Rafael Uzcátegui
1) Se ratificó el
amplio rechazo popular a Maduro
Lo primero que pasó
fue que se ratificó en la calle lo que las encuestas de opinión expresaban: El
profundo y amplio rechazo popular a Nicolás Maduro. En su contra se realizaron
por lo menos 60 manifestaciones multitudinarias en todo el país, no sólo en las
ciudades capitalessino en pueblos como Altagracia de Orituco, Mucuchíes, Táriba
y El Tigrito. La magnitud de la de Caracas, que unió 9 marchas de diferentes puntos
de la ciudad, puede verse en https://twitter.com/alonsotoro/status/1088281069877673984?s=19.
El oficialismo también se movilizó, pero en el caso de Caracas su proporción
respecto a la concentración opositora fue tan menor que Nicolás Maduro no se
presentó a la tarima, y mandó a decir con Diosdado Cabello que se movilizaran
hasta el llamado “Balcón del pueblo”, un espacio cerrado y mucho más pequeño,
que garantizaba una toma controlada de una muchedumbre. Finalmente, Diosdado
Cabello convocó a una vigilia la noche del 23 de enero en apoyo a Nicolás
Maduro, en el palacio de gobierno, ¡A la que no fue nadie!
(https://twitter.com/LuzMelyReyes/status/1088288083072741376?s=19)
2) El conflicto ha
dejado de ser “de clases”
La polarización de los
días de Hugo Chávez cambió en los tiempos de Nicolás Maduro, lo que se ha
confirmado desde las protestas en Caracas realizadas a partir del 21 de enero,
cuando los sectores populares tomaron la iniciativa de comenzar un nuevo ciclo
de rebelión contra el gobierno. Desde ese día, y particularmente en horas nocturnas,
han sido los barrios antiguamente dominados territorialmente por el
oficialismo, y que definían la cartografía política de la ciudad en este y
oeste los que se han enfrentado con la policía y los grupos paramilitares
pro-gobierno. En las zonas populares la lógica del conflicto es diferente, por
lo que no hay que esperar la racionalidad de la protesta presente en los
sectores medios o estudiantiles. Si bien ya fue así en el ciclo de protestas
del 2017, las movilizaciones del 23 de enero de 2019 fueron, abierta y
claramente, poli-clasistas.
3) El conflicto ya no
es “ideológico”
En la tarima central
de la concentración opositora en Caracas uno de los oradores fue Sergio
Sánchez, cercano al ex ministro Miguel Rodríguez Torres, en representación del “chavismo
disidente”. Desde el año 2016, cuando Maduro tomó la decisión de sustituir la
Constitución por un Decreto de Estado de Excepción y suspender los procesos
electorales pendientes hasta conseguir una fórmula para ganarlos siendo minoría
–tras la ruidosa derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015 por dos
millones de votos de margen- el gobierno se transformó en una dictadura
moderna, similar a la de Alberto Fujimori en el Perú de los 90. Hoy, entre los
sectores que lo enfrentan y aspiran el retorno del estado de derecho se
encuentran diferentes agrupaciones chavistas, con diferentes adjetivos,
críticas, originarias o auténticas. Por otro lado las encuestas de opinión ya
medían la opinión política del universo bolivariano dividiéndolo en dos grandes
pedazos: Los que estaban a favor de Maduro y los que estaban en contra. Por
tanto hoy en Venezuela ser chavista no es, automáticamente, estar a favor del
gobierno, siendo incluso todo lo contrario. El conflicto dejó de caracterizarse
desde el 2016, y el 23 de enero de 2019 lo ratifica, por la tensión chavismo
contra antichavismo, sino por la confrontación entre dos modelos de gobierno:
Dictadura contra Democracia.
4) La represión como
política de Estado de Maduro
Hasta la 1 de la
mañana del 24 de enero de 2019, Provea y el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social habían identificado al menos a 14 personas asesinadas en
el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país
entre los días 22 y 23 de enero. La totalidad de estas muertes se produjeron
por impacto de bala, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y
agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Barinas
acumulaba el mayor registro de personas fallecidas con 4 muertes, todas
ocurridas durante las protestas realizadas hoy luego de la convocatoria hecha
por la Asamblea Nacional. Le sigue los estados Táchira y Distrito Capital con
tres muertes cada uno; Amazonas y Bolívar con dos muertes confirmadas y
finalmente Portuguesa, con una muerte confirmada.
13 de las víctimas
eran de sexo masculino y una de sexo femenino. Las edades de las víctimas
oscilan entre los 47 y los 19 años de edad. Y en 13 de los casos registrados,
los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por
agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. Los fallecidos han
sido identificados como: Alixon Osorio Dos Santos Pizani (19); Stefany Maholy
Layoy Natera (22); Franklin Alexánder Figuera; Carlos Alfredo Olivares Bonalde
(30); Yeimbert José Rangel (24); Efrén Sandalio Castillo (47); Yhonny Alejandro
Hernández Ojeda (27); Wilmer Antonio Zambrano (28); Edwar José Marrero (21); Gustavo
Ramirez (26); Wilmer Mendoza (39); Ivan Antonio Alvarez Fernández (21); Juan
Rafael Medina Torres (19); Luigi Guerrero Ovalles (24).
El contraste con los
días previos a su mandato es notable. Desde 1991, al menos 312 personas han
perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas
muertes (26,28%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012,
mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder (2013-2019), un
total de 229 personas (73,39%) fallecieron en el contexto de protestas. En seis
años, Maduro casi triplica el total de fallecidos en protestas durante 21 años
que comprenden los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo
Chávez Frías.
5) La necesidad de
recuperar la plena vigencia de la Constitución mediante un acuerdo político
Estamos frente a una situación
anómala cuya resolución no puede encontrarse en ninguna norma vigente en
Venezuela. La Constitución no dice que hacer frente a la usurpación del poder
presidencial como consecuencia de un fraude electoral. Cerrados los canales democráticos
de resolución del conflicto, la solución dejó de ser jurídica para ser política.
¿Quién debe tomar la iniciativa? El único poder con legitimidad de origen,
votado por 14 millones de venezolanos, es la Asamblea Nacional. Al final de la
movilización el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las
competencias del poder ejecutivo con tres objetivos: 1) Presionar por el cese
de la usurpación del poder presidencial, 2) Convocar a elecciones en el menor
tiempo posible. A las 7 de la noche del 23 de enero, 14 países, incluyendo
Estados Unidos, reconocían a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
y 3) Recuperar a corto plazo la plena vigencia de las garantías
constitucionales presentes en la Carta Magna de 1999.
Es comprensible que
los interesados en la situación de Venezuela intenten conseguir la base
constitucional de la decisión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, cualquier
crítica honesta en este sentido debe reconocer la serie de violaciones flagrantes
a la Constitución ocurridas desde diciembre de 2015 por Nicolás Maduro, que
llevaron a su gobierno a transformarse en una dictadura, y que empujaron al
conflicto a este punto.
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