Argentina: Después de las elecciones, el gobierno profundiza el modelo represivo

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)

El descenso del caudal de votos del kirchnerismo en las PASO de agosto, que incluyó la derrota de su candidato oficial, Insaurralde, ante el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, rápidamente motivó un cambio de estrategia de cara a las elecciones de octubre.

A partir de la lectura de que el triunfo del ex jefe de gabinete kirchnerista, hoy opositor, se apoya, en parte, en su perfil de “preocupado por la inseguridad”, el gobierno nacional, el provincial y su candidato salieron a disputar ese terreno con energía.

Arrancó el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad del gobierno nacional: “las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente”. Tras el volantazo al discurso oficial, que prefería hablar de una “sensación de inseguridad creada por los medios”, anunció un nuevo “plan de seguridad”, que consiste en “la ejecución de planes de acción de alcance federal tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad” con el objetivo de “combatir el delito y bajar la criminalidad”. En lo concreto, reforzaron el plan Centinela, que existe desde 2011, con el desembarco de 5.000 gendarmes y 400 policías federales más a la provincia y la transferencia de 85 millones de pesos destinados a 700 unidades móviles para la provincia. Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el envío de 4.500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras noreste y noroeste del país en el marco del operativo Escudo Norte, también creado en 2011, para reemplazar a los gendarmes venidos a la zona metropolitana. Esto es, cada vez más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura.

En la misma línea, y replicando la jugada nacional de diciembre de 2010, cuando se creó el ministerio de Seguridad después de las muertes en el Parque Indoamericano (ver Boletín Informativo nº 589), el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, anunció el desdoblamiento del ministerio de Justicia del de Seguridad, para el que designó a Alejandro Granados, actual intendente de Ezeiza. De esta manera dio marcha atrás en lo que, con los mismos argumentos, pero en sentido contrario, había resuelto en mayo de 2010, cuando despidió al fiscal Stornelli y juntó ambos ministerios con Casal a la cabeza (ver Boletín Informativo nº 558).

Correpi: Personas desaparecidas por las fuerzas represivas del estado (policía) en Argentina desde 1983 hasta 2012

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Listado de personas asesinadas por el aparato represivo estatal bajo esta modalidad, la de la desaparición. Hasta noviembre del año pasado, encontramos que 210 personas fueron, detenidas y asesinadas por alguna de las fuerzas (policía, gendarmería, prefectura, etc).

Sólo contamos los casos en los que el accionar de la policía en explicito, es decir, todos sabemos que las redes de trata son sostenidas desde el aparato estatal, siendo las fuerzas represivas un actor fundamental para estás. Pero no podemos incluir aquellos casos de chicas que fueron desaparecidas por las redes de trata en donde no encontramos una persona que sea parte del aparato estatal, porque aunque intuimos su participación, tenemos que corroborarlo. Esto como un ejemplo. A lo que voy es que 210 desaparecidos es un piso, seguramente hay muchos más.

Si pones los nombres en el buscador del PDF del Archivo, vas a encontrar caso por caso.

http://correpi.lahaine.org/?p=1168

Argentina: Comunicado: Frente a la represión en todo el país, ¡Organización y lucha!

Correpi

Esta incompleta y muy breve serie de situaciones represivas recientes ilustra lo que es una constante a lo largo y ancho del país: la represión, con balas de goma, de plomo o a través del aparato judicial, de todos los trabajadores que se organizan para pelear por la vivienda, la tierra, el medio ambiente y sus derechos laborales. Estos pocos ejemplos demuestran que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los municipales, recurren, cada uno con su estilo pero de similar modo, a su aparato represivo y a su aparato judicial cuando necesitan frenar el crecimiento de las luchas populares.

En la provincia de Catamarca, vecinos y ambientalistas que se manifestaban contra la megaminería fueron reprimidos en Belén, Aldalgalá y Tinogasta con el concurso del cuerpo de infantería de la policía provincial y patotas de las empresas. Hubo heridos por disparos de armas con postas de goma y gases lacrimógenos y varios detenidos.

-   En La Plata, provincia de Buenos Aires, el juez de garantías Melazo ordenó la detención de cuatro delegados de la Dirección General de Cultura y Educación en una causa originada en las luchas gremiales del año pasado. Los trabajadores fueron acusados por el delito de “coacción agravada”, típica figura penal empleada para criminalizar la protesta, y arrestados por policías de civil que los emboscaron en su lugar de trabajo y a la salida de una reunión a la que habían sido citados por el director provincial de Negociaciones Colectivas con motivo de la ayuda oficial para damnificados por la inundación del 2 de abril. Ante la presión de la movilización, los delegados fueron excarcelados, sin desvincularlos de la causa, que continúa su curso.

Argentina: El aparato represivo estatal sigue intacto

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)

 (Agencia Rodolfo Walsh, 09.05.13) La CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional], una organización social de larga trayectoria militante, comprometida y necesaria en las luchas populares, desde su denuncia permanente sobre la creciente represión institucional o policial, no fue ajena al grave episodio de espionaje que sufrió esta agencia y el conjunto de las organizaciones del campo popular. Aquí su testimonio acerca del accionar ilegal del Estado.

Aunque no todos recordaran su nombre, no hubo militante que no reconociera al oficial de la policía federal Américo Alejandro Balbuena cuando la Agencia de noticias alternativas Rodolfo Walsh denunció al infiltrado y comenzó a circular su foto.

Hoy sabemos que su cotidiana presencia en cuanta marcha, acto, conflicto, corte o movilización popular hubiera no respondía a su compromiso con la información alternativa, sino que era liso y llano "cumplimiento del deber". Desde 2002, y sin solución de continuidad, el oficial de inteligencia de la PFA [Policía Federal Argentina] trabajó infiltrado como movilero de la Agencia Walsh, además de conducir programas de radio, como "Nada es casual", que se emitía durante 2008 en AM770 (Radio Cooperativa). Por ejemplo, el 15 de julio de 2011, el oficial Balbuena cubrió la conferencia de prensa en la que una gran cantidad de organizaciones anunciamos la promoción de la denuncia penal contra el burócrata Gerardo Martínez, de la UOCRA [Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina], por su tarea como espía de la dictadura desde el Batallón 601. Allí, el colega federal del denunciado entrevistó a Enrique "Cachito" Fukman de la AEDD [Asociación de Ex-Detenidos Desaparecido]; a Oscar Castro del SITRAIC [Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines] y a María del Carmen Verdú de CORREPI.

Argentina: Dos formas de aplicar la misma política represiva: desaparición y criminalización de la protesta

Por Correpi

La represión selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores para que agachen la cabeza y acepten la explotación.

En este caso tenemos el ejemplo de dos formas diferentes de aplicar esta política: por una parte, la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel y por otra la criminalización de la protesta que sufre la comunidad de Indio Colalao, donde la justicia libró órdenes de detención para 25 integrantes de esta comunidad en Tucumán, misma provincia donde la policía asesinó al dirigente indígena de 68 años, Javier Chocobar.

Daniel Francisco Solano desapareció el 5 de noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Había viajado desde Salta, de donde era oriundo, para trabajar en la cosecha de frutas. La explotación sufrida, las precarias condiciones de trabajo y vivienda y la paga miserable lo llevaron a organizarse contra la patronal de Agro Cosecha, pata local de la multinacional Expofrut. Fue elegido delegado por sus compañeros y estaba impulsando una huelga a la que iban a adherir 250 de los 300 trabajadores golondrinas que trabajaban con él. En un principio, la patronal intentó comprarlo como alcahuete de sus compañeros. Ante la negativa de Daniel, se planificó su desaparición en Macuba, un boliche de la zona, donde dos testigos vieron como cuatro policías lo golpeaban y subían a un móvil. Estos dos testigos, una pareja que iba en moto, siguió al patrullero hasta un descampado, donde Daniel fue subido a otro vehículo en el que iban tres policías de civil y ahí les perdieron el rastro.

Argentina: Narcos y chorros, ¡todos de uniforme!

Correpi

La policía, esa que está “al servicio de la comunidad”, y nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y las torturas y nos reprime cuando nos organizamos para reclamar lo que nos corresponde, es la misma que, además, está metida en los peores negociados, que no podrían sostenerse sin la complicidad policial, y de las demás fuerzas represivas.

Casi semanalmente damos ejemplos de esto, y hoy no es la excepción.

Tres policías bonaerenses de distintas comisarías de La Plata, fueron detenidos esta semana por facilitar la fuga de una persona detenida, para robar. Esta vez los descubrieron, dado que pudieron identificar a la persona que robó a un matrimonio y que estaba supuestamente “detenida” en una comisaría de La Plata.

Claro que en esto de hacer negocios, la policía (federal, bonaerense, y las policías provinciales) no tiene la exclusividad.

Un cabo de Gendarmería Nacional, fue detenido con 110 kilos de cocaína escondidos en bolsos debajo de los asientos, en los espaldares y en el baúl del auto que conducía. Según informaron los medios, la Gendarmería ya contaba con información previo al momento de la detención. Lo que, para nosotros, significa que lo detuvieron por alguna disputa interna.

Y en Corrientes, un agente penitenciario de Entre Ríos fue detenido con 350 kilos de marihuana, cantidad que equivale a la suma de 2 millones de pesos. El penitenciario viajaba en un auto tipo ambulancia para el transporte de féretros, perteneciente a una cochería de Entre Ríos. La marihuana estaba escondida en bolsas de arpillera dentro de un ataúd de madera.

Gracias a la impunidad que detentan las fuerzas represivas, garantizada por jueces y fiscales, es que estas fuerzas controlan y regentean el narcotráfico, la trata de personas, obligan a los pibes a robar para ellos, controlan y distribuyen el paco en los barrios. Es que aquellos que le ponen el cuerpo al control social, que cumplen la función encomendada por el estado de mantener el pueblo a raya, tienen su recompensa.

Argentina: Cristina: “Hay que erradicar los piquetes”

Por Correpi

En el Boletín nº 648, con el título “Garré recargada”, comentábamos el nombramiento del “pingüino operativo” Sergio Berni como segundo del ministerio de Seguridad, y citábamos algunas de las frases que disparó al minuto de asumir el nuevo cargo, en particular: “No creemos en la negociación de los conflictos, no es nuestro eje de trabajo”. Palabras que no pueden desligarse de lo actuado por el funcionario, en sus anteriores destinos (ministerio de Acción Social y de Defensa), por ejemplo en oportunidad del desalojo de las Bodegas Giol y del Indoamericano.

Apenas juró en el cargo, usó sus habilidades negociadoras para desactivar el piquete de vecinos en la Villa 31, que reclamaban por micros escolares para que sus hijos pudieran llegar a los colegios, aprovechando que, como el reclamo se dirigía a la ciudad, pudo echar la responsabilidad por el corte a Mauricio Macri.

Durante el paro de los trabajadores de la línea 60, Berni lo definió como “un conflicto gremial que cobró un carácter irracional por impulso de un grupo minoritario”, y desplegó a la gendarmería para impedir los cortes a la Panamericana.

Desde los sectores pretendidamente “progresistas” del gobierno, ese tipo de declaraciones y sus acciones consecuentes suelen ser planteadas como parte de una “disputa”, usada sistemáticamente para convocar a apoyar el “lado bueno” del gobierno, que estaría representado por la propia presidenta y sus “camporistas”.

La artimaña quedó, esta vez, al descubierto, cuando, frente a las movilizaciones, cortes y piquetes de los vecinos abandonados frente a las consecuencias del temporal de hace unas semanas, el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi habló de “una provocación social”.

Rápido de reflejos y fiel al rol que le toca jugar, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, lo criticó cn dureza. Pero terció la presidenta Cristina Kirchner, que dijo que los piquetes “han perdido toda legitimidad y deben ser erradicados como forma de protesta social”, que quienes los protagonizan lo hacen “por ignorancia, o falta de asesoramiento, o marketing político”. Erradicados, es decir, arrancados de raíz. Para eso fue nombrado Berni en el ministerio de Seguridad.

Argentina: ¿Tragedia? No, crimen social [privatización del ferrocarril argentino]

CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional]
(Punto -6 extraído del Boletín informativo nº 647, 01.03.12)

El 22 de febrero, en la estación terminal de Once del ferrocarril Sarmiento, se desató el horror que muchos venían denunciando que iba a ocurrir. El choque del tren que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Los medios caracterizaron como “Tragedia de Once” lo que fue otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera de la patronal, el Estado y la burocracia sindical, con la actuación especial, que nunca falta, de la policía. Mostrando su desprecio por el pueblo, ni siquiera se preocuparon en revisar el tren completamente para constatar que no hubiera más víctimas atrapadas, lo que, de todos modos, no impidió que la ministra de seguridad Nilda Garré los felicitara por las tareas de rescate.

Cuando se desencadenó la furia popular, luego de que finalmente se encontrara el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, desaparecido por casi tres días, la represión no se hizo esperar, ya que para ello sí son expertos. Desalojaron con gases lacrimógenos y palazos a todos los que estaban en la estación expresando su bronca, la bronca que siente el pueblo, que es el que siempre pone los muertos.

Argentina: El ajuste se garantiza con represión

Boletín Informativo CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional]

A pocas semanas de que la presidenta anunciara su plan de emergencia económica y ajuste dirigido al “endeudamiento de las provincias”, ya se empiezan a hacer visibles los conflictos que genera el plan económico que se decide a implementar el gobierno.

A sólo una semana de estos anuncios, fue noticia cómo se reprimía en Río Gallegos a los estatales por protestar contra un paquete de medidas de ajuste que atentan contra el empleo, las condiciones laborales y el salario.

Luego, se anunciaron los despidos de, por lo menos, 4.000 empleados públicos en la provincia de Río Negro.

Pocos días después, en Trelew, una protesta de camioneros contra el despido de 170 trabajadores, por parte de la empresa de gas Camuzzi, fue reprimida por la policía, en cumplimiento de una orden judicial de desalojo. La represión, que concluyó con veinte trabajadores heridos, fue realizada por la Comisaría 2ª.

Argentina: Leyes Antiterroristas De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación”

Por Correpi

La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.
Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la "gobernabilidad democrática" sustentada por la "cooperación continental".

Argentina: La sentencia ESMA, el pasado y el presente de la represión

Por CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional] 

Una de las noticias importantes de esta semana fue la condena a 17 represores de la ESMA en el primero de los juicios orales por ese centro clandestino de detención. ¡Qué alegría fue escuchar que se van a pudrir en la cárcel!

Mientras se leía la sentencia, a muchos nos habrá pasado que nos pusimos a recordar tantas cosas... Cuando el presidente del tribunal anunció la perpetua a Astiz, imposible no recordar a ese mismo milico, feliz y despreocupado, paseando al pie de la cordillera, el 1º de septiembre de 1995, cuando un guardaparque lo reconoció, y le encajó una soberana piña... CORREPI se sumó a la defensa del compañero Alfredo Chávez, que fue a juicio por pegarle al Ángel Rubio, y estuvimos muchos primeros de septiembre con él, en Bariloche, para recordar ese día de bronca digna.

Cuando le llegó el turno al Tigre Acosta, cómo no acordarse de esa noche de invierno, cuando volvíamos, por Callao, de una marcha en Congreso por la libertad de los presos políticos de La Tablada. Frente a un local de comidas rápidas, alguien gritó: "¡Miren! ¡Es el Tigre Acosta, está ahí adentro!" y en segundos se armó el escrache.

Pero cuando leyeron la condena al ex comisario Ernesto Frimón Weber, muchos pensamos en el presente. En su hijo, el comisario de la federal Ernesto Sergio Weber. A Weber padre, en la ESMA, le decían 220, o El Maestro, porque les enseñó a los marinos a usar la picana "como se debe". Su hijo, "policía de la democracia", era subcomisario en 2001, cuando comandó el grupo de ataque de la federal que fusiló, en Av. de Mayo y 9 de Julio, a Diego Lamagna, a Gastón Riva y a nuestro compañero Carlos Petete Almirón.