México: La tortura sexual expresa la opresión política patriarcal

 

Relaciones Internacionales CGT

 

* Entrevista a Italia Méndez, compañera y activista contra la tortura sexual en México.

 

Han pasado más de dos años de la elección de López Obrador y su discurso de transformación. Apenas 20 días tras su nombramiento como nuevo presidente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenaba sin dudas al Estado mexicano por latortura y violaciones de mujeres detenidas en San Salvador de Atenco en las movilizaciones entre el 3 y 4 de mayo de 2006, responsabilizándolo de las graves violaciones de derechos humanos en las 11 mujeres que denunciaron detenciones ilegales y arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.

 

- Por favor, Italia, ¿podrías resumirnos a qué fue condenado el Estado Mexicano y cuáles son algunos de los plazos ya vencidos en la ejecución de las medidas?

 

° La CoIDH, por unanimidad, encontró responsable al Estado mexicano por la violación de los siguientes derechos: a la integridad personal, a la vida privada y no ser sometido a tortura; así como el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las once mujeres que integramos la denuncia. Además el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas. La sentencia determina varias medidas de carácter restitutivo, de rehabilitación, indemnización, además de aquellas con una dimensión colectiva que tienen que ver con la obligación del Estado a investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables y por último las garantías de no repetición.

 

De forma unánime la CoIDH, dispuso que el Estado debe iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables -intelectuales y materiales- de la violencia y la tortura sexual sufrida por las once mujeres. Esta medida está detenida debido a que el Estado atrajo la investigación que se desarrollaba en el Estado de México al ámbito Federal y la Fiscalía General del Estado de México se opuso a esta atracción, acción que nos empujó al colectivo de mujeres a interponer un juicio de amparo indirecto para lograr que un juzgado de distrito, o en su momento, la misma Suprema Corte, mandase el envío del expediente completo radicado en la Fiscalía local hacia la Fiscalía federal. Hasta el día de hoy esta medida no se ha cumplido y demuestra las dificultades estructurales que encontramos las mujeres en el acceso a la justicia en México.

 

Una de las medidas de no repetición es la de establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del Estado de México. Esta medida resulta muy importante en el contexto actual, debido a que la Policía Federal ha dejado de existir para dar lugar a la Guardia Nacional que no es otra cosa que la militarización de las tareas policiacas y de investigación la cual, por cierto, no cuenta con ningún mecanismo de rendición de cuentas y monitoreo de sus funciones. Esta medida no ha avanzado ni un ápice y el Estado no permite que se abran los caminos para implementar dicha medida, la cual tiene un plazo de cumplimiento de dos años, es decir, diciembre de 2020.

 

Otra medida importante es la elaboración de un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, mecanismo que se creó en el contexto de una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la exigencia de organizaciones de Derechos Humanos y la ‘Campaña Rompiendo el Silencio todas juntas contra la Tortura Sexual’; esta medida no avanza de forma sustancial, a pesar de un sinfín de reuniones y propuestas presentadas por nosotras y nuestra representación legal. Por otro lado las medidas que tienen que ver con la rehabilitación han sido cubiertas parcialmente, debido a que la atención médica que estamos recibiendo es del sector público en instituciones colapsadas, sin médicos especialistas ni medicamentos.

 

Se ha dificultado mucho la atención médica sobre todo de las compañeras que viven en el Estado de México. Por último, la CoIDH, mandató un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los hechos ocurridos, sin embargo, nosotras hemos rechazado ese acto, en tanto no se cumplan las medidas estructurales de no repetición y hayan concluido las investigaciones que esclarezcan la responsabilidad política y material y se sancione a los responsables”.

 

- ¿Cuáles son las disculpas del Gobierno de AMLO para no desarrollarlas hasta ahora?

 

° Debido a la actual crisis global derivada de la pandemia por la COVID-19, el Estado mexicano paralizó prácticamente la mayoría de las instituciones que atienden o deberían atender las medidas dictadas por la CoIDH, en contraste, encontramos una parte de la administración pública muy activa y diligente para llevar a cabo los proyectos de muerte que atraviesan en el país, así como una gran actividad legislativa para redirigir los recursos económicos hacia los megaproyectos y abandonar a su suerte a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, periodistas y defensores del medio ambiente, eliminando el fideicomiso que permite acciones para su protección.

 

- Además, nos comentabas la situación particular de las mujeres presas por autoinculpaciones tras haber sufrido de nuevo tortura sexual. ¿Cuál es la situación actual de estas mujeres que se encontraban en el Programa en el que trabajas?

 

° La ‘Campaña Rompiendo en Silencio todas juntas contra la tortura sexual’, es una iniciativa que tiene lugar desde mayo de 2014, en un contexto generalizado de uso de la tortura y fabricación de culpables que trajo la política criminal de Calderón con su declaratoria de guerra contra el crimen organizado que se tradujo en una violencia sistemática contra la sociedad en la región mexicana, esta política siguió de forma automática en el mandato de Peña Nieto. La campaña tiene por tarea visibilizar el patrón sistemático de tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes estatales, policías, marinos y militares. Gracias a la documentación que realizaron diversas organizaciones de Derechos Humanos, conocimos a mujeres que fueron sometidas a cruentas sesiones de tortura física y sexual, para fabricar culpables y arrancarles declaraciones autoinculpándose de delitos que no cometieron.

 

Actualmente esas mujeres que fueron encarceladas arbitrariamente siguen en prisión y ni la Ley de Amnistía prometida por López Obrador, ni los procesos penales abiertos hace varios años, permiten que las mujeres de la Campaña tengan acceso a la justicia y a la reparación integral del daño que sufrieron, en su mayoría no han encontrado la libertad a pesar de que en sus expedientes penales es evidente la fabricación de pruebas y el uso de la tortura para conseguirlas. El gobierno actual representa el continuo en las condiciones de las mujeres que exigen justicia y que las autoridades se niegan a escuchar y a proteger. Debemos de reconocer la cruenta violencia contra la vida de las mujeres como una política patriarcal que encuentra su razón en vulnerar de forma profunda una sociedad a través de la fragmentación de sus lazos comunitarios atravesando y devastando el cuerpo de las mujeres. Es una parte importante, digamos el paso uno, para implementar la política extractivista en las regiones periféricas del mundo, atacar, violentar, destrozar de forma violenta y atroz, a la vista de todos, a las mujeres de una comunidad o sociedad.

 

- Frente a esta barbarie que supone la violencia sexual, las desapariciones y los feminicidios en México, de nuevo el zapatismo emerge como alternativa autogestionaria con una trayectoria ya de más de 26 años sin asesinatos machistas en los municipios insurgentes. ¿Cuál piensas que ha sido el rol de las mujeres zapatistas en esta transformación real y efectiva?

 

° La vida comunitaria que conlleva el proyecto zapatista permite la acción y agencia de las mujeres, sus procesos de justicia y la cohesión comunitaria es el sedimento que amalgama las relaciones personales y sociales. Es evidente la distancia que existe entre el proyecto zapatista y el proyecto de dominación y explotación -Capitalismo- en el que la vida no vale nada, menos aún la vida de las mujeres. Las comunidades zapatistas nos muestran cómo es la vida fuera del sistema de producción y explotación impuesto, nos muestran la importancia de la vida y el cuidado del entorno, del arroyo, la tierra y los integrantes todos de la comunidad. La fuerza y lucha de las mujeres zapatistas son ejemplo de acción, replicar en nuestros lugares el respeto a la voz y la acción de las mujeres, crecer la sororidad son acciones que podemos desarrollar de forma permanente en nuestros entornos y trabajos políticos.

 

Muchas gracias por tus palabras, Italia, sin duda esta larga lucha es un ejemplo para todas, por lo que continuaremos acompañando vuestras exigencias de justicia, verdad y reparación.

 

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro # 350, Madrid, noviembre 2020. Número completo accesible en http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro%20350%20noviembre.pdf].