Sigue el suplicio judicial impuesto por la dictadura chavomadurista a Rodney Álvarez

laclase.info

Para el próximo lunes 10 de febrero, está pautada la convocatoria de audiencia en el caso del ferrominero Rodney Álvarez. Con suma indignación y con mucha fuerza, los trabajadores tenemos este día, una nueva cita para exigir su libertad de Rodney, y denunciar que después de ocho años el podrido sistema de justicia venezolano no ha mostrado un solo elemento de culpabilidad, de cuanto lo acusan. Por el contrario, las pruebas y todos los señalamientos apuntan a altos personeros del Psuv-Guayana, como los responsables del asesinato de Renny Rojas, -trabajador de Ferrominera-  y de las fechorías urdidas con el propósito de ocultar su  responsabilidad en los hecho, criminalizar a Rodney y orquestar una campaña represiva contra los ferromineros y sus luchas.

Nuevo atentado contra la vida de Rodney Álvarez, preso político obrero de la dictadura

C-CURA

Se ha producido un nuevo atentado buscando acabar con la vida de Rodney Álvarez. La semana pasada, luego de la última audiencia judicial se produce un nuevo intento, arrojando como saldo, una puñalada en la pierna derecha y dos costilla rota. Este nuevo suceso, revela la urgencia de las mafias del PSUV de poner fin a un caso de múltiples tentáculos de control sindical, corrupción y quiebre de las empresas básicas de Guayana, en el que se ven envueltos la alta dirigencia del PSUV y la gestión pasada en la gobernación del estado Bolívar.

El corrupto sistema de justicia venezolano, ante la imposibilidad de demostrar culpabilidad alguna en el proceso que se le sigue al trabajador de Ferrominera Orinoco -FMO-, Rodney Álvarez, opta por atentar contra su vida. La cuenta que ellos sacan es que si eliminan a Rodney, la única tesis que queda es la impuesta por ellos.

Opinión: Unir las luchas contra el gobierno y los patronos

Fran Luna

Ante la ofensiva criminal del gobierno y los patronos privados contra nuestros salarios y derechos laborales, vemos que a diario se presentan en todas las fábricas, las empresas y cualquier sitio donde laboran trabajadores numerosas luchas. Piquetes, huelgas, marchas, concentraciones, cortes de rutas, de muchas maneras la clase trabajadora demuestra su descontento con el brutal ajuste del gobierno y la superexplotación que nos ha impuesto de la mano de las transnacionales y empresarios nacionales. Ganas de luchar no ha faltado entre los trabajadores, por más que algunos tengan temor a la represión cívico-militar, y no es para menos con el prontuario represivo de este gobierno. Pero realmente lo que más ha faltado es unidad y coordinación para convertir esas luchas valientes pero que por estar aisladas han sido derrotadas, en grandes luchas unitarias y triunfantes.

Rodney Álvarez: "Justicia" chavomadurista se niega a designar juez que atienda su caso

María Ramírez  (Correo del Caroní)

El caso del trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, detenido por la presunta participación en el homicidio del también ferrominero Renny Rojas, el 9 de junio de 2011 en el portón de la estatal, se mantiene engavetado a la espera de que el director ejecutivo de la Magistratura nombre a un juez, denunció el abogado defensor de Álvarez, Manuel Sarabia.

El defensor manifestó que la jueza María Eugenia Núñez, quien estaba a cargo del caso, cumplió el mandato “de mantener estancado el proceso sin darle garantías de una medida cautelar al trabajador, cumplió la orientación del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de acentuar el retardo procesal”. Sarabia atribuye las irregularidades en el caso y la instrucción de radicarlo en Caracas a la orden de proteger al ferrominero Héctor Maican, quien -asegura- accionó un arma de fuego e hirió a tres trabajadores, entre ellos Renny Rojas.

Criminaliza que algo queda: Sobre la represión y sus verdades

Alfonso Molino

Diferentes movimientos sociales llevan un tiempo insistiendo en el crecimiento de la escalada de represión a que son sometidos. Huelguistas, piquetes, manifestantes, twitteros, anarquistas… todos han visto aumentar la presión del Estado en forma de multas, acoso policial e incluso cárcel. A menudo no se trata tanto de acabar con quienes protestan (que también) como de conseguir que sean percibidos como entes separados de la realidad de la gente, como cuerpos extraños que deben ser vistos a modo de elementos peligrosos, sucios, de forma que es necesario proteger a la sociedad (a la ciudadanía, que se dice ahora) de su presencia, de su mera presencia.

Para que esto funcione, hay que desarrollar un argumentario que evite el debate sobre lo que proponen, centrándose en el peligro que representan. Se trata de obviar que el sistema es un desastre económico, ecológico y humano para lanzar la idea de que toda protesta seria debe ceñirse a unas normas, a las normas del sistema que se pretende cambiar. Estas son algunas claves del despliegue de la represión.

Militarización del trabajo

María Esperanza Hermida

Para los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales y comunitarias en Venezuela, la militarización del trabajo y del sindicalismo, en el contexto de la persecución y criminalización de la lucha social, es una de las políticas del gobierno actual. Desde que asumió la Presidencia de la República en el año 2013, Nicolás Maduro ha creado estructuras operacionales para militarizar especialmente la actividad comunitaria y controlar las relaciones laborales. Un ejemplo es que las milicias obreras se incorporaron al proyecto del contrato marco. Sin embargo, no es el único.

Ya desde 2013 se había iniciado este proceso con la creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), mediante el Decreto N° 11 del 22 de abril de 2013 (G. O. N° 40.157). Posteriormente, el 20 de junio de ese año, la Resolución Nº 031 (G.O. Nº 40.193), definió sus Normas de Funcionamiento y después, al conformar las primeras 6 Redi (zona Central, Occidente, Los Llanos, Oriente,  Guayana y la zona Marítima y Espacios Insulares), dijo el Presidente que estas unidades "Deben estar en las calles, en las comunidades, para hacer un Gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia".

El 10.12.13, el Presidente creó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscribiéndolas a la circunscripción de las Redi (G.O. 40.312). Las definió como “espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, así como, dar cumplimiento eficientemente a los requerimientos de la circunscripción territorial en correspondencia con las funciones establecidas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señaladas en las leyes, los reglamentos y otros instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.”

Pero para la población y especialmente las organizaciones sindicales e indígenas, el despliegue militar sustentado en las operaciones de las Redi y Zodi lejos de representar alguna garantía para el desarrollo de políticas públicas eficientes, significa violación de derechos civiles, sociales y libertades democráticas. Así lo ha denunciado Marcela Máspero y Servando Carbone, Coordinadores de UNETE.

Un ejemplo de las secuelas negativas que deja la intromisión militar en los asuntos civiles, es su conducta violatoria de la libertad sindical. Así lo demuestra la retención arbitraria de José Bodas, sindicalista petrolero en agosto de 2013 y luego, su detención en febrero de 2014. Otra evidencia es la actuación militar en el conflicto laboral de SIDOR en 2014.

En cuanto a las comunidades indígenas venezolanas la historia reciente reseña varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, producto de la actuación de las FANB. Prueba de ello es el rechazo público de la organización Kuyujani a las prácticas militares del Redi, en el territorio ancestralmente propiedad ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, estado Bolívar, y la denuncia de los atropellos sufridos por la población indígena por efecto de tal intromisión.

Resultan altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los anuncios que desde el comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se hacen frecuentemente y en especial a través de su cuenta en Twitter, @ceofanb, que brinda información sobre las actividades de coordinación desplegada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los comandantes de las Redi y Zodi.

Los Redi y Zodi, y la actuación de sus funcionarios entre 2013, 2014 y 2015, evidentemente nada tienen que ver con la tensión diplomática que hoy se vive entre USA y Venezuela. Basta recordar las prácticas militares, particularmente de la GNB, durante las protestas por derechos civiles, económicos y sociales de 2013 y 2014. Su objetivo es reprimir la exigencia de derechos humanos, y en especial, reprimir derechos laborales y sindicales.

[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=114404&tipo=COL&idcolum=114.]

Argentina: A un año de la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras

Federación Obrera Regional Argentina FORA-AIT

Desde la FORA nos solidarizamos con los compañeros del sur de la región y repudiamos enteramente el accionar del Estado y su aparato represivo, al servicio de los patrones.

La difusión y propaganda por la libertad definitiva de los Petroleros de Las Heras, debe sobrepasar los límites partidarios y lograr que la clase obrera lo tome como un reclamo propio, a pesar del ninguneo y las trabas de los sindicatos.

Hay que continuar saliendo a las calles, hay que continuar gritando al pueblo esta atrocidad que le han cometido al conjunto de los trabajadores y no dejar que las próximas elecciones tapen la lucha por los Petroleros y las utilicen para propaganda electoral.

La condena a cadena perpetua simplemente es una prueba de lo es que capaz la justicia, los patrones y el Estado para aplastar y disciplinar a los trabajadores que se organizan contra la precarización laboral, que día a día nos afecta a todos. Siendo la máxima condena, no es la única, ya que fue condenado un trabajador de la línea 60 de colectivos de Buenos Aires, a 7 meses de prisión por reclamar junto a la comisión interna.

Al igual que con los Petroleros, los estatales de Río Gallegos, fueron víctimas de una causa armada por un incendio provocado para romper la pelea por un aumento en paritarias en 2013. Sumado a esto, el código civil, vigente a partir del 1ero de enero de 2016, perjudica los reclamos de los trabajadores al intensificar la defensa de la propiedad patronal.

En el resto del mundo, la Asociación Internacional de los Trabajadores ha manifestado su solidaridad y varias secciones han realizado actividades en Inglaterra, España, Polonia, Portugal.

Es por las medidas de acción directa tomadas durante su lucha, que a los Petroleros los condenaron, usemos la acción directa por su
liberación también.

No permitamos más persecusión y condenas a los trabajadores.

¡Viva la FORA!

¡Viva la lucha de los trabajadores!

¡Absolución y libertad a los petroleros!

Ecuador: ¡¡¡Por la libertad de la Caravana Climática!!!

Caravana Climática por América Latina

La Caravana Climática por América Latina es un proyecto de varios activistas comprometidos con la defensa de la tierra y la vida, que vienen viajando desde el norte de México con el objetivo de llegar a la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú para sumarse a las exigencias de los pueblos de todo el mundo, haciendo presión política a los gobiernos durante la vigésima Conferencia de las Partes de la ONU- la COP20 – la reunión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- para evitar que se sigan repartiendo los recursos naturales del planeta, los cuales en gran parte se encuentran en territorios originarios e indígenas del continente y del mundo.

Desde marzo, la Caravana Climática viene visitando y documentando las distintas luchas de los pueblos originarios en contra de los megaproyectos. A través de las diferentes voces de los pueblos van generando una campaña en donde se puede ver las distintas muestras de reclamos para la des–inversión y moratorias en los hidrocarburos y otras industrias extractivitas, contaminantes, generando así una campaña para visibilizar las luchas que se hermanan por salvar el planeta.

Desde la lucha de la Tribu Yaqui por el agua, de los Coras por la defensa del río San Pedro, los pueblos del Istmo de Tehuantepec por defender su territorio de los parques eólicos, los Tzeltales de San Sebastián Bachajón que resisten ante los mega proyectos ecoturísticos, los Maya Ixil luchando contra el genocidio y represas en Guatemala, los Garífunas en lucha por el reconocimiento de su pueblo y por las costas de Honduras que lentamente se las lleva el mar... la Caravana Climática abordo del CheBus ha ido caminando a lo largo de todo Latinoamérica, para aportar en la articulación de éstas, y muchas luchas más, en búsqueda de esas voces que la mayoría no escuchan.

En México, el camino y trabajo del CheBus fue lleno de experiencias ricas en sonrisas, abrazos, solidaridad con los pueblos que aspiran por un futuro mejor para las generaciones venideras, y para rescatar la memoria de conocimientos ancestrales de las culturas de nuestros abuelos. Desde las campañas por la auto determinación de la APPO en Oaxaca, hasta los encuentros intergalácticos de EZLN en Chiapas, desde las trincheras de las ocupas en la UNAM y DF, hasta los talleres de bicimáquinas y ecotecnias en el sur del país; desde las caravanas de dolor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como el camión #14, hasta las giras regionales por justicia climática hacia la COP16. El CheBus conoce a México, y México conoce a ese CheBus.

Cuando la Caravana Climática se encontraba realizando la última parte de su recorrido hacia la COP20 en Lima, saliendo desde Quito Ecuador a Guayaquil y posteriormente a Cuenca, el CheBus fue hostigado y acosado durante varias ocasiones -7 retenciones en 24hr, el día 2 de Diciembre pasado - a final el CheBus fue incautado por la aduana de Ecuador además de acusar al propietario del camión Cristian R. Guerrero de haber cometido una infracción al artículo 302 del código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, que presume de hacer de su recorrido una actividad lucrativa y comercial. Como también faltas administrativas y penales con posibles sanciones de 3 a 5 años en la cárcel para el compañero Guerrero. Sabemos que esta acción del mal gobierno de Ecuador quiere evitar que nuestras compañeras y compañeros de la Caravana Climática logren llegar a sumarse a la Cumbre de los Pueblos (evento social paralelo a la COP20).

Cristian no es mexicano. Nació ecuatoriano, en Quito, y es hijo orgulloso de su país natal Ecuador. Y su camino largo para regresar a casa fue lleno de sacrificio y determinación para no rendir en la larga batalla de cruzar medio continente por tierra con su bus con nombre guerrillero.

Hemos compartido muchísimo en los últimos años con el CheBus y los compañeros que han sumado a ser parte de su tripulación y su lucha por tierra y los seres silvestres. Por ello exigimos al gobierno de Ecuador que regrese el CheBus, símbolo digno de nuestra lucha en México en nuestra América, y que detenga el proceso legal en contra de nuestro compañero Christian Rosendahl Guerrero.

Deseamos que quede claro que luchar y defender la tierra no es un crimen, sino un deber de todas y todos y el CheBus es para nosotros un ejemplo más de la lucha por la justicia social, ambiental, y climática.

Para más información sobre la Caravana Climática por América Latina, ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/search/label/Caravana%20Clim%C3%A1tica%20por%20Am%C3%A9rica%20Latina

Las personas, colectivos o proyectos que deseen expresar solidaridad, pueden hacerlo firmando la carta dirigida al Estado ecuatoriano en la cual se exige la liberación del bus y el cese a la persecución judicial contra el compañero Christian, accesible en https://actionnetwork.org/petitions/libertad-a-la-caravana-climatica

FOTOS: GNB reprime protesta de trabajadores de SIDOR

Prensa Provea

La Guardia Nacional Bolivariana reprimió este 11.08.2014 una protesta que protagonizaron trabajadores de la empresa estatal Sidor en la avenida Guayana de la ciudad de Puerto Ordaz en el estado Bolívar.

Los periodistas e info-ciudadanos que cubrieron la protesta indicaron que la GNB instaló 8 tanquetas en el elevado de Carbonorca para disuadir la manifestación de los sidoristas, quienes trancaron la mencionada arteria vial luego de finalizada una asamblea en el Portón 3 de Sidor. La actuación de la GNB dejó como consecuencia dos trabajadores heridos: Williams Castillo y Johan Pérez, quienes fueron trasladados hasta la Clínica Unare en Puerto Ordaz.

Desde las 8:30am de este lunes, los trabajadores se dirigieron al portón de Mapanare, lugar en el que fueron atacados con bombas lacrimógenas y perdigones disparados por funcionarios de la GNB. Luego del ataque, los trabajadores cerraron la avenida Guayana, a la altura de los portones I y Mapanare de Sidor.

Los sidoristas exigen un aumento de 211 bolívares sobre el salario diario tras 4 años sin discutir contrato colectivo, Bs. 80 a la firma; discusión de un plan de jubilación para el retiro de más de 800 trabajadores con más de 30 años en la acería; ajuste de la hoja de cálculo salario de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt); inversiones para la recuperación de Sidor y explicación sobre los convenios firmados con empresa de China.

El conflicto que encabezan los trabajadores de SIDOR ha transcurrido en un ambiente de permanentes ataques y criminalización por parte de altos funcionarios del Ejecutivo Nacional y altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lejos de brindar respuestas ante el vencimiento de más de 4 años del contrato colectivo de la empresa y el estancamiento en la negociación del nuevo contrato, el Ejecutivo insiste en criminalizar a los trabajadores en conflicto.

A las amenazas hechas el pasado 24.07.2014 por el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el 25.07.2014 por el General Luis Arrayago, jefe del CORE 8 de la GNB, se sumó una nueva amenaza realizada este sábado 09.08.2014, cuando -en el marcó del I Congreso Nacional de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas- esta agrupación propuso al Presidente Nicolás Maduro recurrir al empleo de las milicias obreras y “brigadas especiales” para terminar con el reclamo de los trabajadores.

Mientras el Presidente Nicolás Maduro se autoproclama “Presidente Obrero”, su gobierno -a través de la Guardia Nacional Bolivariana- reprime a los trabajadores que reclaman el respeto a sus derechos. El Presidente Maduro sigue recurriendo a la represión y la militarización para intimidar y frenar conflictos sociales, lo que constituye un atentado a los derechos de las y los venezolanos.

Exhortamos a que se garantice la plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, a cesar el empleo de formas autoritarias para restringir y criminalizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a abrir los canales de diálogo necesarios para satisfacer las demandas de las y los venezolanos.

Semana Internacional de Solidaridad con Anarquistas en prisión, 23 a 30 agosto 2014

Redacción

Colectivos de solidaridad con presos y presas anarquistas de diversas partes del planeta están difundiendo un llamamiento para la realización de la Semana Internacional de solidaridad con l@s pres@s anarquistas. Se trata de una semana de solidaridad entre el 23 y el 30 de agosto, conmemorando que el 23 de agosto es el aniversario de ejecución en Estados Unidos (en 1927) de los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti.

Dada la naturaleza y la diversidad de los grupos anarquistas de todo el mundo, se ha propuesto una semana de acción conjunta, en lugar de una sola campaña en un día específico, por lo que es fácil para los grupos organizar un evento dentro de este período. Por lo tanto hacemos un llamamiento para promover la Semana Internacional de solidaridad con las Presas y los Presos Anarquistas, así como para pensar en la organización de eventos en cada ciudad o región. Las actividades pueden variar: charlas informativas, proyecciones, conciertos de solidaridad o acciones directas. Deja que tu imaginación vuele libremente.

Para un listado relativamente actualizado de gente anarquista y antiautoritaria actualmente en la carcel, puede verse el que está disponible en http://www.nodo50.org/cna/?page_id=85, donde además hay una breve descripción de cada caso y sobre cómo solidarizarse y/o comunicarse con la respectiva persona, si ello es posible.

¡Hasta que todos y todas seamos libres!

Por las etnias indígenas y en solidaridad con sus luchas

Colectivo Contracorriente (ULA-Mérida)

Los días 2 y 3 de diciembre se celebró el Simposio Internacional por la Demarcación de Territorios Indígenas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, con el fin de visibilizar el estado actual de la demarcación territorial de los pueblos indígenas en Venezuela y México. Este evento organizado por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) que contó con la participación de profesores en el área y representantes de diversos pueblos indígenas procedentes de Amazonas, Bolívar, Zulia y Mérida.

Muchas son las luchas que han tenido que librar los pueblos indígenas por su supervivencia, quinientos años de colonización y todavía siguen resistiendo a la opresión, la misma que este año asesinó al Guaicaipuro de este siglo: Sabino Romero, quien fue preso político entre 2009 y 2011, quien se negó a aceptar las migajas del gobierno y enfrentó la política de Chávez instrumentada a través de los ministros Tarek El Aissami y Nicia Maldonado, para desmovilizar, fragmentar y cooptar a los caciques de su pueblo mediante el llamado “Plan Yukpa”.

El problema de la demarcación territorial persiste por la falta de voluntad política del gobierno, que sigue representando los intereses de económicos de la burguesía nacional y transnacional en los territorios indígenas. El gobierno no quiere aceptar la autodemarcación que los propios pueblos indígenas proponen, pretendiendo tratar a los pueblos indígenas con criterios agraristas, como si fueran campesinos, entregando parcelas y no territorios.

La constante criminalización de la protesta y el sicariato, han sido métodos del gobierno y los latifundistas para aplastar la resistencia indígena. No es casual que efectivos militares hayan cubierto la retaguardia a los sicarios que asesinaron a Sabino Romero, y que los presuntos sicarios actualmente sometidos a juicio son policías de la alcaldía bolivariana de Machiques y del Grupo Anti Extorsión y Secuestro (GAES). El gobierno y la MUD tienen estrechos vínculos con los rancios sectores ganaderos de esta región que pagaron por el asesinato de Sabino Romero.

En las diferentes intervenciones de los ponentes en este Simposio, fueron reiteradas las denuncias de las políticas del Estado, instrumentadas por gobernaciones, Ministerio del Ambiente, el Ministerio para los Asuntos Indígenas, el INTI, y las Fuerzas Armadas. Todos estos organismos coinciden en su afán de burlar el derecho al territorio indígena, y emplean los más variados métodos, desde la operación morrocoy en los trámites legales, hasta la imposición de los consejos comunales en las comunidades originarias, violando la norma suprema que les reconoce el derecho a una organización soberana de acuerdo a sus costumbres.

Por otra parte, todos resaltaron su cosmovisión y tradiciones, en contraposición al modelo económico capitalista depredador imperante en el mundo y que encuentra perfecto acomodo en la política entreguista de este gobierno, así como en los gobiernos puntofijistas. La pugna con los intereses trasnacionales en esos territorios le asignan un carácter anticapitalista a esta lucha. Los dirigentes indígenas se oponen a la entrega de sus tierras, de sus recursos, de sus ríos. Tanto en el Socuy como en la laguna de Urao, se mantienen en defensa no solo de sus comunidades sino del ambiente que se ve afectado por las actividades de extracción de minerales o turísticas, como en el caso del cerro Autana. Defienden el uso de la tierra según sus tradiciones.

Desde el Colectivo Estudiantil Contracorriente, nos solidarizamos con la causa de los pueblos que desde el Amazonas hasta la Sierra de Perijá siguen en pie de lucha, que no niegan la heredada sangre de guerreros y que se resisten a ceder sus espacios, sus creencias, costumbres y tradiciones: su forma de ver el mundo y de vivirlo.

Es importante que los estudiantes, trabajadores y profesores universitarios se incorporen y se sensibilicen por esta causa. Que se continúen abriendo los espacios para el debate y la visibilización de la problemática por la cual atraviesan actualmente los pueblos Indígenas en Venezuela y en Latinoamérica. Que nuestra mirada se oriente a la realidad social, ver más allá del claustro universitario.

Llamamos a unir fuerzas para que concretar la propuesta del profesor Lusbi Portillo, quien llamó a que reivindiquemos la memoria de Sabino Romero realizando un mural en su honor. Ese mural en honor a la lucha indígena de estos tiempos, que sirva para denunciar la impunidad en el caso de Sabino y demás Yukpa asesinados, debe servir para difundir que esta lucha sigue en pie. La invitación es a acompañarla los primeros meses del año entrante con pintas y escritos denunciando la política depredadora y entreguista que sostienen tanto el gobierno como la MUD, cuyos partidos son representantes de los intereses de los ganaderos y las trasnacionales.

Indígenas Wayuú denuncian atropellos por parte de Polimachiques y Guardia Nacional Bolivariana

Prensa Provea

Indígenas Wayuú en el Municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia denuncian que más de 30 funcionarios de Polimachiques, Guardia Nacional y Policia Nacional, realizaron un desalojo violento contra la comunidad campesina Wayúu de Santa Inés, Km 70 sector Río Negro, para ejecutar una medida cautelar dictada por el tribunal Agrario del Zulia representado por el Juez Castillo Soto, quien estuvo al frente de esta acción, de acuerdo a lo que aseguran los denunciantes. 

Provea conversó con Janeth Fernández, representante de esta comunidad, quien informó que es la segunda vez en esta semana que se presenta esta situación. Fernández informó que el pasado miércoles se presentaron funcionarios de Polimachiques y agredieron a los miembros de las 60 familias que ocupan actualmente el terreno, “nos quemaron los ranchos y golpearon a mujeres, niños y hombres, nos quemaron todo”, dijo.

En la acción del miércoles resultaron heridos Edecio Fernández de 60 años quien presenta una fractura de cráneo luego de haber sido golpeado presuntamente por funcionarios de Polimachiques y actualmente está siendo trasladado a un centro de salud en la ciudad de Maracaibo y Maidelin López quien recibió varios golpes en la cabeza, ambos son campesinos wayuú, habitantes de esta comunidad. Asimismo, Fernández informó que varios niños fueron golpeados con peinillas por los efectivos policiales.

Los indígenas Wayuú afirman estar protegidos por un amparo constitucional otorgado en junio de este año por el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, señalan que esto fue desconocido por el Juez Agrario Castillo Soto, por los funcionarios del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes del estado y por los efectivos militares y policiales que participaron en la acción conjunta.

Janeth Fernández señaló además que los representantes del Consejo de Derechos del Niño, Niña y el Adolescente que se presentaron en el lugar, les informaron a las madres y familias Wayuú, que están poniendo en riesgo a sus hijos menores de edad al “hacerlos parte del acto ilegal de invadir estas tierras”. Dijo que los Wayuú rechazan tal afirmación, toda vez que recuerdan que una táctica similar fue empleada para criminalizar a los indígenas Yukpa y a Provea.

Desde Provea hemos reiterado en numerosas ocasiones que la ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.

El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad. La disposición transitoria décimo segunda colocaba como plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios. 

Comunicado CEPSAL-ULA (A propósito de otro 12 de octubre)

A siete meses de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra de la Comunidad Indígena de Chaktapa, en la Sierra de Perijá del Estado Zulia, Venezuela, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, manifiesta lo siguiente:

1. La situación de los pueblos y comunidades indígenas de la Sierra de Perijá prefigura el estado general de los pueblos y comunidades indígenas del país, en cuanto al proceso de criminalización de la protesta indígena por la demanda histórica de sus derechos territoriales.

2. Dicho escenario anticipa casos similares en la cuenca del Caura del Estado Bolívar con el pueblo Yekwana, el pueblo Pemon en la Paragua del Estado Bolívar y del pueblo Uwottuja (Piaroa) en el Estado Amazonas, entre otros.

3. Esta peligrosa tendencia pone en evidencia escenarios de genocidios silenciosos hacia las culturas indígenas.

4. Lo anterior, sumado a la salida de instancias regionales de protección de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, pone en entredicho la voluntad gubernamental de hacer efectivos los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente.

5. El ámbito interamericano de protección de los derechos indígenas ha sido el más preciado en cuanto al avance jurisprudencial en materia de garantías a estos pueblos históricamente discriminados.

6. El Estado venezolano como cualquier Estado colonial comete un doble crimen contra los pueblos indígenas del país, al criminalizar la demanda histórica indígena por el territorio y al dejar a estos sujetos de derechos desamparados de un espacio importante de protección y de garantías de sus derechos.
7. Esta perversa acción paradójicamente ocurre al mismo tiempo y con fines inconfesables, cuestionando el compromiso del Estado con el conjunto de derechos humanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.

8. La condición de Estado colonial, tanto del anterior Estado liberal de derecho como del actual denominado democrático, social y de justicia, cabalga sobre los mismos fundamentos del Estado westfaliano de 1648.

9. Estos cimientos del Estado que aún no han cambiado, constituyen el principal problema con los cuales se enfrentan en la actualidad los derechos humanos en general y los derechos indígenas en particular.

10. Estos últimos aspectos hacen de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) un contrato social pendiente de materialización, sobre todo, en lo que se refiere a los derechos territoriales indígenas.

11. Hasta tanto a los derechos territoriales indígenas en Venezuela no se les conceda un tratamiento con rango presidencial, difícilmente se pueda avanzar en una agenda nacional para la demarcación.

12. Esta última debe ir vertebrada de los procesos de autodemarcación que los pueblos y comunidades indígenas del país han iniciado casi desde el mismo momento en que sería aprobada la nueva Constitución en el año 1999.

13. De nuevo, la materialización de los derechos indígenas en Venezuela es no sólo un asunto de voluntad política sino fundamentalmente de voluntad estatal, como condición de un garantismo constitucional descolonizador.

14. La muerte del Cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios.
15. El asesinato del Cacique Sabino Romero deja clara la inexistencia de un Estado que en su momento reconoció derechos indígenas, que se han ido difuminando frente a tanta impunidad.

16. Finalmente, la celebración de los próximos 12 de octubres deberían ser fechas propicias para hacer balances de derechos indígenas reconocidos y efectivos, y no para llamar la atención a las instancias gubernamentales de la existencia de derechos
indígenas pendientes.