El juicio contra los Yukpa: una expresión de la crisis de la política indígena del Gobierno

Sociedad Homo et Natura

Tejido Social por la Diversidad

Organización por la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas - Trujillo

El juicio que mantiene el Gobierno contra los dirigentes indígenas Yukpa es una consecuencia de su nefasta política etnofágica colonial indigenista, que lo ha conllevado a violar los derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el Convenio 169 firmado con la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los distintos pactos firmados con la OEA y la ONU en materia de derechos humanos.

Su herrada política gubernamental de intervención social, que en nada se diferencia de la ya conocida en el socialismo real, está limitada por la manera de tratar imponer en la vida cotidiana una conducta y un pensamiento único a través del aparato ideológico, represivo y financiero de este Estado actual todo poderoso capitalista colonial encaminado en la construcción de esta particular manera de entender el socialismo a espalda de los avance conceptuales socio antropológicos y jurídicos nacido de otra manera de ver, por ejemplo, el Estado Nacional y la profundización de la democracia conocida, las relaciones multiétnicas o con la sociedad civil y con la naturaleza en el camino de pasar a una fase superior de democracia expresada en los esfuerzos de construir en América Latina los Estados Plurinacionales que de al traste con la universalidad de las leyes y el liberalismo, para abrir un pluralismo jurídico, una democracia intercultural, autonomías asimétricas, así como la conformación de nuevas subjetividades e institucionalidades individuales y colectivas, como bien lo expresa Boaventura de Sousa Santos en su libro Refundación del Estado en América Latina.

Ante el fracaso nacional del proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas en Venezuela, expresando su profunda crisis en el Zulia por la resistencia y exigencias del pueblos Amerindios Barí y Yukpa manifestada en ocupación de más de once haciendas invasoras a su territorio original, no le queda al Gobierno otro camino que criminalizar la luchas y a sus líderes, estatizar y controlar sus estructuras y funcionamiento organizativo y su vida cotidiana a través de los Concejos Comunales, los Multihogares, entre otras instancias de Estado; invadir las comunidades con dádivas, créditos y trabajo en infraestructuras viales dirigidas principalmente a los indígenas Yukpa y Barí afectos al Gobierno y la transformación de sus principales líderes, Caciques y docentes en activistas del Psuve y funcionarios del Estado Gobierno.

Ante la concepción militarista y de Estado sobre las tierras y comunidades indígenas en frontera con Colombia se prohíbe reconocer y entregar títulos colectivos en estos espacios, la permanencia de la figura de Estado Nacional capitalista y colonial en la mente del Presidente y del Ejecutivo determina, pese al discurso socialista, que se le otorgue prioridad a los derechos privados de terceros en la demarcación de sus territorios, pretendiendo obligarlos a convivir con minas, madereros, haciendas y parcelas campesinas. Sobre sus tierras se prioriza los proyectos energéticos mineros portuarios viales multimodales diseñados por los intereses del gran capital presente en los proyectos de la IIRSA. Por esta razón más que reconocer y entregar territorios únicos y suficientes sujetos a derechos colectivos de pueblos indígenas el Estado gobierno viene reconociendo archipiélagos de tierras soportados en simples títulos agrarios.

Ante las luchas de resistencias de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales, el Gobierno a través de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de la Defensa y de Pueblos Indígenas vienen construyendo un cordón de Bases Militares al interior de las comunidades para coordinar todas las acciones asistencialistas y políticas gubernamentales de control social dirigidas a las comunidades indígenas y campesinas del piedemonte desde las cuencas de los ríos Guasare, Socuy hasta Río de Oro y Catatumbo.

La política etnofágica de estatización y de control social del actual Gobierno se expresa principalmente, por una parte, en la división de las comunidades indígenas y de sus líderes, y por otra, en la criminalización y exterminio de sus luchas. Esta vieja fórmula se manifiesta con suma nitidez contra las luchas unitarias y colectivas que han emprendido por la recuperación y demarcación de sus territorios las comunidades de los pueblos indígenas Yukpa y Barí. Y los resultados más emblemáticos de dicha política etocida gubernamental han desembocado en el encarcelamiento del líder Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero en el caso Yukpa, y de la intervención y destitución de la Directiva de Asocbariven, en el caso Barí. Se ha llegado al extremo que ministros, viceministros y dirigentes ganaderos han afirmado que esta lucha pertenece al narcotráfico.