Opinión: Arco y flecha al sur del Orinoco

Luis Jiménez

“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.

El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el  “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en los estados Amazonas y Bolívar, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo,  entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español,  y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.

Este decreto inconsulto, que impulsa el fracasado modelo extractivista y rentista del gobierno venezolano, es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimiento de los derechos  de los pueblos indígenas  consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos  y Comunidades Indígenas, constituyendo quizás, la más grande contradicción ideológica práctica entre muchas más, del socialismo del siglo XXI latinoamericano.

En su derecho consuetudinario, nuestras etnias se enfrentaron con sus armas rudimentarias al invasor europeo y jamás se doblegaron, nunca aceptaron la esclavitud y se sacrificaron por defender sus pueblos y sus tierras. Hoy el gobierno desconoce ese derecho ancestral, pues en su afán de conseguir divisas, ha entregado una gran porción del territorio de la patria y nuestras etnias, a más de 150 compañías de 35 países para que ejecuten un plan de explotación minera en grandes extensiones de bosques y sabanas, en su mayoría vírgenes aun, produciendo un nuevo genocidio contra nuestros pueblos originarios, a sabiendas que todo un arsenal de promesas ha logrado lo que no pudieron los conquistadores, doblegar las almas indígenas mal poniendo por encima de toda organización ancestral la disciplina de un partido único.
La activación  del arco minero del Orinoco concurrirá en la muerte de naciones indígenas con más de 14 mil años asentadas en una de las regiones más antiguas de la tierra, entre ellas la nación mapoyo, cuyo idioma fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra, impulsada por un gobierno que se autodenomina “ecosocialista” y que oficializó la “resistencia indígena” y bajó a los conquistadores europeos del pedestal de la historia, para honrar a nuestros caciques. ¿Será que para seguir los honores le colocaron ese nombre (Arco), en alusión al arco y la flecha, símbolo de la resistencia?

Aún, si en el mejor de los escenarios, el gobierno actual decidiera derogar el decreto 2.248, no existe garantía política, constitucional, legal, militar o técnica que evite la persistente, sistemática, empoderada, apadrinada, armada y financiada invasión de mineros ilegales a los territorios indígenas, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121). Por el contrario, si al día de hoy persiste la ingobernabilidad, debilidad institucional, pérdida de soberanía y desidia gubernamental en lo hoy delimitado como Arco Minero, lo más seguro es que, al no actuar desde el verdadero interés de nuestras etnias, ese sea el escenario que siga prevaleciendo.

Solo es posible revertir tal escenario si se reactiva y concreta el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat, productos de la autodemarcación de territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país. Sería la única forma de contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” persiste en continuar contra nuestras culturas originarias. Ese paso si garantizaría la aplicación de los planes de vida (bien o no apoyados por el Estado y la institucionalidad), consagrados en el artículo 123 de la Constitución, al prevalecer un paradigma más sustentable, ecológico, y por tanto más realmente de acuerdo con los valores de las culturas indígenas, reemplazando el “modelo rentista extractivista minero y petrolero” por alternativas ecológicas, económicas y biológicas preservadoras de la vida y la sustentabilidad, algo perfectamente posible si sólo hubiera la voluntad política y verdaderamente revolucionaria.

¡Contra el Arco Minero, Arco y Flecha¡