Simón Rodríguez Porras
La noche del 27 de noviembre de 2008, luego de una ardua jornada en la huelga en la fábrica de la transnacional de alimentos Alpina, tres dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores, capítulo Aragua, se dirigieron a uno de los locales de La Encrucijada de Cagua a cenar. La policía del estado Aragua, bajo órdenes de los tribunales, había atacado la huelga a comienzos de la tarde, hiriendo a cuatro trabajadores y desalojando la ocupación que se mantenía en protesta por rebajas salariales y violaciones a la libertad sindical por parte de la patronal. En una gran acción de solidaridad, decenas de trabajadores de la zona convocados por Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, había logrado sumarse a los obreros de Alpina para desalojar a la policía regional y retomar la fábrica. Carlos, delegado de prevención en la empresa Produvisa, estaba lesionado en una pierna producto del enfrentamiento con la policía.
Gallardo era presidente de la Unete-Aragua, indiscutiblemente el principal referente del movimiento obrero del estado. Junto con Hernández, secretario general del sindicato de la Pepsi Cola, los dirigentes habían protagonizado las principales luchas de los trabajadores de la región contra contra el golpe de Estado, contra la burocracia sindical, a favor de la heroica experiencia de autogestión obrera en Sanitarios Maracay, así como en la huelga general regional del año 2007, e innumerables huelgas y acciones reivindicativas. Su perfil como sindicalistas autónomos, democráticos y revolucionarios, además de su apuesta por la construcción de un partido político que expresara los intereses de los trabajadores, independiente del gobierno y los patronos, les habían granjeado la enemistad de empresarios, cuerpos policiales corruptos, mafias sindicales de la construcción ligadas al Psuv, así como de la élite boliburguesa regional. Aquella confluencia de intereses que Gallardo llamaba “la santa alianza” contra los trabajadores.
Con siniestra precisión, un sicario profesional irrumpió en el local donde se encontraban y acribilló a Luis, Richard y Carlos, truncando en pocos minutos las vidas de tres de los más destacados luchadores de la clase trabajadora aragüeña y del país. Los enemigos de los trabajadores no solo apuntaban a quitar del camino a tres dirigentes probados en mil peleas, sino también a destruir la Unete-Aragua y el joven partido político que ellos impulsaban, la Unidad Socialista de Izquierda, bajo cuyas banderas habían participado en las elecciones regionales realizadas apenas cuatro días antes. En una advertencia directa, la banda armada de motorizados ligada al alcalde electo de Villa de Cura, el pesuvista Aldo Lovera, había celebrado el triunfo electoral con disparos al aire frente a la fábrica donde trabajaba Luis Hernández, quien había sido el contendor de Lovera.
La Masacre de La Encrucijada desató una indignada respuesta obrera de manera inmediata. El propio 28 de noviembre en la mañana la rabia recorrió las fábricas de Aragua y se expresó en un paro regional con cortes de rutas importantes como la Autopista Regional del Centro. En Villa de Cura, incluso el comercio cerró ese día ante la gran conmoción social. Inmediatamente una huelga regional fue convocada para el 2 de diciembre. Bajo la presión de la movilización, el gobierno se vio forzado a romper su silencio el 1 de diciembre, cuando el presidente Chávez se dirigió a Maracay y aseguró que el crimen sería investigado, además de prometer una depuración de la policía regional. Promesas que serían incumplidas.
La huelga regional del día siguiente obligó a las autoridades a comprometerse a instalar una comisión de la verdad con la participación de las familias de las víctimas de la masacre y de las organizaciones sindicales, como garantes de la transparencia de la investigación. No obstante, esa misma noche el ministro del Interior y Justicia anunció la posición que en definitiva impondría el gobierno para encubrir el crimen y salvaguardar a sus autores intelectuales y materiales: se anunció que la masacre había sido motivada por un “ajuste de cuentas” por una disputa dentro del sindicato de la Pepsi Cola, y se acusó a un trabajador de la empresa, sin evidencias y sin que los fiscales a cargo de la investigación respaldaran los dichos del ministro El Aissami. Pero además, numerosos testigos confirmaban que el trabajador había cumplido turno esa noche en la fábrica. Menos de un año más tarde, El Aissami emplearía los mismos métodos de encubrimiento y montaje judicial para perseguir al cacique yukpa Sabino Romero y encarcelarlo por año y medio. Como recompensa por las tareas realizadas, Chávez llevaría a El Aissami a la gobernación de Aragua en las elecciones regionales de 2012.
En la misma línea, las autoridades regionales torpedearon la comisión de la verdad que había sido acordada. Nuevas movilizaciones de trabajadores en Maracay el 11 de diciembre y el primero de mayo de 2009 reiteraron la exigencia de una investigación independiente y consistente de la masacre. La impunidad favoreció un nuevo ataque del sicariato, con el asesinato del sindicalista revolucionario Jerry Díaz, también de la Unete-Aragua, el 25 de abril de 2010. Cuando menos, al gobierno le interesaba dejar correr estos crímenes para aplastar a la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), principal corriente sindical de la región y cabeza de la Unete-Aragua. Más allá, el crimen contra Díaz confirmaría nexos de las mafias sindicales de la construcción con el alto gobierno. A menos de un mes del asesinato de Díaz, el 23 de mayo el presunto sicario y el dirigente sindical de la construcción Tomás Pérez aparecieron en la edición 358 del programa Aló Presidente, transmitido desde Guacara. Pérez tomó la palabra y recibió los aplausos del presidente Chávez como “dirigente obrero bolivariano”.
Dando continuidad a la política de encubrimiento del sicariato antiobrero, el presidente Chávez publicó el 1° de agosto en su columna de opinión “Las líneas de Chávez” la insólita declaración de que “en la Venezuela bolivariana no tenemos sindicalistas asesinados”. Actualmente Rafael Isea, quien en aquella época se desempeñaba como gobernador de Aragua y uno de los principales socios de las mafias sindicales de la construcción, se encuentra prófugo en EEUU, presuntamente bajo acuerdos de colaboración con la DEA.
La exigencia de justicia para Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, así como para Jerry Díaz, Ramiro Ponce, Esdras Vásquez, Luis Delgado y Carlos Méndez, mártires de C-cura a manos del sicariato, sigue en pie. Como sigue vivo su proyecto de construir una corriente sindical autónoma y combativa, y un partido revolucionario de los trabajadores y el pueblo oprimido. Al conmemorarse seis años de la Masacre de La Encrucijada, el Partido Socialismo y Libertad inaugurará en Maracay la Casa de los Trabajadores Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena como homenaje.
[Tomado de
http://web.laclase.info/content/la-masacre-de-la-encrucijada/.]
Entradas
