Trabajadores jubilados de Pdvsa terminan sus días sin atención de salud ni la pensión que les corresponde

Génesis Carrero

* Aunque los dirigentes sindicales no manejan cifras exactas, aseguran que, en este momento, Sicoprosa, el servicio de salud autoadministrado del sector petrolero, no es admitido en ninguna clínica u hospital privado del país y que solo en el subsector del gas han fallecido siete trabajadores por falta de atención médica en lo que va de 2019.

Sin importar los años de servicio que hayan prestado a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), los jubilados de esta institución ahora sufren los estragos de la debacle de su contrato colectivo y de las estafas al fondo de pensiones que, se supone, garantizaba la vejez digna de este grupo. En la actualidad, cobran una pensión mínima, esperan desde hace más de cinco años por el pago de las ganancias obtenidas con la inversión de los recursos del fondo de pensiones y su seguro médico no es admitido en los centros de salud privados del país.

La situación no se reduce solamente al personal que cumplió su servicio, sino que afecta directamente a los trabajadores activos y a sus familias. Toda la nómina mayor y no contractual de Pdvsa, equivalente a 12.000 trabajadores, entre activos y jubilados, es vulnerable por los bajos salarios y por la privación del derecho a la salud y a la vida, tal como lo explica el secretario general de la Federación Unitaria de los Trabajadores del Petróleo, el Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), José Bodas.

“Lo que está pasando con los trabajadores y con las familias es un crimen y todos los dirigentes sindicales, más allá de cualquier diferencia, exigen al Gobierno nacional el derecho constitucional a la vida, a tener a sus familias con salud. Le exigimos a la junta directiva de Pdvsa que atienda a los trabajadores que están haciendo asambleas. Que escuchen a los trabajadores de base y, sobre todo, más que escucharlos, que se solucione esta grave situación de crisis profunda que ha causado la muerte de trabajadores y sus familias”, es el clamor de Bodas ante una situación que, asegura, tiene unos cinco o siete años, pero que se ha profundizado en los últimos dos.

Aunque los dirigentes sindicales no manejan cifras exactas, pueden asegurar que, en este momento, Sicoprosa, el servicio de salud autoadministrado del sector petrolero, no es admitido en ningún centro de salud privado del país y que solo en el subsector del gas han fallecido siete trabajadores por falta de atención médica en lo que va de 2019, sin contar a familiares asegurados.

El propio Bodas relató cómo un compañero trabajador de Barcelona debió recorrer cuatro clínicas sin que en ninguna admitieran a su hija de 15 años que estaba convulsionando. “El sistema corporativo de salud de la industria es Sicoprosa y este sistema hoy está totalmente eliminado. No hay clínicas que nos atiendan en Anzoátegui, en Zulia, en Caracas, en Monagas ni en Falcón”, aseveró en entrevista a esta periodista.

La lucha de los trabajadores activos y jubilados de Pdvsa no es reciente. Desde que estalló la primera gran huelga petrolera en Venezuela, en diciembre de 1936, el gremio del petróleo no ha descansado por alcanzar importantes conquistas que van desde aumentos salariales hasta el disfrute de servicios como farmacia, fondo de ahorro, transporte, comedores, viviendas y escolarización y las tarjetas de alimentación que fueron el reemplazo de los comisariatos, almacenes donde los trabajadores podían adquirir un mercado y ropa para el trabajo con unas fichas que les otorgaban.

Ahora, poco queda de este paraíso y quienes trabajaron, protestaron y alcanzaron esos logros son hoy jubilados a los que desde los centros de salud les piden ir a atender sus males en los Barrio Adentro o en los Centros de Diagnóstico Integral del Estado, no les reembolsan o entregan las medicinas que necesitan y les dan pensiones equivalentes a 40.000 bolívares, más un bono de alimentación y medicinas de 100.000 bolívares y otro bono trimestral que equivale a otros 40.000 bolívares. A este monto solo se suma el pago de la pensión del Seguro Social al que también acceden estos trabajadores, como cualquier venezolano que complete sus cotizaciones.

Los 140.000 bolívares que obtienen mensualmente los adultos mayores que conforman este conglomerado de jubilados no le alcanza a un abuelo que requiera medicamentos comunes en esas edades, como los antihipertensivos o anticoagulantes que se consiguen en el mercado venezolano por el orden de los 80.000 bolívares cada caja.

Dilia Bello trabajó 25 años como facturadora en Pdvsa y recuerda cómo eran sus primeros años de jubilación: “El seguro médico era tan bueno que teníamos una clínica solo para atención de los jubilados, ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, donde nos hacían chequeos anuales y funcionó hasta finales de 2018. Nos siguen descontando algo por el seguro, pero en las clínicas nos mandan a un CDI o un hospital”, cuenta.

En algunas zonas del país, como el Zulia, la estatal petrolera hizo acuerdos con centros de atención primaria para el chequeo general de jubilados. Sin embargo, Bodas refiere que no hay centro que atienda emergencias.

La ex-trabajadora agregó que ya no pagan las medicinas y a los que solicitan los reembolsos les aseguran que no hay o no pueden cancelar ese tipo de fármacos. Dilia atravesó recientemente una complicación de salud y de no ser por el apoyo de sus familiares “no la estaría contando”, porque en ningún centro de salud la recibieron por Sicoprosa.

Bodas ratificó este drama al narrar que muchos empleados activos inician gestiones dos años antes de cumplir el tiempo de servicio para evitar ser jubilados y lograr otros años laborables, esto con la idea de no perder las primas contractuales y el 60 % del salario que les restan cuando pasan a ser personal cesante.

“Pdvsa nos descuenta religiosamente el pago a ese sistema de salud; nosotros pagamos, pero Pdvsa, que es la que administra ese dinero, no cancela a las clínicas. Ese problema viene de los últimos cinco o siete años, pero ahorita los últimos dos años ha sido brutal el problema con el servicio de salud. Se ha ido agudizando y hoy en día no hay ninguna clínica que nos atienda”, agrega el dirigente de base.

Otro directivo del sindicato de trabajadores jubilados de Pdvsa, Douglas Pereira, aseguró que se trata de más de 29.000 jubilados y sus sobrevivientes que esperan el respeto a su vejez y los pagos del fondo, atrasados desde 2015. “Son unos cinco millardos de dólares en el fondo y no sabemos dónde está ese dinero. Nosotros debemos recibir una porción de ese fondo en bolívares y a tasa Dicom”, apuntó durante una protesta del gremio realizada en mayo.

Pereira habla de una deuda que no está clara para los jubilados, pues el fondo de pensiones es administrado por Pdvsa; sin embargo, las proyecciones de miembros de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip) refieren que la deuda ronda los 2.850 millones de dólares.

En espera

Adolfo (nombre cambiado a petición de la fuente) es la prueba de este declive para los trabajadores de Pdvsa. Sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) y el retraso en la atención médica, sumado a las largas horas de espera en el centro de salud público en el que finalmente fue atendido, generaron daños irreparables y hoy son parte de la razón por la que la mitad de su cuerpo está paralizado.

“Cuando llegamos nos dijeron que había que esperar, que había una lista de espera, que fuésemos a otro sitio. En ninguna clínica nos hablaron claro y terminé por ir a un hospital, luego de recorrer tres clínicas de Monagas. Uno casi se muere de mengua”, es su testimonio.

El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela (Futpv), Wills Rangel, admitió que lo relatado por los jubilados como Adolfo es un problema real del gremio. Recordó que en el caso de los jubilados de Petróleos de Venezuela, el contrato estipula una pensión mínima, que es un poco superior al salario en la convención. “Con las medidas económicas eso se ha pulverizado y ahora está descompuesto”, ratificó.

Aseguró que las reivindicaciones para este grupo siempre han sido el resultado de una lucha, no solo de los que ya cruzaron esa barrera, sino de quienes lo estarán en un futuro. “Ellos necesitan un seguro digno y garantizar el pago de ese fondo en divisas para que cuando venga la enfermedad, podamos tener cómo avanzar”.

Rangel se refirió a la deuda pendiente con los empleados cesantes de Pdvsa y aseveró que “lo que está afectando ahora a los jubilados y jubiladas del sector es el tema de los intereses generados por los dividendos en divisas que tiene el fondo de pensiones de Pdvsa, que ha sido el producto de las inversiones realizadas. A través del tiempo, el fondo ha adquirido bienes comprados en divisas que están hoy alquilados a instituciones privadas y públicas y de otras inversiones en el exterior, que es lo que le da un rendimiento importante al fondo de pensiones”.

Recordó la estafa Illarramendi, con la que se perdieron 380 millones de dólares del fondo, y que fueron pagados posteriormente, con pagarés, por la Pdvsa de Rafael Ramírez. Sin embargo, dijo que el pago se ha dado “poco a poco” y que “la distribución se ha venido haciendo, se ha venido pagando en montos de 200.000, 40.000 y 50.000 bolívares soberanos y esa es la realidad, eso es lo que está pasando allí… Se ha pagado, pero parcialmente, porque no se ha podido pagar todo lo que debió ser”, indicó.

Mientras tanto, los jubilados y los que se acercan a esa realidad siguen padeciendo cuando enferman, cuando tienen a algún familiar en estado crítico, cuando deben comprar una medicina e incluso cuando van al mercado.

Bodas lo admite: “Los empleados activos y jubilados de Pdvsa estamos desde las distintas corrientes sindicales afectados y unidos por el derecho a la vida y la salud que hoy no se garantiza ni en Pdvsa, ni en el país”.

[Tomado de http://deslinde2011.blogspot.com/2019/08/jubilados-de-pdvsa-terminan-sus-dias.html.]