Contrabando del oro de Guayana: Un saqueo criminal auspiciado por la dictadura chavomadurista

Liseth Boon y Lorena Meléndez

Con sofisticados esquemas el gobierno de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en Aruba expuso una ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai.

El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar el tráfico ilegal. Estados Unidos anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana. Un enorme andamiaje que ha propiciado masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a un territorio que es Patrimonio de la Humanidad.

“El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”. Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidosp, quien se refería así al uso que el jefe del gobierno venezolano le ha dado al negocio de extracción de oro en este territorio. A partir de esa declaración del 1° de noviembre de 2018, el país norteamericano prohibía a sus habitantes y empresas cualquier transacción relacionada con el metal precioso proveniente de Venezuela so pena de sanción.

Nueve meses antes de aquella sentencia presidencial, un destello ocurrió sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en Venezuela bajo la administración de Maduro: en febrero de 2018 decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam, en el Reino de los Países Bajos. Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, venía de Maracaibo, al oeste de Venezuela, y su destino final era Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a la pequeña nación en medio de un bloqueo ordenado por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.

Un nombre salió a relucir en el centro de todas las irregularidades. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba tiene nombre y apellido: Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco.

El hecho no solo evidencia que existe una ruta de fuga de oro venezolano vía las islas del Caribe neerlandés sino que también confirma la participación del gobierno venezolano en el tráfico ilegal del oro al utilizar la figura de una empresa estatal para formalizar su comercialización internacional. A dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al BCV como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas existentes, según Transparencia Venezuela.

La investigación también arrojó nuevos datos sobre Oro Azul, cuya junta directiva está estrechamente vinculada a Jorge Arreaza, ex yerno de Hugo Chávez y actual canciller de la República, quien designó a sus integrantes durante el breve período que ocupó la cartera de Desarrollo Minero Ecológico. Así como Oro Azul, hay al menos seis empresas que trabajan en la explotación de oro con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras enfocadas en la comercialización del oro, a pesar de que por ley el metal precioso que extraiga debe ir directo a las arcas del Banco Central de Venezuela.

El decomiso de los 50 kilos de oro venezolano en Aruba así como el descontrol en la explotación minera al sur del Estado Bolívar y los vacíos legales sobre su comercialización demuestran el fracaso de la nacionalización del oro decretada en 2011 que buscaba acabar con el contrabando y ordenar la actividad aurífera para el beneficio de todos los venezolanos, tal como lo anunció su promotor, Hugo Chávez, cuando era presidente.

Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes –término que proviene de las cárceles venezolanas y que designa a líderes criminales de estas– y guerrilleros que imponen su ley con sangre, un hecho que se manifiesta en las 40 masacres que han ocurrido en la zona desde 2016 debido a las disputas entre estos grupos que están estrechamente relacionados con militares de alto rango y hasta con líderes políticos de la región.

Lo que sucede dentro de las minas es obviado por los países que son destinos o beneficiarios finales del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una institución que compromete a sus miembros a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas “Estado de conflicto y alto riesgo”, es decir, aquellas caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que ahora está en la mira de las sanciones internacionales por su vinculación con corrupción, criminalidad y destrucción del ambiente.

[[Versión resumida de original más extenso disponible en https://runrun.es/especiales/fuga_oro.]