Keymer Ávila
Según información oficial, entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de
seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió
duran-te los últimos tres años. Llegando a una tasa que oscila entre las 16 y
19 personas por cada cien mil habitantes (pccmh) fallecidas por estas causas,
un registro superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. En 2010 la tasa era de
2,3 y en 2018 llegó a 16,6, esto representa un incremento de un 622% (Ávila,
2019b).
El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de
seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%. Es decir,
actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia
de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado [16]. Esto en un país cuya tasa de homicidios ronda los 50 pccmh puede
considerarse como una masacre: durante
2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas (Ibíd.).
Para tener una idea
de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan el 7% de sus
homicidios. Durante 2017, Venezuela tuvo
más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino,
que tiene siete veces su población: Brasil
4.670 muertes, Venezuela 4.998 (Silva et al., 2019).
Estos son algunos
de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo le
fortalecen, porque opera con una lógica
necropolítica (Mbembe, 2011): en la medida que se deterioran las
condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor.
En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población.
Mientras más se le acusa de autoritario y dictatorial, como generador de terror,
más se envilece, ese es su principal capital político. Su legitimidad no se
encuentra en los votos, ni en la voluntad popular, se encuentra en el ejercicio
ilimitado del poder y de la fuerza, el miedo es una de sus principales
herramientas. Con la pandemia esta excepcionalidad solo se extiende otorgándole
más poder a quiénes ya controlan todo el aparato del Estado.
Durante los
primeros cinco meses de cuarentena -período en el que se esperaba que al
reducirse la movilidad social se redujera también la violencia callejera-
murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas [17],
125 eran privados de libertad que huyeron, huían o manifestaban por las
precarias condiciones en las que se encontraban en calabozos policiales o
centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie.
En ese mismo lapso el COVID-19, según cifras oficiales, había acabado con la
vida de 259 personas (Patria, 2020), es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos las fuerzas de
seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al
mundo.
Como se puede observar en los gráficos 1 y 2 las muertes en manos de las
fuerzas de seguridad del Estado se han disparado a partir de la declaratoria
del Estado de Alarma. En enero se registraron 50 casos, en febrero 58, en marzo
(el estado de alarma y la cuarentena comienzan el día 13) casi se triplican a
159, para seguir aumentando en los meses de abril con 215, mayo con 329, junio con 218 y julio
con 221.
Los estados con la mayor cantidad de muertes institucionales son: Zulia (21,5%), Aragua (15,4%), Miranda
(14%), Lara (7,8%) y Distrito Capital (7,4%), estos cinco estados suman el 66% de los casos totales.
En promedio los cuerpos nacionales son responsables de un 58% de la
totalidad de estos casos, este porcentaje aumenta a 72% si se consideran sus
acciones conjuntas con policías regionales o locales. Las policías estadales
abarcan un 22% y las municipales un 4%, estos porcentajes se elevan a 27% y 8%
respectivamente, si se considera su participación en ac-ciones conjuntas con
cuerpos de otras jurisdicciones.En cuanto a la
distribución de los casos por cuerpos de se-guridad, la PNB y el CICPC están
bastante cerca dispután-dose el primer
lugar, la PNB con el 21,5% de los casos y el CICPC con el 21,2%. Si se
considera su participación en acciones conjuntas el porcentaje de casos
del CICPC se eleva a 33% y el de la PNB a
31%. El 88% de los casos registrados de la PNB fueron ejecutados por su
grupo tác-tico conocido como FAES.La FANB
ocupa el tercer lugar con el 15% de los casos, que se incrementa 10 puntos
cuando se consideran sus acciones conjuntas con otras fuerzas de seguridad. En
el 91% de estos casos las acciones han sido dirigidas por la GNB.En términos
generales la distribución de muertes por cuerpos de seguridad es consistente
con resultados de investigaciones de
años anteriores (Ávila, 2019c: 58-61).En
cuanto al perfil de los fallecidos, se pudo identificar al 79% (63% con nombre y apellido, 16% por apodos) [18]. EL 99,9% son hombres, de una edad promedio de
28 años [19], la mayoría tenía entre
21 y 26 años, el 67% no llegaba a los 30. Se registraron nueve menores de 18
años, dos de ellos de 14. Se trata de jóvenes de sectores humildes y
racializados que viven en las periferias.
Entre marzo y mayo se totalizaron 693 personas fallecidas por
intervención de la fuerza pública, en un total de 437 casos, lo que da un
promedio de 1,6 personas por cada evento. Con esta información podemos tener un
marco de referencia general para evaluar la proporcionalidad del uso de la
fuerza por parte del Estado en estos casos, a continuación se presentan algunos
indicadores:
En estos eventos fallecieron cuatro agentes de fuerza pública, esto da
una razón en la que por cada policía fallecido mueren 173 ciudadanos [20]. Tómese como referente para hacer contrastes que
Chevigny (1991:10) plantea que la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada
funcionario de seguridad “sugiere que se
pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos de la protección de la vida en situaciones de emergencia”, esto sirve como indicador de un uso
excesivo de la fuerza letal.
Otro indicador es la razón entre civiles fallecidos y civiles heridos por
intervención de la fuerza pública. En estos casos solo se contaron 14 civiles
heridos [21],
es decir, que por cada civil herido fallecen 46 [22]. Esta cifra es preocupante porque aún en
contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase por
mucho al número de heridos o que el número de estos últimos sea mayor [23]. En contraste, por cada tres funcionarios heridos uno fallece.
Finalmente, solo se registraron 131 personas detenidas en el marco de
estos eventos, es decir, que por cada civil detenido fallecen cinco. También se
contaron 457 armas de fuego incautadas, esto pudiera sugerir que,
probablemente, el 44% de los fallecidos se encontraba desarmado. Estos datos
reflejan una clara desproporción respecto a la cantidad de
civiles fallecidos en estos procedimientos
[24].
Notas:
[16] Las estimaciones que el Observatorio Venezolano de Violencia hace para 2019 son
superiores.
[17] Es la cifra total del seguimiento diario
que hacemos de estos casos registrados
en las noticias a nivel nacional, en el que se tiene como unidad de observación a cada víctima de los eventos
ocurridos entre el 13 de marzo y el 13 de agosto. La principal fuente de
información fueron los portales digitales del Ministerio de Interior y Justicia
y el Ministerio Público, así como 36 diarios (16 nacionales y 20 regionales).
Cuando era necesario complementar información se revisaron también las páginas
o redes sociales de las policías del lugar de los hechos. En los casos en los que existía información oficial ésta era priorizada
ante cualquier otra fuente. Para el análisis que viene a continuación, sobre su
distribución territorial, cuerpos de seguridad involucrados e indicadores sobre
el uso de la fuerza letal, se analizaron aproximadamente unas 1.016
noticias acaecidas entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, para hacer un censo
total de 693 fallecidos por estas causas durante
ese período. Con los años hemos observado que con esta fuente y metodología apenas se logra hacer un
modesto subregistro, que representa entre el 20% y el 30% de los casos que
llega a registrar el sistema penal (Ávila,
2016:32; 2019c:54).
[18] Con el resto (21%) se usaron las
variables de tiempo, lugar y organismo responsable para individualizar los casos.
[19] Se pudo conocer
la edad del 35% de los fallecidos, es sobre ese porcentaje que se realiza la caracterización
etaria.
[20] Otra forma de sacar esta relación es hacer un censo de todos los policías que estando en la prestación del
servicio han sido víctimas de homicidio
durante ese mismo período, con independencia que de ese intercambio resulten o no víctimas civiles. Este
es el criterio seguido por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América
Latina (Ávila, 2019d). Siguiendo esa metodología se cuentan
seis funcionarios fallecidos, lo que daría una razón según la cual por cada policía asesinado morirían 116 civiles.
[21] Como ya se explicó
la fuente utilizada son los casos informados a través de los diarios digitales,
en la mayoría de éstos no se registraron heridos sobrevivientes (86%), esto
puede deberse a que los heridos no resultan tan noticiosos como los fallecidos,
lo que puede generar un sesgo en esta estimación. En consecuencia, el índice de
letalidad basado en datos de prensa tiende a sobreestimar su valor porque es
más común que las noticias den cuenta de los muertos que de los heridos.
Lamentablemente, no hay disponibilidad de información para hacer este cálculo
con datos oficiales.
[22] Por las
versiones encontradas, así como por sus particularidades, que lo alejan de la
práctica cotidiana de los operativos policiales sobre los cuales se concentra
el presente análisis, para este cálculo se excluyó el caso de la masacre en el
Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella),
en Guanare, estado Portuguesa, ocurrido el 1 de mayo, en el que se
registraron al menos 47 fallecidos y 89 heridos. Con esta exclusión el número total de fallecidos quedaría en
646.23 Sobre este particular, es revelador lo que explican Silva et
al . (2017:343): “Se esperaría que en
enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, la cantidad de
muertos no sobrepase por mucho al de heridos y por tanto que el valor del
índice no fuera muy superior a uno.
Inclusive la literatura médica, al analizar el uso de armas convencionales
en conflictos armados, invierte el índice para reportar heridos sobre muertos,
por ser más comunes los primeros que los segundos en contextos de guerra. (…)
Pero el índice se invierte cuando se trata de crímenes de guerra o tiroteos
contra civiles (shootings)”.24 Estos datos son consistentes con los realizados
en investigaciones anteriores (Ávila,
2019d).
Referencias indicadas:
Ávila, K. (2019b). “Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional”. Nueva
Sociedad. Disponible en: https://bit.ly/2S9zKFq
Ávila, K. (2019c). “Uso de la fuerza y derecho a la vida en Venezuela”. Caracas: PROVEA. Disponible en:
https://bit.ly/37AmGiM
Chevigny, P. (1991). “Police Deadly Force
as Social Control: Jamaica, Brazil and Argentina”. Série DOSSIÊ NEV, N°2-1991. Núcleo
de Estudios da Violência. Universidade de São Paulo.
Mbembe, A. (2011). Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. España: Editorial Melusina
Patria Blog (2020). “COVID-19 Estadísticas
Venezuela”. Disponible en:
https:// covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela
Silva, C. et al. (2019). “Análisis comparativo regional. Monitor Uso
de la Fuerza Letal en América Latina” En:
Monitor del uso de la Fuerza Letal en América Latina: un
estudio comparativo de Brasil, Colom-bia, El Salvador, México y Venezuela
. México: CIDE. Disponible en: https:// bit.ly/2xauU3i
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