Los saldos de la política de “control social” en la capital de México

Sofía Magón
Desinformemonos.org

Los más de 500 detenidos en el contexto de manifestaciones sociales y políticas, se encuentran presos en reclusorios, arraigados o en libertad bajo caución. Son la minoría los liberados por falta de pruebas.

Apenas transcurrieron 13 meses desde que Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto tomaron posesión de la administración capitalina y la Presidencia de la República, y el saldo de la política de control social en la Ciudad de México llega ya al medio millar de detenidos, la mayoría jóvenes, que se encuentran en cárceles, centros de arraigo o enfrentando procesos penales bajo fianza.

La política de control social de la administración capitalina, encabezada por Miguel Ángel Mancera y auspiciada por el Gobierno Federal, dio un nuevo paso: se aprobaron los recursos para instalar 7 mil nuevas cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad, lo que se une a la implementación del Protocolo de Contención de Multitudes, las reformas al código penal local para endurecer las penas a los delitos cometidos durante manifestaciones, el cerco del Zócalo para impedir el arribo de marchas, la cada vez más numerosa presencia de policías en las calles, el aumento en la tarifa del metro y el respaldo a las reformas estructurales.

Desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como jefe del ejecutivo federal, y como parte de esta estrategia de control social, se desarrolla un linchamiento mediático contra todo tipo de protesta. Los medios masivos de comunicación, en sintonía con los diferentes niveles de gobierno, propician el clima perfecto para justificar la detención de cientos de personas que salen a las calles a protestar, poniendo especial énfasis en señalar y perseguir a las anarquistas.

Para enero de 2014 –a poco más de una año del gobierno de Mancera-, la cuenta llega a más de 500 personas detenidas en el contexto de manifestaciones. Algunas fueron presentadas a Juzgados Cívicos, otras ante un Ministerio Público; algunas lograron su libertad pagando multas por supuestas alteraciones al orden público, otras más, las menos, fueron liberadas por falta de pruebas. Muchas más tuvieron que pagar fianzas, cuyos montos van desde los 9 mil pesos hasta los 135 mil. Varias de las personas detenidas han sido consignadas a diferentes reclusorios; alagunas salieron bajo fianza, pero otras continúan privadas de su libertad.

Los procesos jurídicos han sido calificados por abogados y defensores de derechos humanos como burdos montajes. Declaraciones falsas de la parte acusadora, jueces actuando bajo consigna clara del gobierno y desestimando las pruebas que la defensa -en su mayoría de la Liga de Abogados 1DMX- presentan. Sumado a esto, en la mayoría de las detenciones se presenciaron brutales golpizas y las detenidas denunciaron tortura física y psicológica.

Por otro lado, el gobierno capitalino se niega, en la mayoría de las ocasiones, a presentar los videos tomados por las cámaras de seguridad instaladas a lo largo y ancho del Distrito Federal (DF). La ausencia de pronunciamientos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF viene a reforzar la impunidad en que actúa el gobierno.

Primero de diciembre del 2012 (1DMX): Manifestación contra el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia

En esta ocasión hubo 67 personas detenidas. Actualmente se encuentran procesados por el delito de ataques a la paz pública ante  la juez 47 de Delitos No Graves, María del Carmen Patricia Mora, tras ser liberados al  modificar el artículo 362 del Código Penal del DF: Obed Palagot Echavarría,  Sandino Jaramillo Rojas, Stylianos García Vackimes,  Carlos Miguel García Rojas,  Jorge Dionisio Barrera Jiménez,  Daniel Columna Muñiz,  Enrique Rosales Rojas,  Daniel García Vázquez,  Cesar Llaguno Romero y  Roberto Fabián Duarte García.

Los sentenciados por esta causa son: Bryan Reyes Rodríguez (sentenciado a dos años y seis meses de prisión, y quien espera el fallo  del recurso de revisión de sentencia, tras ser negado el recurso de amparo); Rita Emilia Neri, a quien se le concedió un amparo contra el auto de formal prisión y fue liberada bajo las reservas de ley; y Osvaldo Rigel Barreta, quien se encuentra esperando la resolución del recurso de amparo que interpuso después de que le imputaron una sentencia  de cinco años y nueve meses.

10 de junio de 2013. Marcha Conmemorativa a La Masacre del Jueves de Corpus, conocida como el “Halconazo” en 1971.

En el marco de esta conmemoración hubo 22 detenidos, siete de los cuales fueron consignados l Reclusorio Oriente.

Diego Mora Cardozo, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Barrera Fuentes fueron puestos en libertad al pagar una caución por los delitos de ultrajes a la autoridad en pandilla, daño a la propiedad y ataques a la paz pública girados por el  juez 11 Penal de Delitos no Graves, Manuel Rangel Preciado. Continúan en espera de sentencia.

20 de agosto del 2013. Concentración en solidaridad con Hans Niemeyer, en la embajada de Chile.

Jaime Alberto Aguilar, Tonatiuh Guarneros García, Jair Juárez Victorino y Alberto López Gutiérrez fueron acusados de los delitos acusados de Ultraje a la autoridad y daños. Lograron su libertad al pagar caución.

1 se septiembre de 2013 (1SMX).  Movilización contra el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto.

Tras las detenciones, que se desataron al terminar la marcha, se encuentran en etapa de investigación por el delito de ultrajes a la autoridad, después de obtener la libertad bajo caución: Ana Berenice de la Cruz Cortés, Estela Morales Castillo, Alejandro Amado Frausto,  Silvia Leticia Colmenero Morales, José Eduardo Alonso Vigueras, Marco Miztli García Alatorre y  José Luis Galicia Arce.

Fueron sentenciados: Gonzalo Amozurrutia Nava, Pavel Primo Noriega y Juan Daniel Velázquez, quienes esperan el fallo del recurso de revisión que interpusieron tras recibir  una sentencia de tres años y 6 meses y una multa de 20 mil pesos por parte del  juez 23 penal de delitos no graves, Fausto Agustín Favela Ayala, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por los delitos de ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares. Omar Beristain y Gabriel Carreón recibieron sentencia de un año ocho meses por el delito de resistencia de particulares, ordenada por el mismo juez; interpondrán un recurso para evitar la sanción.

Por este mismo caso, Jesse Alejandro Montaño Sánchez se encuentra a la espera de la sentencia por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión, portación de objetos aptos para agredir, ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares.

Gustavo Ruiz Lizárraga fue absuelto por falta de pruebas.

2 de Octubre 2013.  Marcha conmemorativa a la matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco en 1968.

Los manifestantes fueron detenidos y encapsulados en diferentes momentos de la manifestación. Como resultado, hubo 107 detenidos, la mayoría presentados ante un juez cívico.

En el Reclusorio Preventivo Varonil Norte se encuentra José Alejandro Bautista (causa/ 236/2013), sentenciado en el juzgado 40 de lo Penal a cinco años nueve meses de prisión por los delitos  de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública con agravante de en pandilla. Se interpuso el recurso de apelación de sentencia.

Se encuentran en espera de sentencia: Abraham Cortés Ávila, acusado de ultrajes a la autoridad,  ataques a la paz pública con agravante en pandilla y  tentativa de homicidio en contra de un policía; Adrián Gutiérrez Miguel, José Daniel Palacios Cruz, Ilia Adad Infante Trejo, Iribar Ibinarriaga Ramírez, Salvador Reyes Martínez y Víctor Efrén Espino Calixto (causa/235/2013) se les acusa de los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública con agravante de en pandilla, además de  los daños causados a un inmueble comercial ubicado en avenida Reforma 87.

Omar Ramírez Caballero fue liberado por falta de pruebas.

El mismo 2 de octubre, hubo otros detenidos antes de llegar a la marcha, quienes fueron torturados y trasladados al Reclusorio Preventivo Oriente.

Jorge Mario González se encuentra en la Torre Médica de Tepepan (por su estado de salud después de realizar una huelga de hambre de 56 días). Fue sentenciado a cinco años nueve meses de prisión que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla (CERESOVA), por los delitos de ataques a la paz pública y peligrosidad social, orden  que giró la Juez Marcela Arrieta del juzgado 19 de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia, misma que le negó la libertad cuando Mario González se encontraba en el Reclusorio Preventivo Oriente, ya que lo catalogó como peligroso social sin haber hecho ninguna prueba pericial. Su defensa interpondrá el recurso de apelación de sentencia.

Otros procesados políticos, quienes lograron su libertad condicional gracias al pago de cauciones, son: Erick Leonel Aguilar Ruiz, Cristian Antonio Carmona Emmer, César Uriel Cruz Elías, Carlos Jhasi Jarquín Peña, Hugo Guillermo Mejía Ventura, José Luis Ramírez Alcántara, Aztlalli Cabrera Prado e Irene Pérez Villegas se encuentran en espera de la sentencia que dictaminara la Juez Marcela Arrieta del juzgado 19 de delitos no graves, por el delito de ataques a la paz pública.

29 de octubre de 2013.

Gabriela Hernández fue detenida bajo una orden de aprehensión –supuestamente por ultrajar a un policía-, girada  por la jueza Marcela Ángeles Arrieta. Esto ocurrió mientras Hernández se solidarizaba con los presos en una audiencia. Denunció que fue fuertemente golpeada. Días antes, fue señalada por el periódico Reforma como una de los 11 anarquistas “más peligrosos”. Se encuentra en el Centro de Readaptación Social Femenil Santa Martha Acatitla, en espera de sentencia.

Primero de diciembre del 2013. Marcha conmemorativa de las movilizaciones del 1DMX del 2012.

Once de los detenidos en esta manifestación fueron puestos en libertad al pagar una multa por desorden público. Se denunció abuso policial y ataque sexual contra la reportera Alejandra Natalia Espinoza Rodríguez.

A Karina Nieto Blanquet, Juan Carlos Villegas, Luis Ángel Hernández García y Carlos Daniel Gutiérrez se les imputaron los cargos de Ataques a la paz pública (utilización de sustancias toxicas, incendio, inundación o violencia extrema) y Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir. Fueron liberados al pagar caución.

13 de diciembre del 2013.

Durante la movilización en contra del alza a la tarifa del metro, un grupo de personas quemó un árbol de navidad de la compañía Coca-Cola. La policía detuvo a Luis Fernando Bárcenas Castillo y a dos menores de edad -que ya fueron puestos en libertad.

Bárcenas Castillo se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en espera de sentencia por el delito de ataques a la paz pública y asociación delictuosa.

5 de enero del 2014. Ataques contra las  instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una concesionaria NISSAN .

Fueron detenidos como supuestos autores y enviados al Centro Nacional de Arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR): Fallon Poisson (de origen canadiense), Amelie Pelletier (de origen canadiense)  y  Carlos López Martin (de origen mexicano). Antes del envío al centro de arraigo, permanecieron casi dos días en una agencia de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), acusados de daños. La madrugada del 7 de enero fueron trasladados a la PGR de Camarones, donde la acusación cambió a  terrorismo, delincuencia organizada, sabotaje  y daños a la propiedad ajena.