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Samark López Bello es un empresario venezolano y fugitivo de la justicia estadounidense, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como testaferro de Tareck El Aissami, ex vicepresidente venezolano, quien desde junio de 2018 dirige el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El empresario niega las acusaciones pero no la vinculación con El Aissami.
Desde 2013 comenzó a figurar públicamente por su presunta vinculación en la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios más antiguos y con mayor alcance de audiencia en Venezuela; cuya línea editorial cambió drásticamente para favorecer al gobierno. Sin embargo, su relación con el Estado a través de negocios turbios data de muchos años antes y abarca rubros como la construcción, alimentación, el sector petrolero y hasta la importación de árboles navideños.
Samark López Bello es un empresario venezolano y fugitivo de la justicia estadounidense, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como testaferro de Tareck El Aissami, ex vicepresidente venezolano, quien desde junio de 2018 dirige el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El empresario niega las acusaciones pero no la vinculación con El Aissami.
Desde 2013 comenzó a figurar públicamente por su presunta vinculación en la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios más antiguos y con mayor alcance de audiencia en Venezuela; cuya línea editorial cambió drásticamente para favorecer al gobierno. Sin embargo, su relación con el Estado a través de negocios turbios data de muchos años antes y abarca rubros como la construcción, alimentación, el sector petrolero y hasta la importación de árboles navideños.
Historia
Los nexos de Samark López Bello con el gobierno venezolano datan de al menos 10 años atrás. Entre el 2000 y el 2008, el economista trabajó como director de Planificación y Presupuesto en la gobernación del estado Mérida durante la gestión de Florencio Porras. Su contrato cesó por petición de Porras quien luego dijo que López había estado involucrado en hechos de corrupción. En esa época, López Bello inició una relación con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Luego de su salida de la gobernación, y pese a haber sido demandado en 2007 por el Banco de Venezuela por mantener una importante deuda con la entidad, López incursionó en el sector privado. En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation, C. A., Alfa One, C. A., SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológicos Industriales, C. A. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia (dirigido por El Aissami entre 2008 y 2012).
Sin embargo, fue hasta 2013 que su nombre comenzó a tomar relevancia cuando se le vinculó a la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios de comunicación más antiguos de Venezuela, y con uno de los periódicos de mayor tiraje del país. La venta de la empresa periodística fue motivo de cuestionamientos, debido a la discrecionalidad en torno a sus compradores, y el cambio de la línea editorial de sus marcas, que comenzó a favorecer al gobierno.
Su rápido crecimiento como empresario lo llevó a poseer varias empresas en Estados Unidos: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC. En Panamá estuvo al frente de Yakima Trading Corp, una compañía creada en febrero de 2002, de la que fue designado presidente en 2014. Yakima tuvo varios intercambios comerciales con el estado venezolano, incluída la venta de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas a Pdvsa Industrial. La refinadora estadounidense Citgo, filial de Pdvsa, también intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de López Bello, según denunció una exdirectora de recursos humanos de la compañía, ante un tribunal de Texas.
Una investigación del portal periodístico Armando.info lo relaciona también con la empresa Postar Intertrade Limited, que estableció contratos para la importación de árboles de navidad, en 2016, con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Posteriormente, Postar Intertrade acordaría también la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana, como parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalo a López como testaferro de El Aissami, quien estaba acusado de delitos de narcotráfico. López se defendió ante las acusaciones de la autoridad fiscal estadounidense en su blog personal, alegando que su inclusión en la lista no estaba justificada, pues él se consideraba un hombre de negocios legítimo.
Unos dos años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno estadounidense lanzó una nueva acusación contra El Aissami y López, esta vez, por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos. El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López. En la intervención se encontraron US$ 25.000 y 18.000 euros, tres vehículos todo terreno, más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.
Actividades criminales
Desde su primera incursión en la administración pública, López es vinculado con delitos de corrupción. Después de su salida de la gobernación de Mérida, el entonces gobernador, Florencio Porras, lo acusó de cobrar sobornos para delantar trabajos de infraestructura. Pero las acusaciones no impidieron que luego de ser removido por el exgobernador, incursionara en el sector privado con al menos 13 empresas nacionales e internacionales. Con ellas, consiguió asegurar importantes y turbios contratos con el Estado venezolano.
El ejemplo más evidente de este nexo quedó al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, en febrero de 2017, lo acusó de ser testaferro de Tareck El Aissami, y de estar vinculado con su red de narcotráfico, a través del lavado de dinero. El comunicado del ente norteamericano señala a López como “un líder clave para El Aissami”, que lava sus ganancias producto del tráfico de drogas con la compra de activos, y el manejo de acuerdos comerciales en su nombre.
López se defendió de las acusaciones de la justicia estadounidense, pero no negó su vínculo con El Aissami. El actual ministro de Industrias y Producción Nacional tampoco negó sus conexiones. Ambos enfrentan cargos por incumplir con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por capturar a López Bello, este todavía se mantiene prófugo.
Geografía
El emporio empresarial corrupto de Samark López Bello, conformado por 13 empresas, abarca a Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido. Está vinculado también, indirectamente, a una empresa con sede en Barbados.
López también está acusado, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser testaferro de Tareck El Aissami, con quien estaría asociado para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. El Aissami, ex vicepresidente ejecutivo de Nicolás Maduro, es acusado por la justicia estadounidense de facilitar el envío de drogas desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, con el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela.
Los nexos de Samark López Bello con el gobierno venezolano datan de al menos 10 años atrás. Entre el 2000 y el 2008, el economista trabajó como director de Planificación y Presupuesto en la gobernación del estado Mérida durante la gestión de Florencio Porras. Su contrato cesó por petición de Porras quien luego dijo que López había estado involucrado en hechos de corrupción. En esa época, López Bello inició una relación con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Luego de su salida de la gobernación, y pese a haber sido demandado en 2007 por el Banco de Venezuela por mantener una importante deuda con la entidad, López incursionó en el sector privado. En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation, C. A., Alfa One, C. A., SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológicos Industriales, C. A. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia (dirigido por El Aissami entre 2008 y 2012).
Sin embargo, fue hasta 2013 que su nombre comenzó a tomar relevancia cuando se le vinculó a la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios de comunicación más antiguos de Venezuela, y con uno de los periódicos de mayor tiraje del país. La venta de la empresa periodística fue motivo de cuestionamientos, debido a la discrecionalidad en torno a sus compradores, y el cambio de la línea editorial de sus marcas, que comenzó a favorecer al gobierno.
Su rápido crecimiento como empresario lo llevó a poseer varias empresas en Estados Unidos: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC. En Panamá estuvo al frente de Yakima Trading Corp, una compañía creada en febrero de 2002, de la que fue designado presidente en 2014. Yakima tuvo varios intercambios comerciales con el estado venezolano, incluída la venta de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas a Pdvsa Industrial. La refinadora estadounidense Citgo, filial de Pdvsa, también intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de López Bello, según denunció una exdirectora de recursos humanos de la compañía, ante un tribunal de Texas.
Una investigación del portal periodístico Armando.info lo relaciona también con la empresa Postar Intertrade Limited, que estableció contratos para la importación de árboles de navidad, en 2016, con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Posteriormente, Postar Intertrade acordaría también la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana, como parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalo a López como testaferro de El Aissami, quien estaba acusado de delitos de narcotráfico. López se defendió ante las acusaciones de la autoridad fiscal estadounidense en su blog personal, alegando que su inclusión en la lista no estaba justificada, pues él se consideraba un hombre de negocios legítimo.
Unos dos años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno estadounidense lanzó una nueva acusación contra El Aissami y López, esta vez, por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos. El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López. En la intervención se encontraron US$ 25.000 y 18.000 euros, tres vehículos todo terreno, más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.
Actividades criminales
Desde su primera incursión en la administración pública, López es vinculado con delitos de corrupción. Después de su salida de la gobernación de Mérida, el entonces gobernador, Florencio Porras, lo acusó de cobrar sobornos para delantar trabajos de infraestructura. Pero las acusaciones no impidieron que luego de ser removido por el exgobernador, incursionara en el sector privado con al menos 13 empresas nacionales e internacionales. Con ellas, consiguió asegurar importantes y turbios contratos con el Estado venezolano.
El ejemplo más evidente de este nexo quedó al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, en febrero de 2017, lo acusó de ser testaferro de Tareck El Aissami, y de estar vinculado con su red de narcotráfico, a través del lavado de dinero. El comunicado del ente norteamericano señala a López como “un líder clave para El Aissami”, que lava sus ganancias producto del tráfico de drogas con la compra de activos, y el manejo de acuerdos comerciales en su nombre.
López se defendió de las acusaciones de la justicia estadounidense, pero no negó su vínculo con El Aissami. El actual ministro de Industrias y Producción Nacional tampoco negó sus conexiones. Ambos enfrentan cargos por incumplir con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por capturar a López Bello, este todavía se mantiene prófugo.
Geografía
El emporio empresarial corrupto de Samark López Bello, conformado por 13 empresas, abarca a Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido. Está vinculado también, indirectamente, a una empresa con sede en Barbados.
López también está acusado, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser testaferro de Tareck El Aissami, con quien estaría asociado para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. El Aissami, ex vicepresidente ejecutivo de Nicolás Maduro, es acusado por la justicia estadounidense de facilitar el envío de drogas desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, con el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela.
Aliados y enemigos
Según las investigaciones, el mayor aliado de Samark López Bello es el actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami. Su sociedad ha asegurado que sus negocios, corruptos y enmarcados en la ilegalidad, hayan perdurado por años, y se hayan diversificado, abarcando rubros como la construcción, alimentación, el sector petrolero y hasta importación de árboles navideños, a través de empresas relacionadas directa o indirectamente con López. No obstante, sus actividades criminales se han visto frenadas por la justicia estadounidense, que, tras vincularlo a las redes de narcotráfico han confiscado sus bienes, congelado sus cuentas y, más recientemente, han intentado capturarlo.
Perspectivas
La divulgación del vínculo criminal entre Samark López y Tareck El Aissami es una medida importante en la inhibición de sus actividades ilegales. Las sanciones impuestas, que le impiden hacer negocios con empresas de Estados Unidos y los despojan, además, de sus bienes en este país, limitan su rango de acción. Sumado a esto, la vigilancia constante a la que está expuesto, coarta sus posibilidades de continuar ejerciendo sus negocios corruptos. La reciente alianza de República Dominicana con el país norteamericano para la búsqueda del criminal también juega un papel importante en la lucha contra sus actividades.
La inacción del Estado venezolano respecto a las comprobadas redes de narcotráfico de El Aissami, de las que López es parte, dan muestra de la complicidad de un Estado mafioso.
[Tomado de https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/samark-lopez-bello.]
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