
J.R. López Padrino
El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México (9/26), ha generado una gran ola de indignación mundial y se perfila como una masacre de grandes magnitudes aunque nadie quiere confirmar, todavía, que los estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría, la policía Federal y el Ejército por localizarlos.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala para participar en un acto previo a la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco. Comandos armados y policías municipales reprimieron brutalmente a los manifestantes con un saldo de 6 estudiantes asesinados, 11 heridos (dos en condiciones muy graves) y 43 detenciones. Pero los detenidos nunca llegaron a las instalaciones policiales.
Las averiguaciones realizadas por las autoridades han evidenciado la existencia de un narco Estado mexicano que opera en forma paralela al Estado México. Fueron miembros de la policía municipal de la localidad de Iguala quienes secuestraron a los estudiantes y posteriormente estos fueron entregados a sicarios miembros del cártel Guerreros Unidos. Este cartel surgió producto del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva (2010). Pero además, se ha podido determinar que el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, y el secretario de Salud del Gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, ambos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantenían vinculaciones con el cartel de los Guerreros Unidos, y que el gobernador de la entidad (Estado de Guerrero), igualmente militante del PRD, tiene aparentes conexiones con ese cártel. Además, que un contingente del ejército apostado en la localidad asumió una conducta por demás sospechosa al negarse a prestar auxilio en forma inmediata cuando les fue solicitado. Hoy se sabe gracias a las confesiones de algunos de los sicarios detenidos, que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos fueron incinerados antes de ser enterrados. Estos hechos demuestran el grado de descomposición en las estructuras del Estado mexicano y como la narco política controla el funcionamiento de las instituciones en ese país.