Homoetnatura: Apoyamos la COIAM en su solicitud de MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al Sur del Orinoco

Sociedad Homo et Natura

• Luego de 100 años de explotación petrolera, el Gobierno Nacional del República Bolivariana de Venezuela no puede pretender seguir dirigiendo este país a partirde la renta petrolera (deformadora del tejido sociedad y generadora de corrupción) y a punta de extraer a lo largo y ancho del país más petróleo y de todo tipo de gas hasta el llamado “gas de lutita”. Mucho menos apelando a obtener dinero por la explotación del oro, diamantes y todo tipo de minerales en las selvas del Estado Amazonas o del carbón del Zulia. Esto significaría acelerar la destrucción de la ya intervenida naturaleza y la contaminación de nuestras aguas superficiales y subterráneas de todo el país, así como la desaparición definitiva de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas, pues ahora viven sólo en estos espacios de “interés nacional” señalado por el objetivo tres del llamado Plan de la Patria 2013-2019, legado de Chávez, o ley del país.

·         Haber nombrado el Presidente Nicolás Maduro Moros a la señora Nicia Maldonado ministra de Estado para la Región de Desarrollo Integral Guayana, y aprobado el día 20 de marzo de 2014 el Decreto N° 841 (Publicado en Gaceta Oficial N° 40.376 de fecha 20 de marzo de 2014) mediante el cual crea la COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN, EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD MINERA LÍCITA, EN LA REGIÓN GUAYANA es un grito de guerra contra la naturaleza y los pueblos indígenas. Es profundizar al sur del país conjuntamente con la promoción y aceleración del desarrollo del Arco Minero del Orinoco el modelo dependiente extractivista con el que hace 100 años nos venimos empobreciendo y envileciendo en el campo cultural, social y ambiental. Haber nombrado a esta señora de nuevo ministra es seguir profundizando la política de militarización, blanqueo, aculturación e intervención de los pueblos, comunidades y los territorios de los pueblos indígenas, ahora sólo del sur del país.Este nombramiento es la Quinta Columna, el Caballo de Troya contemporáneo.

Si se logra explotar todo el petróleo al norte del río Orinoco desde el Parque Nacional Aguaro-Guariquitohasta las aguas del Delta del Orinoco, que comprende tierras y aguas de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, es decir desde los campos petroleros Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo donde están todos los capitales del mundo del crudo denominado Faja Petrolífera del Orinoco y, por otra parte, toda la minería del oro y diamante al sur en las selvas del estado Amazonas denominado Arco Minero del Orinoco se conformara la bisagra de la muerte del Oriente y Sur del país.

Se realizarán foros en la ULA y la UCV con dirigentes yukpa y pemón sobre la lucha territorial indígena

Por:  Laclase.info

Mérida, 14 de mayo.- Los dirigentes yukpa Sabino Romero García (hijo) y Carmen Fernández, el dirigente pemón Nelson García, y los académicos y luchadores sociales Lusbi Portillo y Esteban Emilio Mosonyi, estarán participando en foros los días 17 y 20 de mayo, en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de los Andes (ULA), respectivamente.

Bajo el título "Pueblos indígenas: territorios, derechos humanos y justicia" se realizará este viernes a partir de las 9am en el auditorio naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la UCV, este viernes un foro. El lunes, 20 de mayo, se realizará en el auditorio Rivas Belandria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, el foro "Los derechos de los pueblos indígenas y la lucha por sus territorios". Estas actividades se realizarán bajo el auspicio de la Sociedad Homo et Natura y varias organizaciones sociales, entre ellas la organización estudiantil Contracorriente, de la ULA.

Sabino Romero Martínez es hijo de Sabino Romero Izarra, cacique yukpa que encabezó la lucha por territorio en la Sierra de Perijá, siendo encarcelado entre 2009 y 2011, y asesinado el 3 de marzo de este año por sicarios, sin que este crimen haya sido investigado y castigado por las autoridades. Sabino Romero hijo es actualmente cacique de la comunidad de Chaktapa. Carmen Fernández es defensora de los derechos yukpa y madre de Alexander Fernández, luchador yukpa asesinado por sicarios en junio de 2012, y quien también sufrió cárcel política junto con Sabino debido a su compromiso con la lucha por la demarcación territorial. Nelson García es un destacado luchador del pueblo pemón, cuya movilización contra las autoridades militares en la Gran Sabana en el transcurso de los últimos dos años, ha puesto sobre el tapete la confrontación entre intereses transnacionales, apoyados por el gobierno, y los pueblos indígenas del sur del estado Bolívar.

Lusbi Portillo es coordinador y fundador de la Sociedad Homo et Natura, con más de 20 años de activismo ligado a las luchas de los pueblos indígenas del estado Zulia, y Esteban Emilio Mosonyi es una de las principales figuras en el campo de la antropología en nuestro país, con una reconocida trayectoria de activismo solidario con los pueblos indígenas venezolanos, cuyos derechos se ven acorralados por intereses ganaderos, mineros y de la burocracia gubernamental.

Prolongada audiencia preliminar del juicio contra Provea y Homoetnatura

Redacción

Salud compañero/as. Hoy 07.03.13 se realizó la primera parte de la audiencia preliminar en el juicio contra Provea y Homoetnatura. La audiencia comenzó puntual a las 9 y 30 e ingresaron lusbi portillo (Homoetnatura) y sus abogados y Marino Alvarado (Provea) y sus abogados. Hoy el tribunal le dio apertura al juicio y Homoetnatura presentó sus alegatos. Como no hubo tiempo de que Provea presentara sus alegatos en defensa y la Fiscalía presentara sus alegatos de acusación, la audiencia preliminar se prolongó para el 18 de febrero.

El procedimiento es que se realizan hasta 3 audiencias preliminares.

Si no hay acuerdo conciliatorio entre las partes (por ejemplo que la Fiscalía desista de la demanda), comenzará el juicio formalmente.

El proceso entonces está en pleno desarrollo. Habrá que seguir pendientes.

Homoetnatura: Acusaciones de abigeato contra Sabino

Por Sociedad Homoetnatura

La zona del Yaza es el lugar de mayor abigeato de Machiques, y siempre se ha acusado a los dirigentes Yukpa, pese a que algunas veces en la prensa regional se ha informado de la detención de encargados de algunas de estas haciendas por robos consecutivos de reces.

Desde que conocimos en el río Yaza a Sabino y su familia y a Jesús Salvador Terán desde hace más de 20 años se les acusaban en los círculos ganaderos y militares de robar vacas a la familias Vargas y Chacín  presuntos propietarios de las haciendas Tizina (hoy comunidad Chaktapa), Kusare (Guamo Pamocha), Brasil (Shiraji), Paja Chiquitas (Kasmera y Río Yaza) y Medellín.

El móvil de la masacre del Ejército con saldo de dos muertos y varios heridos Yukpa en la comunidad Kasmera en tiempo del Gobierno del Dr. Caldera y de la Dra. Lolita Aniyar de Castro en la Gobernación del Zulia fue porque esta institución estaba de rodilla, al servicio de la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA) y a juro quería que los moradores de la comunidad Kasmera confesaran que ellos se habían robado 40 vacas lecheras a Tirzo Vargas presunto propietario de la hacienda Brasil, hoy ocupada por los Yukpa y a punto de ser cancelada antes del 15 de diciembre de este año el pago de sus bienhechurías por compromiso contraído públicamente por el Gobierno nacional. Jesús Salvador Terán más propicio de mantener relaciones con los políticos de turno logró neutralizar las acusaciones de ganaderos y militares, y Sabino a través del trabajo que un grupo de profesores y estudiantes ecologistas de LUZ, entre ellos Haydee Álvarez y Cirilo Caraballo realizamos con la Dra. Josefa Camargo en la Fiscalía Indígena recién creada por iniciativa del Dr. Ramón Escobar Salón Fiscal General de la República para aquel entonces luego de varias conversaciones sostenidas con él en su despacho. Con la Dra. Camargo se desmantelo el ajusticiamiento a Sabino por parte de algunos efectivos de la Guardia Nacional de Machiques que al perdérseles reces a los Vargas el primer torturado y detenido por sospechoso sin prueba alguna era el joven Sabino Romero Izarra.  

Opinión: De nuevo se pretende intimidar a la Sociedad Homo et Natura

Por Sociedad Homoetnatura

El Fiscal Centésimo Sexto del Ministerio Público Abogado RAMÓN LISCANO introdujo una demanda contra la Sociedad Homo et Natura de ACCIÓN DE PROTECCIÓN por los intereses y resguardo de los derechos de 48 niños, niñas y adolescentes Yukpa.

La Boleta de Notificación aclara que en un término de diez días de su notificación debe introducir un escrito con pruebas ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Tribunal Octavo de Primera Instancia de Medición, Sustanciación y Ejecución. Caracas, 18 de febrero de 2011. El número de expediente es: AP51-V-2011-012603*.

El documento expresa el error de considerar al abogado Dr. Ricardo Colmenares como nuestro representante. Aún no sabemos cual persona o institución del Estado venezolano ha introducido tal demanda contra la organización Sociedad Homo et Natura ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional; consideramos que esta demanda ha sido introducida por unos de los organismos del Estado que durante los primeros tres días en horas de la madrugada hacían levantar a todos los niños y adultos de las comunidades indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá Chaktapa, Kuse y Guamopamocha y dirigentes sociales que acompañábamos la permanecían de los indígenas en unas de las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre el 21 y 30 de julio de 2010 cuando exigían el pronunciamiento relacionado a si el máximo tribunal admitía o no el Amparo Constitucional a favor de la aplicación de la justicia indígena en Venezuela introducida hacía 4 meses.

El juicio contra los Yukpa: una expresión de la crisis de la política indígena del Gobierno

Sociedad Homo et Natura

Tejido Social por la Diversidad

Organización por la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas - Trujillo

El juicio que mantiene el Gobierno contra los dirigentes indígenas Yukpa es una consecuencia de su nefasta política etnofágica colonial indigenista, que lo ha conllevado a violar los derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el Convenio 169 firmado con la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los distintos pactos firmados con la OEA y la ONU en materia de derechos humanos.

Su herrada política gubernamental de intervención social, que en nada se diferencia de la ya conocida en el socialismo real, está limitada por la manera de tratar imponer en la vida cotidiana una conducta y un pensamiento único a través del aparato ideológico, represivo y financiero de este Estado actual todo poderoso capitalista colonial encaminado en la construcción de esta particular manera de entender el socialismo a espalda de los avance conceptuales socio antropológicos y jurídicos nacido de otra manera de ver, por ejemplo, el Estado Nacional y la profundización de la democracia conocida, las relaciones multiétnicas o con la sociedad civil y con la naturaleza en el camino de pasar a una fase superior de democracia expresada en los esfuerzos de construir en América Latina los Estados Plurinacionales que de al traste con la universalidad de las leyes y el liberalismo, para abrir un pluralismo jurídico, una democracia intercultural, autonomías asimétricas, así como la conformación de nuevas subjetividades e institucionalidades individuales y colectivas, como bien lo expresa Boaventura de Sousa Santos en su libro Refundación del Estado en América Latina.

Ante el fracaso nacional del proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas en Venezuela, expresando su profunda crisis en el Zulia por la resistencia y exigencias del pueblos Amerindios Barí y Yukpa manifestada en ocupación de más de once haciendas invasoras a su territorio original, no le queda al Gobierno otro camino que criminalizar la luchas y a sus líderes, estatizar y controlar sus estructuras y funcionamiento organizativo y su vida cotidiana a través de los Concejos Comunales, los Multihogares, entre otras instancias de Estado; invadir las comunidades con dádivas, créditos y trabajo en infraestructuras viales dirigidas principalmente a los indígenas Yukpa y Barí afectos al Gobierno y la transformación de sus principales líderes, Caciques y docentes en activistas del Psuve y funcionarios del Estado Gobierno.

Ante la concepción militarista y de Estado sobre las tierras y comunidades indígenas en frontera con Colombia se prohíbe reconocer y entregar títulos colectivos en estos espacios, la permanencia de la figura de Estado Nacional capitalista y colonial en la mente del Presidente y del Ejecutivo determina, pese al discurso socialista, que se le otorgue prioridad a los derechos privados de terceros en la demarcación de sus territorios, pretendiendo obligarlos a convivir con minas, madereros, haciendas y parcelas campesinas. Sobre sus tierras se prioriza los proyectos energéticos mineros portuarios viales multimodales diseñados por los intereses del gran capital presente en los proyectos de la IIRSA. Por esta razón más que reconocer y entregar territorios únicos y suficientes sujetos a derechos colectivos de pueblos indígenas el Estado gobierno viene reconociendo archipiélagos de tierras soportados en simples títulos agrarios.

Ante las luchas de resistencias de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales, el Gobierno a través de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de la Defensa y de Pueblos Indígenas vienen construyendo un cordón de Bases Militares al interior de las comunidades para coordinar todas las acciones asistencialistas y políticas gubernamentales de control social dirigidas a las comunidades indígenas y campesinas del piedemonte desde las cuencas de los ríos Guasare, Socuy hasta Río de Oro y Catatumbo.

La política etnofágica de estatización y de control social del actual Gobierno se expresa principalmente, por una parte, en la división de las comunidades indígenas y de sus líderes, y por otra, en la criminalización y exterminio de sus luchas. Esta vieja fórmula se manifiesta con suma nitidez contra las luchas unitarias y colectivas que han emprendido por la recuperación y demarcación de sus territorios las comunidades de los pueblos indígenas Yukpa y Barí. Y los resultados más emblemáticos de dicha política etocida gubernamental han desembocado en el encarcelamiento del líder Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero en el caso Yukpa, y de la intervención y destitución de la Directiva de Asocbariven, en el caso Barí. Se ha llegado al extremo que ministros, viceministros y dirigentes ganaderos han afirmado que esta lucha pertenece al narcotráfico.

Sabino marca el camino

Sociedad Homoetnatura

Pese a la muerte, al miedo y a la criminalización, en los pueblos de Venezuela y de América toda existen muchos Sabino, por eso la razón de las consignas anteriores “Sabino somos muchos” o “Sabino somos todos”.

Sabino significa rebeldía y no sumisión alguna ante el Estado Nacional capitalista colonial, se levanta con dignidad desde muy joven orientado por su padre José Manuel contra el poderoso hacendado, el despojo de sus tierras originales y la destrucción del bosque, la exclusión, el racismo de Estado y de calase, contra el Ejército y la Guardia Nacional que lo maltrata por orden del hacendado. Hoy contra el parcelamiento de su territorio como política de Estado, contra un ordenamiento jurídico ajeno que lo encarcela como animal y lo pretende condenar en un juicio político amañado, un modo de vida, un idioma y de una religión extranjera que ni siquiera en la prisión la acepta y se doblega.

Sabino se levanta cada día dando el ejemplo de defensor de los derechos humanos de todos y en especial de su Nación Caribe Yukpa. Le preocupa que el Gobierno se niega aceptar la autodemarcación presentada por el pueblo Yukpa y el pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas invasoras a su territorio tal como prometieron los Ministro Alejandro Hitcher y Nicia Maldonado en hoja firmada y entregada en Caracas 22 de octubre de 2010 en el Ministerio del Ambiente al Hermano Jesuita José María Korta, Lusbi Portillo, Zenaida e Isidro Romero, Santiago Arconada, Silio Sánchez y demás representantes asistentes de la huelga del Hermano Korta. Todos los días debe luchar con dignidad para mantenerse vivo en la Cárcel Nacional de Trujillo.

Declaraciones de Lusbi Portillo sobre inicio de huelga de hambre de Jose Maria Korta

En solidaridad con la lucha del pueblo Yukpa, la demarcación de territorios indígenas y la liberación de Sabino Romero

Olegario y GADEMA, una aclaratoria necesaria

Sociedad Homoetnatura

Cuando se erradicó el juicio de la ciudad de Maracaibo al Circuito Judicial de Trujillo por orden del oscuro magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, 22/07/10), hicieron acto de presencia el primer día del juicio (02/09/10) en representación del imputado indígena Olegario Romero Romero, dos abogados, Alfonso Chacín y el abogado agrarista de los poderosos del campo, Luis Paz Caicedo.

Alfonso Chacín consultor jurídico de toda la vida de la Asociación de Ganadero de Machiques (GADEMA), odiador de oficio y clase del espíritu guerrero del pueblo Caribe/Yukpa en su faena cotidiana de recuperar parte de su territorio ancestral invadido por los ganaderos que hoy dice representar. Desde el 2004 cuando se inicia el proceso de demarcación del territorio del pueblo Yukpa, vierte en los medios de comunicación toda su rabia de clase y de los que representa atrincherado en las oficinas de la Gobernación del Zulia, del Consejo Legislativo Regional o desde las instalaciones de GADEMA acusando al Gobierno, a Sabino y a Lusbi Portillo de un estatal plan para confiscarles las tierras a los ganaderos.

Hoy, este celebre abogado y Paz Caicedo son los abnegados defensores de un líder Yukpa, asunto que a estas alturas de la historia nadie puede entender. A no ser que aceptemos que detrás de dicho asunto existe un macabro acuerdo Olegario, ganadero y la alta cúpula ministerial constituyente de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierra.

Si existe en verdad un acuerdo entre Olegario y los Vargas, presuntos propietarios de las haciendas rescatadas por las comunidades indígenas Yupa del Yaza: Tiscina, Kusare, Brasil y Paja Chiquita, hoy asentamientos de las comunidades Chaktapa, Guamo Pamocha, Shirayi y Río Yaja, respectivamente.

Yukpas: Aqui estamos para decir que no hay patria sin nosotros

Desde el miércoles las 10 am, ochenta indígenas yukpa provenientes de la Cuenca del Yaza y de Río Negro, Machiques del Estado Zulia, entre los que se cuentan hombres, mujeres y niños, se intalaron en vigilia permanente frente a la Sede del TSJ en la Capital de la República como medida de presión a la Presidenta del máximo tribunal, doctora Luisa Estela Morales y demás magistrados, para que se admitan y procesen el recurso introducido por los abogados de los yukpas detenidos en fuerte Macoa, exigiendo la susènsión del juicio penal y el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena consagrada en el ordenamiento legal y constitucional venezolano, como parte del cuerpo de derechos conquistados por las luchas de nuestro pueblo.

El Estado-Gobierno desde octubre desde el año pasado sostiene una inexplicable coherencia represiva contra estos dirigentes yukpas que casualmente son los mas destacados de su pueblo en la lucha por la demarcación territorial bajo la consigna: tierra indígena, sin minas y sin hacendados, aludiendo a la nececidad vital de recuperar parte del despojo al cual fueron sometidos por la clase ganadera y la voracidad de las empresas trasnacionales en complicidad con una clase burocrática vendida a estos intereses en gobiernos pasados y lamentablemente en el actual.

Sorprende a nuestra redacción como se es blando con los delitos cometidos por la burocracia y como se criminaliza y se conspira para desmantelar la constancia de estos luchadores sociales indígenas cuyo caso en nombre del estado es sostenido por siete fiscales, y cuya detención y reclución es administrada fuera de toda legalidad sin que los orgnismos responsables de garantizar los derechos humanos digan esta boca es mía.

Un año antes de los sucesos de octubre, fue muerto a golpes el anciano padre de Sabino Romero y sus caso fue engabetado por uno de los fiscales que hoy encabeza la acusación del estado contra este diriegente yukpa. No hay culpables ni detenidos ni noticias de investigación alguna, sin embargo ya los tribunales están a punto de condenar a Sabino y a varios yukpas que participaron en una riña violenta en la que murieron varios de ellos, evidentemente instigada por sectores de la burocracia del Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y el mal llamado Ministerio indígena.

Defensoría del Pueblo, Diputados “socialistas”, fiscales, ministros y “voceros indígenas” capitalizados y el propio presidente de la república, callan de modo cómplice con un concierto tan coherente y cómplice que nos recuerda a los poderes públicos hondureños que les bastó menos que un chisme para acabar con el estado de derecho en ese desdichado y hermano país.

El objetivo parece ser detener las luchas territoriales indígenas con un castigo ejemplar para actuar a favor de el capital trasnacional minero en esa región del país. Los funcionarios hacen silencio y trasbastidores se escuchan los argumentos mas reaccionarios y racistas del repertorio de la historia del genocidio en nuestro continente.

Acusaciones contra activistas sociales y militantes revolucionarios no faltan en este vergonzoso concierto de represión, conspiración y silencio que lamentablemente encabeza el propio Presidente que claramente está informado y tiene la solución de justicia en sus manos. Nos preguntamos hasta donde es el compromiso con las trasnacionales americanas, inglesas rusas y chinas del imperialismo minero mafioso.

Pedimos solidaridad del movimiento popular caraqueño a los yukpas movilizados a Caracas para tratar de evitar el aislamiento de su lucha, que es parte de las luchas que inspiraron el proyecto revolucionario. Libertad para Sabino Romero y los yukpas secuestrados violando las leyes revolucionarias.

No hay patria sin nosotros, tierra pa los indígenas, sin minas de carbón, uranio y coltran, sin ganaderos y sus sicarios, la demarcación de la comisión del ministerio del ambiente es limpieza étnica. No a la criminalización de los indígenas que luchan, abajo el silencio indígno y cómplice. Castigo para los militares que abusaron de las mujeres yukpas familiares de los detenidos. Fuerte Macoa es el guantanamo de la burocracia traidora, Libertad para Sabino.

Sociedad Homo et Natura

Observe imágenes de la toma yukpa del TSJ

Más Imágenes de la toma yukpa en el TSJ (I)

Caracas: 80 yukpas se apostan en las puertas del TSJ exigiendo justicia y demarcación de tierras

Solicitando el derecho a ser juzgados por sus propias leyes, debido al caso que involucra al cacique Sabino Romero, un grupo de 80 indígenas, entre los cuales hay 50 niños, se apostaron frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El grupo solicita el alto a la criminalización de los luchadores sociales, debido a los ataques contra la organización Homoetnatura y su vocero Lusbi Portillo, así como el respeto a la autodemarcación de los territorios indígenas en Perijá.

La acción convoca a la solidaridad de las organizaciones sociales residentes en Caracas. Los yukpas necesitan agua, frutas y alimentos no perecederos, además del acompañamiento fraterno en su lucha y reivindicaciones. (Fotografías Federico Zaa).

Retardo en Sala Constitucional, Caso Sabino Romero

Estimados (as) Colegas y amigos (as), Líderes Indígenas e Indigenistas, luchadores por los derechos de los Pueblos Indígenas:

Con relación a la acción de amparo constitucional intentada en fecha 25 de febrero del presente año por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela a favor del Cacique Yukpa SABINO ROMERO IZARRA y el ciudadano ALEXANDER FERNÁNDEZ, miembro del pueblo Wayuu (Expediente 2010-0192), por los hechos acaecidos el día 13 de octubre de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, les informo lo siguiente:

1.  En fecha 10 de marzo de 2010, la Secretaría de la Sala Constitucional dio recepción al escrito de amparo.

2.  En fecha 04 de junio de 2010, la Defensa interpuso nuevo escrito por ante la referida Sala Constitucional, en la cual solicitó la admisión de la acción propuesta y que fuese notificada la ciudadana GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ, en su condición de Defensora del Pueblo. Se anexa la información en línea actualizada obtenida de la página web del TSJ.

3.  En la misma fecha antes señalada, y cónsono con el deber que le impone el artículo 281, ordinal 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 15, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el ciudadano JAVIER LÓPEZ, en su carácter de abogado adscrito a al Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, según consta en resoluciones publicadas en Gaceta Oficial y consignadas, solicitó  igualmente pronunciamiento sobre la admisibilidad en la presente causa. Se acordó agregar el presente escrito y anexos al expediente respectivo. 

4. De igual modo, en fecha 30 de abril del presente año, en un gesto de solidaridad con los hermanos yukpas detenidos en un recinto de máxima seguridad del Ejército en la ciudad de Machiques, la Diputada Nohelí Pocaterra, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, exhortó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que acepte el amparo constitucional de los cuatro yukpas enjuiciados en el Zulia para que puedan dirimir sus conflictos según las leyes indígenas. Entre otras cosas señaló lo siguiente:

"Le hago un llamado a la Presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, para que acepte el amparo constitucional que protege a los hermanos yukpas para que sean juzgados según las leyes indígenas"..."El artículo 260 de la Constitución establece que cuando se suscitan problemas entre indígenas y en territorio indígena deben ser atendidos por sus miembros, porque se reconoce que sus problemas deben ser atendidos por ellos". Además indicó que: "La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo recomienda cualquier sanción menos el encarcelamiento, porque de esta manera se desconoce la realidad sociocultural de nuestros pueblos".

5.  De tal manera que a la presente fecha, han transcurrido TRES (03) MESES y SIETE (07) DÍAS desde que se introdujo la acción de amparo, sin que se haya admitido el mismo, a la par que se aproxima la realización del juicio oral y público seguido en la jurisdicción penal ordinaria, todo lo cual causa un perjuicio grave a los caciques yukpas y al ciudadano wayuu detenidos desde el mes de octubre de 2009, y que violenta derechos colectivos reconocidos expresamente en la Carta Fundamental de 1999.

6.  Por lo tanto, solicitamos por este medio a todos los dirigentes indígenas, expertos en el área y demás defensores indigenistas, un pronunciamiento ante este retardo procesal y, por vía de un escrito como Amicus Curiae, eleven la preocupación ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada LUISA ESTELA MORALES, para que se admita y decida la acción de amparo constitucional intentada por la defensa de los referidos indígenas, en honor y respeto a la identidad étnica de los pueblos originarios de Venezuela.

 Atentamente,

Ricardo A. Colmenares Olivar
Doctor en Derecho
Abogado Penalista