por Ángel Arias
Las comunidades Pemón de la Gran Sabana se
cansaron de oídos sordos y hostigamientos por parte del Ejército y la Guardia
Nacional Bolivariana, se pusieron en pie de lucha trancando vías, ocupando
aeropuertos, y desarmando y reteniendo a más de 40 militares, exigiendo la
presencia de Maduro y varios ministros.
Este viernes 08, víspera de Carnaval, en
horas de la tarde, fue noticia y corrió de boca en boca, el anuncio por parte
del gobierno de una típica medida de ajuste capitalista, antiobrera y
antipopular: la devaluación en 46% del bolívar. Pero no fue el único hecho
importante del día. En horas de la mañana supimos que varias comunidades pemón
de la Gran Sabana habían desarmado y retenido a 43 militares de los que vienen
ejecutando labores de hostigamiento y abusos contra estas comunidades. La
medida gubernamental, mala noticia. La medida de lucha de los y las pemón,
buena noticia.
¿Por qué luchan las comunidades Pemón?
El origen inmediato del conflicto está en
la decisión del gobierno nacional de reservar para el Estado la exclusividad de
la exploración y explotación del oro –con el argumento de combatir la minería
ilegal-, haciendo totalmente a un lado a las comunidades originarias y
ancestrales de la zona, y desarrollando una ofensiva militar para hacer
efectivo el decreto gubernamental.
En el comunicado difundido por las
comunidades Pemón en lucha, denuncian “la inminente, masiva e intensificada
militarización de nuestras tierras comunitarias, para cumplir con las
disposiciones del decreto de explotación del oro”. Señalan “a) la reducción y
limitación de los servicios aéreos hacia nuestras comunidades; b) retención de
los transportes aéreos privados, quienes muchas veces han colaborado con
nuestras comunidades en casos de emergencias; c) control exagerado, abusivo,
parcializado y discriminativo de los militares bajo el orden del Gral. Clíver
Alcalá Cordones, Comandante General de la Región de Defensa Integral Guayana
(REDI-Guayana), lo cual muchas veces se traduce en la retención arbitraria e
inconsiderada de nuestras mercancías de primera necesidad, bajo alegato de que
todo es para la explotación minera, afectando la sobrevivencia física de los
miembros de nuestras comunidades Pemón, violando nuestros derechos reconocidos
en la Constitución Nacional y en los documentos internacionales válidamente
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y, d) la
limitación de los aeronaves ha creado una especulación abusiva de los precios
de transporte por los pocos transportistas aéreos permitido por la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana".
Los Pemón rechazan la "Ley de
Nacionalización del Oro", que es el fundamento para la militarización y
demás acciones de hostigamiento, porque pisotea por completo sus derechos sobre
el territorio que han habitado ancestralmente y sobre los recursos que han
trabajado desde hace mucho y les sirven de sustento. Señalan que el decreto es
inconstitucional y exigen su anulación porque es una “violación del derecho de
nuestras comunidades a ser informados y consultados acerca de las implicaciones
del Decreto Ley sobre nuestro hábitat y los recursos naturales existentes en
nuestros territorios y, en particular, sobre la forma de aprovechamiento de los
recursos auríferos”; “violación de nuestros derechos como pueblos indígenas por
la declaratoria de nuestras tierras ancestrales como zonas de seguridad,
violando nuestros derechos a la propiedad sobre nuestras tierras y el derecho
de continuar con nuestro sistema productivos tradicionales y con la
organización social y política que hemos tenido hasta ahora de acuerdo a
nuestras costumbres ancestrales, lo cual se verá ineludiblemente afectado por
las potestades que ejercen la administración pública y las fuerzas armadas en
las zonas declaradas de seguridad, sin que hasta ahora se haya cristalizado el
mandato constitucional y el anhelo de nuestro pueblo, que es el reconocimiento
legal de nuestras tierras y hábitat mediante la titularización”; “violación de
nuestros derechos como pueblos indígenas al aprovechamiento de los recursos que
se encuentran en nuestro territorio”; “violación de nuestro derecho a
participar efectivamente en el diseño e implementación del nuevo modelo
productivo y en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales de
nuestras tierras ancestrales”.
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