Guillermo Sira
En la Venezuela de fin de siglo llegó Hugo Chávez al poder gracias al voto popular hace 20 años y a partir de allí este país vivió la más grande involución que sigue asombrando a propios y extraños en todo el mundo. Un aspecto de esta involución fue la eliminación progresiva de libertades democráticas conquistadas a lo largo del siglo XX. Un gobierno que se autoproclama socialista, progresista, de izquierda, para lograr el control absoluto del sector laboral, fue minando la libertades sindicales por medio de leyes, paralelismo, corrupción, represión o la acción abierta del hampa organizada persiguiendo y asesinando a dirigentes que no se pliegan a las políticas oficiales. Los distintos poderes, concentrados y manejados desde el ejecutivo, se orquestaron para darle viso legal a la destrucción de cualquier posibilidad de que los trabajadores de este país se organicen y defiendan sus derechos.
El caso del trabajador de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez es uno más entre miles, pero también es emblemático por la saña que sus verdugos han vertido sobre él, la crueldad hacia su familia, la desfachatez de los argumentos para justificar su secuestro, la articulación de los poderes públicos para convertir una víctima en victimario, todo dentro del marco de la mayor impunidad criminal. Se le cobra a Rodney ser militante de un sindicato todavía no secuestrado por las mafias oficialistas y se aprovecha la oportunidad para librar de culpa al militante del partido de gobierno Héctor Maican, que accionó un arma de fuego en una asamblea de trabajadores, espacio natural para ejercer la democracia, que existió alguna vez en Venezuela, en las puertas de las empresas. Esa arma cegó la vida de Renny Rojas y dejó otros dos heridos. Libre y campante el verdadero homicida, filmado en flagrancia por las cámaras, es secuestrado
Rodney Álvarez para pagar la culpa ajena pero sus captores siguen esperando su rendición, es decir, que asuma la culpa del homicidio. Llevan nueve años en una espera por doblegar al reo, quién sigue dictándoles cátedra de dignidad pese a las tortura, tratos crueles e inhumanos y cuatro atentados a su integridad física dentro de las cárceles.
La IMPUNIDAD con que actúa el estado venezolano, que viola y pisotea a diario la Constitución que tanto alabó el gobierno como la más avanzada en materia de Derechos Humanos, la institucionalización de la tortura (delito de lesa humanidad) como procedimiento ordinario, las detenciones arbitrarias acompañadas de la persecución, hostigamiento y encarcelación de sus familiares y allegados, la eliminación de la garantía de inviolabilidad de los hogares, la práctica de mantener a los reos en condiciones infrahumanas, enterrados en vida, procurando minar su moral y su salud, dibujan el cuadro moral bajo el cual actúa la dictadura venezolana.
La llegada de la pandemia le insufló oxígeno al régimen dictatorial y le ha permitido arreciar, como en el resto el mundo, el control social sobre una población agobiada por el hambre, la carencia de los bienes y servicios más elementales gracias al terror mediático del Covid-19. Pero hay otra pandemia que se propagó en toda Venezuela: la IMPUNIDAD. Gracias a ella es posible destruir los ecosistemas y exterminar las etnias y sus culturas en Guayana para la extracción de minerales preciosos; gracias a la IMPUNIDAD se vierten en estos momentos miles de barriles de crudo en las costas de Falcón que destruyen corales, manglares y miles de especies animales y vegetales. Es la misma IMPUNIDAD con la que el presidente obrero, con botas militares puestas, pisoteó y pulverizó los derechos de la clase obrera en este ex país.
[Tomado de http://rupturaorg.blogspot.com/2020/09/libertad-para-rodney-alvarez-y-todos.html.]
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