Dictadura chavomadurista está aplicando resolución ministerial para eliminar de hecho los contratos colectivos

Diario El Carabobeño

El gobierno de Nicolás Maduro da otro duro golpe a los derechos de los trabajadores, logrados durante años de lucha, con la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, fechada el 11 de octubre. “La medida establece que los tabuladores tienen como piso un salario mínimo”, advirtió Orlando Chirino, dirigente de Corriente Clasista Unitaria, Revolucionaria y Autónoma.

El instructivo, al que se tuvo acceso, indica los lineamientos para las convenciones colectivas y está firmado por Eduardo Piñate, titular del despacho. “El gobierno elimina con esta decisión la esencia de la contratación colectiva de los sectores público y privado”, denunció Chirino. Explicó que fijar como piso de los tabuladores el sueldo mínimo decretado  por el presidente “ratifica la decisión unilateral del gobierno desde el 1º de septiembre de aplanar las tablas salariales”.

Opinión de un trabajador universitario venezolano sobre la abolición de la contratación colectiva

Edgar Figueroa

No estoy para nada sorprendido con la NUEVA LOCURA del llamado Gobierno del "Presidente Obrero" de Venezuela. Los rutinarios pero ademas olimpicos aumentos salariales no podian dar otros resultados.

El trabajador universitario  se va de vacaciones de julio y se reincorpora este septiembre con las mayores dudas labores de su vida. Las tablas salariales que tantos años les llevò conformar fueron  abolidas olimpicamente. Sin anestesia alguna. Y no creo sea algo premeditado o maquinado. Pienso fue, una mas de las IMPROVISACIONES locas del Ejecutivo. Se metieron absurdamente en un "peo" de proporciones mayusculas que en verdad NO SE como haran para enmendarlo.

Trabajadores de Biotech denunciaron desconocimiento de derechos y deterioro de condiciones laborales

Prensa Provea

Este martes 27 de junio, trabajadores de la empresa Biotech Laboratorios, en su condición de delegados del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria Química Farmacéutica (SUNTIQF), acudieron a la sede de Provea a exponer en rueda de prensa la situación que afecta a los trabajadores de la industria, quienes exigen mejoras en su contrato colectivo vigente debido a que “quedó devaluado” frente a la inflación.

Trabajadores de La Bonanza paralizan operatividad como medida de protesta

La Clase

Desde el viernes 29/7 a las 7:00 de la mañana, más de 100 trabajadores de La Bonanza [relleno sanitario donde se depositan los desperdicios y basura del area metropolitana de Caracas] paralizaron las labores como medida de protesta para exigir aumento salarial.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Cotécnica La Bonanza (Sutracobonanza), Jhonny Meneses, explicó que no han recibido incremento de sueldo desde hace aproximadamente dos años, por lo que decidieron detener la operatividad del depósito de residuos. “No ha habido discusión del contrato colectivo el cual está vencido desde hace 5 años, por ello el día de hoy tomamos acciones para reclamar un aumento”, manifestó Meneses, quien indicó que permanecerán en paro hasta obtener respuestas de la empresa Cotécnica La Bonanza o contar con la presencia del Gobierno del Distrito Capital.

Edo. Miranda: Trabajadores en conflicto anuncian hora “0″ en relleno sanitario La Bonanza

Scarlet Di Yesi

Los trabajadores del relleno sanitario La Bonanza [ubicado adyacente a la autopista Francisco de Miranda en el municipio Cristóbal Rojas de los Valles del Tuy; sirve a Caracas y su area urbana circunvecina] junto a su organización sindical Sutracobonanza, nos vemos en la necesidad y obligación de hacer pública la situación incontenible que vivimos quienes prestamos este servicio público. La desidia de los patronos (gobierno-empresa) nos empuja a la activación de mecanismos legítimos y constitucionales, para hacer cumplir las demandas y derecho de los trabajadores ya que desde hace 4 años se venció la Convención Colectiva que regula todos los beneficios socio-económicos y laborales que permiten nuestro nivel y calidad de vida familiar, social y laboral, por ello, venimos luchando a brazo partido, en medio de la crisis que vivimos los venezolanos.

Edo. Sucre: Trabajadores de la pesca exigen que se decrete emergencia laboral en este sector

Edecio Brito

Un grupo de manifestantes, liderados por directivos sindicales y trabajadores de la pesca, protestaron en la sede de la Inspectoria del Trabajo de Cumaná, estado Sucre, por la crisis que se registra en este sector.

Jorge Bastardo, Raquel Herrera, Arnaldo Gil y Carlos Ortega, directivos de los sindicatos de las plantas procesadoras de la pesca La Gaviota, Atún Paraguna, C.A.I.P y Eveba, indicaron que la protesta fue a consecuencia de los estragos que padecen los trabajadores producto de la crisis que vive este sector y ante la falta de respuestas por parte de esta institución.

Denunciaron que, producto de la crisis, varias empresas han aprovechado para dejar en la calle a trabajadores y negarse a cumplir con los convenios colectivos de trabajo, mientras sus productos aumentan en más de 500%. Señalan que la Inspectoría del Trabajo ante estos casos retarda los procedimientos, y en otros “lo hacen con errores que favorecen a los empresarios”.

“Tenemos el caso de las dos plantas de Atún Paraguaná donde en una de ellas, decenas de trabajadores esperaron meses por la orden de reenganche, y salió incompleta (…) y en la otra llevamos casi un año sin que cumplan con los acuerdos firmados en su convención colectiva, esta última solo produce exquisiteces para las personas con dinero a precios inaccesible para la gente humilde”.

Entre pitos y pancartas los afectados exigen se decrete emergencia laboral en su sector y se responda con la celeridad que el caso amerita.

[Tomado de http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/trabajadores-de-la-pesca-exigen-que-se-decrete-emergencia-laboral-en-este-sector/]

Opinión: Conflicto tras conflicto

Por María Esperanza Hermida

A la manida excusa de enemigos externos en EEUU, Guyana y Colombia, se adicionó la supuesta lucha contra el enemigo interno y todo ello sirve de justificación al gobierno para sostener la declaratoria de estado de excepción en varios municipios fronterizos (en la proximidad de una campaña electoral parlamentaria). Este discurso justifica también la deportación masiva e indiscriminada de personas de nacionalidad colombiana, irrespetando pactos, convenios, tratados y demás instrumentos que establecen garantías para el respeto a los derechos humanos en el marco de la realización de estos procedimientos.

Pero como se ha venido documentando a lo largo de los últimos años, muchas de las principales vulneraciones las hallamos en el caso de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones gremiales y sindicales. Una prueba de esta aseveración lo constituye la práctica de negar la certificación de registro a los sindicatos, entorpeciendo el ejercicio de la sindicalización como parte del derecho a la libre asociación con fines lícitos. Esta práctica del Ministerio del Trabajo viola el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 95 de la Constitución.

Opinión: ¿Nos vamos o no al paro?

Asdrúbal Romero

Una interrogante intensamente dilemática. Muy propio de estos tiempos de entrampamiento en los que nos han hundido, o en los que nos hemos dejado hundir y, seguramente, cada cual elegirá su propia versión personal entre esos dos extremos. Todo se nos ha convertido en un “cuero seco”, que si pisamos por un lado se nos levanta por el otro y viceversa. Lo que en otros tiempos sería la respuesta natural y lógica ante un proceso continuado de vulneración de nuestros derechos sociales y económicos como trabajadores, ir al paro, es ahora una decisión que concita una amplia diversidad de posiciones con fundamentaciones nada desestimables que las sostienen. Es lo que observo. Yo mismo, no asumo todavía una posición firme al respecto. Así lo señalaba hace unos días en un conversatorio convocado por la Cátedra Pedro Crespo que coordina nuestro ex secretario profesor Pedro Villarroel. Se produjo allí un muy interesante intercambio de ideas que me motiva a compartir con ustedes algunas reflexiones, que no pretenden ser exhaustivas en el análisis de tan compleja decisión.

Opinión: Lo que no han querido decir de la II convención colectiva de los universitarios

 Carlos Sánchez

El ministerio del Poder Popular para la educación Universitaria ha salido con bombos y platillos a celebrar la firma de la II Convención Colectiva de los Universitarios. Las declaraciones han sido emitidas a través del mismo ministro así como a través de sus voceros principales; lo curioso es que los voceros principales del ministerio es un sindicato que no disimula el hecho de que representa al ministerio y no a los trabajadores. Sin embargo, hay muchos aspectos de este contrato colectivo que tanto el ministro como sus voceros ocultan, pero que son del conocimiento del gremio de profesores universitarios y que es importante que sean conocidos por todos:

PDVSA viola el 80% de la contratación colectiva petrolera

Yrvis Reyes (diario NotiTarde, Edo. Carabobo)

"Petróleos de Venezuela (Pdvsa), viola el 80% de la convención colectiva de los trabajadores de la industria", denunció José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). Bodas detalló que la estatal ofreció construir un total de 42 mil viviendas para los trabajadores, y hasta la fecha no se ha edificado la primera. Además tampoco se ha cancelado lo referente al pago de la compensación de salario por antigüedad o tablita .

El dirigente sindical explicó que el aumento de la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA), es insuficiente y tampoco se ha pagado el retroactivo a la nomina mayor por concepto de este incremento, ni se le ha homologado este ajuste a los empleados de la nomina no contractual de Pdvsa. Esto demuestra la actitud de la actual gerencia de violar completamente los derechos de la fuerza laboral de la industria, así como el desconocimiento de su contratación colectiva , afirmó el secretario general de la Futpv.

Agregó que en muchas áreas no se han entregado los implementos de seguridad, a pesar de que la contratación colectiva del sector petrolero establece que la dotación debe entregarse cada tres meses.

José Bodas extendió el llamado a los trabajadores petroleros a mantenerse unidos y movilizarse, recordó que Futpv tiene el período vencido, por lo que es necesario renovar a la actual junta directiva pro-patronal, que solo se ha preocupado por mantener sus puestos .

[Tomado de http://www.notitarde.com/La-Costa/Bodas-Pdvsa-viola-el-80-de-la-contratacion-colectiva-petrolera/2014/11/17/393662/.]

Anexo: Declaración de J. Bodas al diario El Tiempo, Puerto La Cruz, 1/11/14

El secretario general de la Federación  Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), José Bodas, exigió un incremento de 150% en los ingresos de  los empleados, puesto que “los salarios están destruidos”. Indicó que los obreros y la nómina diaria perciben 5.670 bolívares mensuales, incluso menos de los 7 mil bolívares que reciben de la tarjeta de alimentación

Indicó que actualmente los obreros y la nómina diaria perciben 5.670 bolívares mensuales, incluso menos de los 7 mil bolívares que reciben a través de la tarjeta de alimentación. Enfatizó que 120 mil trabajadores a escala nacional, 16 mil de ellos anzoatiguenses, están afectados por la situación. “Muchos de los empleados deben convertirse en comerciantes informales o en taxistas para poder subsistir”.

Según Bodas, Petróleos de Venezuela incumple actualmente   80% de las cláusulas contractuales. Comentó que no los han dotado de implementos y uniformes desde 2012, y además les deben 42 mil viviendas. “Existe una preocupación porque crece la cantidad de trabajadores tercerizados, cuando éstos deberían estar eliminados para el año que viene según la Ley Orgánica del Trabajo”.

El dirigente sindical manifestó que además les deben el retroactivo por el incremento de la tarjeta de alimentación y la compensación laboral por antigüedad. “No se ha cancelado la retroactividad por prestaciones sociales a la nómina mayor, y ésto afecta el salario de los trabajadores”, indicó el secretario general de la Futpv.

[Tomado de http://web.laclase.info/content/bodas-exigimos-aumento-de-150/.]

Un derecho invisible para el Estado venezolano: la contratación colectiva

Provea

El derecho de los y las trabajadoras de negociar convenciones colectivas continuó siendo un factor de conflicto y movilización de calle en 2013. Aun cuando el derecho se garantizó parcialmente, y en algunas grandes empresas privadas y sectores de empleados del Estado se suscribieron convenciones, la violación de las vigentes y la ausencia de discusión de algunas que afectan a miles de trabajadores activos y jubilados generaron descontento y protesta principalmente en las empresas del Estado.

Según la Memoria y Cuenta del Minpptrass, se homologaron 448 convenciones colectivas de trabajo, de las cuales 409 corresponden al sector privado y 39 al sector público, con lo cual se logró amparar y beneficiar a un total de 1.160.844 trabajadores y trabajadoras[66].

Como puede notarse, la desproporción entre las homologaciones en el sector público y privado es considerable. Si bien es cierto que en el país la mayor cantidad de unidades de trabajo son de carácter privado, es igualmente alto el número de entes, órganos y empresas del Estado donde existe una política gubernamental orientada a retardar la discusión de los convenios[67].

LaClase.info/Provea: Presos José Bodas, secretario general de la Futpv y otros 7 trabajadores, por exigir aprobación del contrato petrolero

Laclase.info/Provea

A primeras horas de la mañana de hoy, fue detenido en el portón de refinería Puerto La Cruz, el secretario general de la Futpv, José Bodas, junto a otros dirigentes sindicales y trabajadores petroleros. Esto pone en evidencia una vez más, la constante criminalización por parte del gobierno a que son sometidos los que ejercen la legítima protesta social.

El también miembro de la corriente C-cura, se encontraba junto a un numeroso grupo de trabajadores de las distintas áreas petroleras del norte de Anzoátegui, protestando y exigiendo la pronta discusión del contrato colectivo vencido desde el pasado mes de octubre.

La acción de hoy era parte de las asambleas permanentes que los trabajadores petroleros de Anzoátegui habían acordado mantener en días pasados, ante el retraso en la aprobación del convenio.

Mientras se dirigía a los trabajadores, un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo junto a los trabajadores Leonardo Ugarte, Bladimir Carvajal, Omar y William Párica, Endy Torres, Jesús Girado y Emilio Milllán, siendo conducidos al destacamento 75 de la GNB ubicado en Puerto La Cruz, en las adyacencias de la refinería de esa ciudad.

"Gobierno de calle" evade realidad laboral en su paso por Bolívar

César Noriega Ramos (Correo del Caroní)

Ciudad Guayana. 27/05/2013

Al cuarto día de los seis que se estime dure las inspecciones del “Gobierno de calle”, los ministros y viceministros han echado a un lado los temas neurálgicos de la sociedad guayanesa. Los frentes abiertos de Guayana se pierden de vista y requieren más que buenas intenciones para su solución. El corazón económico de la región lo representan las empresas básicas, exhaustas por una mezcla de pasivos laborales, obsolescencia y malos manejos. Esta semana, la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas reveló que el monto global de los pasivos laborales era de 4 mil 38 millones de bolívares al 31 de julio de 2011.

Los contratos colectivos de Sidor, Alcasa, Venalum, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera Orinoco, CVG y Corpoelec cumplen varios años vencidos. Las empresas estatizadas en los últimos también mantienen desactualizados los beneficios contractuales de sus trabajadores.

Aunque el presidente Nicolás Maduro utilizó su pasado como dirigente sindical para ganar votos, se mantienen las presiones a la libertad sindical en Guayana. Se conservan activos los procesos judiciales contra varios trabajadores de Sidor y de FMO, como el del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, acusado por participar en acciones de protestas motivadas por reclamos de orden laboral.
Frases de los representantes ejecutivos

Voceros sindicales han notado la rareza de una jornada de inspección en el sitio que no incluya consultas con la amplitud del movimiento sindical de Guayana. La última vez que ocurrió un encuentro entre el Gobierno central y representantes laborales de todas las tendencias fue en 2009. Por lo que la política de exclusión a sectores contestatarios es algo, que al menos con los sindicatos, el presidente Maduro ha mantenido de su extinto mentor político.

Representación sindical en Ciudad Bolívar rechaza juicio contra dirigente de FMO

Carolina Maffia (Correo del Caroní)

Ciudad Bolívar. Domingo, 26 de Mayo de 2013 (Foto Carolina Maffia).- Más de 20 organizaciones sindicales con sede en la capital bolivarense elevaron ayer su voz de rechazo contra la criminalización de la protesta, y manifestaron su apoyo al dirigente sindical de CVG Ferrominera, Rubén González, a quien nuevamente le enjuician por defender derechos laborales.

Rubén González, líder de Sintraferrominera, emplaza a Maduro a reunirse con toda la dirigencia sindical de Ciudad Guayana, y no sólo con la “patronal”. González propuso a los sindicatos de todas las tendencias políticas a combatir la criminalización del derecho a la protesta.

Roger Núñez, directivo de Sutralum, señaló que “defendemos nuestra libertad sindical”, y explicó, además, que en ese encuentro se estaba construyendo una propuesta en función de documentar todas aquellas acciones de atropello y violaciones a derechos laborales, que esperan elevar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Unasur y OEA.

Núñez señaló que en el estado Bolívar existen alrededor de 100 contratos colectivos vencidos, sin que exista voluntad del patrono-gobierno para sentarse a discutir nuevas convenciones.

También lamentó que frente a muchos reclamos laborales y en la aplicación de la nueva jornada de trabajo, en Heres se encuentren con que no existe una Inspectoría del Trabajo, ante el cierre técnico de su sede.

Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, fue enfático en señalar que la lucha sindical no podrá ser aniquilada, a pesar de las persecuciones. El dirigente ferrominero, que volvió a ser imputado por los delitos de instigación a delinquir, agavillamiento, trasgredir zona de seguridad y obstrucción a zona laboral, señaló que “más allá de todo esto está la libertad de consciencia, la libertad a disentir”.

González cuestionó el denominado “gobierno obrerista” del presidente Nicolás Maduro y aseguró que sus ofertas a los trabajadores han “sido mentiras” y “burlas”. “Lo que Maduro dice en las centrales obreras, en los países donde va es diferente a lo que echa en el país”, puntualizó.

Contabilizan más de 400 convenciones colectivas sin discutir

(EL UNIVERSAL)

La falta de discusión de contratos colectivos, criminalización de la protesta y persecución de la dirigencia sindical se han convertido en un “dolor de cabeza” para los sindicatos del país.

A la fecha, organizaciones como el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Sindicato y el Salario (Fadess) contabilizan más 400 contratos colectivos sin discutir, incluyendo el contrato marco de la administración pública paralizado desde 2006.

“320 contratos de alcaldías están pendientes, 20 de gobernaciones y los contratos marcos de los Ministerios, estamos hablando de 400 convenciones pendientes en el sector público incluyendo las empresas del Estado”, resaltó Froilán Barrios, vocero del Fadess. Precisó que dos millones 200 mil trabajadores del país están amparados por convenciones colectivas. De esa cantidad, un millón 500 mil está sin contrato.

Barrios resaltó que la demora en las discusiones corresponde a una política del Ejecutivo de solo discutir el aumento salarial y deslegitimar el movimiento sindical. A esto se suma el oficio institucional emanado en mayo de 2010 por el entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua, que prohibía la firma de contratos en instituciones del Estado sin la autorización del expresidente Hugo Chávez.

Entrevista con Carlos Patiño: “La función de los sindicatos paralelos es atacar y dividir a los trabajadores”

Por Pepe el Toro

El pasado 21 de junio más de un centenar de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), provenientes de distintas partes del país, protagonizaron la marcha “Salvemos al INCES”. Semanas después entrevistamos a Carlos Patiño, presidente del sindicato, para conocer más sobre sus luchas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

- En el año 2007 el sindicato logró la homologación del contrato colectivo del INCES. ¿Se ha venido cumpliendo?
- Se cumple en un 70%, sin embargo está vencido pues su duración era de dos años. En la convención los jubilados, que no tenían ninguna clausula en las convenciones colectivas anteriores, lograron alrededor de 30 clausulas de las 70 que presentaron. Eso marcó un hito, pues son pocas las convenciones colectivas que hacen extensivo, por lo menos para esa época, la inclusión de los jubilados, e incluso afiliarlos: Tenemos alrededor de mil jubilados afiliados. Pero además, en el año 2010, en una reforma estatutaria también se logró que se pudieran afiliar los contratados, que históricamente han sido excluidos de los derechos sindicales en la administración pública, porque siempre se les toma como unos trabajadores temporales.

Tercerización laboral bolivariana

- Dentro del INCES ¿Cuál es la proporción de contratados con respecto al personal fijo?
- Prácticamente la mitad de la fuerza laboral del INCES es contratado. Si hablamos de los facilitadores, que son los trabajadores contratados por cursos y horas podemos decir que hay mayor cantidad de contratados. El instituto maneja una nomina, incluyendo a los facilitadores que van y vienen, de alrededor de 14.000 trabajadores. Y fijos habemos alrededor de 5.000. Los facilitadores, que es una de las luchas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inces (Sintrainces), son unos tercerizados en la práctica, que no tienen beneficios de contrato colectivo, la hora curso es muy baja, etc. Eso cambió el 23 de junio, hace unos meses, un día después de la marcha, donde las autoridades no sólo les aumentaron la hora curso sino que los incluyeron en el seguro social y en el HCM, no para sus familiares pero por lo menos sí para ellos.