Estado Venezolano. Esta es la primera de una serie de acciones a nivel nacional por la libertad de Rubén. Nos contenta y nos aupa saber que mientras permanecíamos en la Fiscalía trabajadoras y trabajadores de diferentes empresas básica en Guayana protestaban sin miedo en increbrantable muestra de solidaridad .

Haremos lo que tenemos que hacer. Libertad inmediata para Rubén González

Algunas fotos de hoy.

Sindicato del INCES denuncia al patrono estatal

COMUNICADO:

Desde el año 2009 se vienen presentando situaciones laborales e institucionales en el INCES que afectan a más de 10.000 mil trabajadores y que como contralores sociales hemos venido denunciando responsablemente, entre ellos el decaimiento de la formación profesional, el incumplimiento del Bono Anual de los años 2009 y 2010, la tercerización de los Contratados cuyo eslabón más débil son los Facilitadores a escala nacional, acoso laboral, etcétera.

Como consecuencia de lo anterior, las Autoridades del INCES, con la complacencia del Ministerio del Trabajo, han implementado prácticas antisindicales para la obstrucción, obstaculización e intromisión en la actividad de Sintrainces. Es por ello que el día de ayer 07 de Diciembre en horas de la tarde decidimos utilizar como recurso la presentación de una “Queja” ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violaciones a la libertad sindical de parte del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES, instituto autónomo presidido por la Ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa. Entre ellas podemos destacar:

1. Incumplimiento de cláusulas y negativa a discutir la Convención Colectiva de Trabajo presentada en el año 2009. (Vamos ya al 2011).

2. Obstaculización del derecho a Huelga, destacando el incumplimiento de lapsos y dificultades impuestas por el Ministerio del Trabajo, al Pliego Conciliatorio presentado por Sintrainces en el mes de Septiembre de 2010.

3. Injerencia patronal, negándose el INCES a descontar la cuota sindical de la gran mayoría de los afiliados a Sintrainces e incumpliendo con el pago de movilizaciones garantizadas por Contrato Colectivo con el objetivo de asfixiar a la Organización; amenazas de sanción a los trabajadores que asistan a las Asambleas convocadas por el Sindicato; negando los espacios de reunión; calificando el despido de dirigentes regionales e inclusive propiciando situaciones violentas en contra de los dirigentes sindicales.

4. La Promoción de Sindicato Paralelo como mecanismo de debilitamiento y sabotaje a la labor de Sintrainces, impulsando una campaña nacional de desprestigio, discriminación e incitación al odio contra los Dirigentes de Sintrainces, intimidando trabajadores a través de los Jefes de los Centros de Trabajo para que se desafilien a Sintrainces y se afilien al Sindicato Paralelo.

Esperamos por parte de la “OIT” la solicitud de respuestas al Estado, y una eventual Resolución favorable por parte de ese Organismo de Protección Internacional que nos permita restituir el derecho mediante la exhortación al Estado venezolano para que cesen las situaciones jurídicas infringidas por parte del INCES y el Ministerio del Trabajo.

La presente acción se enmarca en lo establecido en los Convenios 87 y 98 de la OIT que amparan la libertad sindical y la convención colectiva, y en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que da rango constitucional a tratados, pactos y convenios internacionales así como la posibilidad de acudir ante organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos.

Carlos Patiño

Presidente de SINTRAINCES / Coordinación PIDHDD Venezuela

Skype: carlosdpatino

Twitter: @carlosdpatino

Golpeado miembro de la Radio comunitaria Alí Primera durante manifestación de solidaridad con el estudiante Williams Sanguino

Alí Valenzuela

En horas de la mañana del día de hoy, lunes 09 de agosto, se realizó en la esquina de Pajaritos, en el centro de la ciudad capital, una manifestación pacifica en favor del estudiante de la UBV en el estado Táchira, y militante del PSUV, Williams Sanguino. En la actividad, la hermana de Sanguino se encadenó a las puertas del edificio administrativo José María Vargas, donde funcionan las oficinas administrativas del parlamento nacional. La noticia fue difundida por el portal oficialista Aporrea.

Según esta información así mismo se produjo un incidente con la Guardia Nacional, apostada en ese recinto, donde resultó detenido el dirigente popular y miembro de la Radio Comunitaria Alí Primera de la parroquia El Valle, Alí Verenzuela.

Las primeras informaciones indican que el dirigente resultó fuertemente golpeado por los efectivos militares.

Posterior a su detención y puesta en libertad, el dirigente comunitario se dirigió a la sede de la Fiscalía de la República a consignar la denuncia sobre la agresión a su persona.

Consultados algunos de los manifestantes vía telefónica indicaron que "esta protesta es legitima, ya que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su Preámbulo asienta el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia".

Los manifestantes solicitaron a todas las organizaciones populares y sociales su solidaridad y presencia. (http://www.aporrea.org/actualidad/n163083.html)