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martes, 30 de julio de 2019

Desastre eléctrico es responsabilidad del gobierno, pero se acusa y encarcela a trabajadores de CORPOELEC



Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

Geovanny Zambrano y Otoniel Ramos siguen a la espera de su audiencia preliminar, luego de ser imputados por “sabotaje”, pese a que trabajadores llevan años advirtiendo el colapso por la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.

Más de tres y cuatro meses han transcurrido desde que Ramos y Zambrano, ambos trabajadores de Corpoelec en Bolívar, fueron detenidos y responsabilizados arbitrariamente por el apagón nacional del 7 de marzo, y los ocurridos en días posteriores.

jueves, 22 de noviembre de 2018

Mujeres yukpa denuncian criminalización de familiares de caciques Sabino Romero y Carmen Fernández


Alba TV

La Organización de Mujeres Indígenas YUKPA de la Sierra de Perija Oripanto Oayapo Tuonde Mujeres Defensoras del Territorio, denuncian reactivación de la violencia que hasta el momento se ha llevado la vida de tres personas, habitantes de la zona. Además, advierten sobre la criminalización de la familia del asesinado Cacique Sabino Romero y la familia de la Cacica Carmen Fernández de la comunidad de Kuse.

A continuación, texto íntegro de la misiva:

jueves, 30 de agosto de 2018

Cuando el hambre se convierte en el móvil de los crímenes


Carlos D´Hoy

Kelvins Alexander Cabello Ibarra, de 28 años, estaba desempleado y para bandearse hacía diversos trabajos informales. En las mañanas compraba panes y los revendía al detal. En las tardes, limpiaba y barría las aceras de la urbanización Loira en El Paraíso y los comerciantes le pagaban con productos, algunas frutas o recortes de charcutería. Ese trabajo le permitía llevar algo de comer a casa, especialmente para su hijo de 11 años.

La tarde del 30 de mayo, Kelvins acababa de recibir el paquete de comida, cuando su tío Wilmer Ibarra quiso quitárselo. Ambos discutieron y de los gritos pasaron a los golpes. De pronto, el tío le clavó a Kelvins tres veces un puñal en el pecho Luego del ataque, Ibarra agarró la bolsa con las sobras y huyó. Kelvins ingresó muerto a un centro asistencial.

sábado, 24 de febrero de 2018

Aragua: Siguen las muertes de la crisis y el amedrentamiento y criminalización a quienes las denuncian



Instituto Prensa y Sociedad Venezuela

Efectivos policiales hicieron interrogatorios ilegales en el Hospital “José María Benítez” de La Victoria, en el estado Aragua para dar con el origen de imágenes y videos que fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales sobre la muerte de infantes por consumo de yuca amarga. IPYS Venezuela condena las acciones de persecución contra las fuentes de información.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) amedrentó al médico pediatra, Feder Álvarez, secretario del Colegio de Médicos de Aragua y profesor de la Universidad de Carabobo. Los funcionarios policiales lo amenazaron con detenerlo. Así lo adviertió la Sociedad Venezolana de Pediatría en un comunicado dirigido el 16 de febrero al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la República, Alfredo Ruiz y Tarek William Saab, respectivamente. En el documento, la sociedad de pediatría, refirió que el SEBIN realizó “visitas” al hospital, al consultorio y a la residencia del doctor Álvarez, sin órdenes de un tribunal, con la “clara intención de amedrentarlo, luego que cumpliera con su deber de alertar a la población sobre el consumo de la yuca amarga”.

domingo, 4 de diciembre de 2016

La "eficiencia" chavomadurista para reprimir a los hambrientos


Rubén Hernández

El panorama general en Venezuela ha llegado a ser tan patético, producto de la crisis económica global y local, y de la pésima administración del Gobierno de Maduro, que a quienes roban algún alimento los detienen las fuerzas represivas y en el proceso los exhiben públicamente como si fueran peligrosos criminales; mientras tanto hay numerosos delincuentes de élite bien libres y haciendo lo que les viene en gana. En el país suramericano los cuerpos armados y la Justicia continúan estando parcializados en favor de los poderosos (con honrosas excepciones), y es que a estas alturas, por ejemplo, nisiquiera han sido detenidos, y mucho menos imputados, los responsables de la estafa mil millonaria a CADIVI y centenares de corruptos de diversos colores políticos, gobernantes a toda escala. Eso sí, a quien sorprendan robando alimentos, como en el caso reciente del joven que hurtó algunas auyamas (calabazas), si le cae todo el peso de la ley, aunque dichos alimentos sirvan incluso para nutrir a los hijos pequeños.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Estiman que en 2016 tendremos 5.000 asesinatos a manos de cuerpos represivos del Estado venezolano



Pableysa Ostos (Correo del Caroní)

La noticia conmocionó a todo el país. 12 cadáveres, fueron localizados en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda el viernes pasado. Era similar a lo sucedido en Tumeremo, municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Solo que en este caso había sido el líder de una banda minera quien realizó la masacre, mientras que en el caso de Barlovento, fueron 11 funcionarios del Ejército Nacional durante un operativo de Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

domingo, 17 de julio de 2016

OLP: Habla una víctima



El Estímulo
Mientras el gobierno celebra un año de la vigencia de las llamadas OLP – las redadas militares y policiales en barriadas pobres con el supuesto de combatir la delincuencia-  se acumulan denuncias contra estos operativos por violaciones de derechos humanos. Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad, son solo algunos de los “logros” y daños colaterales de este plan de seguridad para “liberar al pueblo”.

Emily León tiene 23 años de los cuales 22, vivió en el kilómetro 4 de la Carretera Panamericana, en el sector conocido como La Ensenada. Toda su familia también vivía en la zona. Su abuelo Lorenzo, lo hacía desde hace 33 años. Pero todo cambió el 24 de julio de 2015.

domingo, 3 de enero de 2016

OLP: 5 meses de razzia contra los pobres



Prensa PROVEA

Desde el inicio del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) el pasado 13.07.2015, Provea ha registrado y documentado diversas denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. Muchas de estas denuncias han sido levantadas directamente por nuestra organización gracias al trabajo de campo realizado en distintas comunidades del área metropolitana de Caracas y otras zonas del país; y, en otros casos, han sido levantadas por otras ONG con presencia en regiones como Lara, Barinas, Nueva Esparta y Zulia.

El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación de luchar contra la delincuencia. Sin embargo, en sus 5 meses de ejecución (julio-diciembre), este operativo ha demostrado su ineficacia para reducir los altos índices de inseguridad en el país, y ha generado más problemas que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores populares del país.

jueves, 3 de diciembre de 2015

Las OLP: Agresión que no da tregua contra los sectores populares


Daniela Mejía

Especialistas aseguraron que los operativos militares del Gobierno, bautizados por el chavismo como “Operación de Liberación del Pueblo”(OLP)  pasaron de ser una “oferta pre-electoral” a una constante ante el escenario de alta conflictividad que se vive en el país. Aseguran que estas operaciones han disminuido su efecto propagandístico en el último mes, pues han atacado a los sectores más populares, justamente donde se concentra la base social de apoyo al chavismo.

Durante el foro Los programas sociales como estrategia de campaña electoral, organizado por Transparencia Venezuela, el coordinador de investigación de Provea, Inti Rodríguez y la periodista Rona Rísquez, disertaron sobre las operaciones militares, denominadas OLP por el gobierno, y su  alejamiento de la Misión A Toda Vida Venezuela. Aseguran que este tipo de operaciones de seguridad son parte de la “ruptura de la reforma policial” que se estaba materializando con el lanzamiento de la misión lanzada en 2012 por el Presidente Hugo Chávez.

Rísquez y Rodríguez coincidieron en que las “Operaciones de Liberación del Pueblo”, como se les ha bautizado a estos despliegues militares, se produjeron en un contexto de campaña electoral y que buscaban favorecer el voto oficialista. Sin embargo, destacan que estas acciones han afectado directamente a los ciudadanos que las Misiones Viviendas y sectores populares como la Cota 905, en las que se concentra las “bases sociales de apoyo al chavismo”, como lo definió la periodista Rísquez.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

OLP: Cuerpos represivos incendian 10 viviendas y dañan otras 5 en Cota 905 de Caracas

























Prensa PROVEA

Provea visitó este 10.09.2015 el sector “El Plan” de la Cota 905 en Caracas, para constatar y documentar denuncias de los habitantes sobre nuevos atropellos policiales ocurridos el pasado 25.09.2015 en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

Los residentes del sector informaron a Provea que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos a la División de Homicidios fueron presuntamente responsables de iniciar el incendio que acabó con 10 viviendas y afectó a otras 5, entre ellas, la vivienda donde funciona la Casa de Alimentación que -mediante los recursos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación- brinda alimentos a las personas de menores recursos del sector, y que según señalaron los afectados, fue “saqueada” el pasado 13.07.2015 por parte de efectivos policiales durante la ejecución del primer operativo de OLP en la zona. 5 familias que resultaron afectadas por el incendio permanecen en la casa de alimentación, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Con la OLP se han incrementado las muertes a manos de los cuerpos represivos




















Keymer Ávila

El acceso a las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particular, es difícil, y en los casos en los que éstas son disponibles la calidad del dato no es confiable. Esta situación es mucho más crítica con los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Este problema no es exclusivo de Venezuela, lo padece también América Latina.

Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse que, según PROVEA, la tendencia de casos de muertes en manos de la policía va en aumento. En contraste, la información oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), indica que la tendencia es a la baja. También se observa una enorme diferencia entre ambas fuentes, así por ejemplo, los datos del MPPS de los años 2002 y 2004 supera las cifras de la ONG por más del doble. Mención especial tienen los únicos tres años informados por el Ministerio Público (2005, 2006 y 2007) cuyas cifras superan, a su vez, en más del doble a las del MPPS. Esta información fragmentaria, inconsistente y contradictoria dificulta el análisis sobre el fenómeno.

viernes, 4 de septiembre de 2015

A seis meses de la desaparición forzada de Alcedo Mora y los hermanos Vergel



 Ana Julia Valdez
Asistente del Programa de Exigibilidad – Provea


El pasado domingo 30 de Agosto fue el Día Internacional de las Victimas contra las Desapariciones Forzadas. La Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/65/209[1] decidió declarar esa fecha como oportunidad para visibilizar internacionalmente la gravedad de esta situación e instó a los Estados a ratificarla.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas [2] define en su artículo 2 la Desaparición Forzada de la siguiente manera:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Comunicado: 6TO MES DE LA DESAPARICIÓN FORZOSA DE ALCEDO MORA



Mérida, 27 de Agosto de 2015

A los Gobiernos del Mundo.
Al Gobierno Nacional.
Al Gobierno Regional.
A los Pueblos del Mundo.
Al Pueblo Venezolano.
Al Pueblo de Mérida.
A 48 años del Fusilamiento del Guerrillero Heroico Comandante Ernesto “Che” Guevara.
A 49 años del Asesinato del Comandante Fabricio Ojeda.
A 48 años del Acribillamiento de José Manuel “El Chema” Saher.
A 46 años de la Caída en Combate de Carlos Bello, primer mártir estudiantil de la Universidad de los Andes.
A 06 años de la Masacre de Brisas de Onia en el Vigía Estado Mérida.

El Colectivo Ruptura Universitaria de la Universidad de los Andes del Estado Mérida en la República Bolivariana de Venezuela a 06 meses del Secuestro Político y la Desaparición Forzosa de Alcedo Mora Márquez “BATERIA”, responsable del PRV-FALN-RUPTURA-UTOPIA DEL TERCER CAMINO en el Estado Mérida, Declara, Manifiesta y Desmiente:
Que nuestro maestro, padre y formador Alcedo Mora Márquez, combatiente, militante, utópico, romántico, emancipador, luchador intachable, con solvencia moral indiscutible, perseguido, preso y torturado por los gobiernos de la Cuarta República, perseguido y desaparecido por las mafias corruptas que gobiernan en la Quinta República Venezolana, por no tener miedo alzando la voz de la dignidad de un pueblo cansado de tanto callar, es víctima de una desaparición forzosa y parapolítica por simplemente denunciar a viva voz los hechos de corrupción cometidos en la Gobernación del Estado Mérida.

Opinión: Organizaciones de clase frente a los OLP.



La nueva carta del gobierno para detener la violencia se llama Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), donde se combinan distintos cuerpos de seguridad, tanto de orden (PN y la GNB), como cuerpos tácticos y de inteligencia, SEBIN y DIM, así como comandos especiales que hacen uso de última tecnología para, según el discurso del gobierno, ponerle fin a las bandas criminales y paramilitares que operan en el país. Hasta ahora las OLP han contado con la aceptación general de la población, en un momento donde el hampa ha desbordado la capacidad de control por parte del Estado y no ha dejado opción sino a su ataque frontal y definitivo.

Debemos entender los OLP no como invento de estos tiempos, si no como una consecuencia del  proceso de descomposición del Estado y la sociedad venezolana que en su desarrollo de la mano del sistema capitalista, arrastra los vicios propios de la anarquía que genera el sistema.

jueves, 13 de agosto de 2015

¡La cosa es contra los pobres!: Balance al cumplir un mes de OLP


Provea

Al cumplirse un mes del inicio del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), Provea considera necesario hacer un balance a la luz de las numerosas denuncias de abusos y excesos policiales ocurridos en distintas zonas populares del país durante la aplicación de estos operativos. Para Provea la pertinencia de una política, plan o medida implementada por el Estado no es cuantificable desde el punto de vista de la popularidad de la misma en la opinión pública. Así, a pesar de las afirmaciones hechas por altos funcionarios del Estado y agencias encuestadoras sobre la popularidad del OLP, insistimos en que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado por el fallecido Presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). A lo largo de la historia medidas impulsadas por distintos gobiernos han gozado de altos niveles de popularidad y aceptación en la opinión pública, sin embargo, muchas de ellas se han traducido en violaciones de derechos humanos. En nuestra opinión el OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad.

lunes, 13 de abril de 2015

Movilización por Alcedo Mora se realizó en Mérida.



Agencias/. Lo que tanto criticó el actual gobierno nacional y regional sobre las presuntas desapariciones durante el mandato de la llamada “cuarta república”, tal parece que este régimen también padece de esa enfermedad, y tras casi 2 meses de la desaparición del dirigente comunitario Alcedo Mora Márquez “Batería” (55), sus familiares, amigos e integrantes de frentes y comités, exigen a las autoridades que se pronuncien y de una explicación sobre los adelantos en la investigación del caso.

Darío Gómez, integrante del Frente Clasista Argimiro Gabaldón y del Comité de Derechos Humanos de Barquisimeto, en compañía de los allegados al dirigente desaparecido se concentraron en las afueras del Ministerio Público sede Mérida, para exigirle a la Fiscal Superior, que se avoque a investigar sobre el paradero de Alcedo Mora y además expresarle al gobernador Alexis Ramírez y a Luís Martínez, secretario general de gobierno “que dejen de esconderse como los avestruces”.

Gómez, aludió la desaparición de Mora obedece a las denuncias que este ciudadano formuló meses atrás, donde aseguraba supuestos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), “posterior le informó al secretario de gobierno y desde ese momento lo desaparecieron”.
“Le exigimos a la fiscal que no se esconda ante este caso esta impune, como sucedió en los estados Lara y Yaracuy donde desaparecen a líderes populares los grupos exterminios, (…) Alcedo Mora debe aparecer, organismos nacional e internacionales conocen la situación”, destacó. Alcedo Mora (hijo).

Por su parte el hijo de este dirigente, que también se llama Alcedo Mora, exige justicia por su padre quien cuenta una amplia trayectoria política, comunitaria y además como poeta del estado; puntualizó el hijo de “batería” que hasta la fecha no tienen alguna información o datos sobre Mora Márquez.

Contó, que la última vez que vio a su padre fue a las 10 de la mañana del viernes 27 de febrero; cuando salió de su vivienda, y fue el día en que desapareció Alcedo Mora Márquez.
Este acontecimiento se originó, porque “6 meses antes hizo una serie de denuncias, luego el 24 de febrero le dio a Luís Martínez secretario de gobierno y al gobernador del estado, las pruebas de sus denuncias, para que se encargara de hacer público estos hechos de corrupción por parte de funcionarios de Pdvsa, es a partir de allí que comenzó a tener seguimiento, sufrir agresiones físicas y verbales por desconocidos –hasta la fecha-”, explicó.

Entretanto, Johana Mora, sobrina del desaparecido, comentó siguen sin pistas y están como “el primer día”, clama que se respeten los derechos de “Batería” y piden a los organismos en competencia que se pronuncien con el caso. “Lo que sí está planificado es que de no recibir noticias, vamos a elevar este caso a organismos internacionales, donde ya establecimos conexiones, e incluso algunos países ya están investigando esta forzosa desaparición, seguiremos en la lucha”, culminó Johana Mora.

Tomado de  http://laguarura.net/2015/04/13/movilizacion-por-alcedo-mora-se-realizo-en-merida/

jueves, 18 de diciembre de 2014

La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu


Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa.

Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”. 

Bachaqueo de corbata y uniforme

martes, 16 de diciembre de 2014

Guajira: Obstáculos al DDHH a la Asociación Indígena Wayúu (Vzla)

Informe elaborado por el equipo de Laboratorio de Paz sobre las restricciones y obstáculos al derecho a la asociación indígena del pueblo Wayúu en la región venezolana de La Guajira, luego de la creación del Distrito Militar Nº 01 en 2010.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Opinión: Discriminación por partida doble

Grafiti en Paraguaipoa
Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a Paraguaipoa, Perijá zuliano, para conversar con organizaciones sociales de la región, pudimos comprobar la dimensión del proceso de criminalización padecido por el pueblo wayúu tras la militarización de su territorio. Lo que acabamos de decir no es poca cosa. Estamos afirmando que existe la profundización de un proceso de discriminación y hostigamiento contra la etnia más numerosa del país, con más de 400 mil personas según el último censo, bajo la excusa del “combate al contrabando”.

Esta etapa del conflicto comenzó en diciembre del 2010 tras la activación de los llamados “distritos militares” en todo el país. El primero se concretó en el Perijá, con el argumento de iniciar un operativo extraordinario que permitiera solucionar la crisis generada, esos días, por las lluvias en la guajira venezolana. Las promesas de beneficios para la población se las llevó el viento. Lo que quedó fue el discurso que sugiere que todo wayúu es un potencial contrabandista, un “bachaquero” en el argot oficial, y que obliga a todos los indígenas de esa etnia a demostrarle al mundo que son inocentes. Desde ese diciembre el Comité de DDHH de la Guajira, con 15 años de trabajo en la zona, ha contabilizan 13 ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. A pesar del estado de sitio y de la suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales –hay zonas del Perijá donde no se puede transitar-, el gran contrabando de extracción, ese realizado con la complicidad uniformada, continúa. 

Como los wayúu son una sociedad matriarcal, las más afectadas son sus mujeres. Las organizaciones regionales nos señalaron que aproximadamente 760 indígenas Wayúu están privados de libertad por delitos de contrabando, y la mayor parte son mujeres. Varias de ellas en prisión –Marite, con porcentajes de 100% de hacinamiento- por haber intentado trasladar 4 paquetes de harina precocida y 3 litros de aceite. Estar en Maracaibo vestidas con su ropaje tradicional las hace víctimas de doble discriminación: Ser mujeres y ser wayúu. Cuando nos contaban la estigmatización cotidiana de la que eran víctimas, no pude dejar de pensar en las feministas oficialistas, tan preocupadas por las mujeres palestinas pero ciegas al sufrimiento de las wayúu. No a la militarización del Perijá. 


Ser gobernado es...

Charla: El Anarquismo en América Latina

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