Red Sindical Internacional de
Solidaridad y Luchas
El
18 de abril del 2018 marcó el
inicio de la crisis política en Nicaragua. Hoy, el régimen
autoritario de Ortega-Murillo, que no respeta los derechos humanos
del pueblo nicaragüense, sigue
en el poder. Los resultados de la represión llevada a cabo
por el gobierno nicaragüense son
cientos de víctimas. Según el
reporte publicado el 21 de diciembre del 2018 por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), grupo encargado de investigar los
acontecimientos sucedidos en Nicaragua, los
hechos violentos ocurridos dejaron más
de 350 muertes, más de 1400
heridos y casi 700 detenidos
[1]. Este reporte revela que la aplicación de la estrategia
represiva y asesina utilizada por
el gobierno nicaragüense ha
llevado a que cometa y siga cometiendo
crímenes de lesa humanidad [2].
Si
bien la crisis política comenzó
el pasado abril, las
reivindicaciones de diferentes sectores de la población
nicaragüense en contra del gobierno de Ortega y Murillo comenzaron antes. En 2012 el proyecto
de construir un canal
interoceánico con fondos
privados chinos, cuya concesión estaba establecida
a 50 años, más 50 años prolongables, llevó a una parte del campesinado
nicaragüense a organizarse y a
crear el Movimiento Campesino de Nicaragua –
Consejo Nacional en Defensa de nuestra
Tierra, Lago y Soberanía. De la misma manera, el movimiento feminista se
levantó en contra de Ortega
desde el inicio de su mandato a raíz de la prohibición del aborto terapéutico.
Diversos movimientos
ecologistas se alzaron también
en contra de los grandes proyectos (intensificación de la extracción minera) y en contra de la tala y quema de árboles en
varias reservas naturales del país.
En 2013, los
pensionados y estudiantes también quisieron mostrar su descontento en varias
ocasiones a causa de la primera reforma
al sistema de seguridad social. Si bien estos
sectores manifestaban por causas
diferentes, la respuesta del Gobierno de Ortega
fue la misma: represión. Las caravanas campesinas dirigidas hacia Managua nunca
lograron llegar a causa de los bloqueos policiales. Los estudiantes
y pensionados que manifestaron
en 2013 contra la reforma a la seguridad social
fueron atacados violentamente.
A inicios de abril 2018 el
gobierno impidió a estudiantes
manifestar en contra de la
actitud injerencista de este
con respecto al incendio a la Reserva Indio Maíz en el sureste del país. Frente al aumento del uso de la
violencia por parte del gobierno, los diversos sectoressociales
se unieron para constituir un
bloque en contra de Ortega y su política
represiva. Desde entonces la represión ha aumentado y ha
tomado varias formas.
Desde
el 18 de abril, el gobierno
nicaragüense ha desarrollado diferentes etapas
o facetas de represión.
La primera fase va de abril a julio del 2018. Esta fue la
más asesina y se caracterizó por el uso
desmesurado de la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas. La policía y grupos paramilitares, entrenados y guiados por la Policía Nacional, recibieron
la orden de disparar sobre los manifestantes,
las personas heridas no tenían
acceso a atención médica en los
hospitales ya que existía una
orden del gobierno de no
atenderlos, y los ciudadanos que querían apoyar
a los manifestantes eran
amenazados. El auge de la
violencia ocurrió en mayo, junio y julio. Un ejemplo emblemático
fue el ataque a la “Madre de
todas las marchas” del 30 de
mayo, Día de la madre. Ese día,
los nicaragüenses decidieron marchar en apoyo a las
madres de las personas asesinadas por el gobierno.
Este ataque provocó más de 15 muertes. Otro evento fue el
ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua donde estudiantes
atrincherados tuvieron que refugiarse en una iglesia
bajo el ataque de paramilitares. Durante este asalto
la población se movilizó para brindar apoyo
a los estudiantes pero toda la ayuda fue imposibilitada por la policía que esta
estableció un perímetro
de “seguridad” que era imposible atravesar. Varias
organizaciones que se encargaron de realizar
investigaciones sobre estos eventos confirmaron que los tiros de la policía y
de los paramilitares estaban
destinados a matar ya que las
partes del cuerpo a las cuales estas fuerzas disparaban
eran el cuello, el torso y la cabeza. El
nombre del segundo reporte que Amnistía Internacional
publicó sobre la situación de Nicaragua se llama justamente “Shoot to Kill”.
[3]
En
julio, cuando el país se encontraba en un estado de crisis, tuvo lugar la segunda etapa de la represión.
La mayoría de las carreteras y calles fueron
bloqueadas por tranques o barricadas construidas
por los manifestantes con el fin de protegerlos de la policía y de los
paramilitares. A finales de
este mismo mes el gobierno se da la tarea de imponer un “regreso a la normalidad” a través de la “Operación Limpieza”. Esta operación
fue una serie de ataques
armados en contra de las personas
que pedían la renuncia de Daniel Ortega y
de su gobierno. La operación
conducida en la región de Carazo
dejó alrededor de 38 muertos en un día. Durante este periodo el
gobierno adoptó una actitud de
cacería en la cual fueron amenazados los opositores
al gobierno y sus familias. Esta cacería
obligó a muchas personas a exiliarse en otros países como clandestinos. Desde
el inicio de la crisis más de
30 000 personas han cruzado la frontera sur del país para refugiarse en Costa Rica.
La
tercera etapa de la represión estuvo
marcada por la criminalización de las acciones y movilizaciones
realizadas por la ciudadanía. Durante esta fase los ataques violentos
disminuyeron pero empezó otro
tipo de represión. El gobierno promulgó una ley antiterrorista, que
fue seguida por la prohibición de manifestar. La policía y los
paramilitares empezaron a ocupar los lugares públicos con el objetivo de evitar toda expresión
individual o colectiva en contra del gobierno. Desde entonces todas las personas que manifiestan son
detenidas y acusadas de terrorismo
o cualquier otro crimen inventado.
Es importante recalcar que este proceso judicial no respeta los derechos
humanos fundamentales, ya que se trata de detenciones violentas y las personas son llevadas al centro de detención
“El Chipote”, donde los detenidos sufren interrogatorios
violentos y torturas. Los familiares de
los detenidos tienen poca o nada de información sobre los arrestos y las
visitas son raramente permitidas.
Cuando lo son los familiares
denuncian diversos tipos de violencia injustificada: violaciones,
tortura, condiciones de vida
infrahumanas y negación a
cuidos médicos.
A
partir de octubre se entró en
la cuarta etapa de la represión, en la cual se multiplican los ataques dirigidos hacia los representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y en contra
de periodistas considerados como
figuras emblemáticas de la rebelión. En diciembre del 2018 el gobierno nicaragüense atacó directamente diversas
organizaciones que luchaban por el respeto a los
derechos humanos.
Dentro de estas organizaciones se encuentra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh),
fundado por Vilma Núñez, antigua presidenta de la Corte Suprema
de Justicia de 1980 a 1987. El Cenidh
acompañó Zoilamérica en 1998 cuando acusó a su padrastro, Daniel
Ortega, de haberla violado. El Cenidh
se vio retirar su personería
jurídica y su sede fue allanada
por la policía nacional sin contar con una orden de allanamiento. Varios medios
independientes como Esta Semana, Esta Noche o Confidencial fueron victimas del mismo trato. Otras ONG como Popol Na o la Fundación del
Río, organizaciones ambientalistas, también vieron sus personerías jurídicas anuladas y sus sedes fueron allanadas [4]. El 23
de diciembre del 2018, 100% Noticias, una de las últimas cadenas de televisión que
no pertenece a la familia Ortega-Murillo, fue allanada
por la policía y tanto su director,
Miguel Mora, como su directora de redacción Lucía Pineda, fueron arrestados y acusados de terrorismo y
conspiración. Estas dos personas se encuentran hoy en “detención preventiva” [5]. Desde entonces este canal
de televisión, que fue cerrado,
ha dejado de emitir. La mayoría de los periodistas en Nicaragua están exiliados. Esto dificulta el acceso de la
población a una fuente de información independiente, ya que la mayoría de la población no tiene
acceso a internet y se informa
por radio y televisión. Mientras
tanto, el gobierno continúa secuestrando
y reprimiendo de todas las
maneras posibles toda crítica o contestación con el único objetivo
de mantenerse en el poder.
La
situación actual en Nicaragua es extremadamente preocupante. Varias
organizaciones nacionales de defensa
de los derechos humanos se han ido
del país, como el
Cenidh y la ANPDH.
Aquellas que todavía están en
Nicaragua (CPDH) no tienen mucha capacidad de acción ya que ésta es limitada por el gobierno. Las misiones internacionales han
sido suspendidas y expulsadas del territorio nicaragüense
por el Ministerio de Relaciones exteriores.
La primera fue la Misión del Alto Comisariado
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
el 31 de agosto. En diciembre,
fue el turno del Grupo
Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) [6], misiones enviadas por la
Organizaciones de Estados Americanos
a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para
justificar la represión y la violencia, el gobierno afirma que los diferentes
sectores que se oponen a él (manifestantes, medios independientes, organizaciones
de protección de derechos humanos y del medio
ambiente) intentan fomentar un golpe de estado financiado por los Estados
Unidos y los partidos de
oposición. Sin embargo, la carta de renuncia de Rafael Solís, exmagistrado
de la Corte Suprema de Justicia
y antiguo representante del FSLN, publicada el pasado 10 de enero, desmiente
los argumentos del gobierno.
Efectivamente, Solís niega la existencia de un intento de golde de estado y denuncia la instrumentalización del poder judicial para culpar a los
manifestantes de una “serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca
se cometieron”. También afirma
que el gobierno ha perdido “la
razón y el derecho” de gobernar [7].
Notas
[6]
http://www.rfi.fr/ameriques/20181220-nicaragua-expulsion-observateurs-droits-homme-meseni-giei-oea
[7] https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/483132-rafael-solis-renuncia-corte-suprema-justicia/
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