Luis Betancourt
Este año se cumplen dos décadas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo capítulo VIII sobre los derechos de los pueblos indígenas significó uno de los más importantes paradigmas para Venezuela y, en especial, para sus pueblos originarios, pero también para Latinoamérica, que vieron en nuestro modelo un ejemplo a seguir sobre el pluralismo jurídico o neoconstitucionalismo indígena que empezó a desarrollarse en el mundo a partir de finales de 1980.
Este año se cumplen dos décadas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo capítulo VIII sobre los derechos de los pueblos indígenas significó uno de los más importantes paradigmas para Venezuela y, en especial, para sus pueblos originarios, pero también para Latinoamérica, que vieron en nuestro modelo un ejemplo a seguir sobre el pluralismo jurídico o neoconstitucionalismo indígena que empezó a desarrollarse en el mundo a partir de finales de 1980.
Venezuela
inició con mucha fuerza su constitucionalismo indígena, con sólidos
movimientos de base, quienes sin intermediario alguno redactaron el
capítulo referido a los derechos y garantías constitucionales de los
pueblos indígenas. Se trató de una demanda histórica, una demanda que
por primera vez fue cristalizada a través de nuestro pacto social en el
año 1999 y, en 2005, fue desarrollada amplia e integralmente en la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y demás leyes
específicas en lo sucesivo. No cabe duda que a nivel constitucional y
legal, Venezuela fue (y es) vanguardia en el reconocimiento de los
derechos indígenas, pero lamentablemente sólo se trata del
reconocimiento, no de su respeto, garantía y efectivo cumplimiento.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Esperanza de los Pueblos Indígenas
La CRBV significó la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, donde sus expectativas no sólo se vieran reivindicadas en el texto fundamental, sino en su efectiva garantía y cumplimiento. Siendo sincero, desde 1999 hasta al menos el año 2010, hubo interesantes avances en los derechos indígenas y su efectivo cumplimiento. Se crearon instituciones e instancias donde los pueblos indígenas se vieron identificados en la atención y solución de sus demandas especificas. Algunos de esos avances fueron las políticas y programas de salud indígena, la creación de la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, la Jurisdicción Especial Indígena, el reimpulso de la Educación Intercultural Bilingüe, el reconocimiento y desarrollo de sus derechos sociales y culturales, las formas propias de organización político-social, además, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, entre muchos otros derechos contenidos en la CRBV. Fue una época de mucho dinamismo en el contexto indígena, que indicaba un franco desarrollo o cristalización de sus demandas históricas.
El Declive de los Derechos Indígenas
Lamentablemente al día de hoy, la garantía y cumplimiento de estos derechos no está en la agenda del Estado, posiblemente porque ello signifique un conflicto de intereses con su proyecto político-desarrollista, al referirnos a su modelo de desarrollo extractivista, o sencillamente por el agotamiento del discurso y políticas indigenistas, aunado a la desaparición de movimientos indígenas con agendas propias y no impuestas por la política partidista.
De las políticas o instancias creadas en los primeros años de la CRBV, ninguna tiene indicadores positivos, inclusive, ninguna está en regular funcionamiento. Los diferentes programas de salud indígena, como por ejemplo el Plan de Salud Yanomami en Amazonas o el Plan de Salud Delta en Delta Amacuro, al día de hoy son inexistentes, a pesar de haber tenido importante éxito en su época de funcionamiento y cobertura sanitaria de esas poblaciones de especial atención. Por ello no es casual, que al día de hoy los indígenas Yanomami y Warao, tienen los peores indicadores de salud del país en cuanto a malaria, oncocercosis, tuberculosis, sarampión, desnutrición, VIH, entre otros padecimientos; como por ejemplo los desplazamientos forzados hacía los países vecinos en busca de atención sanitaria y alimentación en los refugios para tal fin, como lo refieren los dos recientes informes de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH).
Al igual que la desaparición de los programas sanitarios, la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, órgano dependiente de la Vice Presidencia Ejecutiva de la República, desde el año 2005 se encuentra sin funcionamiento, por consiguiente los procesos de demarcación de las tierras indígenas y las respectivas titulaciones colectivas se encuentran paralizadas. Según el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), sólo el 12% de las tierras indígenas del país han sido tituladas, sin embargo, sigue indicando GTAI, que dichas titulaciones no han sido conforme a las expectativas o autodemarcación de las propias comunidades involucradas. Esta situación (la no titulación) no debe entenderse de manera aislada, sino como un mecanismo de acceder o despojar de manera menos compleja las tierras indígenas para actividades extractivistas por parte del Estado, como hoy está ocurriendo en los estados Bolívar y Amazonas, el primero a través de un decreto espurio y, el segundo, de facto.
La Necesidad de Movimientos y Organizaciones Indígenas Autónomas
Como lo indiqué hace un año para esta misma ocasión, en momentos tan críticos como los que hoy padecen los pueblos indígenas, es donde deben emerger movimientos críticos y fuertes en la demanda de sus derechos. En el periodo político pasado, sin absolutamente ninguna figura constitucional o legal sólida sobre los derechos indígenas, surgieron movimientos indígenas fuertes que hizo posible, con la ayuda del proceso político de 1998, escribir su propio catalogo de derechos indígenas en la CRBV. Hoy, con todo ese complejo constitucional y legal sobre los derechos indígenas, que además contrasta con la peor situación social que están padeciendo los pueblos originarios de estas tierras, se evidencia un estruendoso silencio de aquellos importantes movimientos indígenas surgidos entre los 80 y 90, quienes fueron víctimas de la exclusión e invisibilización como pueblos con características identitarias especificas y, en consecuencia, de un proceso asimilacionista. Es contradictorio decir que ese estruendoso silencio se debe a que esos movimientos fuertes y demandantes en su momento, hoy son gobierno o parte de él, razón por la cual en la mayoría de los casos permanecen inmutados ante una realidad evidente, que además tuvo que ser conocida en nuestro país a través de la ACNUDH.
Lamentablemente en la mayoría de los casos, por esta razón, no hay agenda propia que garantice las demandas que hoy reclaman los pueblos indígenas de Venezuela, que a decir en el informe de ACNUDH, son la población más vulnerable del país y con la más critica tasa epidemiológica y otras condiciones sociales.
El gobierno nacional y sus figuras descentralizadas en las regiones indígenas, en vez respetar sus formas especificas de vida, que garanticen su subsistencia como pueblos con culturas especificas, se ha dedicado a coptarlos con fines político electorales, sin poca importancia sobre los graves daños que se está generando. No por casualidad el paternalismo estatal tiene una estrecha relación con los casos de desnutrición que padece la mayoría de las comunidades indígenas de Amazonas, por decir lo menos.
Mi Experiencia en Comunidades Indígenas de Amazonas
Desde mi modesta y muy emotiva experiencia en investigaciones de campo y documental sobre las condiciones sociales de los pueblos indígenas, de sus territorios y su situación ambiental, he corroborado en cada comunidad visitada sus realidades, que cada día se agrava más. Antes se trató de no reconocerle como indígena, como diferente; hoy se trata de negarle el combustible, el derecho a la educación propia, a sus actividades económicas tradicionales, a la salud y a la vida; todo ello vinculado a la invasión y despojo de sus tierras para actividades extractivistas de minerales, donde los propios indígenas son víctimas de esclavitud, en algunos casos forzados y, en otros, voluntariamente al cerrárseles todas las alternativas a esa actividad impuesta por grupos irregulares armados, en anuencia o sociedad con el Estado.
Frecuentemente recuerdo una de mis más duras experiencias en comunidades indígenas, que acostumbro a visitar para mantener el contacto directo con las realidades y los muchos padecimientos sociales de sus miembros. En enero de 2019, mientras visitaba la Comunidad Huöttöja “Pozo Terekay”, en el Río Ventuari del Municipio Manapiare del estado Amazonas, conversando con su Capitán Carlos Pérez y dos jóvenes maestros del sector, me informaban sobre el fallecimiento de cinco (05) personas a causa de malaria en el reciente periodo de un año. Me generó impacto saber que dos (02) de los fallecidos: Florencio Pérez de 64 años y Alberto Pérez de 41, eran padre e hijo. Más tristeza me causó el fallecimiento de tres (03) niños: dos (02) hembras y un (01) varón, el varón de 5 años era hermano de la niña de 13.
Lamentablemente este relato no se trata de un caso aislado o especial, sino una de las tantas realidades presentes en los 7 municipios del estado Amazonas, donde los impactos socioambientales de la minería y desatención gubernamental, se expresa de esta dramática forma, a través de la salud y la vida de la gente, en este caso de los más vulnerables.
Concluyo con uno de los temas de mayor importancia y empeño de mi parte como investigador de derechos indígenas, enfatizando que los indicadores de salud de los pueblos indígenas desde mi perspectiva analítica, siempre se enfocará desde una visión integral de la calidad de vida y desarrollo humano. Esto significa, que la articulación sistémica de otros indicadores, como: seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios mínimos, capacidad resolutiva de atención sanitaria, seguridad de los modelos socioproductivos autóctonos, acceso a un sistema educativo propio, entre otros, son fundamentales para aproximarnos a definir la salud como un valor y no estrictamente como la ausencia de enfermedades.
A 20 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, vale dejar que la realidad presente sea el indicador que juzgue su estado de cumplimiento, así como a los actores políticos encargados de su garantía.
[Tomado de http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/12/20-anos-los-derechos-indigenas-la-constitucion-1999.]
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Esperanza de los Pueblos Indígenas
La CRBV significó la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, donde sus expectativas no sólo se vieran reivindicadas en el texto fundamental, sino en su efectiva garantía y cumplimiento. Siendo sincero, desde 1999 hasta al menos el año 2010, hubo interesantes avances en los derechos indígenas y su efectivo cumplimiento. Se crearon instituciones e instancias donde los pueblos indígenas se vieron identificados en la atención y solución de sus demandas especificas. Algunos de esos avances fueron las políticas y programas de salud indígena, la creación de la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, la Jurisdicción Especial Indígena, el reimpulso de la Educación Intercultural Bilingüe, el reconocimiento y desarrollo de sus derechos sociales y culturales, las formas propias de organización político-social, además, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, entre muchos otros derechos contenidos en la CRBV. Fue una época de mucho dinamismo en el contexto indígena, que indicaba un franco desarrollo o cristalización de sus demandas históricas.
El Declive de los Derechos Indígenas
Lamentablemente al día de hoy, la garantía y cumplimiento de estos derechos no está en la agenda del Estado, posiblemente porque ello signifique un conflicto de intereses con su proyecto político-desarrollista, al referirnos a su modelo de desarrollo extractivista, o sencillamente por el agotamiento del discurso y políticas indigenistas, aunado a la desaparición de movimientos indígenas con agendas propias y no impuestas por la política partidista.
De las políticas o instancias creadas en los primeros años de la CRBV, ninguna tiene indicadores positivos, inclusive, ninguna está en regular funcionamiento. Los diferentes programas de salud indígena, como por ejemplo el Plan de Salud Yanomami en Amazonas o el Plan de Salud Delta en Delta Amacuro, al día de hoy son inexistentes, a pesar de haber tenido importante éxito en su época de funcionamiento y cobertura sanitaria de esas poblaciones de especial atención. Por ello no es casual, que al día de hoy los indígenas Yanomami y Warao, tienen los peores indicadores de salud del país en cuanto a malaria, oncocercosis, tuberculosis, sarampión, desnutrición, VIH, entre otros padecimientos; como por ejemplo los desplazamientos forzados hacía los países vecinos en busca de atención sanitaria y alimentación en los refugios para tal fin, como lo refieren los dos recientes informes de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH).
Al igual que la desaparición de los programas sanitarios, la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, órgano dependiente de la Vice Presidencia Ejecutiva de la República, desde el año 2005 se encuentra sin funcionamiento, por consiguiente los procesos de demarcación de las tierras indígenas y las respectivas titulaciones colectivas se encuentran paralizadas. Según el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), sólo el 12% de las tierras indígenas del país han sido tituladas, sin embargo, sigue indicando GTAI, que dichas titulaciones no han sido conforme a las expectativas o autodemarcación de las propias comunidades involucradas. Esta situación (la no titulación) no debe entenderse de manera aislada, sino como un mecanismo de acceder o despojar de manera menos compleja las tierras indígenas para actividades extractivistas por parte del Estado, como hoy está ocurriendo en los estados Bolívar y Amazonas, el primero a través de un decreto espurio y, el segundo, de facto.
La Necesidad de Movimientos y Organizaciones Indígenas Autónomas
Como lo indiqué hace un año para esta misma ocasión, en momentos tan críticos como los que hoy padecen los pueblos indígenas, es donde deben emerger movimientos críticos y fuertes en la demanda de sus derechos. En el periodo político pasado, sin absolutamente ninguna figura constitucional o legal sólida sobre los derechos indígenas, surgieron movimientos indígenas fuertes que hizo posible, con la ayuda del proceso político de 1998, escribir su propio catalogo de derechos indígenas en la CRBV. Hoy, con todo ese complejo constitucional y legal sobre los derechos indígenas, que además contrasta con la peor situación social que están padeciendo los pueblos originarios de estas tierras, se evidencia un estruendoso silencio de aquellos importantes movimientos indígenas surgidos entre los 80 y 90, quienes fueron víctimas de la exclusión e invisibilización como pueblos con características identitarias especificas y, en consecuencia, de un proceso asimilacionista. Es contradictorio decir que ese estruendoso silencio se debe a que esos movimientos fuertes y demandantes en su momento, hoy son gobierno o parte de él, razón por la cual en la mayoría de los casos permanecen inmutados ante una realidad evidente, que además tuvo que ser conocida en nuestro país a través de la ACNUDH.
Lamentablemente en la mayoría de los casos, por esta razón, no hay agenda propia que garantice las demandas que hoy reclaman los pueblos indígenas de Venezuela, que a decir en el informe de ACNUDH, son la población más vulnerable del país y con la más critica tasa epidemiológica y otras condiciones sociales.
El gobierno nacional y sus figuras descentralizadas en las regiones indígenas, en vez respetar sus formas especificas de vida, que garanticen su subsistencia como pueblos con culturas especificas, se ha dedicado a coptarlos con fines político electorales, sin poca importancia sobre los graves daños que se está generando. No por casualidad el paternalismo estatal tiene una estrecha relación con los casos de desnutrición que padece la mayoría de las comunidades indígenas de Amazonas, por decir lo menos.
Mi Experiencia en Comunidades Indígenas de Amazonas
Desde mi modesta y muy emotiva experiencia en investigaciones de campo y documental sobre las condiciones sociales de los pueblos indígenas, de sus territorios y su situación ambiental, he corroborado en cada comunidad visitada sus realidades, que cada día se agrava más. Antes se trató de no reconocerle como indígena, como diferente; hoy se trata de negarle el combustible, el derecho a la educación propia, a sus actividades económicas tradicionales, a la salud y a la vida; todo ello vinculado a la invasión y despojo de sus tierras para actividades extractivistas de minerales, donde los propios indígenas son víctimas de esclavitud, en algunos casos forzados y, en otros, voluntariamente al cerrárseles todas las alternativas a esa actividad impuesta por grupos irregulares armados, en anuencia o sociedad con el Estado.
Frecuentemente recuerdo una de mis más duras experiencias en comunidades indígenas, que acostumbro a visitar para mantener el contacto directo con las realidades y los muchos padecimientos sociales de sus miembros. En enero de 2019, mientras visitaba la Comunidad Huöttöja “Pozo Terekay”, en el Río Ventuari del Municipio Manapiare del estado Amazonas, conversando con su Capitán Carlos Pérez y dos jóvenes maestros del sector, me informaban sobre el fallecimiento de cinco (05) personas a causa de malaria en el reciente periodo de un año. Me generó impacto saber que dos (02) de los fallecidos: Florencio Pérez de 64 años y Alberto Pérez de 41, eran padre e hijo. Más tristeza me causó el fallecimiento de tres (03) niños: dos (02) hembras y un (01) varón, el varón de 5 años era hermano de la niña de 13.
Lamentablemente este relato no se trata de un caso aislado o especial, sino una de las tantas realidades presentes en los 7 municipios del estado Amazonas, donde los impactos socioambientales de la minería y desatención gubernamental, se expresa de esta dramática forma, a través de la salud y la vida de la gente, en este caso de los más vulnerables.
Concluyo con uno de los temas de mayor importancia y empeño de mi parte como investigador de derechos indígenas, enfatizando que los indicadores de salud de los pueblos indígenas desde mi perspectiva analítica, siempre se enfocará desde una visión integral de la calidad de vida y desarrollo humano. Esto significa, que la articulación sistémica de otros indicadores, como: seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios mínimos, capacidad resolutiva de atención sanitaria, seguridad de los modelos socioproductivos autóctonos, acceso a un sistema educativo propio, entre otros, son fundamentales para aproximarnos a definir la salud como un valor y no estrictamente como la ausencia de enfermedades.
A 20 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, vale dejar que la realidad presente sea el indicador que juzgue su estado de cumplimiento, así como a los actores políticos encargados de su garantía.
[Tomado de http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/12/20-anos-los-derechos-indigenas-la-constitucion-1999.]
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