La militarización de la gestión ambiental de los extractivismos sudamericanos

Eduardo Gudynas

En América del Sur está en marcha un lento aunque persistente avance de la militarización de la gestión ambiental y territorial. El nuevo empuje que está afectando a varios países se debe sobre todo a los intereses en controlar los extractivismos, y entre ellos en especial la minería de oro.

Américas | En este artículo se repasan los hechos más recientes que ocurren sobre todo en Colombia, Brasil y Venezuela, y se los complementa con observaciones para otros países. Se hace evidente que en esto participan tanto gobiernos conservadores como progresistas, y la disputa esencial no se encuentra tanto en evitar los impactos ambientales y sociales, como en controlar los excedentes económicos.

Colombia: gestión ambiental como política de seguridad

En estos días, Colombia ofrece el ejemplo más relevante. Allí, el actual presidente, Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su gestión, con la novedad de incluir la gestión ambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad y agua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberanía territorial.

Como consecuencia se militariza la gestión ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por militares y policías, que podrá coordinar con fiscales y autoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales deberán ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Desde esta mirada basada en la “seguridad”, la naturaleza es presentada como un “activo”. Este no es un concepto neutro, ya que proviene del ámbito empresarial y fortalece una fragmentación de la naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. Se proponen instrumentos de ordenamiento territorial a gran escala, las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duración (5 años), y que servirían para transitar hacia las explotaciones “legales” de los recursos naturales.

El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotación ilegal de recursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situación que no deja de impresionar: en ese país el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Además, el 44% de los municipios del país hacen alguna minería ilegal sea en oro como en carbón u otros productos.

Esta situación se repite en varios países sudamericanos, especialmente Bolivia y Perú, donde se está expandiendo vertiginosamente la minería de oro aluvial al pie de sierras o en selvas tropicales. Es una actividad de muy alto impacto ambiental (especialmente por deforestación y contaminación con mercurio) pero inmersa en negativos efectos sociales (desde el tráfico de niñas y adolescentes hasta el comercio ilegal de insumos y minerales) (2). De alguna manera, Colombia muestra un estado todavía más avanzado de esta problemática, donde la minería ilegal se volvió tan generalizada que dejó en la marginalidad a las prácticas formales legales.

De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de minería, sino que desea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estado determine cuáles empresas y bajo cuáles condiciones explotarán, por ejemplo, el oro, y en poder obtener una parte de los excedentes económicos que eso produce.

Venezuela: una zona minera militar

Otro ejemplo extremo se encuentra en Venezuela, donde Nicolás Maduro se volcó a liberalizar la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno más de sus intentos desesperados por superar la crisis del país (3). Es una zona de más de 100 mil km2, con yacimientos de oro, diamantes y coltán entre otros minerales. Allí creó una “Zona Económica Militar”, donde las fuerzas armadas están encargadas de controlar y encaminar la explotación minera.

En los hechos en la región se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participación de los militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucción ambiental y la violencia. Los grupos locales denuncian que se violan sus derechos, aumenta la deforestación y otros impactos ambientales, y que la minería de oro se está diseminando más allá de esa zona hacia otros territorios amazónicos (3).

Brasil: el empuje militarista de Bolsonaro

En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está dando los primeros pasos hacia una mayor presencia militar en el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muy distintos componentes con ciertas dosis de fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalización en el porte de armas y considerar como “terrorismo” las ocupaciones de tierras rurales, hay días que reclama que los indígenas deben ser “soldados” pero en otros días postula convertirlos en “empresarios” en el uso de sus territorios, y más frecuentemente, los margina como obstáculos al progreso.

Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especial cuestionó la iniciativa del “corredor AAA” (o triple A), que agrupa áreas protegidas y territorios indígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte amazónico) y Ecuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas (4). Bolsonaro la critica también por considerar que esto opera en forma análoga a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En todo esto no está solo, ya que hay mandos militares que le apoyan (5).

Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programa militar de la “Caja Norte” del Amazonas, que incluye todos los territorios brasileños al norte del río Amazonas a lo largo de aproximadamente 6,500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el propósito de asegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estratégicas, y estaba en manos del Ministerio de Defensa.

Militarización en otros países sudamericanos

Entre los demás países, se debe comenzar por destacar la situación en Perú, donde regularmente se lanzan intervenciones policiales o militares para lidiar con la protesta ciudadana. El mecanismo al cual acude el gobierno es la declaración del estado de emergencia, y el más reciente ocurrió el 15 de febrero de 2019 en las zonas de minería de oro en la zona de amortiguamiento de una reserva en la Amazonia del sur del país. Se ha indicado que allí la minería ilegal de oro ha desencadenado la deforestación de 11 mil hectáreas de selva. En estas operaciones participan 1,272 agentes de policía, 300 miembros de las fuerzas armadas, peritos en explosivos, y 70 delegados de la fiscalía, con actuación por tierra, en los ríos y por aire, y que estarán allí por unos dos años (6). Esto deja en claro la enorme escala de estas intervenciones.

Acciones policiales y a veces militares ocurren en varios otros países. Se las han reportado por ejemplo en Argentina en especial en controlar los campos de fracking del sur del país, en Bolivia donde han dado protección al ingreso de empresas petroleras a territorios indígenas, en Chile con el despliegue de la policía militarizada en las zonas mapuches del sur del país o en reprimir a los grupos locales que resisten el llamado “robo” del agua, o en Ecuador, donde han asegurado la protección de nuevos emprendimientos mineros.

En varios de estos casos, la policía o los militares brindan funciones de seguridad o protección a las empresas y sus infraestructuras. Desde este flanco, el caso extremo es Perú donde se formalizó que las empresas mineras y petroleras contratan directamente a la policía para que le brinde servicios de “protección” y de “neutralización” de amenazas. En ese país han tenido lugar 138 acuerdos de “prestación de servicios policiales extraordinarios” entre 1995 y 2018 (29 de esos convenios continúan vigentes) (7).

En algunos otros casos además han actuado agentes que han espiado a los líderes locales, como ocurrió con el proyecto X de la Gendarmería de Argentina o más recientemente con el espionaje a las autoridades de la iglesia en Brasil por sus apoyos a los reclamos que nacen desde la Amazonia.

Tendencias emergentes

Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre los extractivismos. La primera es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva, y por ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX, aunque en aquella época estaba enfocada en asegurar una presencia territorial en una Amazonia que muchos consideraban un “desierto” verde. Pero en la actualidad se está acentuando y es más evidente en varios países.

Esto [la militarización] discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas… Esto indica que enfrentamos ante una problemática más profunda que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la naturaleza.

El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. No deja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Más allá de las retóricas y de la participación del Estado, se repiten los extractivismos, con todos sus impactos. Esto indica que enfrentamos una problemática más profunda que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la naturaleza.

Un tercer asunto es que la disputa no está realmente centrada en cómo proteger la naturaleza, sino en cómo regular la minería para controlarla y obtener parte de sus excedentes económicos. Por ejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como árbitros y organizadores de la minería de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan del ambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la naturaleza como pueden ser aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos, históricos.

En cuarto lugar, se legitima a militares y policías como actores en la gestión ambiental. Este es un cambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia pueden desembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de áreas protegidas y territorios indígenas. La comunidad de ecólogos, biólogos y otros científicos queda una vez más relegada. A su vez, la excusa de la seguridad sirve para anular los procedimientos de información y participación ciudadana.

Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarización puede tener muchos apoyos locales, especialmente allí donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Sin duda habrá muchos que celebrarán la llegada de los soldados y policías. Pero el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones termina alimentando más violencia, y es precisamente Colombia la que ofrece muchos ejemplos de ello. Las comunidades locales, especialmente campesinos e indígenas, quedan atrapadas entre los militares y policías por un lado, y los grupos ilegales y criminales por el otro.

Como sexto punto, la diseminación de esta lógica de la seguridad obliga a considerar posibles tensiones entre países. Es posible que esto esté comenzando a ocurrir en las regiones Amazónicas del norte. En efecto, allí la propuesta de corredor biológico AAA, afecta al Arco Minero del Orinoco dentro de Venezuela y además se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasileña.

Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrá detener los impactos sociales y ambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio del mercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un policía en cada río amazónico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podrían ser aprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que más lo necesitan.

Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hoy se observa en Colombia y otros países vecinos, parece apuntar a que la tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.

Notas

(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Departamento Nacional de Planeación, Bobotá, 2019.

(2) Las rutas del oro ilegal: estudios de caso en cinco países amazónicos, Sociedad Peruana Derecho Ambiental, Lima, 2015, en: https://spda.org.pe/wpfb-file/larutadeloro-completo-final-doblecara-pdf/

(3) Ver, por ejemplo, Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, M. Vitti, en Revista SIC, 27 junio 2018, http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/
- Explotación, deforestación y muerte en el Arco Minero de Venezuela, Mongabay Latam, 14 febrero 2018, en: https://es.mongabay.com/2018/02/arco-minero-de-venezuela/
 

(4) Triplo A: o controverso corredor ecológico que ligaria os Andes ao Atlântico, F. Ortíz, 23 octubre 2017, (o)eco, https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico/

(5) El que fuera comandante en jefe del ejército, Eduardo Villas Boas, en su cuenta de twitter califica al corredor como una “cuestión de soberanía” reclamando analizar los “riesgos”. Este general antes dirigió el comando militar de la Amazonia – https://twitter.com/Gen_VillasBoas/status/1042435900448354304

Jair Bolsonaro, en 2015, en su Facebook, lo calificaba como “nueva amenaza a la soberanía brasileña en la Amazonia”, realizada con el “pretexto” de enfrentar el cambio climático, y que siguiendo el ejemplo de la “autodeterminación de los pueblos indígenas” terminaría en una “amputación” territorial. https://www.facebook.com/pg/jairmessias.bolsonaro

(6) Madre de Dios: inician megaoperativo contra minería ilegal, CooperAcción, Lima, 19 febrero 2019, http://cooperaccion.org.pe/madre-de-dios-inician-megaoperativo-contra-mineria-ilegal/

(7) ER, IDL y CDDHH. 2019. Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. EarthRights Internacional (ER), Instituto de Defensa Legal (IDL) y Coordinadora de Derechos Humanos (CDDHH), Lima.

[Tomado de http://laguarura.info/2019/03/la-militarizacion-de-la-gestion-ambiental-de-los-extractivismos-sudamericanos.]