Inti Rodríguez
El
Presidente Nicolás Maduro anunció este 31 de julio el inicio de un debate
nacional para acordar el nuevo sistema de precios de la gasolina y el resto de
los combustibles en el mercado nacional. “He decidido iniciar un proceso de
debate nacional con todos los sectores para establecer de esta manera un nuevo
sistema de precios en los combustibles para el mercado interno”, afirmó el mandatario
durante el acto de clausura del III Congreso del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) en Caracas.
El
precio de la gasolina en Venezuela no ha sido aumentado desde el año 1997,
cuando -durante el mandato del ex Presidente Rafael Caldera-, se aprobó un
ajuste de 27%, apenas 3 años después de un anterior aumento que sextuplicó el
valor del combustible. El 27.06.2008 el ex Presidente Hugo Chávez descartó la
posibilidad de aumentar el precio de la gasolina, argumentando que el subsidio
era un tema de “soberanía nacional”.
El
aumento del precio de la gasolina en Venezuela tiene un peso político y social
de primer orden y ha estado históricamente vinculado a la regresividad de
derechos sociales y a la pérdida de poder adquisitivo de las y los
trabajadores. En distintos períodos, varios gobiernos han acudido al aumento de
la gasolina y a la reducción de subsidios en medio de profundas recesiones
económicas, como un mecanismo para tapar el déficit fiscal.
En
febrero de 1989 el ex Presidente Carlos Andrés Pérez anunció al país un paquete
de medidas económicas recetadas por el Fondo Monetario Internacional, que entre
otras cosas contemplaba un aumento de 94% en el precio de la gasolina, lo que
finalmente incidió en las tarifas de transporte público y en los precios de
productos de la cesta básica. Asimismo, el ajuste contempló el aumento de las
tarifas de servicios públicos como la electricidad y la telefonía. El
16.02.1989 CAP afirmó: “el proceso de distribución regresiva del ingreso que
dominó la década de los ochenta será revertido, para incorporar a las mayorías
a la prosperidad económica y social. Se reorientará el gasto público, con el
propósito de favorecer a los sectores de menores ingresos, impulsándose el
logro de niveles de empleo y productividad más elevados”. Con ello, el
mandatario justificaría la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a
aumentar el ingreso fiscal, reduciendo la demanda y el consumo interno mediante
la depreciación real del salario de los trabajadores.
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