Opinión: Notas sobre la limosna que devengamos y la indefensión que padecemos

Rubén Hernández

I.- ¿Se puede llamar "salario" a ese rídículo ingreso que percibimos?

Es triste decirlo pero es la cruda realidad que se vive en Venezuela, o mejor dicho que vivimos los asalariados, con particular gravedad quienes laboramos para la administración pública y percibimos algo más que un sueldo mínimo. Y no se puede hacer referencia a un sueldo como tal, considerando que con el mísero ingreso que recibimos cada quincena,a duras penas podemos comprar algunos alimentos y poco más.  Un salario, aunque seael mínimo, debería al menos satisfacer en parte ciertas necesidades materiales, sociales e intelectuales tanto del trabajador como de su familia más cercana (como sus hijos); debería equivaler aproximadamente al costo de la canasta básica, según se expone en la propia constitución venezolana, específicamente en el artículo 91.

Entonces, ¿cómo se puede denominar al ingreso que percibimos los asalariados en Venezuela? Sin lugar a dudas se trata de una especie de colaboración que dan los patronos del sector público y del privado a los explotados de turno; una miserable “limosna”que aquellos justifican (irracional y perversamente), hoy día,  por los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, derivados de la cuarentena y la semiparalización económica global. Pudiera incluso señalarse, sin exagerar, que somos algo así  como unos indigentes laborales, que trabajamos no para vivir con dignidad, sino para sobrevivir como mejor podamos. Ciertamente hay una situación económica extremadamente compleja tanto en Venezuela como en el resto del mundo, pero ni la élite política ni el alto empresariado de la nación caribeña, sufren de manera relevante las consecuencias negativas de la crisis global, que sí recaen con todo su peso sobre los pobres.

De manera que en Venezuela, un país rico en recursos de todo tipo, irónicamente la mayoría de su población vive en situación de pobreza y de miseria, percibiendo los asalariados no un sueldo como tal sino una especie de colaboración mísera, que no alcanza ni de cerca para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia más cercana. Vivimos prácticamente en la indigencia aún como fuerza productiva, mientras que el alto funcionariado público exige nuestro sacrificio económico, en nombre de una seudorevolución en tiempos de coronavirus, con la pandemia de COVID-19 como excusa nefasta. Funcionariado para el que el artículo 91 de la constitución importa nada o casi nada, debido obviamente a que  no ve afectado su bolsillo, tanto por sus ingresos salariales como por las entradas derivadas de diversas actividades oscuras e ilícitas.

Por cierto, ya que dicho artículo representa un derecho constitucional de los trabajadores en Venezuela, incumplido y violado abiertamente, no es descabellado introducir una demanda  masiva laboral contra el Gobierno de Maduro, actual dirigente del Estado venezolano. En tal sentido ya algunos han planteado llevar a cabo este procedimiento jurídico, si bien es poco probable un resultado exitoso en el marcoburgués del sistema judicial.

II.- Pandemia e indefensión en la Venezuela bolivariana

La pandemia por la COVID-19 ha ocasionado lamentables consecuencias para la humanidad, derivadas fundamentalmente de la cuarentena o aislamiento social obligatorio y la paralización o semiparalización de actividades en diversos ámbitos. De particular gravedad resulta, en el caso de América Latina,  el hecho de que instituciones importantes para la defensa de los ciudadanos (al menos en teoría), como la Defensoría del Pueblo y aquellas encargadas de proteger al consumidor respecto a los abusos de los comerciantes, prácticamente están fuera de funcionamiento justo en tiempos de brutal represión policial-militar, aumento de la delincuencia común y organizada, violaciones continuas de derechos humanos, auge de los delitos económicos por parte de los capitalistas y suspensión injustificada de garantías constitucionales. En fin nos encontramos en un claro estado de indefensión, nefasto para el ciudadano común, pero ideal para el orden capitalista-delincuencial, con fachada democrática y totalitario de facto. Y es conveniente estar atentos, pues la situación será cada vez peor, y posiblemente irá siendo eliminado el aparato estatal que ha estado al servicio del pueblo en general, al menos en su concepción.

Respecto a Venezuela, donde la crisis socioeconómica reviste una gravedad inusitada, debido en buena parte a las sanciones y bloqueos internacionales y a la megadependencia, la paralización de instituciones claves para la defensa de los intereses populares en materia jurídica y económica, ha generado un mayor desasosiego en gran parte de la población, que se siente totalmente indefensa a la hora de denunciar, por ejemplo, los abusos de numerosas empresas en cuanto a los precios de diversos rubros y servicios ofrecidos. En este sentido no puede haber sino frustración en los venezolanos de a pie que día tras día sufren por la violación descarada de sus derechos económicos básicos, y que sienten como el Gobierno nacional y la institucionalidad estatal hacen absolutamente nada por protegerlos.

Tristemente en plena pandemia por el coronavirus millones de ciudadanos en Venezuela han sido desatendidos por completo, quedando a merced de diversos grupos de delincuentes, muchos con la fachada de comerciantes, tal como en el caso de ciertos empresariosdedicados a la venta de gas doméstico sacando provecho del no funcionamiento de las instituciones responsables de la fiscalización y de la Justicia; estos individuos, ladrones descarados, se han dedicado de forma absurda e irracional a aumentar significativamente los costos en periodos breves, a pesar de que la producción y distribución de este combustible es subsidiada parcialmente por el Estado (por ser un recurso básico esencial-estratégico). Por el llenado de las bombonas que surten a los edificios, por ejemplo, han llegado al extremo las escorias (perdón, los empresarios) del gas doméstico de cobrar decenas de millones de bolívares (de 130 dólares en adelante). De manera que por apartamento el pago más bajo difícilmente es inferior a ¡2 salarios mínimos mensuales¡,obviamente inalcanzable para numerosas familias, o en el “mejor” de los casos accesible con un enorme sacrificio, gracias al aporte de varios miembros, que por cierto llegan a privarse de una alimentación medianamente buena por cancelar el combustible. Ciertamente el sueldo mínimo en Venezuela no es gran cosa (debería ser más o menos equivalente al costo de la canasta básica), pero de igual manera son especulativos los precios de distintos rubros y servicios, y los venezolanos de a pie no tenemos ninguna protección al respecto, situación que seguramente será peor de no haber una importante reacción masiva. Sólo el pueblo común se salva así mismo en medio de un estado de indefensión total.