Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: El poder asesino del Estado en acción

Keymer Ávila

* Fragmentos extraídos de la Introducción y Consideraciones Finales del informe Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela, que en versión completa es accesible en http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/download/28588/29175.

Según los datos y la literatura disponible, se denuncia que la mayoría de los casos de muertes en manos de los cuerpos de seguridad son ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales o sumarias [1]  y no enfrentamientos (como oficial y mediáticamente suele llamárseles). Según cifras de PROVEA (2017, 2018) este tipo de ejecuciones representan aproximadamente 89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela. Esto coincide con hallazgos de investigaciones recientes sobre victimización de funcionarios policiales en casos de homicidios, en los que más de 70% de las víctimas no estaba en ejercicio de sus funciones y apenas 7% se encontraba realmente en un enfrentamiento armado (Ávila, 2016), lo que deja en evidencia que los supuestos enfrentamientos son casos excepcionales.

 

Ya numerosa investigación empírica (Del Olmo, 1990; Zaffaroni, 1993) ha demostrado que la relación entre civiles y policías muertos es bastante desigual. Así, por ejemplo, según PROVEA (2005), la probabilidad de que muera un civil en un choque armado es de 97,5%, mientras que para los policías es de apenas 2,5%; es decir, por cada policía muerto fallecen 39 civiles, lo que hace suponer que más que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asimétrico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía (Antillano, 2007).

No obstante, en estas líneas se tomará como principal referente a las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado sin calificar su presunta ilegalidad o no, como indicador de la violencia institucional en Venezuela. También se les considerará como parte de la alta tasa de homicidios que padece el país desde hace años, con especial atención en los que son consecuencia de operativos policiales militarizados. El objetivo es tratar de presentar una panorámica sobre este fenómeno en el país, contextualizar el mismo durante las últimas décadas, sistematizar la información disponible y contrastarla con los datos y los análisis que se han podido recabar de los casos ocurridos durante 2016 y 2017. Sobre los casos de estos dos últimos años se elaborará una caracterización más detallada para una mejor comprensión de esta dimensión de la violencia institucional en la Venezuela actual. El foco en estos casos estaría en su descripción cualitativa y no en un estudio longitudinal para evaluar si estos casos se han incrementado o no; a todo evento, para esta última evaluación se tienen los datos oficiales. A partir de este trabajo los investigadores podrían continuar estudios posteriores más detallados, quienes toman decisiones contarían con información cierta y los activistas tendrían herramientas para el debate y la movilización. Como diría Foucault: “…si quiere luchar, aquí tiene algunos puntos clave, algunas líneas de fuerza, algunos cerrojos y algunos obstáculos”.

Se analizaron las cifras oficiales disponibles que dan cuenta de este tipo de casos en el país. Entre las informaciones oficiales destacan informes anuales de gestión, declaraciones públicas de autoridades, comunicados y mensajes en redes sociales. También se procesaron algunos datos obtenidos de manera oficiosa, a través de informantes clave de estas instituciones.

Adicionalmente, como complemento de los datos oficiales, ante la opacidad y precariedad que caracteriza a este tipo de información, se tomaron como fuentes las noticias sobre los casos de muerte a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Para ello se realizó un seguimiento diario de noticias vinculadas con los objetivos planteados durante todo el año 2016 y el 2017. La principal fuente de información fueron los portales digitales de los diarios Últimas Noticias, Correo del Orinoco (que siguen la línea del discurso oficial), El Nacional, El Universal, Efecto Cocuyo, Runrunes (que siguen una línea de oposición al gobierno), así como las del Ministerio de Interior y el Ministerio Público, que son instituciones del Estado. Cuando era necesario complementar información sobre los casos se revisaron también otras fuentes como las páginas web de periódicos regionales, así como las páginas o redes sociales de las policías del lugar de los hechos. En los casos en los que existía información oficial, esta era priorizada ante cualquier otra fuente.

Se diseñó una matriz en la que se trató de vaciar la mayor cantidad posible de información sobre cada caso; la unidad de registro fueron las personas (víctimas) para así evitar la duplicación de casos. Adicionalmente se recogieron variables de tiempo y lugar que contribuyeron a llevar mayores controles de la información. Se realizó una sistematización y análisis de aproximadamente 4.391 noticias durante dos años (2.634 para 2016 y 1.757 para 2017 [2]). Se hizo un censo conformado por la totalidad de los casos registrados en los medios de comunicación objeto de seguimiento, ocurridos en todo el país, para llegar a un total de 1.519 víctimas en 2016 y 1.164 en 2017.En el marco de estas breves y necesarias consideraciones metodológicas, se debe tener en cuenta que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y criterios editoriales; en especial en el actual contexto venezolano, en el cual la polarización política abarca casi todas las esferas de la vida nacional (Ávila, 2012). Por otra parte, la reacción de las víctimas y la desconfianza de estas hacia el sistema de administración de justicia, aunado a la vulnerabilidad que tienen frente a sus victimarios, son otras variables que pueden afectar la visibilidad o no de estos casos, tanto en los medios de comunicación como en el dato oficial. Es por ello que en ocasiones la presencia o no de un fenómeno y su frecuencia en los medios no necesariamente dará cuenta de su realidad fáctica.

Lo que puede evidenciarse en este trabajo, en parte, es la visibilidad, enfoque y espacio que los medios le dedican a estos casos. Sin embargo, este tipo de seguimiento es importante porque, ante la ausencia o merma de la información oficial, se constituye en un insumo para analizar y evaluar lo que está ocurriendo en estas materias. Es necesario destacar que los resultados del seguimiento de casos a través de medios de comunicación, desde el punto de vista cuantitativo, tradicionalmente está muy por debajo de las cifras que las instituciones manejan y que usualmente no publican; en consecuencia, sería una aproximación tímida a lo que ocurre en la realidad [3]. .Por esta razón, los casos analizados desde estas fuentes estarían destinados a tratar de caracterizar y comprender variables que tradicionalmente no se pueden obtener a través de las cifras oficiales. Por otra parte, para observar si el fenómeno ha aumentado o disminuido sí se tomará como referencia principal el dato oficial.

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Consideraciones finales

En las páginas precedentes se puede observar un continuo proceso de precarización y deterioro institucional en términos de un ejercicio del poder controlado, con límites formales y materiales que le sirvan de contención. Esta debilidad institucional promovida por décadas ha generado cada vez mayores niveles de autonomía del aparato policial y militar que establece relaciones funcionales recíprocas con quienes ejercen coyunturalmente el gobierno.

Los gobiernos, bandos, actores, discursos partidistas y legislaciones han cambiado, pero las prácticas y los patrones parecen ser los mismos; con el tiempo solo incrementan su intensidad y magnitud. Se trata más de una lógica subyacente del ejercicio arbitrario de poder, que de proyectos políticos ideológicos o de país. Esto trasciende posiciones ideológicas y partidistas, de izquierdas o derechas, liberales o conservadoras. Esta tendencia al incremento del deterioro institucional, de los abusos, excesos, ausencia de controles internos y externos, y especialmente de la letalidad de los cuerpos de seguridad, termina siendo útil a quienes detentan coyunturalmente el poder político en términos de intereses grupales y personales, de la obtención inmediata de beneficios en estos niveles.

Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador objetivo de este proceso. A menor fortaleza institucional mayores serán las muertes ocasionadas por las agencias armadas del Estado. Las fuentes oficiales y las no oficiales coinciden en el aumento de estas muertes durante los últimos años. Se puede afirmar con certeza que durante los últimos 8 años, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas. En 2010 la tasa pccmh de estos casos era de 2,3, en 2016 llegó a 19. ¡Se trata de un incremento de 726%! 60% de estas muertes han ocurrido en los últimos dos años. De igual manera las denuncias de ejecuciones extrajudiciales pasaron de 32% en 1992 a 90,4% en 2017.

Este tipo de muertes tienen relación con los homicidios en general. La violencia institucional impacta negativamente sobre la violencia social y delictiva. El aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen en Venezuela una tendencia general al aumento. También puede observarse desde 1976 algunas correspondencias entre el aumento de las violaciones en general a los DDHH (lesiones, violación de domicilio, tortura, privación ilegítima de libertad, acoso u hostigamiento, desaparición forzada) y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. La tendencia de las violaciones a los DDHH también tiene una tendencia general al alza durante las últimas cuatro décadas.

Este proceso progresivo de desinstitucionalización y de incremento de los excesos y abusos policiales y militares se alimenta también de: 1) Campañas de ley y orden promovidas por pánicos sociales que giran en torno al tema de la seguridad ciudadana como táctica para encubrir problemas de legitimidad, así como crisis políticas y sociales estructurales; 2) Estas campañas se sostienen con desinformación; la falta de información confiable y sistemática, y las dificultades para acceder a ella, son parte de estos procesos generadores de masacres; 3) La visibilización de casos del pasado o de algún caso emblemático para encubrir la masacre por goteo que se lleva a cabo diariamente. Nuevas legislaciones o políticas en esta materia que son utilizadas como propaganda oficial también pueden cumplir esta función distractora y legitimadora.

Todos los cuerpos de seguridad del país se encuentran involucrados en esta masacre por goteo, en sus tres niveles político-territoriales; sin embargo, los cuerpos nacionales tienen el mayor protagonismo. Desde que se conocen registros, el CICPC es uno de los cuerpos más letales del país, y al menos desde las últimas cuatro décadas ocupa los primeros lugares en esta categoría, con 40% de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública bajo su responsabilidad. La tendencia al incremento de estos casos por cuerpo policial se presenta de una manera más evidente en esta institución. Paradójicamente se trata del mismo organismo que se encarga de investigar estos casos, lo que claramente constituye un conflicto de intereses e inicia el camino para la impunidad de los mismos.

Por su parte la PNB parece ocupar el lugar de la extinta PM en el caso del AMC, y disputarle espacios a la GNB en el resto del país. A pesar de su breve historia, ya se posiciona como la segunda institución más letal, lugar que antes ocupaban la PM y la GN-FAN. Es responsable de al menos 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país. Esto se vincula con el protagonismo que viene tomando su división “FAES” a partir de la merma de la campaña de las OLP.

Las FANB es la tercera institución más letal del país, responsable al menos de 17% de los casos a nivel nacional. Según nuestro bloque constitucional y legal, la seguridad ciudadana es de carácter civil, no militar. El protagonismo de la institución castrense en estas labores, así como los saldos letales de sus intervenciones, se suma a los indicadores negativos de la militarización de la seguridad ciudadana en el país.

Una mención especial merecen las actuaciones conjuntas, que incrementan la letalidad de todas las fuerzas de seguridad que cumplen labores de policía. El caso de la GNB sobre este particular es uno de los más emblemáticos: cuando actúa con otros cuerpos policiales la cantidad de muertes bajo su responsabilidad se duplica. Este tipo de actuaciones, además, dificulta la adjudicación de responsabilidades posteriores, tanto institucionales como individuales, facilitando su impunidad.

En el análisis situacional de los casos estudiados llamó la atención cómo estos eventos no coinciden temporalmente – meses y horarios de ocurrencia – con las muertes de funcionarios policiales. Esta falta de correspondencia entre ambos fenómenos constata nuevamente nuestra hipótesis: los enfrentamientos entre funcionarios y presuntos delincuentes son hechos excepcionales. Tanto las muertes por intervención de la fuerza pública como las muertes de funcionarios son en su mayoría encuentros irregulares, emboscadas, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos. Es importante mencionar que los resultados sobre la distribución horaria tampoco coinciden del todo con la de victimización general por homicidios, lo que sugiere que las muertes objeto de estudio tienen una lógica distinta.

Los muertos son hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos 7% son adolescentes y niños. Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por las fuerzas de seguridad. Casi 70% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial, o no se ofrece información alguna al respecto. Apenas 9% se encontraban solicitados por los tribunales de la República. Más de la mitad (56%) fueron señalados de estar involucrados con delitos de bagatela (desacato a la autoridad). Apenas a 6% de los fallecidos se les vinculaba con delitos graves (homicidios, secuestros, porte o tráfico de armas, violación).

En cuanto a la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, el dato promedio es el siguiente: por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención mueren 122 civiles; por cada funcionario herido mueren 20 civiles; por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen otros 35. Esto indica claramente que hay un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado. Cuando se contrastan estas cifras con correlaciones similares de otros períodos se puede apreciar un incremento considerable de la letalidad policial durante los últimos años.

Es fundamental construir una mínima estabilidad institucional, revisar la estructura política del Estado, la justa redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, un ejercicio del poder limitado por la ley, con pesos y contrapesos, la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la adscripción de un órgano de investigaciones a este último, así como la solidez y fortaleza de estos espacios. Como dice Zaffaroni: “Para que se produzca una masacre masiva el Poder Judicial debe estar completamente neutralizado, pues esta requiere el descontrol completo de la potencia policial” (2011).

Debe contarse con información y diagnósticos concretos y de calidad para la toma de decisiones y las intervenciones acertadas. Establecer claros controles y fiscalización sobre las instituciones policiales y militares, sobre todo respecto al uso de armas y municiones. El objetivo de estas instituciones debe ser la reducción de la violencia, en especial de la que tiene resultados letales, no su incremento.

Ante la conflictividad y la reducción de la violencia el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se ha diseñado a partir de 2006 desde la Comisión Nacional para la Reforma Policial y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Este modelo normativo debe trascender la mera propaganda oficial para convertirse en una realidad institucional.

Ante el cambio discursivo y de prácticas policiales y militares de los últimos años, donde parece estarse sustituyendo el Estado Social de Derecho por un Estado Policial-Militar, se considera importante insistir en lo siguiente: la presencia del Estado Social es fundamental; las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol. Esto no significa que deba confundirse la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera. Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el Sistema Penal y con las policías lo que no se ha realizado previa y efectivamente con la política social

Notas

[1] Ejecución sumaria es la privación de la vida como resultado de un homicidio perpetrado por agentes de seguridad con tolerancia, complicidad o consentimiento de un gobierno nacional (ONU, 1991).

[2] La diferencia en la cantidad de noticias entre un año y otro, en parte, se debe a que los distintos acontecimientos políticos que ca-racterizaron al año 2017 ocasionaron que el tema de la violencia institucional en el marco de operativos policiales saliera de la agen-da mediática y, en consecuencia, pública del país, para enfocarse más en la violencia vinculada a las manifestaciones y su control. Esto no obsta para que en la operatividad real de las fuerzas de seguridad también se haya dado este desplazamiento de objetivos (PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. In-forme anual enero/diciembre 2017. Capítulo Derecho a la Libertad Personal). Sobre este contexto se volverá más adelante. Por otra parte, la información pública sobre estos casos es cada vez más di-fícil de obtener, aun la que proviene de los medios digitales, pues gran parte de los enlaces de las noticias donde se halla la informa-ción son posteriormente bloqueados o eliminados. Es por ello que, además de la elaboración de bases de datos, se debe conservar una copia de la noticia en el momento de su publicación.

[3] Pudiera afirmarse, por ejemplo, que los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado que llegan a la prensa se encuentran entre 20% y 30% de los casos que conocen las instituciones del Sistema Penal, tal como pudo verificarse con las cifras sobre este tipo de casos conocidas por el Ministerio Público entre 2000 y 2007 en contraste con las reportadas por PROVEA para el mismo período (Ávila, 2016). Sobre este particular se volverá más adelante.