Caracas, 8/8/16: Acto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Laboratorio de Paz

 

Comunicado de Laboratorio de Paz sobre el Decreto 2.323 y el Estado de Excepción

Laboratorio de Paz

El pasado 13 de mayo de 2016, el Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministro y a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.227 dicto el Decreto Nro. 2.323, el cual establece un Estado de Excepción nacional inédito desde la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999.

El Laboratorio de Paz considera oportuno reiterar lo expresado por diversas organizaciones venezolanas de derechos humanos: la preocupación por las implicaciones en materia de militarización de la sociedad civil y participación social expresada el numeral 3 del artículo 2, que establece la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los órganos de seguridad nacional (CICPC, PNB, policías estadales y municipales) junto a los Consejos Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) en labores de control, vigilancia y seguridad pública, actuando como órganos de coacción estatal y para-estatal, sin normativa ni protocolos de acción que regulen y establezcan los límites y responsabilidades de su acción violando estándares y recomendaciones en materia de Derechos Humanos, lo cual podría afectar de manera grave el libre ejercicio de derechos constitucionales como manifestación pacífica, asociación y libertad de expresión de la sociedad en general.

12 de mayo: Día Internacional de la Objeción de Conciencia

Laboratorio de Paz

[[Tomado de http://laboratoriosdepaz.org/por-el-dia-de-la-objecion-de-conciencia-soycivilnomilitar.]

Cuánto gasta en armas un gobierno que fracasa en garantizar abastecimientos básico a la población (Infografía)

Laboratorio de Paz

LabPaz en Barquisimeto: Más de 5 millardos de dólares gastó el Gobierno en armamento militar

María F. Pérez (diario El Impulso)

Desde 1999 hasta el 2015 el Gobierno nacional dispuso de $5.620.000.000 para la compra de armamento militar, hechas especialmente a Rusia; 4.005 millones de dólares, China; 597 millones de dólares y a España 290 millones de dólares. Que llevó a Venezuela a ubicarse en el primer puesto de países de América Latina que más dinero gastó en armas y en el lugar 18 a nivel mundial, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo. Al evaluar las inversiones que se pudieron realizar en el país con dichos recursos, se traduce en 112.400 apartamentos equipados de la Misión Vivienda, 56 hospitales de dos pisos con 220 camas cada uno y 4.257 liceos bolivarianos. Lo que evidencia cómo el Ejecutivo puso por encima de la necesidad de salud y educación, la dotación a la Fuerza Armada Militar.

Entre las armas compradas con esos recursos están aviones de guerra con 2.201 millones de dólares, misiles por 927 millones de dólares y defensa antiaérea 810 millones de dólares. Para el 2016 el presupuesto para la Fuerza Armada pasó a octavo lugar, debido a la crisis económica que sufre el país. Sin embargo, aún es superior al del sector vivienda.

Caracas, U.C.A.B., 15/4/16: Taller "Soy civil, no militar"

Laboratorio de Paz // PROVEA // Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

 [Tomado de http://laboratoriosdepaz.org/soycivilnomilitar.]

antimilitarismo

Venezuela reiniciará construcción de única fábrica de fusiles Kalashnikov en América Latina

“Mi dolor espiritual es insoportable. Tengo la misma pregunta sin resolver: ¿Si mi rifle se llevó la vida de las personas?, entonces puede ser que soy culpable por las muertes de las personas, aunque fueran enemigos” Mijaíl Kaláshnikov

En mayo del 2005, el Ministerio de Defensa de Venezuela firmó un contrato con la compañía rusa Rosoboronexport para comprar 100.000 fusiles AK-103, así como las maquinarias y la tecnología necesarias para producir localmente la munición, lo que sería la primera fábrica de fusiles AK en territorio latinoamericano.  

Las relaciones del comercio de armas entre Rusia-Venezuela además de estos fusiles incorporaron 24 Sukhoi (SU-30) y 53 helicópteros militares,  por el orden de los 3 mil millones de dólares. Esto incluyó el flujo continuo de personal militar, pilotos y técnicos, para proporcionar y recibir entrenamiento. Posteriormente, vinieron los anuncios de adquisición de entre 10  a 12 misiles sistema de defensa antiaérea Tor-M1 de Moscú. 
Venezuela recibió 30.000 fusiles el 3 de junio del 2006. Dos meses después, el 30 de agosto, una segunda remesa de 32.000 AK-103. Un último lote fue recibido el 29 de noviembre del mismo año. Según el acuerdo, la construcción de la fábrica dedicada a la producción de fusiles Kaláshnikov y otra para la producción de municiones se ubicarían en la ciudad de Maracay, estado Aragua.  El general de Brigada Gustavo Ochoa, presidente de Cavim para la fecha, anunció que estarían en pleno funcionamiento en tres años y medio, es decir en 2009,  con una capacidad de producción de 50.000 unidades al año. 

Militarización e industrias extractivas: Mirada latinoamericana desde el antimilitarismo y el derecho a la paz

Laboratorio de Paz

El propósito del siguiente texto es realizar una vinculación entre la creciente situación de militarización experimentada en diferentes países latinoamericanos con el modelo de producción extractivista, promovido como paradigma de desarrollo en la región, con especial énfasis en la última década. Para ello, desarrollaremos lo que se entiende tanto como derecho humano a la paz como lo que debe comprenderse como extractivismo. Asimismo, haremos un resumido recuento del movimiento antimilitarista latinoamericano para pasar a realizar algunas consideraciones útiles para los activistas de derechos humanos sensibles a la propuesta de desmilitarización de los territorios.
El derecho humano a la paz

Desde el año 2005 un grupo de expertos, interesados y activistas han venido reuniéndose en la península ibérica para consensuar una declaración que logre el reconocimiento del derecho humano a la paz. Tras cónclaves en las ciudades Gernika, Bilbao, Madrid, Barcelona y Sevilla se ha logrado el acuerdo de un articulado, conocido como “Declaración de Luarca” (DL), que hasta ahora constituye el esfuerzo más completo para su conceptualización. La DL consta de un preámbulo y dos partes, cuya última redacción se realizó en el año 2006, fecha desde la cual se promueve que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la incorpore dentro de los pactos internacionales de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para los Estados.

18 ONGs venezolanas se pronuncian sobre derechos indígenas

Ante la incapacidad estatal para garantizar derechos indígenas, el Estado debe implementar las recomendaciones de la ONU para pueblos y comunidades originarias venezolanas

(Caracas, 10.10.15) La conmemoración de un nuevo 12 de octubre, calificado por el Ejecutivo Nacional como “Día de la resistencia Indígena”, el balance de garantías de los derechos de los pueblos y comunidades originarias en el país presenta escasos avances. A pesar de las diferentes iniciativas impulsadas por la gestión del presidente Hugo Chávez para materializar los derechos presentes en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las diferentes normativas legales, los resultados son precarios, fragmentados y alejados de una política pública que, de manera integral, genere condiciones para mejorar la calidad de vida de las y los indígenas venezolanos y reducir de manera sostenible sus índices de pobreza, mejorando sus condiciones de salud y asistencia sanitaria.
Para las diferentes organizaciones e iniciativas que suscribimos el presente comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene en las diferentes recomendaciones realizadas recientemente por Naciones Unidas, como resultado de sus exámenes sobre el nivel de cumplimiento de los pactos suscritos en materia de derechos humanos, una agenda de trabajo inclusiva que cumplir para mejorar la preocupante situación de los derechos de los pueblos indígenas.

Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), como el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) coincidieron en que ante la profundización de una economía extractivista en el país, el Estado debe garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura, “particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, derecho presente en nuestra Carta Magna. La ONU recomendó para ello, específicamente, la necesidad de agilizar y aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre e Informada, asegurando la participación activa de las propias comunidades en su elaboración, lo cual queda como una tarea a asumir por la próxima Asamblea Nacional. Como recuerda Naciones Unidas, las decisiones de los pueblos indígenas sobre aspectos que los afecten deben ser respetadas “por todos los agentes tanto gubernamentales como privados en condiciones de completa seguridad”. 

Infografía: Situación de los pueblos indígenas de Venezuela

Guajira: Obstáculos al DDHH a la Asociación Indígena Wayúu (Vzla)

Informe elaborado por el equipo de Laboratorio de Paz sobre las restricciones y obstáculos al derecho a la asociación indígena del pueblo Wayúu en la región venezolana de La Guajira, luego de la creación del Distrito Militar Nº 01 en 2010.

Podcast: Militarización de territorios wayuu en Venezuela

A través de este podcast, Laboratorio de Paz quiere contribuir a la visibilización de esta problemática y expresar su apoyo a las luchas del pueblo wayúu y los pueblos indígenas del país, por preservar su cultura y su modo de vida.

Infografía: Alto a la criminalización del pueblo wayúu

Extractivismo en Venezuela: contra el ambiente y contra las comunidades indígenas

Correo del Caroní (diario de Ciudad Guayana)

La palabra extractivismo no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, pero su uso, frecuente en temas económicos, de desarrollo y de ambiente, apunta a un modelo de rentabilidad basado -como su nombre lo indica- en la extracción de recursos del suelo. Esta puede ser una definición general del término, pero si se habla del contexto actual del extractivismo en Venezuela, alfa y omega de su desarrollo y sustento, las nociones van mucho más allá de un concepto escueto.

En un informe presentado ante Naciones Unidas, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz no solo recordó la importancia de la extracción petrolera para Venezuela y las metas propuestas para el “Plan de la Patria 2013-2019”, sino que además concluyó que la explotación de nuevos yacimientos petroleros y la conformación de empresas mixtas para tales fines se viene haciendo “sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Nacional”.

Verbigracia está la realización y difusión de estudios de impacto ambiental, como queda sentado en el artículo 129 de la Carta Magna; además del incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas afectadas. Esto según el 120 de la Constitución. Otro de los derechos afectados por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo establece el 119 de la ley citada.

“El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país. En opinión de la ONG Provea, la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera”, reza el informe.

Retroceso administrativo

Además del desplazamiento de pueblos indígenas a manos del Estado que se deriva de la falta de delimitación de sus tierras, Laboratorio de Paz también llama la atención sobre el retraso en políticas ambientales y el debilitamiento de las instituciones correspondientes. En este caso se refieren específicamente al extinto Ministerio del Ambiente, cuyas funciones hoy se diluyen en el recién Ministerio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo.

“En opinión de la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) esta decisión será un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución. El debilitamiento institucional del órgano encargado de la ejecución de políticas ambientales en el país significará menos posibilidades de monitorear y establecer correctivos a las consecuencias negativas del extractivismo en Venezuela”, recoge el trabajo de Laboratorio de Paz.

Ecocidio minero

La publicación también guarda un apartado sobre la actividad minera en áreas protegidas, donde se señala el caso del Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana. Ahí se reseña las denuncias de las mujeres pemonas de la zona, quienes señalaron a mineros ilegales de contratar a miembros de su tribu para esta práctica prohibida en esos espacios por ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

Esa actividad, señala Laboratorio de Paz, se ha traducido en el aumento de la deserción escolar, el alcoholismo, abandono de actividades tradicionales, enfermedades “y otros padecimientos como consecuencia de la progresiva incorporación de indígenas a la extracción de minerales. Las mujeres han sido víctimas de amenazas y hostigamientos debido a sus denuncias”.

De “garimpeiros” y guerrillas

Pero las irregularidades en el extractivismo criollo no vienen solo de mineros ilegales y de militares incursos en este tipo de actividades, sino también de grupo guerrilleros que actúan en la Amazonia venezolana conjuntamente con buscadores de oro y piedras preciosas del Brasil: los comúnmente conocidos “garimpeiros”. Esto es lo que recoge el informe sobre el caso:

“La Coiam (coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonia venezolana) ha denunciado que “garimpeiros” ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana así como venezolanos, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en la zona. El gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó que la explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos. La deforestación a causa de la minería ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al año”.

De ahí que la organización no gubernamental proponga las siguientes recomendaciones en su publicación:

√ Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.

√ Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).

√ Revertir la militarización del territorio wayuu derogando la creación del Distrito Militar número 1, investigando y sancionando las denuncias de violación al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal realizadas por las organizaciones indígenas de la Guajira venezolana.

√ Dar cumplimiento pleno al artículo 119 de la CRBV que establece el reconocimiento de las organizaciones sociales, políticas y económicas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

√ Reconsideración de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda, otorgándole el presupuesto e independencia necesarios para el cumplimiento de su labor de preservación de la naturaleza.

√ Establecer canales democráticos de participación, sin exclusión por razones políticas o ideológicas, para las diferentes organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos para el diseño de políticas públicas que disminuyan los efectos negativos de la economía extractiva en el país.

Descargue Informe completo de Laboratorio de Paz (PDF) en http://www.correodelcaroni.com/images/stories/dia021114/EXTRACTIVISMO.pdf

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/22356-extractivismo-en-venezuela-se-hace-sin-estudios-ambientales-ni-consulta-a-comunidades-indigenas.]

12 de Octubre: Injerencia estatal viola derechos de los pueblos indígenas

Laboratorio de Paz

Se cumple un 12 de octubre más y siguen siendo muchas las deudas del Estado venezolano con los pueblos originarios. Los indígenas en Venezuela representan el 2,8% de la población total del territorio, 724.592 personas según el XVI Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2011. Un total de 51 pueblos indígenas, siendo los que tienen mayor cantidad de integrantes los Wayúu/Guajiro (57,1%), siguiéndole Warao (6,7%), Kariña (4,7%), Pemón (4,1%), Jivi/Guajibo (3,3%), Kumanagoto (2,9%) y Añú/Paraujano (2,9%). Los Wayúu es el pueblo que concentra más de la mitad de la población indígena de Venezuela, la mayoría (97,9%) reside en el estado Zulia. 

Entre los meses de octubre de 2013 y marzo de 2014, Laboratorio de Paz, realizó una investigación sobre la situación del Movimiento Indígena en Venezuela desde la perspectiva del derecho humano a la asociación, entendiendo este como la garantía que gozan y tienen las organizaciones, instituciones y autoridades legítimas de los pueblos indígenas de funcionar de acuerdo a sus valores, usos, costumbres, tradiciones ancestrales, creencias y religiones. 

El trabajo de campo realizado en los estados Bolívar, Zulia, Mérida y Amazonas se entrevistó a vocero/as y líderes de comunidades y organizaciones indígenas, así como experto, académicos aliados en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con la intención de elaborar un Diagnóstico sobre la situación actual del movimiento indígena en el país, las amenazas, avances y retrocesos en la garantía y ejercicio del derecho a la asociación indígena en Venezuela. Algunos de los resultados fueron los siguientes: 

Un 82% del total de personas entrevistadas afirmó que ha sufrido algún tipo de injerencia por parte del Estado venezolano en los fines de la asociación. Apenas el 18% dijo no haber tenido ningún tipo de intromisión estatal. El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas (MINPI) es la institución más señalada como impulsora de figuras ajenas a las organizaciones tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas con base en la Ley Orgánica de Consejos Comunales que señalan intentan sustituir las instancias organizativas propias y tradicionales por figuras vinculadas a la identidad político-ideológica del Gobierno Nacional. El Minpi, con base en los entrevistados, contrario a su objetivo, ha obstaculizado el proceso de demarcación de territorios indígenas. 

Miembros de las comunidades indígenas señalaron que para ser reconocidos como interlocutores por el Gobierno Nacional han sido obligados a conformarse en otras figuras organizativas y abandonar sus estructuras tradicionales. El 83% de los entrevistados consideraron que habían recibido presiones afectando su derecho a funcionar de forma autónoma y sin intromisiones estatales infundadas. 

A su vez, el 70% señaló que el Estado obstruye las labores para las cuales conformaron su organización y un 100% denunció que han tenido la obligación de incorporarse a actividades proselitistas del gobierno para ser incluidos como beneficiarios de las políticas públicas o ser tomados en cuenta por las instituciones del Estado. La afirmación “no cabe dentro de los pueblos indígenas alguien que no apoye esta revolución” hecha por la Ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas Aloha Nuñez el 12.10.2013, explica en buena medida el proceso de cooptación y exclusión por razones político ideológicas que desde el gobierno nacional se ha impulsado lesionando seriamente el derecho humano a la asociación libre de los pueblos indígenas, que nace de su cultura, identidad, formas de organización que les son propias, tradicionales, autóctonas para implementar sus sistemas de instituciones dando forma a su cosmovisión. 

El modelo organizativo impulsado por el Estado basado en los Consejos Comunales “Indígenas”, se ha constituido –según los entrevistados- en la mayor violación al principio del derecho a la asociación de las comunidades y pueblos indígenas. Los Consejos Comunales excluyen las estructuras tradicionales de deliberación, jurisdicción, constitución, prácticas y toma de decisiones de los pueblos indígenas. No son las comunidades o los pueblos quienes dependiendo de su conformación, discuten y determinan lo mejor para su comunidad sino que a través de esta nueva delimitación geográfica y poblacional se establece una microsociedad y se formaliza una nueva estructura de microgobierno. 

Para 2013 existían en el país 2685 Consejos Comunales Indígenas según cifras del MINPI. 

En su estudio, Laboratorio de Paz concluyó que el Estado venezolano ha incumplido todas las buenas prácticas para asegurar el ejercicio del derecho a la libre asociación de los pueblos indígenas. Si bien es mayoritario el consenso en la importancia de los avances en materia normativa a través de la inclusión del Capítulo VIII en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la aprobación de la Ley de Pueblos y Comunidades indígenas, las expectativas y la puesta en práctica de las obligaciones legales aún están en mora. 

La demarcación de sus territorios, solamente se ha llevado a cabo en menos del 5% y con importantes críticas ya que en algunos casos no han respetado sus planes de vida y mapas mentales. La demarcación es un deber y una deuda de 14 años que tiene el Estado venezolano de cumplir con la CRBV y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto coinciden que la cooptación de las organizaciones indígenas por parte del Ejecutivo las ha dejado sin una agenda propia de reivindicaciones y movilizaciones a nivel regional y con débiles niveles de articulación. A pesar de ello, algunas iniciativas comienzan a surgir tratando de rescatar la autonomía y recuperar la capacidad de coordinación, movilización y lucha por sus derechos y conquistas. 

Laboratorio de Paz exhorta al Estado a promover, garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de participar directamente a través de sus organizaciones legítimas, tradicionales y autónomas en la formulación de las políticas públicas que puedan afectarles y debe a su vez, abstenerse de ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las organizaciones, instituciones y autoridades legítimas de los pueblos originarios. A su vez, el Estado debe dar cumplimiento a la CRBV y garantizar el derecho a la demarcación con base en sus mapas mentales, proyectos de vida y con autonomía en el ejercicio pleno del derecho a la consulta previa, libre e informada tanto para demarcación como para la implementación de proyectos, estudios, planes explotación y extracción en sus territorios ancestrales. (Laboratorio de Paz, 12.10.2014)

Esteban Emilio Mosonyi: “En materia desarrollista minera el gobierno y la oposición son igualitos”

Laboratorio de Paz

Hablamos con Esteban Emilio Mosonyi uno de los antropólogos y activistas históricos en la defensa de los derechos indígenas. A continuación la transcripción de la interesante entrevista sobre la situación de los pueblos originarios en Venezuela

- El marco normativo aprobado sobre derechos indígenas… ¿se respeta?

- En general en mayor o menor medida los indígenas han logrado realizar sus reuniones, incluso presentarse en las capitales, en CCS, también hacerlo sobre distintos tópicos como la demarcación, los derechos, la situación particular de algunos dirigentes, como el caso de Sabino, su asesinato. También hay que decir no desde arriba pero si desde lo que ha sido la dirigencia media tanto de partido de gobierno como del funcionariado mediano y de bajo nivel si han obstaculizado algún tipo de movilización indígena, sobre todo cuando eso interfería con intereses creados por ejemplo ganadero, también algunos funcionarios militares, incluso los planes de desarrollo no consultados con las comunidades. Si ha habido interferencia en forma asistemática y seria mentira decir que es algo como política de Estado o dirigida desde arriba. Pero también ha habido, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, menos priorización de la cuestión indígena que en los años anteriores cuando vemos claramente que las disposiciones, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV (CRBV), que son brillantes, interesantes… claro siempre hay alguna critica que uno podría hacer, pero en general es una buena constitución, pro-indígena y sobre todo es marcadísimo esa segunda parte, en las disposiciones transitorias que si se hubieran cumplido, por lo menos medianamente, en los primeros dos o 5 años ya aquí contaríamos con lo que se entiende como la máxima felicidad posible en el mundo indígena.

Lamentablemente eso no pasó en los primeros 5 años y después la situación, si hiciéramos un grafico, viéramos un declive en cuanto a prioridad, en cuanto interés de los distintos niveles gubernamentales y también de la sociedad civil y un poco también, lamentablemente, como cierto adormecer las mismas organizaciones indígenas por mucho tiempo que juntos han llevado a una situación bastante caótica. El resumen sería que en general, y sobre todo constitucionalmente y en cuanto a los mandatarios de mayor nivel del país, no ha habido mayor obstáculo para la libre reunión de los indígenas y su derecho de asociarse según los parámetros más convenientes para sus intereses. Pero tampoco ha habido mayor apoyo y ya también en ciertas partes, bueno ya no solamente diría yo, en Bolivar también, en Perijá, en amazonas, en el mismo Anzoátegui ha habido bastantes quejas en cuanto a la interferencia sobre esa libertad y algo muy grave es que el sólo hecho es permitir que la gente se asocie, saquen documentos, firmen documentos que hagan exigencias eso no basta sino hay el oyente, si no hay el interlocutor. Lamentablemente han faltado interlocutores. Generalmente así como se han perdido en la nada artículos constitucionales, leyes enteras que son muchas leyes indígenas, también los resultados de esa movilización de los indígenas también se han perdido mucho en el desierto.

Diagnóstico sobre el derecho a la asociación indígena en Venezuela

Laboratorio de Paz

Laboratorio de Paz realizó durante los meses de Octubre de 2013 a Febrero de 2014 una investigación exploratoria sobre la situación del movimiento indígena venezolano desde la perspectiva del derecho humano a la asociación. Los datos y conclusiones aquí presentadas resultan de: 1) Seguimiento de las políticas que inciden en el derecho a la asociación indígena y la trayectoria de las organizaciones de los pueblos originarios a partir de la compilación y análisis de legislación, fondos hemerográficos y material textual impreso o en línea producido desde agencias gubernamentales o por actores del movimiento indígena desde 1998; 2) Trabajo de campo a cuatro regiones de Venezuela con población indígena; 3) Entrevistas con 24 representantes de organizaciones indígenas y organizaciones aliados de la causa indígena, ambientalistas y académicos, incluyendo dirigentes vinculados a organizaciones civiles de representación indígena, 4) Revisión de literatura académica relacionada con el movimiento indígena venezolano. 

Video: Los Reservoir Dogs de la carrera armamentista en Vzla

Clip de vídeo basado en la película "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino para el Día Internacional de Acción contra el Gasto Militar. Datos sobre las compras de armas de Venezuela entre los años 1999 y 2013.

9 preguntas frecuentes sobre militarismo y megaminería en América Latina

Laboratorio de Paz (Venezuela)

1) ¿Por qué es importante hablar sobre los proyectos mineros hoy en América Latina?

Cualquiera que tenga interés sobre las principales causas de conflictividad que involucra a los movimientos sociales actuales en América latina podrá constatar que son generadas alrededor de dos temas relacionados: la comercialización de los llamados bienes comunes (agua y recursos naturales) y la resistencia campesina e indígena a los grandes proyectos de extracción minera

Un rápido vistazo regional lo revela: En Bolivia la iniciativa gubernamental de construir una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha generado un importante rechazo popular. En Cajamarca, Perú, fueron asesinados por lo menos 4 manifestantes que repudiaban el Proyecto Conga, de la minera canadiense Newmont Mining Corporation. En Argentina las convocatorias han relacionado la denuncia de la aprobación de una ley antiterrorista con la exigencia de Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras. En Ecuador la presión ciudadana logró que el Estado haya sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la consulta previa en el caso de la promoción de proyectos extractivos dentro del territorio Sarayaku, además del juicio abierto contra Chevron por la generación de pasivos ambientales producto de su actividad dentro del país. En Guatemala diferentes comunidades indígenas alegan inconstitucionalidad de la Ley de Minería, el decreto 48-97. En Venezuela los pueblos indígenas Pemón, Wayuu y Barí exigen la demarcación de sus tierras rechazando el aumento de explotación de carbón. En todos estos países la movilización en contra ha generado políticas estatales de criminalización de la protesta.

La globalización económica actual exige a los países de América Latina continuar cumpliendo el rol de proveedores seguros de recursos naturales y energéticos al mercado mundial, independientemente del signo ideológico de sus gobiernos. 5 organizaciones indígenas de la región (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI; Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Conacami) difundieron en marzo del 2012 un manifiesto en el que afirmaban: “Los gobiernos abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes”.