B.
Jucá y otros
[Nota previa e indignada de El Libertario: Ciertamente debe
difundirse la situación denunciada por este artículo, pero también
desenmascarando esa hipócrita visión de
la izquierda autoritaria que -como en el texto aquí reproducido- la emprende
con dureza contra algunos gobiernos y militarismos mientras calla
desvergonzadamente ante otros regímenes igual o peor de opresivos y censurables
por sus rigores castrenses como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a los que
su pretendida condición de "progresistes" pareciera excusar respecto
a su evidente cariz cuartelario. Por lo tanto, vaya lo que sigue teniendo
presente ese significativo reparo a la perspectiva con la cual se escribió.]
Un general está al frente del Ministerio
de Salud en Brasil. Rige el estado de excepción en Ecuador, Perú y Chile. La
policía de Buenos Aires se subleva por mejoras salariales. La muerte en manos
de la policía de un abogado enciende la ira ciudadana en Bogotá. Un operativo
contra una fiesta clandestina termina con 13 muertos en Lima. En México, el
Gobierno se apoya en el Ejército para casi todo. Las medidas extraordinarias
contra la propagación de la covid-19 han dado un inesperado protagonismo a
policías y militares. Frente a la memoria aún fresca de las dictaduras de los
setenta y ochenta, las fuerzas de seguridad se presentan ahora como garantes
del orden y, sobre todo, eficientes. El papel protagónico de los uniformados,
sin embargo, levanta muchas suspicacias por las consecuencias a futuro que
pueda tener haberles otorgado tanto poder.
Las necesidades de control social han
empoderado a las armas. El fenómeno no es homogéneo en la región, pero sigue
como patrón que los uniformados han tomado el control de las calles. “En los
países donde las Fuerzas Armadas ya tenían un rol importante, como Brasil,
México, Perú, Bolivia y Colombia el coronavirus acentuó ese rol. En el caso de
México, por ejemplo, hasta se les cedieron puertos y autopistas”, dice el
politólogo argentino y experto en seguridad Fabián Calle. Los uniformados han
sumado protagonismo sin ruido, como si la gente considerase el nuevo statu quo
una consecuencia natural e inevitable de la pandemia.
El caso más paradigmático de este
creciente poder ha sido Brasil. El coqueteo del presidente Jair Bolsonaro con
los uniformados les ha dado una visibilidad sin precedentes en democracia. Su
vicepresidente, Hamilton Mourão, es un general en retiro y 10 de sus 23
ministros han pasado por los cuarteles. En el gabinete castrense destaca el
ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un militar experto en logística que poco
sabe de política sanitaria. La relación de Bolsonaro con los cuarteles viene de
sus años de juventud. Al inicio de su carrera militar (se retiró como capitán),
encabezó un motín. Fue así como consiguió el apoyo político de las fuerzas de
seguridad y creó una base que lo ayudó a mantenerse en el Congreso durante 30
años.
En las elecciones de 2018, cuando
Bolsonaro fue elegido para ocupar el palacio de Planalto, el número de
militares y policías electos se cuadruplicó en relación con 2014. El sector más
radicalizado, formado principalmente por jóvenes soldados, no deja de crecer.
Solo en São Paulo, el número de policías y militares en servicio activo con licencia
para disputar elecciones municipales ha aumentado en un 62% en comparación con
2016. Mientras avanza la politización de los cuarteles, expertos alertan sobre
los posibles riesgos de que los uniformados se conviertan en un vector de
ruptura democrática.
Fabián Calle no cree que estemos ante
semejante posibilidad, pero reconoce que las cosas ya no serán como antes de la
pandemia. “Hay Estados débiles, burocracias poco eficientes y crecientes
problemas. Todos los Gobiernos terminan recurriendo a una de las pocas
burocracias ordenadas y con cadena de mando que, además, funciona. Pero no hay
ningún salto al poder. Lo que habrá serán más recursos económicos y más
influencia, porque esto no será gratis”, advierte.
Otro país donde sin duda han adquirido
más preponderancia las Fuerzas Armadas es México, donde los uniformados nunca
tuvieron el peso de otros lugares de la región. El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, pasó de defender en campaña que volviesen a los cuarteles ante
el fracaso de la conocida como guerra contra el narcotráfico, a otorgarle el
control de diversas instancias de la Administración, como las aduanas y los
puertos. Durante la pandemia, las Fuerzas Armadas han sido las encargadas de
desarrollar hospitales de campaña y distribuir los suministros necesarios por
todo el país. A ello se suma una mayor presencia en las calles, con la Guardia
Nacional, el cuerpo creado y con un cambio en la legislación que les permite
actuar en asuntos de seguridad pública.
La policía de la provincia de Buenos Aires,
en Argentina, ya ha cobrado la cuenta. Durante tres días, policías armados
realizaron una huelga sin precedentes que terminó con una subida de salarios.
La “bonaerense”, como se la conoce, es una fuerza de 90.000 hombres en activo
con un largo historial de excesos y corrupción que ningún Gobierno ha logrado
controlar. Desde el regreso a la democracia, en 1983, las distintas
administraciones han desfinanciado progresivamente a las Fuerzas Armadas, que
pagaron así su pasado dictatorial, y transfirieron recursos a las policías. La
de Buenos Aires se levantó ahora con el argumento de que la pandemia había
limado sus ingresos (sin fútbol y espectáculos terminaron las horas extras),
mientras que su trabajo se había multiplicado por el control de la cuarentena.
El coronavirus no es lo único que ha
dado un papel protagónico a las fuerzas de seguridad en el último año. En
Bolivia, la presión de la policía fue el detonante para forzar la salida del
entonces presidente Evo Morales. En Colombia, el asesinato de un joven tras un
disparo de los antidisturbios volvió a poner de manifiesto los excesos
policiales. En el país sudamericano las alarmas se volvieron a encender esta
semana, tras la muerte bajo custodia policial de un abogado. El desencanto de
la población con la policía no hace si no ir en aumento y la necesidad de una
reforma se antoja inevitable.
La policía militar chilena también está
en la calle, pero por orden del Gobierno. Este viernes, el presidente Sebastián
Piñera decidió extender por otros 90 días el estado de excepción en todo el
territorio. La medida empezó a regir en Chile tan pronto comenzó la pandemia,
por lo que el país estará nueve meses con los militares haciendo cumplir las
restricciones de tránsito y reunión. El Ejecutivo justificó la decisión por la
covid-19, pero sobrevuela el fantasma del desorden público. El 18 de octubre se
cumple un año de las revueltas sociales en Chile y el 25 del mismo mes se
celebrará el plebiscito constitucional, con más de 14 millones de personas
convocadas a las urnas. Será un referéndum bajo condiciones inéditas, como el
toque de queda, que rige entre las 11 de la noche y cinco de la mañana.
“La crisis sanitaria no se resuelve con
militares en las calles. Es un exceso y, al mismo tiempo, desvela la
incapacidad de las autoridades para establecer normas básicas de seguridad
ciudadana”, señala el chileno Gabriel Gaspar, analista político y
exsubsecretario de Fuerzas Armadas del segundo Gobierno de Michelle Bachelet
(2014-2018). Para el diplomático, en su país se ha empujado a los militares “a
patrullar a los chilenos, cuando las Fuerzas Armadas están diseñadas más bien
para defenderlos”. ¿Pueden los militares tentarse con el poder? Fabián Calle
opina que es poco probable que alcancen el protagonismo de los años de Pinochet,
pero no descarta que “levanten el perfil” si la violencia crece. “No será para
tomar el poder”, dice, “pero marcarán el terreno”.
[Tomado de https://www.antimilitaristas.org/La-pandemia-empodera-a-las-Fuerzas-Armadas-en-America-Latina.html.]
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.