Natalia Sierra
Siguiendo la política de persecución a dirigentes sociales y
a militantes de izquierda, hace pocos días el Poder Judicial ecuatoriano, en la
figura del Juez Décimo de Garantías Penales, resolvió llevar a juicio a los 10
activistas sociales que fueron detenidos el pasado 3 de marzo en el barrio
Luluncoto de Quito. Increíblemente, el gobierno de la Revolución Ciudadana ,
auto declarado de izquierda, les acusa de conspirar en contra de la seguridad
del Estado y de terrorismo organizado.
Las pruebas usadas por el Estado como argumento de semejante
acusación, según han dicho los funcionarios judiciales, son algunos textos
políticos, discos de música protesta, un pañuelo rojo, fotos de Ernesto
Guevara, una pistola en desuso y la reunión política que estos activistas
llevaban a cabo el día de su detención. Este escenario resulta muy similar a
aquellos vividos en las épocas de las dictaduras militares o de los gobiernos
de corte fascista en América Latina. En el país, estos escenarios de
persecución y cárcel fueron muy comunes con las dictaduras militares y, más
aún, en el gobierno socialcristiano de Febres Cordero. Sin intención alguna de
querer justificar a estos gobiernos, su política represiva, que muchas
ocasiones se volvía terrorismo,se entendía, era coherente con los intereses de
los grandes grupos de poder económicos que dichos gobiernos defendía a través
del Estado.
Sin embargo, de un Gobierno autoproclamado de izquierda, que
llegó al Estado gracias a la movilización social de los sectores populares, que
se presenta a nivel internacional como impulsador de un proyecto
antimperialista, no se entiende. No se entiende que lleve a juicio a activistas
de izquierda, no se entiende que use pruebas que son, primero absurdas y
segundo y más grave, signos de la lucha revolucionaria. De un gobierno que
tienen entre sus funcionarios ex guerrilleros que fueron perseguidos,
enjuiciados, encarcelados, torturados, es menos aún comprensible.
Entradas
