Desde la Guajira: El Decreto de Excepción es contra los pueblos y en favor de los intereses transnacionales

Aana Wainjirawa

Desde hace un par de semanas es noticia en el mundo los hechos que se describen como una tensión en la frontera entre los Estados de Venezuela y Colombia, a raíz del Decreto de Estado de Excepción en los municipios indígenas Guajira, Mara y Almirante Padilla dictado por Nicolás Maduro Moros, publicado como Decreto 1989 en la Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015. Tal decreto ha sido acompañado de un cierre violento de la frontera, supuestamente, para impedir el contrabando de extracción de alimentos y combustibles, así como atacar la delincuencia y la violencia de grupos paramilitares de Colombia.

Las medidas son parte de una escalada contra los pueblos

Sin embargo, es necesario denunciar que este decreto, es una acción más que se suma a la escalada que desde el año 2010, aún durante el gobierno de Hugo Chávez, comenzó con su Decreto de creación del Distrito Militar Nº 1, en La Guajira, con el que se afincaba la presencia y control militar de nuestro territorio para atacar el contrabando del cual, según el gobierno, ejecutamos los wayuu y los añuu por lo que se nos criminalizó con el término de “bachaqueros”. Es a partir de ese año que comienza el más contundente despojo territorial y de nuestros derechos como pueblos indígenas, al punto de que hasta el presente, se contabilizan más de 20 indígenas asesinados por las fuerzas militares venezolanas, y decenas de presos y sometidos a juicio por contrabando.

Opinión desde el Táchira: Calvario con atenuantes, estado de excepción y frontera cerrada

Antonio Daza

Lo que es más cierto que decir que hoy saldrá el sol, es que a pesar de todas las medidas tomadas en la frontera Venezolana, en el Táchira seguimos padeciendo de escasez en casi todo.

Anuncia el Gobierno a través de uno de sus voceros que llegaron al País otros 59.000 cauchos de todas las medidas y 40.000 baterías, … ah ¡solo para los transportistas!, esta es la coletilla que nos enerva, ¿será que acaso nuestros vehículos particulares andan con cauchos macizos como en los años 40 ?

Molesta, incomoda y motiva la desesperanza oir tales noticias, cuando sabemos que a pesar de estar cerrada la frontera estos señores del transporte (no todos) se las ingenian para llevar por cualquier trocha (claro con más dificultad y quizá pagando más vacuna) la gasolina para el vecino País, que no hace nada para eliminar esta práctica que nos daña y perjudica.

Estado de excepción en La Guajira profundizará violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas

Prensa Provea

En Gaceta Oficial N° 40.740 se oficializó este lunes 07.09.2015 el Decreto N° 1.989 que declara estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano, Guajira, Mara y Almirante Padilla, del estado Zulia. En Consejo de Ministros el Presidente Nicolás Maduro declaró: “procedemos al cierre del espacio fronterizo en Paraguachon en el estado Zulia, para seguir avanzando en la liberación de delitos, criminales, paramilitares, contrabandistas… Como hemos acordado el respeto a la libertad de paso del pueblo Wayúu, estricto… Ya he determinado un reforzamiento de tropas, deben movilizarse inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo Wayúu”. Contrariamente a lo afirmado por el Presidente Nicolás Maduro el Decreto 1.989 no establece la obligatoriedad de las autoridades responsables de la ejecución del estado de excepción de respetar el libre tránsito, las costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas. Asimismo, esta decisión se adoptó sin consultar a las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas de la zona.

Opinión: El estado de nuestra excepción

Antulio Rosales

Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.

Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”

En la Guajira, la frontera cerrada es lo cotidiano para el pueblo wayúu

Aana Wainjirawa

La frontera, para el pueblo wayúu, está cerrada hace rato por acuerdo de ambos gobiernos en el común interés de aprovechar la crisis para desplazarlos de sus territorios un poco mas y así avanzar el el viejo plan minero del capital transnacional. Los acuerdos entre ambos gobiernos son repartirse a los wayúu, cada quién con los suyos, en un intento de subordinar con la mendicidad y el hambre a los wayúu en ambos lados de la frontera.

Uno de los acuerdos de Cartagena firmando con Santos es el de la colaboración en inteligencia militar y policial plena, este solo vino a confirmar lo que es una práctica de la costumbre entre las policías y ejércitos de ambos lados de la frontera en este y anteriores gobiernos. Desde el tiempo de Uribe-Chávez están ambos gobiernos ejecutando proyectos de infraestructura para las transnacionales que desplazan al pueblo wayúu, como el gasoducto transguajira de PDVSA-Gas.

Opinión: ¡No a las deportaciones masivas y el estado de excepción!

Partido Socialismo y Libertad

La reciente declaratoria del “Estado de Excepción” en cinco municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año electoral.

Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años, el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la zona, generando una grave crisis humanitaria.

La xenofobia a la orden del día

Ybelice Briceño L.

Cuando estudiaba en el liceo era frecuente leer en las calles de Caracas pintas como estas: “Mata a un colombiano y vive un día Pepsi” o “Gracias Armero por matar tanta mierda junta” (en macabra alusión a la trágica erupción del volcán de Armero). El sentimiento anticolombiano estaba a la orden del día; era frecuente en los chistes, el bulling y otras formas de violencia simbólica así como formas de violencia física e institucional (como las redadas policiales para detener “indocumentados”, por ejemplo). Con la llegada de socialismo del siglo XXI en la última década, pensé que el sentimiento xenófobo anticolombiano era algo relativamente superado o al menos difícil de profesar y defender abiertamente en el espacio público. Ahora, no salgo de mi asombro cuando veo que es promovido y alentado por miembros del propio gobierno, que es reproducido por militantes de izquierda y practicado por compañerxs con formación política o que hacen trabajo comunitario.

Opinión: El delito de ser colombiano

Jessica Duhan

En el marco de las acciones gubernamentales de la llamada Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), ser colombiano es casi sinónimo de ser delincuente. El desarrollo de los distintos operativos ha puesto en evidencia que si la persona es colombiana, pobre y vive en un barrio está en una situación de alto riesgo.

En las últimas semanas hemos conocido de casos de personas con documentación en regla que se les ha privado de libertad solo por ser colombiano; casos de colombianos detenidos en lugares distintos a los operativos y luego son presentadas como si vivieran en esos lugares; casos de colombianos buhoneros a quienes se les quita mercancía y documentos y luego son presentados como indocumentados cuando es la propia autoridad quien les quita la documentación.

Opinión: La Guayana pat(r)ia

Luis Jiménez P.

A propósito del Diferendo Territorial por el Esequibo y de considerar a Venezuela como nuestra casa, como si fuéramos los venezolanos una gran familia,  valga este intento por  definir a nuestra “Guayana” reconocida político y territorialmente como los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, como nuestro “gran patio trasero”, gran solar, gran terraza, que precisamente colinda con ese otro “patio” que decimos que es nuestro, pero está ocupado por un vecino que no termina de ser nuestro amigo por la disputa en cuestión.

Resulta que en la disputa consideramos que allí hay “salvajes” molestosos, selvas  y sabanas, ríos y montañas que parecieran dificultar nuestros planes de “civilizar” ese patio, para acomodar otros hermanos que por lo general son guerreros que nos ayudarían a acabar con ese salvajismo y luego instalarnos nosotros cómodamente a veranear.

Contrabando, corrupción y militares: Algunas historias desde la frontera colombo-venezolana

CuentasClarasDigital

Los comerciantes y contrabandistas de la frontera colombo-venezolana sostienen que la Guardia Nacional suele ser, en el ámbito de la corrupción, más organizada que la Policía Nacional de Colombia.

—Usted le paga a un mando de la Guardia una determinada cantidad por un contrabando de cualquier cosa y él le informa a todos los colegas que están en la ruta para que ninguno le haga un segundo cobro hasta llegar a la frontera –contó un funcionario de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

—¿Y eso en qué forma supera la organización de la Policía Colombiana?

—Apenas un contrabandista ingresa a Colombia, los policías le aplican tarifas fijas en los puestos de control pero no garantizan que 300 metros adelante no haya otro retén recién instalado cobrando su propia mordida. Nadie sabe cuánto le va a costar cada día el tránsito por Colombia pero sí por Venezuela –concluyó.

La frontera terrestre de Colombia con Venezuela tiene una extensión de 2.219 kilómetros y es la más convulsionada de América después de la de Estados Unidos con México, de acuerdo con Naciones Unidas.­ El fragor comercial, lícito e ilícito, entre los dos países suramericanos­­ tiene su zona más caliente en la parte que divide al estado Táchira del departamento colombiano de Norte de Santander. En este sector, el puesto de paso principal está en el puente Simón Bolívar, entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio.

La corrupción generalizada de las autoridades militares y de la policía de los dos países llega al punto de que los mandos bajos y medios pagan coimas fijas a sus superiores para poder mantenerse en las rentables plazas de “control” a las que han sido asignados y les permiten obtener utilidades muchas veces más altas que sus sueldos reglamentarios. De no ser así, no habría cómo explicar por qué la gasolina que entra a Colombia de contrabando desde Venezuela muchas veces logra llegar hasta 600 kilómetros adentro a mercados como Medellín y Bogotá en las estaciones de servicio.

Un litro de gasolina en Venezuela cuesta US$ 0.01 (el precio más barato del mundo) mientras en Colombia es de US$ 1.15. La diferencia permite que el contrabando hacia Colombia sea hoy día mejor negocio que el mismo tráfico de cocaína, que también fluye como agua hacia Venezuela en busca de puestos de embarque y rutas de distribución de las que, igualmente, se lucran las autoridades.

Llenar el tanque de gasolina de una camioneta de 70 litros cuesta en Colombia alrededor de 170.000 pesos. En Venezuela, en cambio, es de apenas $150,5 (un caramelo en cualquier tienda colombiana vale alrededor de $200).

Militares y policías de ambos países son los únicos encargados de impedir el contrabando de mercancías lícitas y el tráfico de productos ilícitos. No obstante, hacen parte de las redes de corrupción. Fuentes consultadas en San Cristóbal contaron que los Guardias Nacionales aplican una tarifa de 100 bolívares ($2.500) por cada bolsa de comida de contrabando que dejan pasar a Colombia.

El gobierno de Venezuela pareciera ignorar que el contrabando sale de su país como consecuencia de la corrupción, pues desde hace dos meses lo combate cerrando la frontera en las noches y, obviamente, el problema continúa. El viejo truco de vender el sofá para impedir que la esposa siga siendo infiel.

Un taxista explicó que el contrabando fluye a torrentes durante el día, y en las noches pasa por trochas abiertas entre las breñas fronterizas. Como regimientos de hormigas provistas de linternas de mano, millares de personas cargan los alijos sobre sus espaldas mientras los pasos fronterizos formales permanecen cerrados.

El taxista contó que no solamente transporta pasajeros desde Táchira hasta Cúcuta sino que aprovecha cada viaje para introducir gasolina a Colombia y regresa con el combustible estrictamente necesario para volver a llenar el tanque cuya capacidad fue agrandada artesanalmente.

Otro taxista aseguró que cuando los militares venezolanos no exigen mordida para dejar pasar la mercancía, es porque simplemente se la roban. “Los militares hacen parte de la mafia y mantienen el negocio del contrabando”, puntualizó.

Venta de gasolina ilegal en Cúcuta

Hay quienes empiezan vendiendo gasolina con una moto. Invierten menos de $50 para llenar una cantina mediana, pasan a Colombia y regresan con $4.300. Esta operación la repiten varias veces al día y el negocio es tan rentable que da para sobornar Guardias Nacionales y policías en todas las áreas de control. Con una inversión tan baja, las ganancias, obviamente, superan las de la cocaína.

El presidente del Concejo de San Cristóbal, Eduardo Delgado, expuso que cada camión cargado con contrabando tiene asignada una tarifa para pasar dependiendo de si lleva alimentos, gasolina o materiales de construcción. Las tarifas se cobran en los puestos fijos de control, llamados alcabalas en Venezuela.

“Las cuotas se dividen entre los altos jerarcas gubernamentales que en su mayoría están relacionados con las fuerzas armadas. No es un secreto, es algo que funciona de manera abierta y ellos son los que realmente se están beneficiando de la política de controles y del deterioro de la economía venezolana”, aseguró.

Un camión atiborrado de alimentos paga 217.000 pesos en cada uno de los siete puestos de control que hay entre San Cristóbal y la frontera. La tarifa para los camiones cargados de gasolina oscila entre $320.000 y $430.000.

De alguna manera la frontera también tiene ribetes de zarzuela: mientras dirigentes políticos oficialistas y burócratas se ufanan de las restricciones impuestas por el presidente Nicolás Maduro, al cruzar el último retén, en los primeros 30 metros dentro de Colombia ya se encuentran para la venta todos los productos subsidiados de la cesta básica venezolana, así como los botes de gasolina.

Como la gasolina venezolana es subsidiada, la inversión es mínima, comparada con los beneficios que deja su venta de contrabando en Colombia. Por ejemplo, un tracto-camión con 30 toneladas de gasolina se llena en la planta de PDVSA con $32.500, lo que valen seis cajetillas de cigarrillos. Con solo pasar la frontera y ser llevado a venderlo al interior de Colombia su precio sube a $47.250.000.000.000. La rentabilidad es del 10 mil por ciento, indicó Delgado.

Cabe aclarar que los precios varían dependiendo del valor del bolívar en Cúcuta, pero las ganancias siguen siendo exorbitantes. Sin embargo, Delgado agregó que si el Estado venezolano le vendiera legalmente la gasolina a Colombia como estrategia de un intercambio comercial sano, podría generar cerca de 100 millones de dólares al año.

[Extraido de un texto publicado en http://www.cuentasclarasdigital.org/contrabando-y-corrupcion-en-la-frontera-colombo-venezolan/.]

Gasolina y militarización en la frontera colombo-venezolana

Por Blanca Diego (Paraguaipoa, ciudad-frontera)
http://wayuu.periodismohumano.com/

La vía principal está llena de barriles y conos naranjas para que disminuyas la velocidad: te aproximas a los retenes militares. Los dos últimos años son los peores que la gente recuerda, por la inundación de algunos pueblos cuando la represa rebasó y por la negligencia con la que actuaron las autoridades; porque ya son siete personas muertas a manos del ejército con total impunidad, sin juicio ni justicia; porque viven en una zona declarada Distrito Militar número 1 Guajira; porque en el mercado, la gente asegura que la pasada Navidad recibió la visita de las FARC, controlando los precios para que nadie se desmandara; porque los jóvenes –ellos más que ellas- le han entrado con alegría al dinero fácil del narcomenudeo y el desguace de vehículos que luego se venden en Colombia, al otro lado de la frontera.

Las y los ciudadanos de Paraguaipoa, pequeña capital del municipio Guajira, en el Estado venezolano del Zulia, no viven tranquilos. Todo se ha ido complicando porque son la diana de los controles del ejército, cuando se supone que éste ha sido destacado allí para preservar la seguridad en la frontera con Colombia.

Guajira es una de las diez regiones de Venezuela convertidas, en 2011 y por un decreto presidencial, en distrito militar tras detectarse “una serie de amenazas que atentan contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación”. El Decreto Presidencial ordena acabar con la venta ilegal de combustible y garantizar protección a la población, “en especial a la indígena”.

Reportaje: Violencia generalizada: una causal para ser refugiado

Minerva Vitti

El 95% de las personas que solicitan refugio en Venezuela son colombianas. La razón, Venezuela comparte con Colombia 2.219 kilómetros de fronteras terrestres, línea que toca cuatro estados venezolanos y siete departamentos colombianos, todos con los más variados problemas, entre estos la presencia de grupos armados irregulares. Ana* y José* forman parte de esa estadística y también de las largas listas de personas a las que se les ha venido negando el estatus de refugiado porque supuestamente sus declaraciones se encuentran enmarcadas bajo la figura de violencia generalizada. El siguiente artículo pretende contar su historia y hacer un llamado al Estado venezolano para que garantice los derechos de estas personas haciendo una interpretación correcta de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; y adopte la definición ampliada de refugiado que contempla la Declaración de Cartagena de 1984

Ana y José provienen de un municipio colombiano que hizo parte de la zona de distención, cuando se estaban realizando los diálogos de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (1998-2002). Cuando se rompen dichos diálogos se comienzan a producir enfrentamientos todos los días. Las bombas y balas empezaron a escucharse “en la concha de la oreja” acabando con vidas y casas enteras. “Los cilindros que acaban con medio pueblo” eran lanzados sin ningún aviso. Los aviones y helicópteros sobrevolaban las cabezas de los habitantes de este lugar.