FAES a la cabeza en la escala del terrorismo policial de la dictadura chavomadurista

Ibis León y Julett Pineda

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que investiga la muerte de 37 personas ocurridas en enero de 2019 presuntamente a manos de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.

Tres meses después de ese primer informe, que Michelle Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 20 de marzo, la Faes desplazó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como el grupo policial con más ejecuciones extrajudiciales, según registra Monitor de Víctimas, una plataforma de información independiente sobre homicidios en Caracas.

Los datos revelan que de los 210 homicidios ocurridos entre enero y marzo en Caracas, 80 fueron provocadas por la acción de la Faes, lo que representa el 38%. Mientras que a manos del Cicpc fueron 14 (7%).

La crisis carcelaria también se ha agudizado por las condiciones de hacinamiento en los calabozos policiales que fueron diseñados para ser centros de detención preventiva y se han convertido en centros de reclusión permanentes.

El pasado 24 de mayo, un motín registrado en el Centro de Coordinación Nº 2 General José Antonio Páez, en Acarigua (Portuguesa), dejó un saldo de 30 reclusos muertos. En el hecho también resultaron heridas 26 personas, de las cuales 19 fueron identificadas como funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, según el conteo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Tras los hechos registrados en la cárcel de Acarigua, el Observatorio responsabilizó a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, por “el desastre” en los centros de detención y por no permitir que lo presos sean trasladados de los calabozos policiales a los penales. Para el momento del motín, en la comandancia policial había un total de 540 presos cuando su capacidad instalada es para 300 personas.

Casas de tortura

La ONG venezolana Provea y la directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina (Casla) Tamara Suju, denunciaron la conformación de “centros de detención clandestinos” en el país. Estas “casas clandestinas” son sitios utilizados por los cuerpos de seguridad del Estado para implementar torturas y tratos crueles contra presos políticos y detenidos comunes durante períodos breves. También alertaron que estos centros se usan para recluir a víctimas de secuestros.

Provea advirtió que estas celdas se asocian a la desaparición forzada y crean una infraestructura destinada a la tortura. “Celdas clandestinas” dan a la tortura una infraestructura propia, explica Provea.

Impunidad

Una investigación realizada por la ONG Proiuris determinó que 85% de los presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado no son debidamente notificados al Ministerio Público, por lo que estos hechos quedan impunes.

En el estudio analizan procedimientos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, en los cuales se usan los eufemismos “abatido”, “neutralizado”, “dado de baja” o “caído” en las minutas policiales. En el marco de estos procedimientos, 171 personas fueron asesinadas, pero sus muertes no se registraron como homicidios, sino como casos de “resistencia a la autoridad”.

[Tomado de http://efectococuyo.com/principales/faes-desplazo-al-cicpc-como-cuerpo-policial-con-mas-ejecuciones-a-tres-meses-del-primer-informe-de-bachelet.]