PROVEA
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Tomado del Informe Anual 2018 de Provea, de la sección dedicada a Derechos
Laborales, pp. 31-35.
Desde
1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos
a juicios penales. Algunos han sido juzgados en libertad,
pero bajo régimen de presentación periódica. Varios de ellos llevan más de siete años en régimen
de presentación ante tribunales.
Pero además tienen otras restricciones como la
no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar
en concentraciones o protestas
ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales. Entre
noviembre y diciembre de 2018
un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento,
violación de zonas de
seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela,
ultraje al centinela y ultraje
a la Fuerza Armada, entre otros
[79].
Durante
más de 10 años Provea ha venido dejando constancia
en sus informes anuales de cómo, tanto en el gobierno
de Chávez como en el de Maduro, se configuró un
andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a la
manifestación, a huelga y a la
opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley
Especial contra el Acaparamiento
y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituyen un cerco jurídico que
obstaculiza y genera riesgos a
la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos. La labor sindical en sí
misma implica organizar, aupar
y promover luchas para la defensa y conquista
de derechos laborales.
El
29.11.18 nueve trabajadores de la empresa Ferrominera fueron detenidos por efectivos de la
Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim), un organismo policial adscrito
al Ministerio de la Defensa. Los trabajadores realizaban una protesta exigiendo el cumplimiento de la
convención colectiva. Fueron
presentados en tribunales y se les privó de
libertad, ordenando el juez que fueran recluidos en El Dorado, una cárcel de alta peligrosidad. Los
presos sociales que se
encuentran recluidos en esa cárcel, en solidaridad con los trabajadores, se opusieron a que fuesen
ingresados en ese lugar. El
gobierno se vio obligado a llevarlos a los calabozos de Guaiparo, en Puerto Ordaz, un retén
policial administrado por la
Gobernación del estado Bolívar. Los trabajadores encarcelados
son Pedro CALZADILLA, Alexis PERDOMO, Douglas
ÁLVAREZ, Endry PERDOMO, Jodney MONSALVE, Jairo
GUILLÉN y Nino PERDOMO. Fueron imputados por los delitos
de traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo y daño a la nación.
El
14.12.18 cuatro trabajadores de la empresa estatal metalúrgica Venalum fueron
detenidos igualmente por funcionarios de la Dgcim. Fueron presentados ante un
tribunal que dictó medida privativa de libertad, ordenando que fuesen recluidos
en La Pica, estado Monagas, una cárcel de alta peligrosidad. Para enero de 2019
no habían sido trasladados y se encontraban privados de libertad en los
calabozos de ese organismo policial adscrito a la Fuerza Armada.
El
29.11.18 fue detenido el dirigente sindical Rubén Darío GONZÁLEZ ROJAS, secretario general de Sintraferrominera [80].
Tiene 34 años laborando para la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera del
Orinoco. Fue privado de libertad en la población de Anaco, estado Anzoátegui. González se
desplazaba junto a un grupo de
60 trabajadores de la empresa, quienes habían
participado el 28.11.18 en una protesta en la ciudad de Caracas. Los vehículos donde regresaban a
Ciudad Guayana fueron
interceptados por aproximadamente 20 funcionarios
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 10 de
la Dgcim. El resto de los trabajadores fueron puestos en libertad a las pocas horas, pero se dejó
detenido a González porque
supuestamente tenía una orden de detención del 18.08.18
solicitada por la Fiscalía Militar N° 43 de Ciudad Bolívar, bajo la dirección de la capitana
Karelis Núñez, por la presunta
comisión de los delitos de ataque al centinela, ultraje
al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.
El
viernes 30 de noviembre en horas de la tarde fue presentado
ante el tribunal de control militar con sede en la ciudad de Maturín, estado Monagas. Procesado
en el Tribunal Militar Décimo
Quinto de Control del estado Monagas
[81]. Se le imputaron los delitos de “ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada”, conforme a lo previsto en los artículos
501, 502, 504 y 505 del Código
de Justicia Militar.
La
detención, encarcelamiento y juzgamiento por tribunales
militares del sindicalista Rubén González se da en un contexto de detenciones arbitrarias
sistemáticas realizadas contra
personas críticas al gobierno o que reclaman derechos, y como parte de la política de Estado contra
la dirigencia sindical
disidente. Según Pablo Zambrano, secretario ejecutivo
de Fetrasalud, González habría sido torturado:
“Una
vez más Nicolás Maduro viola los derechos humanos.
Cuando un gobierno permite ese tipo de cosas, vemos el talante antidemocrático.
No le importa torturar a un
ciudadano. Rubén es cualquiera de nosotros, cualquier persona que levanta la voz” [82].
En
particular en el caso de Rubén González, desde hace más de siete años hay una persecución
constante por su consecuente
labor en defensa de los derechos laborales. En
agosto de 2009 los trabajadores de Sintraferrominera organizaron una huelga pacífica por
incumplimiento de la convención
colectiva. Transcurrido un mes González fue
detenido por presuntos delitos durante la huelga, encarcelado por 15 meses, procesado durante
cinco años con innumerables incidencias
procesales e irregularidades que
retardaban el curso del procedimiento y finalmente, en 2014, se decretó libertad plena al
considerar que era inocente de
todos los cargos que le imputaron por dirigir una
huelga de trabajadores en la empresa Ferrominera
[83]. En 2018 es nuevamente encarcelado y
procesado bajo la jurisdicción
militar.
Otro
caso a destacar es el del dirigente sindical Carlos NAVARRO, presidente de la Central de
Trabajadores Alianza Sindical
Independiente de Venezuela (ASI Venezuela). El 29.08.2018,
la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras
de las Américas (CSA), expresión continental de la
Confederación Sindical Internacional (CSI), la más grande del mundo, manifestó:
“(...)
su profunda preocupación ante el creciente cuadro
de hostigamiento y amenazas al compañero Carlos Navarro,
presidente de la Central Sindical ASI Venezuela, quien
desde hace varios días está sufriendo un cuadro de persistente seguimiento por parte de varios
individuos no identificados,
quienes han hecho demostraciones ostensivas de
agresividad contra el compañero Navarro, otras/os compañeros/as de ASI y sus familiares” [84].
Notas:
[79]
Todos los sindicalistas encarcelados pertenecen a las empresas básicas de
Guayana del sector metalúrgico,
empresas del Estado, y las protestas por las cuales fueron detenidos se relacionan con reclamaciones de
cumplimiento de las convenciones colectivas.
[80]
Identificado el sindicato con las siglas Sintraferrominera.
[81]
Causa N° FM 43053-2018.
[82]
El Nacional: “Denuncian que Rubén
González fue torturado en La Pica”. 02.12.18.
[83]
La sentencia fue dictada por el
Juzgado Vigesimocuarto (24°) de primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de
la jueza Blanca Pacheco.
[84]
Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-Confederación
Sindical Internacional (CSA-CSI) [en línea] http://csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=4632
Consulta del 09.02.19.
[El
texto integral de la sección de Derechos Laborales del Informe Anual 2018 de
PROVEA es accesible en https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/07laborales-4.pdf.]
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