Natalia Matamoros
Los miembros del Frente Miliciano Sucre, formado en 2008 por el militante del PSUV David Delgado, aseguran que son un colectivo de paz que solo quiere depurar de delincuentes al sector Casalta I de Catia, en Caracas. Sin embargo, sus acciones apuntan a otras direcciones, más bien políticas, económicas y de control social. Se instalaron en la zona para controlar el comercio, vigilar a los habitantes y evitar que estos vayan en contra del régimen que defienden.
La última muestra de ese dominio se pudo ver la mañana del 22 de mayo pasado, cuando atacaron a golpes y disparos la manifestación que los estudiantes del plantel La Presentación, de Propatria, habían organizado contra el gobierno. Ese día, el colectivo demostró que las lecciones de los movimientos que los han precedido en distintas zonas de Caracas habían sido aprendidas y puestas en marcha.
Cuando los jóvenes apenas comenzaban a concentrarse, cerca de las 10:30 am, más de 30 motorizados rodearon el centro educativo. Eran hombres y mujeres que vestían chemises y gorras de color negro con las siglas FMS. “Prepárense porque ya le vamos a apagar la candelita”, dijo uno de ellos. Lo siguiente fueron las persecuciones en contra de los protestantes, la destrucción de las pancartas que pedían el cese de la represión, las golpizas, las agresiones, los disparos al aire y el secuestro de dos alumnos a quienes trasladaron a la plaza de Propatria para teñirles el cabello de verde y pedir a sus familiares 300 mil bolívares a cambio de su vida.
Ese día no hubo policías, ni guardias que intervinieran para liberar a los muchachos. Allí, los colectivos son la ley porque tienen el poder y la anuencia del gobierno para actuar a sus anchas. Según los vecinos, tienen fusiles y hasta uniformes de la Policía Nacional Bolivariana que usan para fraguar delitos como la extorsión que aplican a los comerciantes del sector, so pena de convertirlos en víctimas de secuestro o robos. Han quemado negocios a quienes se resisten a pagarles, montan alcabalas para revisar a los que entran y salen. Nada se les escapa.
El FMS forma parte de los cientos de colectivos que operan en Caracas. Hasta ahora no se ha determinado con precisión cuántos hay, pero una investigación hecha por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el año 2015, arrojó que existen frentes y secretariados que congregan entre 70 y 100 organizaciones con una estructura bien concebida, como la de una junta de condominio o un consejo comunal con presidentes, vice presidentes y pequeños comités que distribuyen tareas.
Afianzados en el oeste
Según los cálculos de la ONG, 79% de estos grupos se concentran en el oeste de Caracas, mientras que 21% restante se ubica en el resto del área metropolitana.
La génesis de estos grupos tuvo lugar en la parroquia 23 de Enero, sector que fue el asidero de los líderes de la lucha armada de los años 60 y 70 y donde se conformaron movimientos estudiantiles de izquierda contra las políticas de Rómulo Betancourt. En aquel entonces, defendían la igualdad social y operaban desde la clandestinidad. Sus incursiones dieron paso a la formación de grupos de protesta y de corte cultural, entre ellos La Voz del Mirador, cuyos integrantes tenían formación militar y fueron adiestrados en Cuba. Sus miembros trabajaban de la mano de una agrupación llamada Las Panteras Negras, cuyo objetivo era formar jóvenes de espíritu revolucionario, a través del adoctrinamiento, bajo la mampara de la organización de actividades recreativas contra las drogas y la delincuencia.
En esos mismo años, a finales de los 70, nació el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), luego conocido como Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización de tendencia marxista-leninista –partido político desde 2004– comandada por José Pinto, a la que se relacionó con las protestas estudiantiles de la época y con acciones en contra de varias empresas. Los habitantes contaron que al colectivo lo conforman más de 100 miembros diseminados en Caracas y otras zonas del país. Adquirieron protagonismo durante en febrero de 1989, durante el Caracazo. “Ellos hicieron depuraciones de las bandas, pero a la vez acosaban a los comerciantes, los señalaban de burgueses. Mi compadre en el año de 1994, tuvo que marcharse para Barquisimeto. Los miembros de este grupo controlaban la mercancía que vendía, lo acosaban. No podía subirla de precio pese a la inflación, porque según ellos, atentaba contra los intereses del pueblo”, refirió una vecina.
El 26 de diciembre de 1985 nació el colectivo La Piedrita, comandado por Carlos Ramírez y Valentín Santana, quienes hacían utilizaban los trabajos de limpieza de calle y las campañas contra la inseguridad como excusa para que sus miembros se armaran. El vecino relató que desde su creación reclutaron a jóvenes desde los 15 años para adiestrarlos en el manejo de armas de fuego para defender proyectos y luchas sociales. Actualmente dominan el barrio homónimo en Monte Piedad, donde pintaron un mural que muestra a la Virgen de Coromoto y a Jesucristo empuñando un fusil, e incluso algunas zonas de Catia. Todos los movimientos de los habitantes de ese sector son grabados con cámaras de seguridad.
Los miembros del Frente Miliciano Sucre, formado en 2008 por el militante del PSUV David Delgado, aseguran que son un colectivo de paz que solo quiere depurar de delincuentes al sector Casalta I de Catia, en Caracas. Sin embargo, sus acciones apuntan a otras direcciones, más bien políticas, económicas y de control social. Se instalaron en la zona para controlar el comercio, vigilar a los habitantes y evitar que estos vayan en contra del régimen que defienden.
La última muestra de ese dominio se pudo ver la mañana del 22 de mayo pasado, cuando atacaron a golpes y disparos la manifestación que los estudiantes del plantel La Presentación, de Propatria, habían organizado contra el gobierno. Ese día, el colectivo demostró que las lecciones de los movimientos que los han precedido en distintas zonas de Caracas habían sido aprendidas y puestas en marcha.
Cuando los jóvenes apenas comenzaban a concentrarse, cerca de las 10:30 am, más de 30 motorizados rodearon el centro educativo. Eran hombres y mujeres que vestían chemises y gorras de color negro con las siglas FMS. “Prepárense porque ya le vamos a apagar la candelita”, dijo uno de ellos. Lo siguiente fueron las persecuciones en contra de los protestantes, la destrucción de las pancartas que pedían el cese de la represión, las golpizas, las agresiones, los disparos al aire y el secuestro de dos alumnos a quienes trasladaron a la plaza de Propatria para teñirles el cabello de verde y pedir a sus familiares 300 mil bolívares a cambio de su vida.
Ese día no hubo policías, ni guardias que intervinieran para liberar a los muchachos. Allí, los colectivos son la ley porque tienen el poder y la anuencia del gobierno para actuar a sus anchas. Según los vecinos, tienen fusiles y hasta uniformes de la Policía Nacional Bolivariana que usan para fraguar delitos como la extorsión que aplican a los comerciantes del sector, so pena de convertirlos en víctimas de secuestro o robos. Han quemado negocios a quienes se resisten a pagarles, montan alcabalas para revisar a los que entran y salen. Nada se les escapa.
El FMS forma parte de los cientos de colectivos que operan en Caracas. Hasta ahora no se ha determinado con precisión cuántos hay, pero una investigación hecha por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el año 2015, arrojó que existen frentes y secretariados que congregan entre 70 y 100 organizaciones con una estructura bien concebida, como la de una junta de condominio o un consejo comunal con presidentes, vice presidentes y pequeños comités que distribuyen tareas.
Afianzados en el oeste
Según los cálculos de la ONG, 79% de estos grupos se concentran en el oeste de Caracas, mientras que 21% restante se ubica en el resto del área metropolitana.
La génesis de estos grupos tuvo lugar en la parroquia 23 de Enero, sector que fue el asidero de los líderes de la lucha armada de los años 60 y 70 y donde se conformaron movimientos estudiantiles de izquierda contra las políticas de Rómulo Betancourt. En aquel entonces, defendían la igualdad social y operaban desde la clandestinidad. Sus incursiones dieron paso a la formación de grupos de protesta y de corte cultural, entre ellos La Voz del Mirador, cuyos integrantes tenían formación militar y fueron adiestrados en Cuba. Sus miembros trabajaban de la mano de una agrupación llamada Las Panteras Negras, cuyo objetivo era formar jóvenes de espíritu revolucionario, a través del adoctrinamiento, bajo la mampara de la organización de actividades recreativas contra las drogas y la delincuencia.
En esos mismo años, a finales de los 70, nació el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), luego conocido como Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización de tendencia marxista-leninista –partido político desde 2004– comandada por José Pinto, a la que se relacionó con las protestas estudiantiles de la época y con acciones en contra de varias empresas. Los habitantes contaron que al colectivo lo conforman más de 100 miembros diseminados en Caracas y otras zonas del país. Adquirieron protagonismo durante en febrero de 1989, durante el Caracazo. “Ellos hicieron depuraciones de las bandas, pero a la vez acosaban a los comerciantes, los señalaban de burgueses. Mi compadre en el año de 1994, tuvo que marcharse para Barquisimeto. Los miembros de este grupo controlaban la mercancía que vendía, lo acosaban. No podía subirla de precio pese a la inflación, porque según ellos, atentaba contra los intereses del pueblo”, refirió una vecina.
El 26 de diciembre de 1985 nació el colectivo La Piedrita, comandado por Carlos Ramírez y Valentín Santana, quienes hacían utilizaban los trabajos de limpieza de calle y las campañas contra la inseguridad como excusa para que sus miembros se armaran. El vecino relató que desde su creación reclutaron a jóvenes desde los 15 años para adiestrarlos en el manejo de armas de fuego para defender proyectos y luchas sociales. Actualmente dominan el barrio homónimo en Monte Piedad, donde pintaron un mural que muestra a la Virgen de Coromoto y a Jesucristo empuñando un fusil, e incluso algunas zonas de Catia. Todos los movimientos de los habitantes de ese sector son grabados con cámaras de seguridad.
Nada se hace sin su autorización
Bajo la figura de asociaciones civiles que autogestionaban recursos para la construcción de obras y promovían las actividades folclóricas, nacieron en 1993 las agrupaciones Carapaica y la Coordinadora Cultural Simón Bolívar. Sin embargo, en la era Chávez Frías, estas organizaciones se consolidaron no solo en el 23 de Enero, donde hay más de 60 grupos, sino también en otras parroquias de Caracas y algunas regiones del país. Sus miembros trabajan en función de la defensa de un proyecto político. Según Marcos Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los proyectos y las luchas en función del bien común pasaron a un segundo plano. Sus funciones se centran en controlar y conquistar otros espacios (comunidades, escuelas, hospitales y comercios), bajo la intimidación. “Aunque todavía existen colectivos de corte social, sus acciones son una cortina de humo para que los que están armados operen a su albedrío”.
En Caracas, los grupos colectivos funcionan bajo la figura jurídica de fundaciones y asociaciones civiles que en el año 2000 arroparon a los Círculos Bolivarianos, que en esa época contaban con 2.3 millones de miembros activos. “Ellos constituyeron un solo frente y reciben financiamiento a través del Ministerio de las Comunas como organizaciones civiles de seguridad y defensa. A ellos también los dotan de armamento bélico”, expuso Ponce.
Cabida a exfuncionarios policiales
A raíz de la eliminación de la Policía Metropolitana, luego de los acontecimientos del 11 de abril de 2002, varios funcionarios que tenían antecedentes fueron incorporándose a esas agrupaciones. Allí vieron una oportunidad para continuar con sus actividades ilícitas. “Hay colectivos como Tres Raíces (23 de Enero), el Frente Francisco de Miranda (Catia) y Alexis Vive (23 de Enero), que captaron a esos agentes y a otros egresados de megabandas para sus negocios turbios, imponer sus normas de convivencia dentro de las comunidades y defender la frase que tanto cacareaba Chávez en sus discursos: la gestación de una revolución pacífica, pero armada”, indica el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado.
Hasta ahora el colectivo más poderoso en armamento es Tres Raíces. Cuenta con 180 miembros y se escuda detrás de una fundación que también tiene una textilera que da empleo a los habitantes de la Zona F del 23 de Enero. Tienen una estación de radio, donde solo se habla del fallecido ex presidente Hugo Chávez y de sus labores sociales. Poseen una lista de los beneficiados del Clap, vigilan la comunidad y manejan varios comercios. Controlan lo que venden, sus horarios, cobran vacuna y secuestran y, según algunos residentes, han asesinado a las bandas que han pretendido irrumpir en su zona. El año pasado, cinco de sus miembros fueron detenidos por Policaracas por haber participado en el plagio de un comerciante nigeriano y, en respuesta al arresto, sus miembros trancaron los accesos al 23 de Enero para exigir su liberación. Los responsables fueron puestos en libertad y el entonces director de Policaracas, Eduardo Serrano, fue destituido por atreverse a atacarlos.
Según José Amado (nombre ficticio para proteger su identidad), dirigente vecinal de Catia, los miembros del Frente Francisco de Miranda –que superan las 70 personas con edades comprendidas entre 17 y 45 años– se reúnen hasta tres veces a la semana en su centro de operaciones, la sede del antigua economato militar de la avenida Sucre de Catia. Usan de fachada una empresa empaquetadora de alimentos, pero sus espacios son utilizados para prácticas militares, planificación fechorías y sala situacional. Quiénes se han atrevido a retarlos, no pueden pasar por esa sede. Están sentenciados.
A Amado le prohibieron circular por esa zona, no solo porque está identificado con la oposición en la comunidad, sino también porque en 2003 lo golpearon y lo amenazaron con matarlo por criticar al gobierno. Cuenta que la mañana del 3 de mayo de ese año, salió a hacer un recorrido con un periodista para mostrarle 11 obras que no habían sido concluidas por la Alcaldía de Libertador. Mientras le indicaba al reportero una pantalla atirantada que fue instalada a medias, escuchó unas detonaciones. Cuando volteó para saber la procedencia de los disparos, vio que fueron accionados por un miembro de ese colectivo. Este se le acercó y lo golpeó en la cara. “Quién te crees tú para hablar mal del gobierno. La próxima vez te detono, estás advertido”, le dijo, y luego se aproximó al reportero para amenazarlo: “si sale algo de esto en la prensa, voy por ti. Sé quién eres y dónde trabajas”.
Al igual que Amado, decenas de vecinos le temen al Frente Francisco de Miranda y a otras agrupaciones que han establecido alianzas con esa organización. Suman más de 17 que, a juicio de Amado, se creen dueñas de Catia. Entre ellas están el Frente Defensa Simón Bolívar, Frente Miliciano Sucre, Andrés Eloy Blanco, Emilio Vásquez, Waraira Repano, Sucre 4 y Patriota Vive. “Sus integrantes se dividen los territorios. Cada uno controla una zona. No admiten injerencia de otros grupos, son celosos”, comentó el dirigente.
Invasiones promueven asentamientos en el centro
En 2003 estos grupos amparados por el entonces alcalde Freddy Bernal, crearon células en el centro de Caracas. De acuerdo con el coordinador de la Asociación Civil, Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, las invasiones registradas en varios edificios de la parroquia Candelaria atrajeron delincuentes. La mayoría de los ocupantes son personas con antecedentes penales que formaron colectivos y que, cubiertos bajo el manto de la impunidad, expropian terrenos, extorsionan comerciantes y cometen homicidios. De allí surgió Luchadores de Mi Patria y el Frente Socialista Los Precursores. Años más tarde, nació Escudo de la Revolución y el Frente 5 de Marzo que se ramificó hacia Cotiza, La Pastora, La Yaguara y Catia. Su eje de acción abarcó además los estados Zulia, Vargas y Miranda. Algunos de sus miembros son ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana.
El Frente 5 de Marzo demostró su poder en octubre de 2014, luego de que sus integrantes se enfrentaran contra detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas durante un allanamiento en el Edificio Manfredir de la avenida Baralt. Ellos habían sido acusados por la policía científica de pertenecer a una banda de extorsionadores. Según los vecinos de Quinta Crespo, cobraban vacuna a los comerciantes. Durante el procedimiento murió José Odreman y el líder del Colectivo Escudo de la Revolución, Carmelo Chávez. Las relaciones entre estos grupos con los cuerpos de seguridad se tornaron tensas. Los líderes de estas organizaciones paramilitares exigieron la salida del entonces ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. La exigencia fue acatada y, dos semanas después de lo ocurrido en Manfredir, Torres fue destituido. “Con ello quedó demostrado que el gobierno está a merced de estas agrupaciones. Ellos son la autoridad, son los que mandan. No hay fuerza de seguridad que los aplaque”, sentenció el sociólogo Luis Cedeño.
Luego de ese episodio las operaciones del Frente 5 de Marzo continuaron. Además del cobro de vacuna, también dominan el hospital Vargas. Un médico de esa institución cuenta que dos de sus miembros van tres veces a la semana a la sede del centro de salud con la excusa de supervisar las labores de vigilancia de los milicianos. “Van más allá, controlan los insumos y los medicamentos que llegan, sabotean las reuniones que se organizan los sindicatos para buscar mejoras y acosan al personal que no comulga con la revolución”, denunció.
En El Valle controlan obras
En la parroquia El Valle los vecinos afirmaron que en cada sector fue constituido un colectivo para enfrentar las bandas. Sus miembros han ampliado su espectro al control de las construcciones. Por ejemplo, un habitante de la zona reseñó que el grupo Nueva Era actúa como una especie de sindicato, decide a quiénes se van a entregar los contratos para las obras, quienes serán los miembros las cooperativas de mototaxi que prestan servicio en la zona, y cómo se distribuyen los Clap en la avenida Longaray.
En el barrio El 70 y Zamora, así como en Cerro Grande de El Valle, también ejerce influencia el colectivo Divino Niño. Sus miembros suman más de 20 y se les han adjudicado varios homicidios. Ellos controlan hasta las panaderías. Relató una vecina que el pasado mes de abril del año en curso, mientras hacía la cola para comprar pan a las 7:30am y tres de sus miembros llegaron con chaquetas negras. Se bajaron de sus motos y exhibieron sus armas largas para asustar a los compradores. Uno de ellos dijo: “vamos a repartir solo 50 números y se venderán únicamente tres canillas por persona”. El resto de la producción fue distribuida entre ellos. Nadie se quejó, los fusiles censuraron a los vecinos que habían madrugado para comprar. “Así pasa con todo, debemos quedarnos callados y aguantar los abusos”, refirió la mujer.
En el Este manejan la venta de comida
Aunque con menor fuerza, los colectivos han ido incursionando en el municipio Sucre, de forma conjunta con las UBCH. Por ejemplo, en La Urbina y El Marqués, el Colectivo Sombra ha ido ganando terreno desde el año 2016, cuando se agudizó el problema de abastecimiento. La mayoría de sus integrantes provienen de los sectores 5 y 24 de Julio de Petare. Según una habitante de La Urbina, usan franelas y bolsos terciados y desde temprano toman los supermercados. Son los que ordenan las colas para la compra de comida, reparten los números y hasta hacen trabajos de orden público, cuando se forman motines porque alguno se colea. Cargan bolsos terciados, donde guardan sus pistolas y amenazan a quienes los enfrentan. Ellos son los primeros que tienen derecho a comprar para luego vender los productos básicos a precio de bachaquero en los barrios de Petare. Nadie los controla y los gerentes de los establecimientos no pueden hacer nada porque están armados.
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, las actuaciones de estos grupos al margen de la ley fueron denunciadas en el año 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hubo pronunciamiento. Este año, a través de un comunicado, San Miguel instó al Ministerio Público a que se investiguen para desarticular su accionar delictivo. A finales de mayo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, anunció que se mantienen abiertas 165 averiguaciones contra grupos civiles armados. Aún no ha habido imputaciones y, mientras, continúan sus operaciones sin freno.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado.]
Bajo la figura de asociaciones civiles que autogestionaban recursos para la construcción de obras y promovían las actividades folclóricas, nacieron en 1993 las agrupaciones Carapaica y la Coordinadora Cultural Simón Bolívar. Sin embargo, en la era Chávez Frías, estas organizaciones se consolidaron no solo en el 23 de Enero, donde hay más de 60 grupos, sino también en otras parroquias de Caracas y algunas regiones del país. Sus miembros trabajan en función de la defensa de un proyecto político. Según Marcos Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los proyectos y las luchas en función del bien común pasaron a un segundo plano. Sus funciones se centran en controlar y conquistar otros espacios (comunidades, escuelas, hospitales y comercios), bajo la intimidación. “Aunque todavía existen colectivos de corte social, sus acciones son una cortina de humo para que los que están armados operen a su albedrío”.
En Caracas, los grupos colectivos funcionan bajo la figura jurídica de fundaciones y asociaciones civiles que en el año 2000 arroparon a los Círculos Bolivarianos, que en esa época contaban con 2.3 millones de miembros activos. “Ellos constituyeron un solo frente y reciben financiamiento a través del Ministerio de las Comunas como organizaciones civiles de seguridad y defensa. A ellos también los dotan de armamento bélico”, expuso Ponce.
Cabida a exfuncionarios policiales
A raíz de la eliminación de la Policía Metropolitana, luego de los acontecimientos del 11 de abril de 2002, varios funcionarios que tenían antecedentes fueron incorporándose a esas agrupaciones. Allí vieron una oportunidad para continuar con sus actividades ilícitas. “Hay colectivos como Tres Raíces (23 de Enero), el Frente Francisco de Miranda (Catia) y Alexis Vive (23 de Enero), que captaron a esos agentes y a otros egresados de megabandas para sus negocios turbios, imponer sus normas de convivencia dentro de las comunidades y defender la frase que tanto cacareaba Chávez en sus discursos: la gestación de una revolución pacífica, pero armada”, indica el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado.
Hasta ahora el colectivo más poderoso en armamento es Tres Raíces. Cuenta con 180 miembros y se escuda detrás de una fundación que también tiene una textilera que da empleo a los habitantes de la Zona F del 23 de Enero. Tienen una estación de radio, donde solo se habla del fallecido ex presidente Hugo Chávez y de sus labores sociales. Poseen una lista de los beneficiados del Clap, vigilan la comunidad y manejan varios comercios. Controlan lo que venden, sus horarios, cobran vacuna y secuestran y, según algunos residentes, han asesinado a las bandas que han pretendido irrumpir en su zona. El año pasado, cinco de sus miembros fueron detenidos por Policaracas por haber participado en el plagio de un comerciante nigeriano y, en respuesta al arresto, sus miembros trancaron los accesos al 23 de Enero para exigir su liberación. Los responsables fueron puestos en libertad y el entonces director de Policaracas, Eduardo Serrano, fue destituido por atreverse a atacarlos.
Según José Amado (nombre ficticio para proteger su identidad), dirigente vecinal de Catia, los miembros del Frente Francisco de Miranda –que superan las 70 personas con edades comprendidas entre 17 y 45 años– se reúnen hasta tres veces a la semana en su centro de operaciones, la sede del antigua economato militar de la avenida Sucre de Catia. Usan de fachada una empresa empaquetadora de alimentos, pero sus espacios son utilizados para prácticas militares, planificación fechorías y sala situacional. Quiénes se han atrevido a retarlos, no pueden pasar por esa sede. Están sentenciados.
A Amado le prohibieron circular por esa zona, no solo porque está identificado con la oposición en la comunidad, sino también porque en 2003 lo golpearon y lo amenazaron con matarlo por criticar al gobierno. Cuenta que la mañana del 3 de mayo de ese año, salió a hacer un recorrido con un periodista para mostrarle 11 obras que no habían sido concluidas por la Alcaldía de Libertador. Mientras le indicaba al reportero una pantalla atirantada que fue instalada a medias, escuchó unas detonaciones. Cuando volteó para saber la procedencia de los disparos, vio que fueron accionados por un miembro de ese colectivo. Este se le acercó y lo golpeó en la cara. “Quién te crees tú para hablar mal del gobierno. La próxima vez te detono, estás advertido”, le dijo, y luego se aproximó al reportero para amenazarlo: “si sale algo de esto en la prensa, voy por ti. Sé quién eres y dónde trabajas”.
Al igual que Amado, decenas de vecinos le temen al Frente Francisco de Miranda y a otras agrupaciones que han establecido alianzas con esa organización. Suman más de 17 que, a juicio de Amado, se creen dueñas de Catia. Entre ellas están el Frente Defensa Simón Bolívar, Frente Miliciano Sucre, Andrés Eloy Blanco, Emilio Vásquez, Waraira Repano, Sucre 4 y Patriota Vive. “Sus integrantes se dividen los territorios. Cada uno controla una zona. No admiten injerencia de otros grupos, son celosos”, comentó el dirigente.
Invasiones promueven asentamientos en el centro
En 2003 estos grupos amparados por el entonces alcalde Freddy Bernal, crearon células en el centro de Caracas. De acuerdo con el coordinador de la Asociación Civil, Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, las invasiones registradas en varios edificios de la parroquia Candelaria atrajeron delincuentes. La mayoría de los ocupantes son personas con antecedentes penales que formaron colectivos y que, cubiertos bajo el manto de la impunidad, expropian terrenos, extorsionan comerciantes y cometen homicidios. De allí surgió Luchadores de Mi Patria y el Frente Socialista Los Precursores. Años más tarde, nació Escudo de la Revolución y el Frente 5 de Marzo que se ramificó hacia Cotiza, La Pastora, La Yaguara y Catia. Su eje de acción abarcó además los estados Zulia, Vargas y Miranda. Algunos de sus miembros son ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana.
El Frente 5 de Marzo demostró su poder en octubre de 2014, luego de que sus integrantes se enfrentaran contra detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas durante un allanamiento en el Edificio Manfredir de la avenida Baralt. Ellos habían sido acusados por la policía científica de pertenecer a una banda de extorsionadores. Según los vecinos de Quinta Crespo, cobraban vacuna a los comerciantes. Durante el procedimiento murió José Odreman y el líder del Colectivo Escudo de la Revolución, Carmelo Chávez. Las relaciones entre estos grupos con los cuerpos de seguridad se tornaron tensas. Los líderes de estas organizaciones paramilitares exigieron la salida del entonces ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. La exigencia fue acatada y, dos semanas después de lo ocurrido en Manfredir, Torres fue destituido. “Con ello quedó demostrado que el gobierno está a merced de estas agrupaciones. Ellos son la autoridad, son los que mandan. No hay fuerza de seguridad que los aplaque”, sentenció el sociólogo Luis Cedeño.
Luego de ese episodio las operaciones del Frente 5 de Marzo continuaron. Además del cobro de vacuna, también dominan el hospital Vargas. Un médico de esa institución cuenta que dos de sus miembros van tres veces a la semana a la sede del centro de salud con la excusa de supervisar las labores de vigilancia de los milicianos. “Van más allá, controlan los insumos y los medicamentos que llegan, sabotean las reuniones que se organizan los sindicatos para buscar mejoras y acosan al personal que no comulga con la revolución”, denunció.
En El Valle controlan obras
En la parroquia El Valle los vecinos afirmaron que en cada sector fue constituido un colectivo para enfrentar las bandas. Sus miembros han ampliado su espectro al control de las construcciones. Por ejemplo, un habitante de la zona reseñó que el grupo Nueva Era actúa como una especie de sindicato, decide a quiénes se van a entregar los contratos para las obras, quienes serán los miembros las cooperativas de mototaxi que prestan servicio en la zona, y cómo se distribuyen los Clap en la avenida Longaray.
En el barrio El 70 y Zamora, así como en Cerro Grande de El Valle, también ejerce influencia el colectivo Divino Niño. Sus miembros suman más de 20 y se les han adjudicado varios homicidios. Ellos controlan hasta las panaderías. Relató una vecina que el pasado mes de abril del año en curso, mientras hacía la cola para comprar pan a las 7:30am y tres de sus miembros llegaron con chaquetas negras. Se bajaron de sus motos y exhibieron sus armas largas para asustar a los compradores. Uno de ellos dijo: “vamos a repartir solo 50 números y se venderán únicamente tres canillas por persona”. El resto de la producción fue distribuida entre ellos. Nadie se quejó, los fusiles censuraron a los vecinos que habían madrugado para comprar. “Así pasa con todo, debemos quedarnos callados y aguantar los abusos”, refirió la mujer.
En el Este manejan la venta de comida
Aunque con menor fuerza, los colectivos han ido incursionando en el municipio Sucre, de forma conjunta con las UBCH. Por ejemplo, en La Urbina y El Marqués, el Colectivo Sombra ha ido ganando terreno desde el año 2016, cuando se agudizó el problema de abastecimiento. La mayoría de sus integrantes provienen de los sectores 5 y 24 de Julio de Petare. Según una habitante de La Urbina, usan franelas y bolsos terciados y desde temprano toman los supermercados. Son los que ordenan las colas para la compra de comida, reparten los números y hasta hacen trabajos de orden público, cuando se forman motines porque alguno se colea. Cargan bolsos terciados, donde guardan sus pistolas y amenazan a quienes los enfrentan. Ellos son los primeros que tienen derecho a comprar para luego vender los productos básicos a precio de bachaquero en los barrios de Petare. Nadie los controla y los gerentes de los establecimientos no pueden hacer nada porque están armados.
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, las actuaciones de estos grupos al margen de la ley fueron denunciadas en el año 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hubo pronunciamiento. Este año, a través de un comunicado, San Miguel instó al Ministerio Público a que se investiguen para desarticular su accionar delictivo. A finales de mayo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, anunció que se mantienen abiertas 165 averiguaciones contra grupos civiles armados. Aún no ha habido imputaciones y, mientras, continúan sus operaciones sin freno.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado.]
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